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Valencia

Héctor Illueca, de jefe de los inspectores laborales a número 3 del Consell

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Illueca optará a ser el candidato de Podem a la Presidencia de la Generalitat

València, 10 sep (EFE).- Héctor Illueca pasa desde este viernes de dirigir a sus compañeros de profesión como director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a convertirse en el representante de Podem en el Gobierno valenciano y número tres de este Ejecutivo, al frente de la vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda.

La renuncia de Rubén Martínez Dalmau a esa cartera para volverse a la universidad tras sus discrepancias con la coordinadora autonómica del partido en la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, ha ocasionado la primera crisis del Consell de la legislatura, que se ha saldado con su sustitución por este Doctor en Derecho que entró en política porque Pablo Iglesias se lo pidió.

Nacido en València hace 46 años, en el seno de una familia de izquierdas en la que se hablaba mucho de política y de lucha contra el franquismo y a la que marcó el fusilamiento de su tío abuelo, Illueca vivió sus primeros años en Murcia debido al trabajo de su padre, aunque con 14 años regresó a su ciudad natal.

Cursó la carrera de Derecho en la Universitat de València (UV) -en la que posteriormente se doctoró y de la que es profesor asociado en el departamento de Derecho del Trabajo- y fue entonces cuando se inició en la militancia política, de la mano de Izquierda Unida, aunque al finalizar la carrera la dejó aparcada.

No volvería al activismo político hasta 2011, cuando el movimiento del 15-M llevó a movilizarse en defensa de los derechos sociales a quien para entonces había ejercido durante quince años como inspector de Trabajo y Seguridad Social en Girona y en Castellón.

Se implicó activamente en el Foro Cívico Somos Mayoría, un colectivo impulsado por Julio Anguita en 2012, del que fue portavoz estatal unos meses y del que destaca que era una asociación «totalmente apartidista» y que gran parte de la base social pasó a Podemos cuando el partido se constituyó en 2014.

llueca se mantuvo en el activismo social hasta que en 2017 Pablo Iglesias, al que conocía desde 2011 cuando le invitó a dar una conferencia, le pidió que le ayudara y entrara en la política, un paso que dio «encantado» porque se identificaba con su proyecto.

En diciembre de 2018 se presentó y ganó las primarias de Podem para las candidaturas de las elecciones generales, por lo que fue el número uno al Congreso por Valencia en los comicios de abril de 2019 y también en los de noviembre de ese mismo año.

Cuando se formó el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos en España, su nombre sonó en las quinielas para algún puesto relacionado con el Derecho, la Administración pública o la Economía -sobre los que tiene numerosos artículos y publicaciones- y finalmente en enero de 2020 fue nombrado director de la Inspección de Trabajo en el Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

Sin peso político en las estructuras internas del partido, donde no ocupa ningún cargo orgánico, y con un perfil más técnico que político, este apasionado del Derecho laboral cuya intención era retomar la inspección y las clases en la UV en cuanto acabara la actual legislatura del Congreso desembarca ahora en el Gobierno valenciano.

Aquí será la cara visible de Podem -formación en la que Pilar Lima es la máxima representante tanto en el partido como en el Parlamento valenciano- y se sentará junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, en los plenos del Gobierno valenciano, donde también ocupa una silla Esquerra Unida dentro de la cuota de Unides Podem.

El regreso de Illueca a València se produce en un momento en el que hay mar de fondo en Podem, donde han dimitido 7 miembros del Consejo Ciudadano Valenciano tras acusar a Lima de expulsar a Martínez Dalmau de la vicepresidencia, y en el que Esquerra Unida ha reprochado a su socio de coalición que no le informara de este relevo.

Este aficionado al baloncesto -con sus 1,92 metros de altura jugó de pívot en su juventud– asumirá las riendas de una vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda en la que, según su antecesor, se han impulsado unas políticas que son ya «irreversibles» y que mediada la legislatura solo queda continuar y consolidar.

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Valencia

La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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