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Extremadura cierra hostelería y comercio en Cáceres, Badajoz y 14 ciudades más

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La Junta de Extremadura ha decretado el cierre de la hostelería y el comercio minorista en 16 municipios de la región, entre ellos Cáceres y Badajoz, y el cierre perimetral de cuatro localidades, así como la reincorporación del alumnado de Educación Secundaria a la modalidad telemática durante siete días.

El cierre de la hostelería y el comercio minorista, que se llevará a cabo entre el 7 y el 14 de enero, afecta a las localidades de Cáceres, Badajoz, Castuera, Don Benito, Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Almendralejo, Azuaga y Coria.

Se trata de ciudades de más de 5.000 habitantes y cuya incidencia acumulada a los 14 días es superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes; una lista «revisable» y a la que se incorporarán aquellos municipios que vayan llegando a dicha incidencia.

Para «paliar esta perturbación» de la actividad económica y «conjugar» la protección de la salud y el desarrollo social y económicas, la Junta pone a disposición de las empresas, comercios y autónomos afectados un total de 40 millones de euros en régimen de concesión directa, según ha adelantado el consejero de Economía, Rafael España.

La situación epidemiológica extremeña, que tiene la incidencia por coronavirus más alta de España, con más de 600 y 385 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 y 7 días, respectivamente, es «muy complicada», ha dicho el consejero de Sanidad, José María Vergeles, durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria celebrada este martes por el Consejo de Gobierno.

Las clases presenciales se mantienen para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, que también se reincorpora el día 11. «Los niños pequeños son poco contagiadores y hay evidencias científicas contrastadas», ha apuntado.

Asimismo, el Gobierno extremeño ha decretado el cierre perimetral de las localidades de Zarza La Mayor, Cabezuela del Valle, Torreorgaz y Pueblonuevo del Guadiana, estas dos últimas con una tasa de incidencia a los 14 días que supera los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto al cierre temporal de los establecimientos de hostelería y restauración de los citados 16 municipios, la Junta ha excluido aquellos servicios de recogida -hasta las 22,00 horas- y entrega a domicilio hasta las 24,00 horas, siempre que el pedido haya entrado antes de las 23,00 horas.

Tampoco cerrarán los restaurantes pertenecientes a los alojamientos turísticos para uso de clientes, así como de los centros sanitarios, laborales y educativos, como tampoco los comedores de carácter benéfico o ubicados en gasolineras.

Asimismo, en esas 16 localidades se cierran los establecimientos comerciales minoristas, tanto los ubicados dentro como fuera de los parques comerciales, a excepción de los de alimentación y bebidas, de productos de primera necesidad e higiene, estancos, farmacias, librerías, combustibles, telecomunicaciones, floristerías y ferreterías.

Tampoco se cierran los establecimientos que prestan servicios, como peluquerías y talleres de reparación de vehículos, entre otros.

Por contra, se cierran los locales de apuestas, espectáculos taurinos, parques de ocio y actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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