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Imputada Rosa Barceló, la mujer de Eduardo Zaplana #OperaciónErial

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VALÈNCIA, 22 May. (EUROPA PRESS) –

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha citado el próximo jueves, a las 11 horas, a declarar como investigado policial al expresidente de Les Corts, exvicepresidente del Consell y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, en el marco de la operación en la que este martes han sido arrestados sus dos sobrinos, Vicente y José Cotino, y el exministro y ‘expresident’ Eduardo Zaplana, según ha podido saber Europa Press.

También ha sido citada en calidad de investigada la mujer de Zaplana, Rosa Barceló, así como de la secretaria personal de Zaplana, Mitsuko Henríquez.

En la operación bautizada como ‘Erial’, coordinada por el Juzgado de Instrucción número 8 de València y Fiscalía Anticorrupción, se han practicado siete detenciones, la de Zaplana y otras seis personas más, por varios delitos relacionados con el blanqueo de capitales, y se han realizado 22 registros. Además, otras tres personas son investigadas.

Los agentes investigan un presunto cobro de comisiones por adjudicaciones, que se habrían ocultado en paraísos fiscales y que habrían estado retornado al país recientemente. En concreto, la Fiscalía Anticorrupción y la UCO rastrean el cobro de unos diez millones de euros en comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos durante la etapa de Zaplana al frente de la Generalitat.

Los investigadores se han personado en la sede de la Conselleria de Economía y han practicado una veintena de registros para recabar documentación sobre contratos públicos, entre ellos de la concesión de la ITV y del Plan Eólico diseñado durante la etapa de Zaplana al frente del Gobierno valenciano. En este plan, adjudicado en su día a la sociedad Proyectos Eólicos Valencianos, la empresa Sedesa, de Vicente Cotino, tenía una participación del 25%.

El resto de detenidos son el propio Vicente junto a su hermano José Cotino, empresarios y sobrinos de Juan Cotino; el que fuera jefe de Gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; Francisco Grau, economista y exsecretario del consejo de administración de la CAM desde 1998 hasta 2007 y luego miembro de su comisión de control hasta la intervención de la entidad bancaria; Joaquín Barceló Llorens, exdirectivo de Terra Mítica, y la mujer de éste último.

La Guardia Civil tomará declaración al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo, que ya ha llegado a su casa de Benidorm –localidad de la que fue alcalde–, una vez concluyan los registros practicados a lo largo de la jornada en la búsqueda del rastro de esas comisiones millonarias. En la vivienda de Zaplana en el centro de València, el registro se ha prolongado durante unas cinco horas. Después de su paso por la Comandancia, el ‘expresident’ será puesto a disposición judicial.

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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