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Fernando Simón descarta un confinamiento domiciliario: «En la primera ola íbamos peor. Nos quedan tres semanas duras»

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El coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón EFE/Chema Moya

Madrid, 11 ene (EFE).- El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha confiado este lunes en que, al igual que sucedió durante la «segunda ola», en esta ocasión no sea necesario confinar en sus domicilios a la población para que descienda la incidencia del virus.

En una rueda de prensa en la que como cada lunes ha informado de la situación actual de la pandemia, Fernando Simón ha enfriado la posibilidad de aplicar un confinamiento domiciliario y ha asegurado que la situación actual dista mucho de la de marzo.

«La primera ola fue muy superior a lo que se detectó en la segunda y lo que se está notificando ahora, pero (entonces) se notificaba muchísimo menos», ha explicado Simón al ser preguntado sobre por qué no se atienden peticiones de regresar al confinamiento domiciliario.

Simón ha recordado que la segunda ola se consiguió controlar con medidas que tuvieron «un impacto menor sobre la sociedad y la economía», y considera que ahora «perfectamente» se podría atajar la situación como entonces, si los ciudadanos son conscientes y solidarios y las instituciones, por su parte, hacen bien su trabajo.

No obstante, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias ha augurado «semanas complicadas» con las ucis y los hospitales saturados y con un repunte en el número de fallecidos, tras la relajación de las Navidades.

Ha confiado en que la población «va a ser consciente de lo que ha pasado y lo suficientemente sensata para aplicar las medidas de control» porque si no, ha dicho, el período de incrementos de cifras se prolongará al menos 15 días más respecto a la previsión, que es de que la situación complicada sea de tres semanas.

El director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, ha descartado este lunes que el incremento de casos de coronavirus en el país se deba a la existencia de la cepa británica y lo ha achacado al comportamiento en estos días de vacaciones.

En la rueda de prensa de los lunes para informar de la evolución de la pandemia, Simón ha asegurado que en España hay alrededor de unos 70 casos confirmados de la cepa británica y otros tantos se encuentran en investigación, y calcula que se llegarán a varios cientos.

«El problema no es la cepa británica, el problema es nuestro comportamiento, las medidas de control de la cepa británica o española o sudafricana son los mismos, si aplicamos correctamente las medidas de control, la transmisión se controla», ha afirmado el epidemiólogo.

Sí ha confirmado que esta cepa es más transmisible pero ha insistido en que tampoco podemos pensar que el aumento de casos de coronavirus en el país es un problema asociado a cambios en la cepa sino al comportamiento de estos días y ahora, ha dicho, «observamos los resultados».

«Lo que tenemos que hacer es aplicar nuestras medidas de control y en ningún momento, porque además no es así, pretender que la evolución de la epidemia en España cambia por culpa de esa cepa porque si cambia lo hará por culpa de nuestro comportamiento y de la aplicación de las medidas de control que todos conocemos y sabemos aplicar», ha argumentado Simón.

El director del CCAES ha señalado que es normal que en España haya casos de esta cepa ya que es un país que tiene un intercambio «importante» con Reino Unido con una población importante de españoles que vive allí y también de británicos que reside aquí.

Las comunidades más afectadas, ha explicado Simón, son aquellas que tienen más tránsito de ciudadanos británicos, sobre todo Andalucía, Cataluña y Madrid, también la zona de Levante.

En cuanto al porcentaje de cepas que se secuencian, Simón lo ha situado entre el 0,5 % y el 1 %, con lo que tiene una probabilidad de detectarla «bastante importante».

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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