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Extremadura cierra hostelería y comercio en Cáceres, Badajoz y 14 ciudades más

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La Junta de Extremadura ha decretado el cierre de la hostelería y el comercio minorista en 16 municipios de la región, entre ellos Cáceres y Badajoz, y el cierre perimetral de cuatro localidades, así como la reincorporación del alumnado de Educación Secundaria a la modalidad telemática durante siete días.

El cierre de la hostelería y el comercio minorista, que se llevará a cabo entre el 7 y el 14 de enero, afecta a las localidades de Cáceres, Badajoz, Castuera, Don Benito, Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Almendralejo, Azuaga y Coria.

Se trata de ciudades de más de 5.000 habitantes y cuya incidencia acumulada a los 14 días es superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes; una lista «revisable» y a la que se incorporarán aquellos municipios que vayan llegando a dicha incidencia.

Para «paliar esta perturbación» de la actividad económica y «conjugar» la protección de la salud y el desarrollo social y económicas, la Junta pone a disposición de las empresas, comercios y autónomos afectados un total de 40 millones de euros en régimen de concesión directa, según ha adelantado el consejero de Economía, Rafael España.

La situación epidemiológica extremeña, que tiene la incidencia por coronavirus más alta de España, con más de 600 y 385 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 y 7 días, respectivamente, es «muy complicada», ha dicho el consejero de Sanidad, José María Vergeles, durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria celebrada este martes por el Consejo de Gobierno.

Las clases presenciales se mantienen para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, que también se reincorpora el día 11. «Los niños pequeños son poco contagiadores y hay evidencias científicas contrastadas», ha apuntado.

Asimismo, el Gobierno extremeño ha decretado el cierre perimetral de las localidades de Zarza La Mayor, Cabezuela del Valle, Torreorgaz y Pueblonuevo del Guadiana, estas dos últimas con una tasa de incidencia a los 14 días que supera los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto al cierre temporal de los establecimientos de hostelería y restauración de los citados 16 municipios, la Junta ha excluido aquellos servicios de recogida -hasta las 22,00 horas- y entrega a domicilio hasta las 24,00 horas, siempre que el pedido haya entrado antes de las 23,00 horas.

Tampoco cerrarán los restaurantes pertenecientes a los alojamientos turísticos para uso de clientes, así como de los centros sanitarios, laborales y educativos, como tampoco los comedores de carácter benéfico o ubicados en gasolineras.

Asimismo, en esas 16 localidades se cierran los establecimientos comerciales minoristas, tanto los ubicados dentro como fuera de los parques comerciales, a excepción de los de alimentación y bebidas, de productos de primera necesidad e higiene, estancos, farmacias, librerías, combustibles, telecomunicaciones, floristerías y ferreterías.

Tampoco se cierran los establecimientos que prestan servicios, como peluquerías y talleres de reparación de vehículos, entre otros.

Por contra, se cierran los locales de apuestas, espectáculos taurinos, parques de ocio y actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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