MADRID/VALÈNCIA, 3 Abr. (EUROPA PRESS) – El fiscal del Tribunal Supremo Javier Zaragoza pedirá este miércoles a la Sala de lo Penal del alto tribunal que confirme las penas de cárcel impuestas por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en febrero de 2017 a los ‘cabecillas’ de la trama Gürtel. El tribunal también revisará en vista público las imputaciones del Ministerio Público y los recursos presentados por el resto de condenados por amañar los contratos relacionados con el montaje del expositor institucional de la Comunitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en las ediciones de 2005 a 2009.

Los magistrados también escucharan los argumentos de las defensas de los 11 condenados por asociación ilícita, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y cohecho. Entre ellos se encuentran el líder de la red corrupta, Francisco Correa; el considerado ‘número dos’, Pablo Crespo; y el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’, que permanecen en prisión desde el pasado 14 de febrero cuando comenzaron a cumplir esta primera condena que oscila entre 12 y 13 años.

El tribunal estará presidido por el magistrado Andrés Martínez Arrieta, que será ponente de la sentencia y compuesto por Juan Pablo Colmenero, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo y Pablo Llarena. También estudiará los recursos presentados por otros condenados, como la administradora de algunas de las empresas de la Gürtel, Isabel Jordán; o la exconsejera ‘popular’ de Turismo y expresidenta de Les Corts Valencianes Milagrosa Martínez.

La Fiscalía ha anunciado en un comunicado que mañana solicitará al tribunal que desestime de forma íntegra los recursos presentados por las defensas de los condenados y por tanto haga firme la sentencia del tribunal valenciano. También pedirá la modificación de las penas impuestas por el delito de malversación de fondos públicos, ya que las fijadas son «inferiores al mínimo legalmente imponible».

MÁS AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA LOS LÍDERES DE LA GÜRTEL
De este modo, con la intención de que se adecuen a los «márgenes legalmente previstos» por este delito, las penas se podrían ver incrementadas con respecto a los años de inhabilitación, pero también en el tiempo de prisión para alguno de ellos. En el caso de los líderes de la trama, sólo se vería afectada la inhabilitación, que aumentaría de los 10 a 15 años.

El TSJCV comenzó a juzgar a 13 personas por la pieza separada de la trama Gürtel relativa a los contratos de Fitur en marzo de 2015 y quedó visto para sentencia un año después, tras 65 sesiones. El 10 de febrero de 2017 dio a conocer la sentencia que ahora se revisa y que condenó a once de los acusados.

El ‘cabecilla’ de la Gürtel fue condenado a 13 años de prisión (tres años por asociación ilícita; un año por tráfico de influencias; seis por malversación y otros tres por cohecho); Pablo Crespo, a 13 años y tres meses (dos años y medio por asociación ilícita; un año por tráfico de influencias; seis por malversación; un año y nueve meses por falsedad documental y dos por cohecho); y ‘El Bigotes’, a 12 años y tres meses de cárcel (año y medio por asociación ilícita; un año por tráfico de influencias; seis años por malversación; un año y nueve meses por falsedad documental y dos años por cohecho).

Los tres se encuentran pendientes de conocer la resolución de la Audiencia Nacional por los primeros años de actividad de la red encabezada por Correa (1999-2005), cuya vista oral concluyó en noviembre de 2017. Además, ahora mismo están siendo juzgados por otra pieza de la rama valenciana, relativa a la presunta financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana.

OTROS CONDENADOS
El tribunal valenciano también condenó a la administradora Isabel Jordán –pendiente también de la sentencia de la Audiencia Nacional–, que fijó para ella seis años de prisión; al exgerente de Orange Market Cándido Herrero –está siendo juzgado por la presunta caja ‘b’ del PP valenciano– a cuatro años y cuatro meses para ; y a la exempleada Mónica Magariños, a tres años de cárcel.

Por otro lado, la sentencia condenatoria recayó contra exdirigentes políticos como Milagrosa Martínez, penada con nueve años de prisión; su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, castigado a seis años de cárcel. Siete años de prisión se han impuesto para el ex jefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT) Isaac Vidal; y cuatro años para el exresponsable del servicio de Promoción de la Agencia de Turismo, Jorge Guarro.

Por último, la excoordinadora de ferias de la AVT Ana Grau, fue condenada a tres años de prisión, y absuelta por el delito de malversación de caudales públicos. El TSJCV absolvió a la exconsellera de Turismo Angélica Such y al ex jefe de servicio de infraestructuras turísticas de la Conselleria Juan Bover.

MANIPULAR, ALTERAR E INFLUIR LAS ADJUDICACIONES
El TSJCV consideró probado que los acusados crearon una trama empresarial para obtener distintos contratos de la Generalitat Valenciana en las ferias de turismo tras realizar distintas actuaciones encaminadas a manipular, alterar e influir a su favor en la tramitación de los procedimientos administrativos de adjudicación de tales trabajos.

Según la sentencia, de 558 páginas, que ahora se estudiará y que se hará firme, el grupo de empresas de Correa se creó ‘ex profeso’ para manipular concursos públicos y «participar activamente en el cambio de las condiciones exigidas a los adjudicatarios». Los magistrados del tribunal valenciano destacan que utilizaban sus influencias con el PP para «pervertir» los procesos de contratación.

Estas sociedades tenían información privilegiada, pues conocían por anticipado las condiciones de los contratos públicos, que, en ocasiones, se modificaban a su conveniencia. Explica el TSJCV que con la llegada de Milagrosa Martínez a la Consejería de Turismo y el nombramiento de su jefe de gabinete, Rafael Betoret, comenzaron los cambios en las ediciones de Fitur y la unificación en un solo contrato tanto del diseño como de la fabricación, montaje, almacenaje y desmontaje del ‘stand’, «alterándose también los criterios de adjudicación para dar preferencia ahora a los de índole subjetiva».

EL «JUEGO» DE COBRAR DOS O MÁS VECES
Añade que las mercantiles de la Gürtel carecían de medios materiales y personales para prestar los servicios contratados y que por ello subcontrataban con terceros y así obtenía un «enriquecimiento irregular» al lucrarse aplicando unos «márgenes disparatados», con el «juego» de cobrar dos o más veces conceptos idéntico o inexistentes.

También facturando gastos «extras» cuando la mayoría de ellos ya estaban incluidos en los objetos del contrato, tales como material, uniformes para los integrantes de los ‘stands’ o reportajes fotográficos, señaló la sentencia. En total, la trama obtuvo de los fondos públicos valencianos más de 5,6 millones de euros, de los que 23.733,60 euros fueron cobrados de manera indirecta mediante una comisión de un catering.

De esta cantidad, casi dos millones de euros corresponden a beneficios percibidos por los trabajos realizados en adjudicaciones de forma ilícita y 276.812,68 a sobrecostes o duplicidades durante las ediciones de Fitur de 2005 a 2009.