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GÜRTEL | Serra asegura que Costa le obligó a presionar a un empresario para que pagase la deuda a Orange Market

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(EUROPA PRESS)-El exvicesecretario de Organización del PPCV David Serra ha afirmado este miércoles que, a petición del ex secretario general de la formación política regional Ricardo Costa, intermedió y presionó a un empresario para que pagase la deuda que tenía con la empresa vinculada a la trama Gürtel Orange Market.

El que fue diputado en las Corts Valencianes ha declarado este miércoles como acusado en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional por la presunta financiación ilegal del PPCV –liderado entonces por Francisco Camps– en relación de las campañas de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y las generales de 2008, cuyos actos fueron contratados con Orange Market.

A preguntas de la fiscal Anticorrupción Myriam Segura, Serra ha relatado que Costa –acusado en este juicio– le pidió que hablase con Enrique Ortiz –bautizado por el responsable de Orange Maket, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ como «el empresario de las magdalenas»–, para que abonase una deuda que tenía con la empresa de la Gürtel.

Ha explicado que el ex secretario general de los ‘populares’ valencianos le da esta instrucción al tener conocimiento de que mantenía una amistad con Ortiz. Una relación que comenzó cuando Serra era ex secretario autonómico de Deportes y el empresario fue presidente del Hércules Club de Fútbol.

El Ministerio Público ha reproducido una conversación telefónica en la que se escucha como Serra presiona al constructor comunicándole que tenía que abonar más cantidad de la fijada, algo que para Ortiz no fue de agrado: «no me jodas más todavía», dijo. Según ha recalcado Serra, hizo esta exigencia porque así se lo pidió Costa.

ARREPENTIMIENTO POR INTERMEDIAR
«Me arrepiento más de lo que se puede imaginar» por haber intermediado en este sentido, ha confesado a la fiscal, así como que le sorprendió que el empresario reconociese los hechos porque no era consciente de las irregularidades ya que Ortiz le trasladó que la deuda era «real».

David Serra, que se enfrenta a siete años y nueve meses de prisión, ha subrayado la «relación estrecha» que tenían Costa y Pérez y ha puntualizado que el ex secretario general le dijo que tenían que «hacer un esfuerzo» para que Orange Market pudiese cobrar los servicios prestados.

«¿No le extraña que el señor Costa haga de gestor de cobros de Orange Market?», ha preguntado el abogado del Estado Edmundo Bal. «Entiendo que hay una situación de crisis en Orange Market, el señor Pérez explota y se lo traslada a la gente que tiene más cercana, en este caso el señor Costa», ha contestado.

Por otro lado, el ex diputado regional del PP ha enfatizado que le «consta que Costa, de manera permanente, estaba machacando a los miembros del Gobierno para que se pagase», y ha asegurado que entre esas personas se encontraba el exvicepresidente de la Comunidad Valenciana Vicente Rambla, también sentado en el banquillo de los acusados en esta causa.

Serra ha recalcado que «jamás» Costa le mencionó que los actos electorales contratados con Orange Market se abonasen en ‘b’. Tampoco sabe quién dio la orden de que esas facturas se girasen a «determinados empresarios».

Tanto el líder de la Gürtel, Francisco Correa, como su ‘número dos’, Pablo Crespo, confesaron durante sus declaraciones que Costa les comunicó que si «querían cobrar» la organización de los actos electorales y otros eventos que realizaron debían girar facturas falsas a terceros.

Nueve empresarios acusados, primero ante la Fiscalía y después en este juicio, reconocieron haber sufragado irregularmente dichos actos. Precisamente la empresa de Ortiz abonó 348.115 euros para financiar los gastos relativos a los comicios de 2008, según el escrito de acusación de Anticorrupción.

‘El Bigotes’ fue quien señaló al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps como la persona que estableció el sistema de financiación ilegal en el PP valenciano. Versión que después fue corroborada por el propio Costa, que puntualizó que el PP regional se financió con «dinero en negro» por orden de Camps y del exvicepresidente de la Generalitat Valenciana y expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino.

EL RESPONSABLE DE CONTRATACIÓN ERA RICARDO COSTA
En otro momento de la declaración, se ha desvinculado de la contratación de los actos electorales que se cuestionan en este juicio y ha afirmado que el responsable de ello era Ricardo Costa. Aunque no cree que el ex secretario general se dedicase a «contar plasmas, metros de moquetas y traseras», ha afirmado que hacía los encargos a Orange Market.

En este sentido, ha indicado al titular del Juzgado Central de lo Penal José María Vázquez Honrubia que la única participación que tuvo en los actos electorales fue la encomendada al «número 15 de la lista por Alicante»: «Asistir y arropar al candidato», ha concretado, además de acudir a debates en la radio.

«No intervenía para nada en la contratación de los actos del PP», ha insistido y apostillado que como vicesecretario general no se encargaba de la «escenografía», sino de la «movilización» de personas. Es más, ha precisado que tan solo le llegó un correo electrónico de la mercantil de Pérez y que directamente lo remitió a Costa.

