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Imputado por delito de odio el líder de España 2000

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València, 15 jul (EFE).- La Audiencia de València ha imputado por delito de odio a José Luis Roberto, líder de España 2000, por el acto islamófobo que realizó este partido ultraderechista en diciembre de 2020.

València Acull puso en conocimiento de este acto a la Fiscalía, que solicitó que se juzgara por delito de odio a sus responsables. Aunque el juzgado rechazó esta solicitud, la Fiscalía recurrió y finalmente la Audiencia ha ordenado que Roberto «declare como investigado en su propio nombre y como legal representante del partido político España 2000».

Sin embargo, la mujer que instó a actuar a la policía contra el acto de España 2000 ha sido sancionada por la Delegación del Gobierno por «perturbación del orden público», informa Valencia Acull.

«La institución que dirige la delegada Gloria Calero ha incoado un expediente sancionador contra una de las personas que mostraron su indignación y pidieron a la policía que impidiera un acto xenófobo y racista”, dice un comunicado de la asociación citada.ç

Añade que la policía «no actuó porque consideró que era una actividad lícita, pero denunció a una de las denunciantes por perturbar el orden público en ‘una reunión pacífica de personas increpando frases como: ‘Doneu asco, racistes’, alterando la paz pública’.

En su auto, la Audiencia señala que «no conviene banalizar» el delito de odio, del cual hay indicios en este caso, y revoca el archivo del caso acordado por un juzgado de Valencia, contra el que recurrió la Fiscalía.

En su denuncia, que ahora se investigará, la Fiscalía de València apuntaba un posible delito de odio en relación con la concentración realizada por esta organización ultraderechista en la tarde del viernes, 18 de diciembre de 2020, en la Plaza de los Pinazo de València, bajo el lema «No al islam».

La organización València Acull puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos por si suponían un delito de odio, debido a su contenido racista y xenófobo.

Ahora, tras unas diligencias previas, la Fiscalía remite el procedimiento al juzgado porque interpreta que, en principio, y a falta de la investigación del juez, podría haberse producido, efectivamente, un delito de odio.

Así, la fiscala delegada de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación, Susana Gisbert, ha interpuesto «denuncia ante el Juzgado Decano de Valencia» para que se investigue a los responsables «como presuntos autores de un delito contra el ejercicio de los Derechos y Libertades previsto en el artículo 510.1 del Código Penal».

El acto de España 2000 fue difundido masivamente en las redes sociales, se transmitió en ‘streaming’ y fue colgado en la web de los organizadores. En el propio vídeo se ve y escucha a un grupo de jóvenes gritando «esto es un acto de racismo», según explica Valencia Acull.

«Los ultraderechistas hicieron una parodia en la que se alternaba un grupo de chicas jóvenes saltando a la comba mientras sonaba música del folclore valenciano y otro grupo de supuestas mujeres cubiertas con lo que ellos llamaban burkas haciendo lo mismo con fondo de música árabe. Uno de los ultras exhibía un cartel encabezado con el texto «¿Islam?» y en el que se muestra un rostro de mujer en 2020 y el mismo rostro cubierto totalmente excepto los ojos en 2050″, explicaba la fiscal.

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Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual cometida en 2021

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Iñigo Errejón
Fotografía de archivo tomada el 22/10/2024 del portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados, Íñigo Errejón. EFE/ ARCHIVO/Fernando Villar

La denunciante solicita declarar como testigo protegido y pide confidencialidad absoluta sobre su identidad. Los hechos se remontan a octubre de 2021.

MADRID, 25 Feb. – Una segunda mujer ha presentado una denuncia contra el exdiputado y exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, por una presunta agresión sexual que habría tenido lugar en octubre de 2021 en el domicilio del expolítico.

Según el escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la denunciante solicita al juzgado la protección y confidencialidad absoluta de su identidad, así como declarar en calidad de testigo protegido.


Inicio del contacto y primeros encuentros

La denuncia recoge que el contacto entre ambas partes comenzó en 2021 a través de Instagram, manteniendo posteriormente conversaciones frecuentes. Según el relato, tras varias semanas, el exdirigente político propuso trasladar las comunicaciones a Telegram, aplicación en la que los mensajes pueden autodestruirse.

En septiembre de ese año se produjo el primer encuentro presencial en el domicilio del denunciado, donde, según el documento, hubo un acercamiento íntimo limitado a besos, sin penetración ni relaciones sexuales completas.

Posteriormente, ambos habrían mantenido encuentros esporádicos y comunicación frecuente.


Relato de los hechos denunciados

La denunciante sitúa los hechos principales el 16 de octubre de 2021, tras coincidir en un evento y acudir posteriormente a una fiesta. Según el relato, durante la noche se produjeron situaciones de presión en un contexto de consumo de alcohol.

La mujer sostiene que, durante el traslado posterior al domicilio del exdiputado, se produjo un forcejeo tras negarse a mantener relaciones sexuales, y que recibió expresiones que califica como intimidatorias.

Una vez en la vivienda, la denuncia afirma que se produjo una penetración vaginal sin consentimiento, pese a la oposición expresa de la denunciante.

Tras los hechos, la relación habría continuado brevemente antes de romperse definitivamente en enero de 2022. Según el escrito, la mujer inició posteriormente tratamiento psicológico y psiquiátrico.


Solicitud de medidas de protección

El abogado de la acusación ha solicitado al juzgado que la identidad de la denunciante quede protegida y que su declaración se realice bajo medidas especiales de protección.

Por el momento, no ha trascendido la respuesta procesal del exdiputado ante esta segunda denuncia.


Contexto judicial

Esta denuncia se suma a otras investigaciones abiertas relacionadas con presuntos delitos contra la libertad sexual. El procedimiento se encuentra en fase inicial y serán los tribunales los que determinen el alcance de los hechos.

Como es preceptivo en estos casos, el denunciado mantiene la presunción de inocencia hasta que exista una resolución judicial firme.

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