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Extremadura cierra hostelería y comercio en Cáceres, Badajoz y 14 ciudades más

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La Junta de Extremadura ha decretado el cierre de la hostelería y el comercio minorista en 16 municipios de la región, entre ellos Cáceres y Badajoz, y el cierre perimetral de cuatro localidades, así como la reincorporación del alumnado de Educación Secundaria a la modalidad telemática durante siete días.

El cierre de la hostelería y el comercio minorista, que se llevará a cabo entre el 7 y el 14 de enero, afecta a las localidades de Cáceres, Badajoz, Castuera, Don Benito, Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Almendralejo, Azuaga y Coria.

Se trata de ciudades de más de 5.000 habitantes y cuya incidencia acumulada a los 14 días es superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes; una lista «revisable» y a la que se incorporarán aquellos municipios que vayan llegando a dicha incidencia.

Para «paliar esta perturbación» de la actividad económica y «conjugar» la protección de la salud y el desarrollo social y económicas, la Junta pone a disposición de las empresas, comercios y autónomos afectados un total de 40 millones de euros en régimen de concesión directa, según ha adelantado el consejero de Economía, Rafael España.

La situación epidemiológica extremeña, que tiene la incidencia por coronavirus más alta de España, con más de 600 y 385 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 y 7 días, respectivamente, es «muy complicada», ha dicho el consejero de Sanidad, José María Vergeles, durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria celebrada este martes por el Consejo de Gobierno.

Las clases presenciales se mantienen para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, que también se reincorpora el día 11. «Los niños pequeños son poco contagiadores y hay evidencias científicas contrastadas», ha apuntado.

Asimismo, el Gobierno extremeño ha decretado el cierre perimetral de las localidades de Zarza La Mayor, Cabezuela del Valle, Torreorgaz y Pueblonuevo del Guadiana, estas dos últimas con una tasa de incidencia a los 14 días que supera los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto al cierre temporal de los establecimientos de hostelería y restauración de los citados 16 municipios, la Junta ha excluido aquellos servicios de recogida -hasta las 22,00 horas- y entrega a domicilio hasta las 24,00 horas, siempre que el pedido haya entrado antes de las 23,00 horas.

Tampoco cerrarán los restaurantes pertenecientes a los alojamientos turísticos para uso de clientes, así como de los centros sanitarios, laborales y educativos, como tampoco los comedores de carácter benéfico o ubicados en gasolineras.

Asimismo, en esas 16 localidades se cierran los establecimientos comerciales minoristas, tanto los ubicados dentro como fuera de los parques comerciales, a excepción de los de alimentación y bebidas, de productos de primera necesidad e higiene, estancos, farmacias, librerías, combustibles, telecomunicaciones, floristerías y ferreterías.

Tampoco se cierran los establecimientos que prestan servicios, como peluquerías y talleres de reparación de vehículos, entre otros.

Por contra, se cierran los locales de apuestas, espectáculos taurinos, parques de ocio y actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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