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Crimen en Castro Urdiales: ¿Qué pasará ahora con los menores detenidos por la muerte de su madre?

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Crimen en Castro Urdiales

Después de la detención de dos menores de 13 y 15 años tras hallar muerta a su madre de 48 años en Castro Urdiales (Cantabria), surgen dudas sobre cuál es el papel de los servicios sociales y qué ocurre con los menores cuando se ven implicados en hechos delictivos.

En el caso del suceso de Castro Urdiales, uno de ellos es inimputable y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar por decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, pero ambos quedaron a cargo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).

El Icass es la entidad pública de la que depende la protección y reforma de los menores en Cantabria, así como la encargada de ejecutar las sentencias y los autos que les afectan, ya que es la titular de los centros de cumplimiento de medidas judiciales.

«Cuando hablamos de menores, no son penas, se habla de medidas», subraya en una entrevista con EFE la subdirectora general de Infancia, Adolescencia y Familia del Icass, María del Carmen Arce de la Torre.

Arce explica que la labor del Icass, en el caso de menores con responsabilidad penal, es asumir su «reforma», mientras que en el caso de los inimputables el instituto trabaja en su «protección».

Menores con responsabilidad penal

Cuando las sentencias o autos de los jueces afectan a menores con responsabilidad penal, el Instituto se encarga de ejecutar las medidas, bien sean un internamiento, la convivencia en un grupo educativo, asistencia en un centro de día o prestaciones en beneficio de la comunidad, entre otros.

En todos los casos, se asume una medida que es «sancionadora educativa», lo que implica que el Icass debe trabajar con el menor con un programa individualizado aprobado por el juez, en el que se establecen unos objetivos.

Este programa recoge metas en el ámbito de la vida del menor, ya sea en el aspecto social, familiar, en su futuro laboral o en el ámbito educativo.

Y se trabajan los hechos delictivos en sí y la asunción de responsabilidad. «Que asuma conciencia de no volver a realizarlos cuando termine la medida y se responsabilice de los hechos cometidos», apunta la subdirectora.

Además, cuando se impone una medida de internamiento en régimen cerrado, incide Arce, los servicios sociales se tienen que asegurar de que los menores continúen con sus estudios y puedan seguir formándose, a pesar de que no pueden salir del centro.

Crimen en Castro Urdiales

Los menores de 14 años son inimputables con arreglo a la ley de responsabilidad penal de los menores, por lo que los servicios sociales, en caso de que los niños se vean implicados en un delito, entran a trabajar con ellos a instancias del Ministerio Fiscal, pero siempre en el ámbito de su protección.

En estos casos, subraya Arce, pueden darse distintas situaciones respecto a los menores. La subdirectora relata que puede ocurrir que un Juzgado civil delegue la guarda en la entidad pública; que vuelva con su familia; o que los propios servicios sociales decidan asumir esa guarda.

En este tipo de acontecimientos, el Icass lleva siempre a cabo una investigación sobre las circunstancias del menor, para analizar si se encuentra en una situación de desprotección.

Se tramita un expediente, se realizan averiguaciones, un informe social y si se cumplen los factores de desprotección, la entidad puede declarar al menor en una situación de desamparo y asumir su tutela.

En el caso de que un menor esté en esta situación, se extingue la patria potestad de los padres y se adoptan las medidas de protección que «se considera adecuadas».

Esto incluye distintos tipos de recursos residenciales, como acogimientos, pero siempre, señala la subdirectora, teniendo en cuenta «las necesidades específicas» del niño y orientados a su protección.

Por otro lado, «como ocurre con cualquier menor», subraya Arce, la familia tiene la posibilidad solicitar a la entidad pública que asuma la guarda porque no puede hacerse cargo de él.

En este caso, el progenitor mantiene la patria potestad sobre su hijo, pero los servicios sociales son los responsables de garantizar su protección.

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Antonio Pelayo, histórico corresponsal de Antena 3 en Roma, será juzgado por presunta agresión sexual

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Antonio Pelayo-
Antonio Pelayo-ATRESMEDIA

La Fiscalía de Roma pide juzgar a Antonio Pelayo por presunta violencia sexual

La Fiscalía de Roma ha solicitado la apertura de juicio contra el sacerdote y periodista español Antonio Pelayo, corresponsal en la capital italiana desde hace décadas, por un presunto delito de violencia sexual denunciado por un joven productor de televisión. La información ha sido adelantada por El Mundo, medio que ha tenido acceso tanto a la denuncia, como al escrito de acusación del Ministerio Público y a mensajes intercambiados entre denunciante y acusado.

