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Crimen en Castro Urdiales: ¿Qué pasará ahora con los menores detenidos por la muerte de su madre?

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Crimen en Castro Urdiales

Después de la detención de dos menores de 13 y 15 años tras hallar muerta a su madre de 48 años en Castro Urdiales (Cantabria), surgen dudas sobre cuál es el papel de los servicios sociales y qué ocurre con los menores cuando se ven implicados en hechos delictivos.

En el caso del suceso de Castro Urdiales, uno de ellos es inimputable y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar por decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, pero ambos quedaron a cargo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).

El Icass es la entidad pública de la que depende la protección y reforma de los menores en Cantabria, así como la encargada de ejecutar las sentencias y los autos que les afectan, ya que es la titular de los centros de cumplimiento de medidas judiciales.

«Cuando hablamos de menores, no son penas, se habla de medidas», subraya en una entrevista con EFE la subdirectora general de Infancia, Adolescencia y Familia del Icass, María del Carmen Arce de la Torre.

Arce explica que la labor del Icass, en el caso de menores con responsabilidad penal, es asumir su «reforma», mientras que en el caso de los inimputables el instituto trabaja en su «protección».

Menores con responsabilidad penal

Cuando las sentencias o autos de los jueces afectan a menores con responsabilidad penal, el Instituto se encarga de ejecutar las medidas, bien sean un internamiento, la convivencia en un grupo educativo, asistencia en un centro de día o prestaciones en beneficio de la comunidad, entre otros.

En todos los casos, se asume una medida que es «sancionadora educativa», lo que implica que el Icass debe trabajar con el menor con un programa individualizado aprobado por el juez, en el que se establecen unos objetivos.

Este programa recoge metas en el ámbito de la vida del menor, ya sea en el aspecto social, familiar, en su futuro laboral o en el ámbito educativo.

Y se trabajan los hechos delictivos en sí y la asunción de responsabilidad. «Que asuma conciencia de no volver a realizarlos cuando termine la medida y se responsabilice de los hechos cometidos», apunta la subdirectora.

Además, cuando se impone una medida de internamiento en régimen cerrado, incide Arce, los servicios sociales se tienen que asegurar de que los menores continúen con sus estudios y puedan seguir formándose, a pesar de que no pueden salir del centro.

Crimen en Castro Urdiales

Los menores de 14 años son inimputables con arreglo a la ley de responsabilidad penal de los menores, por lo que los servicios sociales, en caso de que los niños se vean implicados en un delito, entran a trabajar con ellos a instancias del Ministerio Fiscal, pero siempre en el ámbito de su protección.

En estos casos, subraya Arce, pueden darse distintas situaciones respecto a los menores. La subdirectora relata que puede ocurrir que un Juzgado civil delegue la guarda en la entidad pública; que vuelva con su familia; o que los propios servicios sociales decidan asumir esa guarda.

En este tipo de acontecimientos, el Icass lleva siempre a cabo una investigación sobre las circunstancias del menor, para analizar si se encuentra en una situación de desprotección.

Se tramita un expediente, se realizan averiguaciones, un informe social y si se cumplen los factores de desprotección, la entidad puede declarar al menor en una situación de desamparo y asumir su tutela.

En el caso de que un menor esté en esta situación, se extingue la patria potestad de los padres y se adoptan las medidas de protección que «se considera adecuadas».

Esto incluye distintos tipos de recursos residenciales, como acogimientos, pero siempre, señala la subdirectora, teniendo en cuenta «las necesidades específicas» del niño y orientados a su protección.

Por otro lado, «como ocurre con cualquier menor», subraya Arce, la familia tiene la posibilidad solicitar a la entidad pública que asuma la guarda porque no puede hacerse cargo de él.

En este caso, el progenitor mantiene la patria potestad sobre su hijo, pero los servicios sociales son los responsables de garantizar su protección.

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Pilar Bernabé pide perdón por fallo en el canal de denuncias del caso Salazar

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Valencia justicia dana
Paco Salazar

La secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, ha reconocido públicamente este jueves un fallo en el canal anónimo de denuncias que se utilizó para reportar el comportamiento del exmilitante socialista y exasesor en Moncloa, Francisco Salazar.

Durante sus declaraciones, Bernabé pidió disculpas y perdón a las mujeres que denunciaron los hechos, asegurando que algunas de ellas no sintieron que sus denuncias hubieran sido atendidas de manera adecuada. “Lamentamos profundamente que algunas víctimas hayan sentido que no se les prestó la atención necesaria”, afirmó la secretaria de Igualdad.

