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Inician una campaña de recogida de firmas para reclamar la libertad provisional de Eduardo Zaplana

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El abogado de Zaplana cuestiona al juez

VALÈNCIA, 26 Dic. (EUROPA PRESS) – Una campaña en la plataforma Change.org pide firmas para solicitar al juzgado de instrucción número 8 de València –encargado de la investigación de la denominada operación Erial– que conceda la libertad provisional al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana.

La petición –firmada por el ex presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular de la Comunitat Valenciana José Luis Bayo y que a mediodía de este miércoles acumula unas 415 rúbricas–, recuerda que Eduardo Zaplana es «una persona que está en la plenitud de su derecho a la presunción de inocencia y, además, padece una enfermedad incurable que lo ha conducido a las puertas de la muerte, según el último parte médico del jefe del Servicio de Hematología del Hospital la Fe, Don Guillermo Sanz Santillana».

Asimismo, apunta que ya se han cumplido siete meses de la orden de ingreso en prisión incondicional y sin fianza en la cárcel de Picassent de Eduardo Zaplana por parte de la titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Valencia a raíz del caso Erial, donde figura como investigado por su presunta implicación en delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación.

«Los motivos por los que han rechazado las repetidas solicitudes de libertad, –prosigue la iniciativa– son su capacidad para destruir pruebas y el riesgo de fuga. En cuanto a la destrucción de pruebas, parece algo irrisorio que estando hablando de hechos cometidos hace más de una década, después de estar siete meses privado de libertad, y que se encuentran en investigación conforme consta en el auto de detención en el año 2015, se considere que puede destruir pruebas», argumenta.

En la misma línea, añade que «no menos deleznable es afirmar su riesgo de fuga, por cuanto no sólo estamos ante una persona con una grave enfermedad, sino que además su arraigo a nuestra tierra es indiscutible,». «Pero por encima de todo ello, se encuentra el honor y la honorabilidad del Molt Honorable ex-president de la Generalitat Valenciana Don Eduardo Zaplana Hernández-Soro, persona ejemplar, tanto en cuanto a su calidad humana, como en cuanto a sus hechos, políticos y personales», agrega.

La petición, que dirige también al Consejo General del Poder Judicial, precisa que la muestra de apoyo «no significa exculpar a nadie». Bayo –quien intentó concurrir a las primarias en XIX Congreso del PP pero cuya candidatura fue rechazada por problemas con los avales– apunta aquí que él, «personalmente», tiene «la certeza y la fiel convicción de su inocencia».

«Pero por si alguno lo duda, quiero dejar bien claro, que suscribir y apoyar la presente petición, tan sólo es garantizar los derechos a la presunción de inocencia que todos ostentamos, porque el procedimiento judicial esta en investigación, y muy seguro se pueden adoptar otras medidas cautelares menos gravosas, y menos denigrantes tanto para el honor como para la persona de Don Eduardo Zaplana y de su familia», concluye.

«INOCENTE»
Este fin de semana, el propio Eduardo Zaplana hablaba de su situación a través de un comunicado difundido por su esposa, Rosa Barceló. En el texto, el que fuera jefe del Consell defendía que es «inocente» y que «jamás» cobró «comisión alguna». «Jamás distraje una peseta o un euro de las administraciones públicas», aseveraba.

Asimismo, destacaba que la enfermedad que sufre, una leucemia, «no es la principal causa de preocupación» –«sin duda lo es para mi familia, mis seres queridos y mis médicos»–, ya que por encima de ello «está la defensa» de su honor y su nombre.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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