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Imputado por delito de odio el líder de España 2000

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València, 15 jul (EFE).- La Audiencia de València ha imputado por delito de odio a José Luis Roberto, líder de España 2000, por el acto islamófobo que realizó este partido ultraderechista en diciembre de 2020.

València Acull puso en conocimiento de este acto a la Fiscalía, que solicitó que se juzgara por delito de odio a sus responsables. Aunque el juzgado rechazó esta solicitud, la Fiscalía recurrió y finalmente la Audiencia ha ordenado que Roberto «declare como investigado en su propio nombre y como legal representante del partido político España 2000».

Sin embargo, la mujer que instó a actuar a la policía contra el acto de España 2000 ha sido sancionada por la Delegación del Gobierno por «perturbación del orden público», informa Valencia Acull.

«La institución que dirige la delegada Gloria Calero ha incoado un expediente sancionador contra una de las personas que mostraron su indignación y pidieron a la policía que impidiera un acto xenófobo y racista”, dice un comunicado de la asociación citada.ç

Añade que la policía «no actuó porque consideró que era una actividad lícita, pero denunció a una de las denunciantes por perturbar el orden público en ‘una reunión pacífica de personas increpando frases como: ‘Doneu asco, racistes’, alterando la paz pública’.

En su auto, la Audiencia señala que «no conviene banalizar» el delito de odio, del cual hay indicios en este caso, y revoca el archivo del caso acordado por un juzgado de Valencia, contra el que recurrió la Fiscalía.

En su denuncia, que ahora se investigará, la Fiscalía de València apuntaba un posible delito de odio en relación con la concentración realizada por esta organización ultraderechista en la tarde del viernes, 18 de diciembre de 2020, en la Plaza de los Pinazo de València, bajo el lema «No al islam».

La organización València Acull puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos por si suponían un delito de odio, debido a su contenido racista y xenófobo.

Ahora, tras unas diligencias previas, la Fiscalía remite el procedimiento al juzgado porque interpreta que, en principio, y a falta de la investigación del juez, podría haberse producido, efectivamente, un delito de odio.

Así, la fiscala delegada de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación, Susana Gisbert, ha interpuesto «denuncia ante el Juzgado Decano de Valencia» para que se investigue a los responsables «como presuntos autores de un delito contra el ejercicio de los Derechos y Libertades previsto en el artículo 510.1 del Código Penal».

El acto de España 2000 fue difundido masivamente en las redes sociales, se transmitió en ‘streaming’ y fue colgado en la web de los organizadores. En el propio vídeo se ve y escucha a un grupo de jóvenes gritando «esto es un acto de racismo», según explica Valencia Acull.

«Los ultraderechistas hicieron una parodia en la que se alternaba un grupo de chicas jóvenes saltando a la comba mientras sonaba música del folclore valenciano y otro grupo de supuestas mujeres cubiertas con lo que ellos llamaban burkas haciendo lo mismo con fondo de música árabe. Uno de los ultras exhibía un cartel encabezado con el texto «¿Islam?» y en el que se muestra un rostro de mujer en 2020 y el mismo rostro cubierto totalmente excepto los ojos en 2050″, explicaba la fiscal.

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Un grupo de hackers chantajea a Hacienda con publicar los datos robados de 47 millones de españoles

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Esta es la lista de morosos de Hacienda 2022

Un grupo de hackers que se hace llamar HaciendaSec ha lanzado una grave amenaza contra el Ministerio de Hacienda, asegurando haber vulnerado sus sistemas informáticos y robado los datos personales y financieros de más de 47 millones de españoles. Los ciberdelincuentes exigen un pago para no publicar ni vender la información en la internet oscura (Dark Web).

Según la información difundida por la propia banda, el ataque habría permitido acceder a una base de datos actualizada con información sensible de 47,3 millones de ciudadanos, entre la que se incluirían números de DNI y NIF, nombres y apellidos, direcciones postales, teléfonos, correos electrónicos y datos bancarios como el IBAN.

Datos fiscales y financieros entre la información robada

El chantaje no se limita únicamente a datos personales. Los hackers aseguran disponer también de información fiscal y financiera relacionada con declaraciones de impuestos, tanto de ciudadanos particulares como de empresas, lo que incrementa notablemente el riesgo de fraudes, estafas y suplantaciones de identidad.

La alerta sobre este presunto ciberataque procede de la plataforma especializada en ciberseguridad Hackmanac, dedicada a monitorizar ataques informáticos verificados y a advertir de posibles brechas de seguridad de gran impacto.

Venta de los datos en la Dark Web

Según las advertencias de los expertos, los datos robados estarían ya ofreciéndose a la venta en foros clandestinos, donde podrían ser adquiridos por redes criminales para phishing dirigido, extorsión, fraude bancario o chantaje personalizado.

Por el momento, no se ha confirmado un uso masivo de la información, aunque los especialistas alertan de que el riesgo aumenta con el paso del tiempo, especialmente si los datos permanecen accesibles en mercados ilegales.

España, objetivo recurrente de ciberataques

Este presunto ataque se suma a otros incidentes recientes sufridos por grandes entidades en España. Según estimaciones del sector de la ciberseguridad, el país registra una media de unas 30 incidencias informáticas graves al mes que afectan tanto a empresas privadas como a organismos públicos.

Antes de este supuesto hackeo al Ministerio de Hacienda, el último objetivo de los ciberdelincuentes en España habría sido un portal nacional de citas de carácter sexual, cuyos datos de usuarios ya estarían circulando libremente por la red oscura.

Investigación en curso

Hasta el momento, Hacienda no ha confirmado oficialmente la brecha de seguridad, aunque fuentes del sector señalan que las autoridades estarían analizando la veracidad de la información y el alcance real del ataque.

De confirmarse, se trataría de uno de los mayores robos de datos de la historia en España, con millones de ciudadanos potencialmente afectados.


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