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Valencia

Héctor Illueca, de jefe de los inspectores laborales a número 3 del Consell

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Illueca optará a ser el candidato de Podem a la Presidencia de la Generalitat

València, 10 sep (EFE).- Héctor Illueca pasa desde este viernes de dirigir a sus compañeros de profesión como director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social a convertirse en el representante de Podem en el Gobierno valenciano y número tres de este Ejecutivo, al frente de la vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda.

La renuncia de Rubén Martínez Dalmau a esa cartera para volverse a la universidad tras sus discrepancias con la coordinadora autonómica del partido en la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, ha ocasionado la primera crisis del Consell de la legislatura, que se ha saldado con su sustitución por este Doctor en Derecho que entró en política porque Pablo Iglesias se lo pidió.

Nacido en València hace 46 años, en el seno de una familia de izquierdas en la que se hablaba mucho de política y de lucha contra el franquismo y a la que marcó el fusilamiento de su tío abuelo, Illueca vivió sus primeros años en Murcia debido al trabajo de su padre, aunque con 14 años regresó a su ciudad natal.

Cursó la carrera de Derecho en la Universitat de València (UV) -en la que posteriormente se doctoró y de la que es profesor asociado en el departamento de Derecho del Trabajo- y fue entonces cuando se inició en la militancia política, de la mano de Izquierda Unida, aunque al finalizar la carrera la dejó aparcada.

No volvería al activismo político hasta 2011, cuando el movimiento del 15-M llevó a movilizarse en defensa de los derechos sociales a quien para entonces había ejercido durante quince años como inspector de Trabajo y Seguridad Social en Girona y en Castellón.

Se implicó activamente en el Foro Cívico Somos Mayoría, un colectivo impulsado por Julio Anguita en 2012, del que fue portavoz estatal unos meses y del que destaca que era una asociación «totalmente apartidista» y que gran parte de la base social pasó a Podemos cuando el partido se constituyó en 2014.

llueca se mantuvo en el activismo social hasta que en 2017 Pablo Iglesias, al que conocía desde 2011 cuando le invitó a dar una conferencia, le pidió que le ayudara y entrara en la política, un paso que dio «encantado» porque se identificaba con su proyecto.

En diciembre de 2018 se presentó y ganó las primarias de Podem para las candidaturas de las elecciones generales, por lo que fue el número uno al Congreso por Valencia en los comicios de abril de 2019 y también en los de noviembre de ese mismo año.

Cuando se formó el Gobierno de coalición entre PSOE y Podemos en España, su nombre sonó en las quinielas para algún puesto relacionado con el Derecho, la Administración pública o la Economía -sobre los que tiene numerosos artículos y publicaciones- y finalmente en enero de 2020 fue nombrado director de la Inspección de Trabajo en el Ministerio que dirige Yolanda Díaz.

Sin peso político en las estructuras internas del partido, donde no ocupa ningún cargo orgánico, y con un perfil más técnico que político, este apasionado del Derecho laboral cuya intención era retomar la inspección y las clases en la UV en cuanto acabara la actual legislatura del Congreso desembarca ahora en el Gobierno valenciano.

Aquí será la cara visible de Podem -formación en la que Pilar Lima es la máxima representante tanto en el partido como en el Parlamento valenciano- y se sentará junto al president de la Generalitat, Ximo Puig, en los plenos del Gobierno valenciano, donde también ocupa una silla Esquerra Unida dentro de la cuota de Unides Podem.

El regreso de Illueca a València se produce en un momento en el que hay mar de fondo en Podem, donde han dimitido 7 miembros del Consejo Ciudadano Valenciano tras acusar a Lima de expulsar a Martínez Dalmau de la vicepresidencia, y en el que Esquerra Unida ha reprochado a su socio de coalición que no le informara de este relevo.

Este aficionado al baloncesto -con sus 1,92 metros de altura jugó de pívot en su juventud– asumirá las riendas de una vicepresidencia segunda y Conselleria de Vivienda en la que, según su antecesor, se han impulsado unas políticas que son ya «irreversibles» y que mediada la legislatura solo queda continuar y consolidar.

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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»

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Caso Koldo-Ábalos
La expareja de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez (c), a su llegada al Tribunal Supremo a declarar como testigo en el juicio de las mascarillas, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS)

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.

“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.


Declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas

Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.

Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.

“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.


“La idea era tener un lugar para estar juntos”

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.

“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.

En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.

“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.


Admite que cobró de Ineco sin trabajar

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.

Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:

“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.

Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.

Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.


Una relación iniciada en 2018 y marcada por la situación política

Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.

No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.

“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.


“Nuestra historia solo la conocemos él y yo”

La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.

Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.

“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.

Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

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