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IMELSA| Beatriz Simón dice que no es «conocedora» de la financiación ilegal del PP de València

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La concejala del grupo municipal ‘popular’ Beatriz Simón ha afirmado que no es «conocedora» de una presunta financiación irregular del PP de València y ha negado haber dado órdenes de pago a la empresa Laterne Product Council (LPC) por un contrato de unos 120.000 euros adjudicado por una fundación que llegó a presidir.

Simón estaba citada a declarar, en calidad de investigada, en el Juzgado de Instrucción número 18 de València, dentro del caso Imelsa, en relación a su cargo de presidenta de la Fundación para la Innovación Urbana y Economía del Conocimiento (Fivec) en el año 2008. Se investiga si desde esta fundación se dio dinero a Laterne para el pago de actos electorales municipales.

Al respecto, la edil, en declaraciones a los medios de comunicación, ha afirmado que ha respondido tanto a las preguntas formuladas por el juez como por el fiscal y ha asegurado que estaba «tranquila». «He dado la información que tenía», ha aseverado.

En este sentido, ha comentado que no adjudicó un contrato a Laterne relacionado con un plan de modernización porque ella llegó con posterioridad a la fundación. «No lo conocía ni dí una orden de pago porque llegué con posterioridad a esa fecha», ha apostillado. «Cuando llegué –ha insistido– estaba entregado y ejecutado». Preguntada entonces por si niega financiación irregular en las campañas del PP, ha dicho: «Yo desde luego no la conozco. No soy conocedora de ella».

Dentro del interrogatorio, a Simón –también exconcejal de Juventud– se le ha interpelado por la empresa Laterne y por el rechazo del PP a abrir una comisión de investigación a esta empresa por varios contratos con el Ayuntamiento, y al respecto ha indicado que ella votó en contra porque era una «decisión política» y se pensó que no era lo más acertado, según ha podido saber Europa Press.

Simón ha pedido «prudencia» porque el pasado viernes se cumplieron dos años desde que tanto ella como el resto de sus compañeros ediles están investigados en la pieza de Taula dentro del caso Imelsa por un presunto blanqueo de capitales. Y ha insistido: «Nadie nos acusa de habernos llevado ni un euro de dinero público, sino que estamos investigados por haber dado 1.000 euros de nuestro dinero al partido». «Dimos ese dinero y a mí no me los ha devuelto nadie», ha apostillado en declaraciones a los medios.

NUEVA QUERELLA
Por otro lado, la concejala ha avanzado que piensa volverse a querellar contra la portavoz del PSPV, Sandra Gómez, tras sus declaraciones de la pasada semana, cuando volvió a referirse a su empresa particular y a una presunta relación con el PP.

«Hay que tener mucha prudencia con lo que uno dice», ha afirmado Simón, para agregar que a ella no se le acusa de nada relacionado con su mercantil. «Le pido –a Gómez– que deje de decir esas cosas. Dice muy poco a su favor tener que mentir sobre su adversario político para ser noticia», ha lamentado.

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Dos farmacéuticas de Barcelona, madre e hija, entre las víctimas del ataque en Afganistán

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españoles muertos Afganistán
Susana Vilar (d) y su hija Elena (i), las dos mujeres asesinadas en un mercadillo en Bamiyán, Afganistán. Facebook / Redes

Dos mujeres y un hombre son las víctimas mortales del ataque ocurrido este viernes en Bamiyan, Afganistán. Las dos mujeres, madre e hija, habían llegado al país el 15 de mayo, dos días antes de ser asesinadas por un hombre que emergió de un callejón y disparó cerca del mercado donde estaban comprando junto a otros turistas, según informó el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.

Ambas mujeres eran farmacéuticas de la provincia de Barcelona. La madre tenía una farmacia en la estación de Sants de Barcelona y había transmitido su pasión por la farmacia a sus tres hijas, quienes desde hace aproximadamente diez años gestionaban otro establecimiento en Terrassa, la farmacia Les Arenes.

Españoles muertos en Afganistan

El pasado miércoles, su hija de 31 años tomó unos días de vacaciones para viajar a Afganistán con su madre, un viaje de placer como otros que solían hacer, según explicó a Efe una persona que trabaja en su farmacia, situada en el barrio de Les Arenes-La Grípia-Can Montllor.

«Esta mañana, la familia nos envió un mensaje al grupo de la farmacia para explicarnos lo sucedido», relató una empleada de la farmacia, visiblemente afectada. «Nos hemos enterado de las muertes, pero no sabemos más y no queremos molestar a la familia con preguntas. Es tremendo lo que ha pasado», expresó.

Actualmente, los cuerpos de las dos mujeres y del otro catalán fallecido, R.B.R., nacido en Girona, han sido trasladados al Ministerio de Justicia en Kabul para organizar el proceso de repatriación, según informaron las autoridades afganas.

Los tres formaban parte de un grupo de 13 turistas, en el que también resultó gravemente herido otro español, además de personas de Noruega, Australia y Lituania. Otros dos españoles del grupo salieron ilesos y planean regresar a España este domingo. En el ataque también murieron tres civiles afganos, elevando el total de víctimas a seis.

Estado Islámico, autor de casi todos los ataques

El grupo yihadista Estado Islámico, principal rival de los talibanes desde la retirada de las tropas internacionales, ha reivindicado la mayoría de los ataques cometidos desde que los talibanes asumieron el poder.

Aunque los talibanes insisten en negar que la organización armada representa un desafío de seguridad, el Estado Islámico de Khorasan, la rama afgana del grupo terrorista, se ha erigido como la principal amenaza a la estabilidad del país.

La ciudad de Bamiyán, ubicada a unos 130 kilómetros de Kabul, es una de las principales localidades turísticas del país y es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Sin embargo, desde la llegada de los talibanes al poder en agosto de 2021, el turismo extranjero ha disminuido considerablemente.

La embajada de España en Afganistán recomienda a los ciudadanos españoles no viajar al país debido a los riesgos que conlleva. La misión diplomática, al igual que la mayoría de las delegaciones internacionales, suspendió sus actividades tras la toma de Kabul y la retirada de las tropas internacionales a mediados de 2021, operando temporalmente desde Doha sin posibilidad de ofrecer atención directa o protección, según la propia embajada.

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