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La Fiscalía rechaza que un juzgado de Violencia de Género juzgue a Ángel Hernández

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VALÈNCIA, 23 Abr.- La Fiscalía ha remitido un documento a la jueza de Violencia sobre la Mujer 5 de Madrid en el que se rechaza que se encargue de investigar los hechos ocurridos el pasado día 3, cuando Ángel Hernández ayudó a su esposa, María José Carrasco, a suicidarse.

La Fiscalía ha explicado en el escrito que Ángel Hernández ayudó a su esposa a ingerir una sustancia para terminar con su vida, pero fueron unos «hechos cometidos por petición expresa» de María José Carrasco y «dada la enfermedad que padecía».

En este sentido, el Ministerio Público insiste en que «desde el primer momento existía la constancia de que María José Carrasco, aquejada de una grave, dolorosa e incurable enfermedad que le hacía totalmente dependiente, manifestó repetidamente su deseo de morir de una forma libre, pública y consciente».

La Fiscalía subraya que «Ángel Hernández accedió a la decisión de su mujer, algo totalmente ajeno a la idea de dominación y de relaciones asimétricas».

Para el Ministerio Público «han quedado acreditadas desde el inicio del procedimiento esas coordenadas radicalmente diferentes a las que hace referencia la jurisprudencia y que le alejan del ámbito y del espíritu de la violencia de género y de la competencia de los juzgados de violencia sobre la mujer».

Señala que «se trata de una cooperación al suicidio o, lo que es lo mismo, auxilio a un deseo expreso, manifiesto y patente de la persona fallecida, sin que exista ninguna situación de sometimiento por parte de la misma».

La Fiscalía mantiene que la conducta de Ángel Hernández no supone una manifestación de supremacía ni de subordinación de su mujer y recuerda que se ocupó personalmente de los cuidados personales de María José durante el padecimiento de su grave enfermedad hasta su muerte.

 

 

 

 

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Podemos se abre a negociar el traspaso de competencias migratorias a Cataluña tras acuerdo con el PSOE

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Belarra amnistía

Madrid, 27 Ene. 2026 – La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha anunciado que su formación política está abierta a negociar el traspaso de competencias en materia migratoria a la Generalitat de Cataluña, después de cerrar un acuerdo con el PSOE para la regularización extraordinaria de migrantes sin papeles mediante decreto.

Belarra ha destacado que la prioridad del partido es garantizar los derechos de las personas migrantes y mejorar la gestión de la inmigración en España. Según sus declaraciones, el acuerdo con el PSOE permitirá avanzar en la regularización de miles de trabajadores y residentes irregulares, mientras que la negociación con Cataluña buscaría una gestión más directa y cercana a las comunidades autónomas.

Acuerdo con el PSOE para regularizar migrantes

El pacto entre Podemos y el PSOE se centra en aprobar un decreto de regularización extraordinaria de personas migrantes en situación irregular, que incluirá a trabajadores esenciales, personas en situación vulnerable y solicitantes de asilo que cumplan los requisitos establecidos.

El objetivo, según la secretaria general de Podemos, es ofrecer seguridad jurídica, derechos laborales y acceso a servicios públicos a quienes hasta ahora se encontraban en situación irregular, además de impulsar la integración social y laboral de este colectivo.

Posible traspaso de competencias a Cataluña

Tras este acuerdo, Podemos se ha mostrado dispuesto a explorar la transferencia de competencias migratorias a la Generalitat de Cataluña, un paso que implicaría una mayor autonomía en la gestión de políticas de migración dentro de la comunidad autónoma.

Belarra ha explicado que esta medida permitirá una administración más eficiente y cercana a la realidad de los migrantes en Cataluña, donde ya existen programas piloto de integración y atención social que podrían fortalecerse con un traspaso de funciones.

Reacciones y próximos pasos

El anuncio de Podemos ha generado diversas reacciones en el ámbito político. Algunos sectores ven con buenos ojos la descentralización de la gestión migratoria, mientras que otros advierten sobre la complejidad legal y administrativa de transferir competencias del Estado a las comunidades autónomas.

Por su parte, el PSOE reafirma su compromiso con la regularización de migrantes y la protección de sus derechos, asegurando que cualquier negociación futura con Cataluña se realizará dentro del marco legal vigente y con coordinación intergubernamental.

El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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