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Imputado por delito de odio el líder de España 2000

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València, 15 jul (EFE).- La Audiencia de València ha imputado por delito de odio a José Luis Roberto, líder de España 2000, por el acto islamófobo que realizó este partido ultraderechista en diciembre de 2020.

València Acull puso en conocimiento de este acto a la Fiscalía, que solicitó que se juzgara por delito de odio a sus responsables. Aunque el juzgado rechazó esta solicitud, la Fiscalía recurrió y finalmente la Audiencia ha ordenado que Roberto «declare como investigado en su propio nombre y como legal representante del partido político España 2000».

Sin embargo, la mujer que instó a actuar a la policía contra el acto de España 2000 ha sido sancionada por la Delegación del Gobierno por «perturbación del orden público», informa Valencia Acull.

«La institución que dirige la delegada Gloria Calero ha incoado un expediente sancionador contra una de las personas que mostraron su indignación y pidieron a la policía que impidiera un acto xenófobo y racista”, dice un comunicado de la asociación citada.ç

Añade que la policía «no actuó porque consideró que era una actividad lícita, pero denunció a una de las denunciantes por perturbar el orden público en ‘una reunión pacífica de personas increpando frases como: ‘Doneu asco, racistes’, alterando la paz pública’.

En su auto, la Audiencia señala que «no conviene banalizar» el delito de odio, del cual hay indicios en este caso, y revoca el archivo del caso acordado por un juzgado de Valencia, contra el que recurrió la Fiscalía.

En su denuncia, que ahora se investigará, la Fiscalía de València apuntaba un posible delito de odio en relación con la concentración realizada por esta organización ultraderechista en la tarde del viernes, 18 de diciembre de 2020, en la Plaza de los Pinazo de València, bajo el lema «No al islam».

La organización València Acull puso en conocimiento de la Fiscalía los hechos por si suponían un delito de odio, debido a su contenido racista y xenófobo.

Ahora, tras unas diligencias previas, la Fiscalía remite el procedimiento al juzgado porque interpreta que, en principio, y a falta de la investigación del juez, podría haberse producido, efectivamente, un delito de odio.

Así, la fiscala delegada de Tutela Penal de la Igualdad y contra la Discriminación, Susana Gisbert, ha interpuesto «denuncia ante el Juzgado Decano de Valencia» para que se investigue a los responsables «como presuntos autores de un delito contra el ejercicio de los Derechos y Libertades previsto en el artículo 510.1 del Código Penal».

El acto de España 2000 fue difundido masivamente en las redes sociales, se transmitió en ‘streaming’ y fue colgado en la web de los organizadores. En el propio vídeo se ve y escucha a un grupo de jóvenes gritando «esto es un acto de racismo», según explica Valencia Acull.

«Los ultraderechistas hicieron una parodia en la que se alternaba un grupo de chicas jóvenes saltando a la comba mientras sonaba música del folclore valenciano y otro grupo de supuestas mujeres cubiertas con lo que ellos llamaban burkas haciendo lo mismo con fondo de música árabe. Uno de los ultras exhibía un cartel encabezado con el texto «¿Islam?» y en el que se muestra un rostro de mujer en 2020 y el mismo rostro cubierto totalmente excepto los ojos en 2050″, explicaba la fiscal.

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Hasta 72.121 euros por fallecido en el accidente de tren de Urda: todas las ayudas e indemnizaciones aprobadas por el Gobierno

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El Consejo de Ministros aprueba un paquete de 30 millones de euros con ayudas directas para las víctimas y anticipos de las indemnizaciones. Las cantidades serán compatibles con otras compensaciones y estarán exentas de tributación.

El Gobierno ha aprobado este martes un paquete extraordinario de ayudas para las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que contempla hasta 72.121,46 euros por cada persona fallecida y compensaciones de entre 2.404 y 84.000 euros para los heridos, en función de la gravedad de las lesiones.

