La Audiencia Nacional ha condenado a Serafín Castellano, exconseller y exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, a un año y nueve meses de prisión por su implicación en un cártel de contratos públicos del sector de la navegación aérea para la extinción de incendios entre 2001 y 2018.

Penas para los acusados en el «cártel del fuego»

El tribunal ha sentenciado a doce acusados a penas de entre seis meses y dos años y tres meses de cárcel, mientras que otros cuatro han sido absueltos. Castellano ha sido condenado por cohecho, prevaricación, malversación y falsedad en documento oficial, aunque ha sido absuelto del delito de asociación ilícita.

Empresas sancionadas: prohibición de contratar con la Administración

Por primera vez, el tribunal ha impuesto una prohibición de contratar con las administraciones públicas durante nueve meses a varias empresas implicadas en la trama, entre ellas:

• Avialsa T35
• Trabajos Aéreos Extremeños (Taexsa)
• Martínez Ridao Aviación, S.L.
• Servicios Aéreos Europeos y Tratamientos Agrícolas, S.L. (Saeta)
• T.A. Trabajos Aéreos Espejo S.L.
• Compañía de Extinción General de Incendios, S.A. (Cegisa)
• Inaer (hoy Babcock Mission Critical Services España)
• Fumigación Aérea Andaluza S.A. (FAASA), ahora Pegasus

Retrasos en la justicia por macrocausas

El caso, iniciado en 2015, se ha resuelto casi diez años después debido a la sobrecarga de macrocausas en la Audiencia Nacional. Como compensación, se ha aplicado la atenuante de dilaciones indebidas a los acusados.

Cómo operaba el cártel: reparto fraudulento de contratos

Según la sentencia, entre 1999 y 2018, un grupo de empresarios de la navegación aérea de extinción de incendios acordó repartirse los concursos públicos a nivel nacional, estableciendo precios inflados mediante pactos secretos y eliminando competencia.

Entre las prácticas fraudulentas detectadas, el tribunal destaca:

• Licitaciones amañadas con turnos y ofertas previamente pactadas.
• Expulsión de posibles competidores mediante maniobras fraudulentas.
• Incremento artificial de costes para aumentar los beneficios.

Las irregularidades se produjeron en contratos de la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente.

Puedes seguir toda la actualidad visitando Official Press o en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram y también puedes suscribirte a nuestro canal de WhatsApp.