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La Comunitat dice que tiene suficientes dosis de AstraZeneca para atender la demanda

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València, 27 may (EFE).- La Comunitat Valenciana tiene suficientes dosis de la vacuna AztraZeneca contra la covid-19 para atender la demanda de todas aquellas personas pendientes de recibir la segunda dosis a partir de la semana próxima, en caso de que quieran esta marca en lugar de Pfizer.

Así lo han asegurado este jueves el president de la Generalitat, Ximo Puig, y la consellera de Sanidad, Ana Barceló, tras mantener una reunión sobre el «Plan Sumamos. Salud + Economía», que facilita la vacunación en las empresas, y en la que han participado representantes de la patronal y de los sindicatos, así como responsables de las entidades participantes.

Puig ha garantizado a todos los ciudadanos y ciudadanas que tienen la primera dosis de AstraZeneca que «van a ser vacunados» y «a tener la pauta completa», y además ha dicho, «tendrán respuesta en su decisión final respecto al cumplimiento de la pauta».

Ha señalado que la Comunitat sigue las directrices que marcan el Consejo Interterritorial y el Ministerio de Sanidad, en la que hay una prioridad hacia Pfizer para completar la vacunacion de estas personas, pero ha dicho que se sienten «bien y confortables» con la decisión de permitir optar por AztraZeneca.

Por su parte, la consellera de Sanidad ha asegurado que todas las personas vacunadas con AstraZaneca «tienen asegurada la segunda dosis» y «no hay problemas de logística» ni los habrá en los puntos de vacunación en los que sean asistidos.

Ha explicado que las primeras personas, unas 1.900, serán citadas por SMS para la próxima semana, mientras que el grueso vendrá a partir del 15 de junio, «que es cuando les corresponde completar la pauta de vacunación».

Barceló ha indicado que la Conselleria está preparando la información que aparecerá en la página web y en los SMS que se enviarán a las personas, para que a través de un enlace puedan acceder la información y poder firmar el consentimiento informado en caso de que quieran ser vacunados con AstraZeneca en lugar de con Pfizer.

«La Comunitat Valenciana cumplirá con la decisión que adopten las personas que tiene que completar su pauta», ha afirmado Barceló, quien ha recordado que la recomendación es Pfizer.

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Confirmada la fecha que entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios

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El Gobierno implantará la jornada laboral de 35 horas semanales para los funcionarios de la Administración General del Estado en la primera quincena de abril. La medida beneficiará a unos 220.000 empleados públicos y será de aplicación inmediata tras la publicación de la resolución oficial.

El anuncio lo ha realizado el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, quien ha confirmado que el acuerdo con los sindicatos se materializará en los próximos días.

Vuelta a las 35 horas tras años de recortes

La recuperación de esta jornada supone volver al modelo previo a los ajustes aplicados tras la crisis financiera. La medida forma parte del Acuerdo Marco para la mejora del empleo público y busca reforzar tanto la calidad del servicio como las condiciones laborales.

Desde el Ejecutivo aseguran que la reducción de jornada se aplicará garantizando la atención a la ciudadanía y la continuidad de los servicios públicos, mediante una mejor planificación de plantillas y organización interna.

Los sindicatos celebran un acuerdo “histórico”

Organizaciones como la Central Sindical Independiente y de Funcionarios han calificado la medida como “histórica”, destacando que mejorará la conciliación, el bienestar laboral y la productividad.

Además, subrayan que puede contribuir a la creación de empleo en un contexto en el que una parte importante de la plantilla se acerca a la jubilación: más del 20% de los funcionarios se retirará en los próximos cinco años.

Nueva figura del cuidador para la conciliación

La resolución incluirá también la figura del cuidador, dirigida a empleados públicos que atienden a familiares o convivientes con necesidades médicas graves.

Esta medida, alineada con la normativa europea, busca reforzar los derechos de conciliación y adaptar la Administración a las nuevas realidades sociales.

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