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Imputada Rosa Barceló, la mujer de Eduardo Zaplana #OperaciónErial

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VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) –

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha citado el próximo jueves, a las 11 horas, a declarar como investigado policial al expresidente de Les Corts, exvicepresidente del Consell y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, en el marco de la operación en la que este martes han sido arrestados sus dos sobrinos, Vicente y José Cotino, y el exministro y ‘expresident’ Eduardo Zaplana, según ha podido saber Europa Press.

También ha sido citada en calidad de investigada la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, así como de la secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez.

En la operación bautizada como ‘Erial’, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 8 de València y Fiscalía Anticorrupción, se han practicado siete detenciones, la de Zaplana y otras seis personas más, por varios delitos relacionados con el blanqueo de capitales, y se han realizado 22 registros. Además, otras tres personas son investigadas.

Los agentes investigan un presunto cobro de comisiones por adjudicaciones, que se habrían ocultado en paraísos fiscales y que habrían estado retornado al país recientemente. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat.

Los investigadores se han personado en la sede de la Conselleria de Economía y han practicado una veintena de registros para recabar documentación sobre contratos públicos, entre ellos de la concesión de la ITV y del Plan Eólico diseñado durante la etapa de Zaplana al frente del Gobierno valenciano. En este plan, adjudicado en su día a la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, la empresa Sedesa, de Vicente Cotino, tenía una participación del 25%.

El resto de detenidos son el propio Vicente junto a su hermano José Cotino, empresarios y sobrinos de Juan Cotino; el que fuera jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; Francisco Grau, economista y exsecretario del consejo de administración de la CAM desde 1998 hasta 2007 y luego miembro de su comisión de control hasta la intervención de la entidad bancaria; Joaquín Barceló Llorens, exdirectivo de Terra Mítica, y la mujer de éste último.

La Guardia Civil tomará declaración al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, que ya ha llegado a su casa de Benidorm –localidad de la que fue alcalde–, una vez concluyan los registros practicados a lo largo de la jornada en la búsqueda del rastro de esas comisiones millonarias. En la vivienda de Zaplana en el centro de València, el registro se ha prolongado durante unas cinco horas. Después de su paso por la Comandancia, el ‘expresident’ será puesto a disposición judicial.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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