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Valencia

Una familia valenciana denuncia a la ONCE por no cobrar un cupón de 400.000 euros

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Imagen de archivo de un punto de venta de la ONCE. EFE/Juan Carlos Hidalgo
València, 3 mar (OFFICIAL PRESS- EFE).- Una familia valenciana ha iniciado un litigio contra la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) por un cupón premiado con 400.000 euros en el sorteo del pasado 1 de enero que inicialmente no ha podido ser cobrado porque quien acudió a reclamar el premio estaba inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).

Según ha informado el abogado valenciano Salvador Pérez Alonso, que representa a la citada familia, el cupón fue el regalo de una madre a su hija, pero la ONCE «ha negado el premio a la beneficiaria tras hacerle firmar un documento al marido sin explicarle en qué consistía».

«En un documento con las cláusulas en letra minúscula, el firmante declaraba que era titular del citado cupón, sin posibilidad de modificar la titularidad más tarde, todo ello a sabiendas de que el marido de la agraciada se encontraba inscrito en el RGIAJ», añade este abogado.

Este letrado expone, además, que la vendedora del cupón en cuestión corrobora la versión de esta familia, es decir, que la persona que lo compró fue la suegra, y lamenta que «la ONCE busque habitualmente cualquier resquicio legal para no pagar un premio ganado legítimamente, lo cual dista mucho de su carácter social y finalidad sin ánimo de lucro”.

Por el contrario, fuentes de la ONCE consultadas por EFE sostienen que, efectivamente, quien fue a cobrar el cupón premiado estaba inscrito en un registro de personas que no pueden jugar ni cobrar premios, y explican que no es la primera vez que se encuentran con una situación similar.

Insisten, asimismo, en que «la persona que se presentó con el cupón en la mano en su propio nombre y con su DNI constaba en el RGIAJ y tenemos la obligación legal de no pagarle».

«Hay que tener en cuenta -añaden desde la ONCE- que un cupón premiado es como un cheque al portador y que cuando alguien viene a cobrar lo ha de hacer en su nombre y con su DNI».

En España hay unas 50.000 personas inscritas en este registro, que normalmente es de aplicación en salas de juego, casinos, o a la hora de jugar por internet, «pero de vez en cuando sucede esto», señalan las fuentes de la ONCE consultadas, que recuerdan que en los últimos tres años han obtenido cinco pronunciamientos judiciales a su favor por casos similares.

«Quienes se consideran afectados pueden, obviamente, acudir a los tribunales, y si se les da la razón estaremos encantados de pagarles», concluyen.

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Valencia

La jueza vuelve a citar al alto cargo de confianza de Mazón tras los WhatsApp de la consellera Pradas

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La exconsellera de Justicia y Emergencias de la Generalitat valenciana Salomé Pradas ofrece declaraciones a los medios a su llegada a declarar, en calidad de investigada ante la Ciudad de la Justicia de Valencia, a 11 de abril de 2025 - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

Sigue la última hora de la investigación de la justicia en la gestión de la DANA:

La investigación judicial sobre la gestión de la reciente emergencia en la Comunitat Valenciana vuelve a intensificarse. La magistrada instructora ha decidido citar por segunda vez a la mano derecha del president Carlos Mazón, después de que la consellera de Medio Ambiente, Salomé Pradas, entregara al juzgado una serie de mensajes de WhatsApp que abren nuevas incógnitas sobre la toma de decisiones durante el episodio crítico.

Los WhatsApp de Pradas reactivan la investigación

La documentación aportada por Pradas la semana pasada ha tenido un efecto inmediato en el proceso judicial. Según fuentes del caso, los mensajes revelan intercambios directos con el alto cargo de Presidencia, en los que se habría tratado información relevante sobre la evolución de la emergencia y la valoración de un posible confinamiento preventivo, finalmente descartado.

Estos mensajes han llevado a la instructora a convocar un nuevo interrogatorio para esclarecer qué datos recibió el asesor de Mazón, cómo los interpretó y qué argumentos dio a la consellera para no activar medidas más restrictivas.

Qué pretende aclarar la jueza

La magistrada busca concretar cuatro puntos:

  1. El tipo de avisos o informes que manejaba el asesor.

  2. Si existía riesgo real que justificara el confinamiento en algún municipio afectado.

  3. El criterio técnico o político utilizado para desaconsejar esa medida.

  4. La coordinación entre Consellerias y Presidencia durante las primeras horas de la emergencia.

Fuentes jurídicas señalan que la intención es determinar si hubo alguna omisión de información, valoración errónea o interferencia política en decisiones que pudieran haber afectado a la seguridad de la población.

Crece la presión sobre el Consell

La nueva citación supone un revés para el equipo de Mazón, que insiste en que la gestión se realizó siguiendo criterios técnicos y con absoluta transparencia. Sin embargo, la aparición de los WhatsApp ha generado inquietud en el seno del Consell, que teme que la causa derive en nuevas declaraciones o peticiones de documentación.

La oposición, por su parte, reclama al president que dé explicaciones públicas y remarca que los mensajes “muestran contradicciones” entre las versiones ofrecidas hasta ahora por distintos cargos del Gobierno valenciano.

El proceso judicial continúa abierto

La jueza mantiene activas las diligencias y no se descartan nuevas comparecencias a medida que se analice el contenido completo de las conversaciones aportadas por Pradas. El juzgado está también a la espera de recibir informes técnicos de distintos departamentos del Consell, así como las comunicaciones oficiales emitidas durante la emergencia.

Mientras tanto, el Consell considera que la investigación sigue su curso normal y pide “prudencia” para no interferir en el procedimiento.

 

 

 

Carta abierta de Maribel Vilaplana sobre su comida con Mazón

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