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Extremadura cierra hostelería y comercio en Cáceres, Badajoz y 14 ciudades más

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La Junta de Extremadura ha decretado el cierre de la hostelería y el comercio minorista en 16 municipios de la región, entre ellos Cáceres y Badajoz, y el cierre perimetral de cuatro localidades, así como la reincorporación del alumnado de Educación Secundaria a la modalidad telemática durante siete días.

El cierre de la hostelería y el comercio minorista, que se llevará a cabo entre el 7 y el 14 de enero, afecta a las localidades de Cáceres, Badajoz, Castuera, Don Benito, Fuente del Maestre, Navalmoral de la Mata, Villanueva de la Serena, Calamonte, Aceuchal, Olivenza, Montijo, Villafranca de los Barros, Puebla de la Calzada, Almendralejo, Azuaga y Coria.

Se trata de ciudades de más de 5.000 habitantes y cuya incidencia acumulada a los 14 días es superior a los 500 casos por cada 100.000 habitantes; una lista «revisable» y a la que se incorporarán aquellos municipios que vayan llegando a dicha incidencia.

Para «paliar esta perturbación» de la actividad económica y «conjugar» la protección de la salud y el desarrollo social y económicas, la Junta pone a disposición de las empresas, comercios y autónomos afectados un total de 40 millones de euros en régimen de concesión directa, según ha adelantado el consejero de Economía, Rafael España.

La situación epidemiológica extremeña, que tiene la incidencia por coronavirus más alta de España, con más de 600 y 385 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 y 7 días, respectivamente, es «muy complicada», ha dicho el consejero de Sanidad, José María Vergeles, durante la rueda de prensa posterior a la reunión extraordinaria celebrada este martes por el Consejo de Gobierno.

Las clases presenciales se mantienen para el alumnado de Educación Infantil y Primaria, que también se reincorpora el día 11. «Los niños pequeños son poco contagiadores y hay evidencias científicas contrastadas», ha apuntado.

Asimismo, el Gobierno extremeño ha decretado el cierre perimetral de las localidades de Zarza La Mayor, Cabezuela del Valle, Torreorgaz y Pueblonuevo del Guadiana, estas dos últimas con una tasa de incidencia a los 14 días que supera los 2.000 casos por cada 100.000 habitantes.

En cuanto al cierre temporal de los establecimientos de hostelería y restauración de los citados 16 municipios, la Junta ha excluido aquellos servicios de recogida -hasta las 22,00 horas- y entrega a domicilio hasta las 24,00 horas, siempre que el pedido haya entrado antes de las 23,00 horas.

Tampoco cerrarán los restaurantes pertenecientes a los alojamientos turísticos para uso de clientes, así como de los centros sanitarios, laborales y educativos, como tampoco los comedores de carácter benéfico o ubicados en gasolineras.

Asimismo, en esas 16 localidades se cierran los establecimientos comerciales minoristas, tanto los ubicados dentro como fuera de los parques comerciales, a excepción de los de alimentación y bebidas, de productos de primera necesidad e higiene, estancos, farmacias, librerías, combustibles, telecomunicaciones, floristerías y ferreterías.

Tampoco se cierran los establecimientos que prestan servicios, como peluquerías y talleres de reparación de vehículos, entre otros.

Por contra, se cierran los locales de apuestas, espectáculos taurinos, parques de ocio y actividades de tiempo libre infantil y juvenil.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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