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Valencia

Una familia valenciana denuncia a la ONCE por no cobrar un cupón de 400.000 euros

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Imagen de archivo de un punto de venta de la ONCE. EFE/Juan Carlos Hidalgo
València, 3 mar (OFFICIAL PRESS- EFE).- Una familia valenciana ha iniciado un litigio contra la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) por un cupón premiado con 400.000 euros en el sorteo del pasado 1 de enero que inicialmente no ha podido ser cobrado porque quien acudió a reclamar el premio estaba inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).

Según ha informado el abogado valenciano Salvador Pérez Alonso, que representa a la citada familia, el cupón fue el regalo de una madre a su hija, pero la ONCE «ha negado el premio a la beneficiaria tras hacerle firmar un documento al marido sin explicarle en qué consistía».

«En un documento con las cláusulas en letra minúscula, el firmante declaraba que era titular del citado cupón, sin posibilidad de modificar la titularidad más tarde, todo ello a sabiendas de que el marido de la agraciada se encontraba inscrito en el RGIAJ», añade este abogado.

Este letrado expone, además, que la vendedora del cupón en cuestión corrobora la versión de esta familia, es decir, que la persona que lo compró fue la suegra, y lamenta que «la ONCE busque habitualmente cualquier resquicio legal para no pagar un premio ganado legítimamente, lo cual dista mucho de su carácter social y finalidad sin ánimo de lucro”.

Por el contrario, fuentes de la ONCE consultadas por EFE sostienen que, efectivamente, quien fue a cobrar el cupón premiado estaba inscrito en un registro de personas que no pueden jugar ni cobrar premios, y explican que no es la primera vez que se encuentran con una situación similar.

Insisten, asimismo, en que «la persona que se presentó con el cupón en la mano en su propio nombre y con su DNI constaba en el RGIAJ y tenemos la obligación legal de no pagarle».

«Hay que tener en cuenta -añaden desde la ONCE- que un cupón premiado es como un cheque al portador y que cuando alguien viene a cobrar lo ha de hacer en su nombre y con su DNI».

En España hay unas 50.000 personas inscritas en este registro, que normalmente es de aplicación en salas de juego, casinos, o a la hora de jugar por internet, «pero de vez en cuando sucede esto», señalan las fuentes de la ONCE consultadas, que recuerdan que en los últimos tres años han obtenido cinco pronunciamientos judiciales a su favor por casos similares.

«Quienes se consideran afectados pueden, obviamente, acudir a los tribunales, y si se les da la razón estaremos encantados de pagarles», concluyen.

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Valencia

Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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