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Valencia

Una familia valenciana denuncia a la ONCE por no cobrar un cupón de 400.000 euros

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Imagen de archivo de un punto de venta de la ONCE. EFE/Juan Carlos Hidalgo
València, 3 mar (OFFICIAL PRESS- EFE).- Una familia valenciana ha iniciado un litigio contra la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) por un cupón premiado con 400.000 euros en el sorteo del pasado 1 de enero que inicialmente no ha podido ser cobrado porque quien acudió a reclamar el premio estaba inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (RGIAJ).

Según ha informado el abogado valenciano Salvador Pérez Alonso, que representa a la citada familia, el cupón fue el regalo de una madre a su hija, pero la ONCE «ha negado el premio a la beneficiaria tras hacerle firmar un documento al marido sin explicarle en qué consistía».

«En un documento con las cláusulas en letra minúscula, el firmante declaraba que era titular del citado cupón, sin posibilidad de modificar la titularidad más tarde, todo ello a sabiendas de que el marido de la agraciada se encontraba inscrito en el RGIAJ», añade este abogado.

Este letrado expone, además, que la vendedora del cupón en cuestión corrobora la versión de esta familia, es decir, que la persona que lo compró fue la suegra, y lamenta que «la ONCE busque habitualmente cualquier resquicio legal para no pagar un premio ganado legítimamente, lo cual dista mucho de su carácter social y finalidad sin ánimo de lucro”.

Por el contrario, fuentes de la ONCE consultadas por EFE sostienen que, efectivamente, quien fue a cobrar el cupón premiado estaba inscrito en un registro de personas que no pueden jugar ni cobrar premios, y explican que no es la primera vez que se encuentran con una situación similar.

Insisten, asimismo, en que «la persona que se presentó con el cupón en la mano en su propio nombre y con su DNI constaba en el RGIAJ y tenemos la obligación legal de no pagarle».

«Hay que tener en cuenta -añaden desde la ONCE- que un cupón premiado es como un cheque al portador y que cuando alguien viene a cobrar lo ha de hacer en su nombre y con su DNI».

En España hay unas 50.000 personas inscritas en este registro, que normalmente es de aplicación en salas de juego, casinos, o a la hora de jugar por internet, «pero de vez en cuando sucede esto», señalan las fuentes de la ONCE consultadas, que recuerdan que en los últimos tres años han obtenido cinco pronunciamientos judiciales a su favor por casos similares.

«Quienes se consideran afectados pueden, obviamente, acudir a los tribunales, y si se les da la razón estaremos encantados de pagarles», concluyen.

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Valencia

Muere de un infarto el técnico del 112 que validó el ES-Alert el día de la DANA

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Miguel Moya,

Miguel Moya certificó el envío del SMS masivo de alerta desde su domicilio durante la emergencia

Miguel Moya, técnico del servicio 112 Comunitat Valenciana y responsable de validar el envío del sistema ES-Alert el día de la DANA en Valencia, ha fallecido a causa de un infarto en la noche del martes, según fuentes conocedoras de lo ocurrido.

Moya desempeñó un papel clave en la gestión de la emergencia provocada por la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que afectó a la provincia de Valencia. Fue el profesional encargado de certificar el envío del mensaje de alerta masiva a la población, un proceso que realizó desde su propio domicilio.

Un papel clave en el envío del ES-Alert

El técnico trabajó en coordinación con el entonces subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, el funcionario de mayor rango al frente del operativo en aquel momento. El envío del mensaje ES-Alert se produjo a las 20:11 horas, tras momentos de elevada tensión en la Sala de Emergencias ubicada en l’Eliana.

Durante la gestión se rechazó un primer mensaje redactado en castellano e inglés. Posteriormente, se aprobó un segundo texto —conocido como “708”— redactado en castellano y valenciano. En un audio incorporado a la causa judicial se escucha a Moya preguntar: “¿Lo apruebo?”, a lo que Suárez responde: “Sí, sí, adelante”.

La investigación judicial sobre la DANA

El envío del SMS fue posteriormente objeto de análisis judicial. La jueza instructora sostiene que la alerta pudo ser tardía y que el contenido no fue el más adecuado, lo que habría dificultado que parte de la ciudadanía adoptara medidas de autoprotección.

Miguel Moya declaró como testigo en la causa abierta por la gestión de la DANA en Valencia, un episodio que generó un intenso debate político e institucional en la Comunitat Valenciana.

Su fallecimiento se produce mientras continúa el procedimiento judicial relacionado con aquella jornada de emergencia.

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