Preguntado por la fiscal Anticorrupción Myriam Segura sobre su relación comercial con el responsable de Orange Market, ha dicho que solo coincidió con ‘El Bigotes’ en los actos de partido. «Jamás en mi vida le he dado un duro a Álvaro Pérez, le pude haber invitado a un café», ha asegurado.

La Fiscalía ha mostrado al acusado facturas y firmas de cheques y Serra ha destacado que él no tomó ninguna decisión al respecto porque no era su cometido. Ha explicado que él tenía firma porque así se lo pidió la Gerencia del partido para poder hacer pagos en el banco y ha negado rotundamente «haber recibido dinero en metálico, ni donaciones para el partido».

CONFIANZA EN LA GENTE DEL PARTIDO

Ha indicado que el sistema era tener una firma mancomunada para que si no estaba en la sede alguna de las personas que tenían la rúbrica reconocida no hubiese problemas y pudiese autorizar el abono otra persona.

Así, ha confirmado que en alguna ocasión ha autorizado talones nominativos a Orange Market, pero que siempre lo ha hecho confiando en la gente del partido, ya que consideró que era «absolutamente normal» que se lo pidiesen a él si Costa estaba ausente, ya que para eso se «habilitaron» las firmas.

«A mi la gerente del partido, si estaba en la sede ese día, me decía: ‘Necesito hacer un pago u otros’; eran pagos hechos, me traía el talón y necesitaba la firma y yo siempre hacía la misma pregunta, si estos pagos estaban autorizados por el secretario general y me decía que sí», ha dicho. Después, ha constatado que «es verdad que percibía cierto descontrol, pero imaginaba que era por el día a día, todas las semanas había actos del partido».

Sobre los servicios prestados por la empresa de la Gürtel al Grupo Parlamentario Popular en las Corts Valencianes, ha indicado que pagó lo que le correspondía; tal y como hizo el partido y las organizaciones territoriales.

El juez sólo ha interrogado este miércoles a David Serra y deja al último de los acusados en declarar, el considerado ‘blanqueador’ de la trama Gürtel, José Ramón Blanco Balín, para este viernes, a las 10.00 horas. El asesor del ‘cabecilla’ de la red corrupta, Francisco Correa, se enfrenta a 15 años de prisión.

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Julio Iglesias demanda a Yolanda Díaz por llamarlo “abusador sexual”

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julio iglesias estado salud
Julio Iglesias-ARCHIVO

Julio Iglesias pasa al contraataque judicial contra Yolanda Díaz

El cantante Julio Iglesias ha presentado una demanda de conciliación contra la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, por las declaraciones en las que lo calificó de “abusador sexual” y habló de supuestas situaciones de “esclavitud” y “estructura de poder basada en la agresión permanente”.

La acción judicial, paso previo a una posible querella por calumnias o injurias, solicita que la ministra de Trabajo se retracte públicamente, reconozca el daño causado y abone una indemnización en función de la difusión de sus manifestaciones.


La demanda se produce tras el archivo de la denuncia en la Audiencia Nacional

El movimiento del artista llega después de que la denuncia presentada por dos extrabajadoras ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional fuera archivada en enero por falta de competencia.

Según el escrito de la defensa, Iglesias nunca ha tenido la condición de investigado ni de sospechoso en el procedimiento.


Las declaraciones de Yolanda Díaz en redes y televisión

Los abogados del cantante señalan especialmente un mensaje publicado por Díaz en redes sociales el 13 de enero, en el que aludía a testimonios de extrabajadoras y agradecía a periodistas por difundir el caso.

Además, citan una entrevista en televisión en la que la vicepresidenta se refirió al artista como “presunto agresor” y habló de vulneraciones graves de derechos en el entorno laboral.

Tras conocerse la demanda, Díaz reafirmó su postura señalando que seguirá defendiendo a las mujeres trabajadoras “con denuncias o sin denuncias”.


La defensa invoca la presunción de inocencia

El equipo jurídico del cantante, encabezado por el penalista José Antonio Choclán, sostiene que las declaraciones de la vicepresidenta vulneran el derecho a la presunción de inocencia y afectan al honor y la reputación del artista.

El escrito argumenta que atribuir la condición de víctimas a las denunciantes sin hechos acreditados supone emitir prejuicios de culpabilidad desde una posición institucional.


Posibles nuevas acciones legales

La demanda de conciliación es el primer paso dentro de una estrategia legal más amplia. La defensa también ha solicitado acceder al contenido íntegro de las actuaciones de la Fiscalía para valorar si procede emprender otras acciones, incluido el análisis de un posible delito de denuncia falsa.


Un conflicto con dimensión política y mediática

El caso añade tensión al debate público sobre las acusaciones, el papel de las instituciones y la protección de la reputación, situando el foco tanto en el ámbito judicial como en el político.

La evolución del procedimiento dependerá ahora de si se produce un acto de conciliación o si finalmente se formaliza una querella.


 

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