Según el reportaje, el Tribunal Penal de Roma ha fijado la primera audiencia para el 14 de mayo de 2026, fecha en la que Pelayo deberá comparecer como acusado. El periodista declinó hacer declaraciones al medio por recomendación de su abogado.

Qué investiga la justicia italiana

De acuerdo con el escrito de la Fiscalía incorporado a la causa, los hechos investigados se habrían producido en mayo de 2025, durante un encuentro de carácter profesional en el domicilio de Antonio Pelayo en Roma. El Ministerio Público sostiene que el acusado habría realizado actos sexuales sin consentimiento, que encuadra jurídicamente en el artículo 609-bis del Código Penal italiano, relativo al delito de violencia sexual.

La acusación describe dos episodios. En el primero, Pelayo se habría acercado de forma repentina al denunciante mientras ambos estaban sentados en un sofá, sujetándolo por el hombro, besándolo entre el cuello y el hombro e introduciendo la mano bajo su camiseta, tocándole diversas partes del torso e impidiendo su reacción.

El segundo episodio, siempre según la Fiscalía, habría tenido lugar en la cocina, donde el acusado habría abrazado al denunciante por delante e introducido ambas manos bajo su pantalón, tocándole repetidamente el trasero.

Cronología de los hechos y de la denuncia

El reportaje de El Mundo reconstruye una cronología detallada del caso:

  • Finales de febrero de 2025: el productor contacta con Pelayo en el contexto de trabajos informativos previos a un posible cónclave.

  • 7 y 8 de mayo de 2025: se celebra el cónclave al que alude el reportaje.

  • Viernes 23 de mayo de 2025: fecha en la que el denunciante sitúa el episodio en el domicilio del periodista.

  • 24, 25 y 26 de mayo de 2025: intercambio de mensajes en los que Pelayo pide disculpas de forma reiterada.

  • 28 de mayo de 2025: el denunciante presenta la denuncia ante una comisaría del centro de Roma.

Tras la denuncia, los Carabinieri abrieron una investigación y Pelayo prestó declaración en sede judicial. Su defensa solicitó el archivo de la causa, petición que fue rechazada.

Situación procesal actual

Según el reportaje, la Fiscalía de Roma solicitó formalmente el enjuiciamiento el 6 de noviembre, tras analizar las pruebas recabadas durante la investigación. El Tribunal Penal de Roma notificó posteriormente a las partes la fecha de la primera vista, prevista para mayo de 2026.

La investigación ha sido coordinada por Ilaria Corda y Giuseppe Cascini, fiscales especializados en delitos sexuales, junto con los Carabinieri. La acusación particular está representada por los abogados Massimiliano Lecce y Federico Olivo.

Reacciones recogidas

El denunciante realiza una única declaración pública en el reportaje, sin entrar en detalles: “Para mí, todas las personas que conocen los hechos son cómplices”, y denuncia un supuesto clima de silencio en torno al caso. Tras los hechos, acudió a una psicóloga el mismo día en que presentó la denuncia y recibió el respaldo de su empresa. A finales de 2025, la cadena internacional para la que trabaja lo destinó fuera de Italia.

En cuanto a Antonio Pelayo, el reportaje señala que rechazó hacer declaraciones públicas, siguiendo el consejo de su abogado. También se reproducen mensajes atribuidos al periodista en los que expresa arrepentimiento y vergüenza por lo ocurrido, siempre según el texto publicado.

Perfil de Antonio Pelayo

Antonio Pelayo Bombín nació en Valladolid en enero de 1944. Ingresó en el seminario a los 11 años, se formó con los jesuitas en Comillas y se ordenó sacerdote tras cursar Filosofía y Teología.

En el ámbito periodístico, inició su carrera en el diario Ya y en publicaciones culturales antes de trasladarse a París en 1976 como corresponsal. Desde 1986 reside en Roma, donde ha cubierto la información del Vaticano y la vida italiana durante más de cuatro décadas. Ha informado sobre cinco cónclaves y es corresponsal de Antena 3, siendo considerado uno de los vaticanistas más veteranos.

El reportaje añade que desde 2005 ha sido asesor voluntario —no remunerado— de la Embajada de España ante la Santa Sede, aunque fuentes del Ministerio de Exteriores señalan que actualmente no ejerce dicha función mientras se sigue la evolución del caso judicial.

 

 

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