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Crimen en Castro Urdiales: ¿Qué pasará ahora con los menores detenidos por la muerte de su madre?

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Crimen en Castro Urdiales

Después de la detención de dos menores de 13 y 15 años tras hallar muerta a su madre de 48 años en Castro Urdiales (Cantabria), surgen dudas sobre cuál es el papel de los servicios sociales y qué ocurre con los menores cuando se ven implicados en hechos delictivos.

En el caso del suceso de Castro Urdiales, uno de ellos es inimputable y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar por decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, pero ambos quedaron a cargo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).

El Icass es la entidad pública de la que depende la protección y reforma de los menores en Cantabria, así como la encargada de ejecutar las sentencias y los autos que les afectan, ya que es la titular de los centros de cumplimiento de medidas judiciales.

«Cuando hablamos de menores, no son penas, se habla de medidas», subraya en una entrevista con EFE la subdirectora general de Infancia, Adolescencia y Familia del Icass, María del Carmen Arce de la Torre.

Arce explica que la labor del Icass, en el caso de menores con responsabilidad penal, es asumir su «reforma», mientras que en el caso de los inimputables el instituto trabaja en su «protección».

Menores con responsabilidad penal

Cuando las sentencias o autos de los jueces afectan a menores con responsabilidad penal, el Instituto se encarga de ejecutar las medidas, bien sean un internamiento, la convivencia en un grupo educativo, asistencia en un centro de día o prestaciones en beneficio de la comunidad, entre otros.

En todos los casos, se asume una medida que es «sancionadora educativa», lo que implica que el Icass debe trabajar con el menor con un programa individualizado aprobado por el juez, en el que se establecen unos objetivos.

Este programa recoge metas en el ámbito de la vida del menor, ya sea en el aspecto social, familiar, en su futuro laboral o en el ámbito educativo.

Y se trabajan los hechos delictivos en sí y la asunción de responsabilidad. «Que asuma conciencia de no volver a realizarlos cuando termine la medida y se responsabilice de los hechos cometidos», apunta la subdirectora.

Además, cuando se impone una medida de internamiento en régimen cerrado, incide Arce, los servicios sociales se tienen que asegurar de que los menores continúen con sus estudios y puedan seguir formándose, a pesar de que no pueden salir del centro.

Crimen en Castro Urdiales

Los menores de 14 años son inimputables con arreglo a la ley de responsabilidad penal de los menores, por lo que los servicios sociales, en caso de que los niños se vean implicados en un delito, entran a trabajar con ellos a instancias del Ministerio Fiscal, pero siempre en el ámbito de su protección.

En estos casos, subraya Arce, pueden darse distintas situaciones respecto a los menores. La subdirectora relata que puede ocurrir que un Juzgado civil delegue la guarda en la entidad pública; que vuelva con su familia; o que los propios servicios sociales decidan asumir esa guarda.

En este tipo de acontecimientos, el Icass lleva siempre a cabo una investigación sobre las circunstancias del menor, para analizar si se encuentra en una situación de desprotección.

Se tramita un expediente, se realizan averiguaciones, un informe social y si se cumplen los factores de desprotección, la entidad puede declarar al menor en una situación de desamparo y asumir su tutela.

En el caso de que un menor esté en esta situación, se extingue la patria potestad de los padres y se adoptan las medidas de protección que «se considera adecuadas».

Esto incluye distintos tipos de recursos residenciales, como acogimientos, pero siempre, señala la subdirectora, teniendo en cuenta «las necesidades específicas» del niño y orientados a su protección.

Por otro lado, «como ocurre con cualquier menor», subraya Arce, la familia tiene la posibilidad solicitar a la entidad pública que asuma la guarda porque no puede hacerse cargo de él.

En este caso, el progenitor mantiene la patria potestad sobre su hijo, pero los servicios sociales son los responsables de garantizar su protección.

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Un valenciano de 52 años, entre los presos liberados en Venezuela tras un año encarcelado

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Ernesto Gorbe Cardona, natural de València, permanecía detenido en la prisión de El Rodeo (Caracas) acusado de tener la visa vencida. Su liberación se enmarca en una excarcelación colectiva anunciada por el Parlamento venezolano.

Un ciudadano valenciano figura entre las personas excarceladas en Venezuela en las últimas horas. Se trata de Ernesto Gorbe Cardona, de 52 años y nacido en València, quien llevaba aproximadamente un año detenido en la prisión de El Rodeo, en Caracas, junto a otros ciudadanos hispano-venezolanos con doble nacionalidad.

Gorbe Cardona fue arrestado por las autoridades venezolanas bajo la acusación de irregularidades administrativas relacionadas con la caducidad de su visado, según fuentes cercanas al caso. Su nombre aparece ahora en la lista de personas liberadas dentro de un proceso anunciado este jueves por el presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Jorge Rodríguez.

El dirigente chavista informó de la liberación de un “número importante” de presos, entre los que se encuentran tanto ciudadanos venezolanos como extranjeros, aunque no precisó cifras concretas. Según explicó, la medida responde a un gesto político orientado a “consolidar la paz y la convivencia pacífica” en el país.

La excarcelación se produce en un contexto de presión internacional y movilizaciones ciudadanas, como las concentraciones recientes en varias ciudades españolas donde decenas de personas reclamaron “libertad para Venezuela” y la liberación de presos considerados arbitrarios.

El anuncio ha generado expectación entre familiares y organizaciones de derechos humanos, que esperan que este proceso suponga un primer paso hacia nuevas liberaciones y una mejora de la situación de los detenidos extranjeros en el país sudamericano.

 

Vuelos a Venezuela siguen suspendidos

Mientras tanto, las aerolíneas españolas Iberia, Air Europa y Plus Ultra han decidido prolongar la suspensión de vuelos a Caracas hasta finales de enero, siguiendo las recomendaciones de seguridad de la AESA y organismos internacionales.

La situación política y militar en Venezuela, sumada a la operación estadounidense y la captura de Maduro, ha elevado los riesgos en el espacio aéreo, afectando tanto a pasajeros como al transporte de carga y comercio entre España y Venezuela.


Gobierno venezolano y presidencia interina

Tras la captura de Maduro, Delcy Rodríguez ha sido nombrada presidenta interina, aunque su mandato se enfrenta a un escenario incierto debido a la intervención estadounidense y la presión internacional.

Expertos internacionales recomiendan evitar viajar a Venezuela hasta que la situación política se estabilice y las aerolíneas vuelvan a operar con normalidad.

 

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