Fallo detectado en el canal de denuncias

Según Bernabé, el error detectado en el canal de denuncias anónimo ya ha sido identificado y se han implementado medidas para corregirlo. Este fallo había generado preocupación sobre la eficacia del sistema para proteger a las víctimas y garantizar que sus denuncias fueran escuchadas y tratadas con seriedad.

El caso Salazar ha sido un tema sensible dentro del PSOE, ya que involucra denuncias de comportamiento inapropiado de un exasesor en Moncloa. La reacción de Bernabé refleja la intención del partido de mejorar los mecanismos internos de protección y atención a víctimas.

Reacciones y medidas

Tras reconocer el fallo, Pilar Bernabé subrayó que el objetivo ahora es restaurar la confianza en los canales de denuncia y asegurar que todas las denuncias sean gestionadas con transparencia, confidencialidad y eficacia. Además, el PSOE ha anunciado que revisará y reforzará los protocolos internos para evitar que situaciones similares se repitan en el futuro.

Este gesto de pedir perdón públicamente es parte de un esfuerzo más amplio por garantizar un entorno seguro dentro de los partidos políticos, especialmente para las mujeres que denuncian situaciones de acoso o conducta inapropiada.

El reconocimiento del fallo y las disculpas de Pilar Bernabé marcan un paso importante en la gestión del caso Salazar, mostrando que incluso en instituciones políticas se pueden tomar medidas para corregir errores y mejorar la atención a las víctimas. La implementación de soluciones en el canal de denuncias busca garantizar que ninguna denuncia vuelva a pasar desapercibida.

Denuncias contra Paco Salazar: acoso sexual y ocultamiento por el PSOE

Dos trabajadoras que estuvieron a las órdenes de Francisco “Paco” Salazar, exasesor de Moncloa y presidente del Hipódromo de la Zarzuela, han presentado denuncias por acoso sexual y humillación en el canal interno del Partido Socialista (PSOE). Los escritos, presentados en julio, desaparecieron del sistema durante cinco meses y no recibieron respuesta hasta que elDiario.es retomó el caso.

Las denuncias describen un ambiente laboral irrespirable, con comentarios hipersexualizados, exhibiciones inapropiadas y humillaciones constantes hacia las mujeres jóvenes del equipo. Una de las denunciantes relata cómo Salazar pedía ver escotes, escenificaba actos sexuales y degradaba a las trabajadoras mientras disfrutaba de su incomodidad.

El PSOE reconoció que las denuncias no fueron tramitadas “por falta de diligencia”, aunque ahora se han reactivado en el sistema. Las afectadas destacan que su compromiso con el partido las mantuvo dentro, pero reclaman justicia y garantías para que este tipo de comportamientos no se repitan.

Actualmente, Salazar mantiene una asesoría externa para el PSC, lo que ha generado indignación entre las denunciantes y activistas por la protección de las trabajadoras. El caso plantea dudas sobre la gestión interna del acoso sexual en el PSOE y la falta de protocolos efectivos de protección.

 

Vinculación con Ábalos y Cerdán

Salazar mantiene también lazos estrechos con otras figuras implicadas en escándalos recientes dentro del PSOE. Fue colaborador de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y compañero de piso de Santos Cerdán, exsecretario de Organización y actualmente en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo.

Su nuevo nombramiento como adjunto a Rebeca Torró, la nueva secretaria de Organización del partido, ha generado rechazo en varios sectores del PSOE, que ven con preocupación que una figura tan cuestionada ocupe un cargo de alta responsabilidad en plena crisis interna del partido.

“Muchos lo han recibido con pavor. Su nombramiento ahonda en la desconexión entre la cúpula del partido y la realidad que viven muchas mujeres en el entorno socialista”, señalan fuentes internas.

Un nuevo escándalo que sacude la renovación de Sánchez

La elección de Paco Salazar por parte de Sánchez llega en uno de los momentos más delicados para el PSOE, con el caso Cerdán todavía en desarrollo judicial y un Comité Federal clave que busca reorientar el rumbo del partido. Estas acusaciones por presunto acoso podrían suponer un nuevo revés para la estrategia de renovación del presidente, justo cuando intenta recuperar la iniciativa política.

Hasta el momento, ni la dirección del PSOE ni Salazar han emitido declaraciones públicas sobre estas acusaciones.

El PSOE celebra un Comité Federal con temor a nuevas revelaciones que desactiven los cambios impulsados por Sánchez

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