El real decreto ley establece un fondo de 30 millones de euros y recoge ayudas directas complementarias a las indemnizaciones que correspondan a las víctimas y sus familias. Además, incorpora un sistema de anticipos de las indemnizaciones por responsabilidad civil para que los afectados puedan recibir apoyo económico sin tener que esperar a que concluyan los procedimientos administrativos y judiciales.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha explicado las medidas tras el Consejo de Ministros, que ha aprobado un esquema similar al que se puso en marcha tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Cuánto dinero recibirán las víctimas del accidente de Urda

Las ayudas económicas aprobadas por el Ejecutivo varían en función de las consecuencias del accidente:

  • Por fallecimiento: 72.121,46 euros.
  • Por lesiones corporales: entre 2.404 y 84.000 euros, dependiendo de la gravedad.

Estas cantidades tienen carácter de ayudas directas no reembolsables, están exentas de tributación y son compatibles con otras ayudas o indemnizaciones que puedan corresponder a los afectados.

El paquete cuenta con una dotación de 30 millones de euros y pretende proporcionar una primera respuesta económica a las familias de las víctimas mortales y a las personas que han resultado heridas.

Ayudas compatibles con las indemnizaciones por responsabilidad civil

Una de las principales novedades del decreto es que las ayudas públicas no sustituyen a las indemnizaciones que puedan corresponder a las víctimas. Se trata de cantidades complementarias y compatibles con las compensaciones que se determinen por responsabilidad civil.

El Gobierno también ha aprobado un sistema de anticipos de esas indemnizaciones. El objetivo es que los afectados puedan disponer de recursos económicos antes de que terminen las investigaciones y los procedimientos judiciales o administrativos.

De esta forma, las familias no tendrán que esperar a que se establezcan todas las responsabilidades para recibir el apoyo económico previsto en el decreto.

Protección especial para los trabajadores afectados

El paquete aprobado por el Consejo de Ministros incluye también medidas específicas para las personas trabajadoras afectadas por el accidente ferroviario.

Según ha explicado Puente, las bajas laborales derivadas del siniestro tendrán la consideración de bajas por accidente de trabajo, lo que permitirá aplicar una protección especial en materia de Seguridad Social.

Limitación de los precios del transporte alternativo

Entre las medidas anunciadas figura también la limitación de los precios de los transportes alternativos al tren mientras se mantenga la situación de emergencia y permanezca interrumpida la línea ferroviaria.

Puente ha denunciado que las tarifas de algunos medios de transporte se han multiplicado por ocho o nueve tras el accidente y ha defendido la necesidad de evitar incrementos desproporcionados para los viajeros que necesitan desplazarse.

El ministro ha explicado que el Gobierno ha aprobado este mecanismo después de que el Parlamento rechazara anteriormente una iniciativa para disponer de este instrumento.

Un plan extraordinario para reforzar la seguridad ferroviaria

El Consejo de Ministros también ha dado luz verde a un plan extraordinario para mejorar la seguridad de la alta velocidad en España. Según ha anunciado el titular de Transportes, las actuaciones se desplegarán en varios ámbitos: innovación tecnológica, protocolos de control, seguridad y recursos humanos.

El objetivo es reforzar el sistema ferroviario y recuperar la confianza de los usuarios tras el accidente.

Puente ha avanzado, además, que la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía podría volver a estar operativa en un plazo máximo de diez días, aunque inicialmente funcionaría con menos frecuencias. La intención es recuperar el servicio con las máximas garantías de fiabilidad y reducir las consecuencias de posibles incidencias.

Las tres grandes medidas aprobadas tras el accidente

El paquete presentado por el Gobierno se articula en tres grandes áreas:

  1. Ayudas a las víctimas y sus familias: 30 millones de euros, con 72.121,46 euros por fallecimiento y entre 2.404 y 84.000 euros por lesiones.
  2. Protección de los viajeros: limitación de los precios del transporte alternativo mientras continúe interrumpida la conexión ferroviaria.
  3. Seguridad ferroviaria: puesta en marcha de un plan extraordinario de mejoras tecnológicas, de control y de recursos humanos.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca ofrecer apoyo económico inmediato a los afectados, proteger a los viajeros durante la interrupción del servicio y reforzar la seguridad de la red ferroviaria.

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