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Crimen en Castro Urdiales: ¿Qué pasará ahora con los menores detenidos por la muerte de su madre?

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Crimen en Castro Urdiales

Después de la detención de dos menores de 13 y 15 años tras hallar muerta a su madre de 48 años en Castro Urdiales (Cantabria), surgen dudas sobre cuál es el papel de los servicios sociales y qué ocurre con los menores cuando se ven implicados en hechos delictivos.

En el caso del suceso de Castro Urdiales, uno de ellos es inimputable y el otro ha sido internado en régimen cerrado durante seis meses de forma cautelar por decisión del Juzgado de Instrucción número 5 de Santander, pero ambos quedaron a cargo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (Icass).

El Icass es la entidad pública de la que depende la protección y reforma de los menores en Cantabria, así como la encargada de ejecutar las sentencias y los autos que les afectan, ya que es la titular de los centros de cumplimiento de medidas judiciales.

«Cuando hablamos de menores, no son penas, se habla de medidas», subraya en una entrevista con EFE la subdirectora general de Infancia, Adolescencia y Familia del Icass, María del Carmen Arce de la Torre.

Arce explica que la labor del Icass, en el caso de menores con responsabilidad penal, es asumir su «reforma», mientras que en el caso de los inimputables el instituto trabaja en su «protección».

Menores con responsabilidad penal

Cuando las sentencias o autos de los jueces afectan a menores con responsabilidad penal, el Instituto se encarga de ejecutar las medidas, bien sean un internamiento, la convivencia en un grupo educativo, asistencia en un centro de día o prestaciones en beneficio de la comunidad, entre otros.

En todos los casos, se asume una medida que es «sancionadora educativa», lo que implica que el Icass debe trabajar con el menor con un programa individualizado aprobado por el juez, en el que se establecen unos objetivos.

Este programa recoge metas en el ámbito de la vida del menor, ya sea en el aspecto social, familiar, en su futuro laboral o en el ámbito educativo.

Y se trabajan los hechos delictivos en sí y la asunción de responsabilidad. «Que asuma conciencia de no volver a realizarlos cuando termine la medida y se responsabilice de los hechos cometidos», apunta la subdirectora.

Además, cuando se impone una medida de internamiento en régimen cerrado, incide Arce, los servicios sociales se tienen que asegurar de que los menores continúen con sus estudios y puedan seguir formándose, a pesar de que no pueden salir del centro.

Crimen en Castro Urdiales

Los menores de 14 años son inimputables con arreglo a la ley de responsabilidad penal de los menores, por lo que los servicios sociales, en caso de que los niños se vean implicados en un delito, entran a trabajar con ellos a instancias del Ministerio Fiscal, pero siempre en el ámbito de su protección.

En estos casos, subraya Arce, pueden darse distintas situaciones respecto a los menores. La subdirectora relata que puede ocurrir que un Juzgado civil delegue la guarda en la entidad pública; que vuelva con su familia; o que los propios servicios sociales decidan asumir esa guarda.

En este tipo de acontecimientos, el Icass lleva siempre a cabo una investigación sobre las circunstancias del menor, para analizar si se encuentra en una situación de desprotección.

Se tramita un expediente, se realizan averiguaciones, un informe social y si se cumplen los factores de desprotección, la entidad puede declarar al menor en una situación de desamparo y asumir su tutela.

En el caso de que un menor esté en esta situación, se extingue la patria potestad de los padres y se adoptan las medidas de protección que «se considera adecuadas».

Esto incluye distintos tipos de recursos residenciales, como acogimientos, pero siempre, señala la subdirectora, teniendo en cuenta «las necesidades específicas» del niño y orientados a su protección.

Por otro lado, «como ocurre con cualquier menor», subraya Arce, la familia tiene la posibilidad solicitar a la entidad pública que asuma la guarda porque no puede hacerse cargo de él.

En este caso, el progenitor mantiene la patria potestad sobre su hijo, pero los servicios sociales son los responsables de garantizar su protección.

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Última hora sobre el estado de salud de Jordi Pujol

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El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, permanece hospitalizado por una neumonía leve que ha generado una insuficiencia respiratoria, motivo por el que seguirá ingresado varios días en la Clínica Sagrada Familia de Barcelona. A sus 95 años, el histórico dirigente catalán evoluciona de forma favorable, aunque continúa bajo vigilancia médica.

Estable pero fatigado: así se encuentra Jordi Pujol

Fuentes próximas a la familia confirman que Pujol ha pasado su segunda noche hospitalizado y que, pese a mantenerse estable, presenta fatiga, dolor generalizado y cansancio, síntomas compatibles con su infección pulmonar. Los médicos prevén que deberá permanecer ingresado entre cuatro y cinco días, previsiblemente hasta el jueves.

Aunque su estado físico es delicado, se describe a Pujol como consciente y orientado, siguiendo la evolución de su propia situación judicial.

A las puertas del juicio por su fortuna oculta

El empeoramiento de salud coincide con la proximidad del juicio por su patrimonio oculto, fijado para el 24 de noviembre en la Audiencia Nacional.

Esta semana, un equipo forense evaluó al expresident para determinar si está en condiciones de asistir presencialmente o si, por el contrario, debe participar por vía telemática, como solicitó su defensa.

Su hijo Oriol Pujol Ferrusola señaló recientemente que su padre «tiene ganas de ir a juicio», aunque reconoce que su cuerpo “no aguanta igual que antes”.

¿Puede Jordi Pujol acudir al juicio?

Los especialistas que lo examinaron deberán informar al tribunal sobre sus capacidades cognitivas y físicas.

Según declaraciones de su hijo, el expresident presenta dificultades de memoria propias de su edad y algunos marcadores compatibles con alzhéimer, aunque mantiene una lucidez suficiente para comprender el proceso.

No es un hombre inservible al que haya que retirar de la vida pública”, afirmó Oriol, insistiendo en que su padre no pretende eludir el juicio y que su deseo es comparecer.

Las acusaciones que afronta Jordi Pujol y su familia

La Audiencia Nacional juzgará a Jordi Pujol y a sus siete hijos, tras una década de investigación por la fortuna familiar no declarada.

  • La Fiscalía solicita 9 años de cárcel para el expresident.

  • Para sus hijos, pide penas de entre 8 y 29 años, siendo este último extremo para Jordi Pujol Ferrusola.

  • La Abogacía del Estado, en cambio, no acusa al expresident, pero reclama 25 años de prisión y una fianza millonaria para su primogénito.

Los delitos imputados incluyen asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos fiscales y frustración de la ejecución.

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