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Valencia

La Generalitat baraja abrir las terrazas el próximo lunes 1 de marzo y los hosteleros rechazan la apertura parcial

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Castelló/València 22 feb (EFE).- El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado este lunes que, si continúa la tendencia a la baja de la incidencia de casos de covid, la reapertura de las terrazas en la hostelería podría ser una de las medidas que se podrían adoptar a partir del 1 de marzo, «pero no hay que especular».

Así lo ha explicado Puig tras ser preguntado por los medios sobre la apertura de la hostelería a partir del 1 de marzo, fecha en la que concluye la prórroga de las actuales restricciones, al tiempo que ha avanzado que este jueves se reúne la Comisión Interdepartamental de la Generalitat para la Prevención y Actuación ante la Covid-19 y en ella «se tomarán las decisiones».

«Si continúa la tendencia de bajada de la incidencia lo lógico será flexibilizar las restricciones, pero no cabe especular. Debemos adoptar estas decisiones con rigor, precaución y prudencia», ha manifestado el president.

Puig ha expresado que «las restricciones han demostrado ser útiles para frenar la pandemia» y ha recordado que la Comunitat «ha bajado más de 1.000 puntos en unas pocas semanas de incidencia acumulada, pero todavía estamos alrededor de 300, y nuestro objetivo es llegar a 50».

«Estamos mejor, pero no estamos bien», ha reivindicado el president de la Generalitat, quien ha pedido «prudencia» en la desescalada.

«Existe la incertidumbre de una cuarta ola por la cepa británica que podría complicar la salida de la pandemia, y hasta que no tengamos garantías de superación de la pandemia, creo que es importante que trabajemos juntos», ha continuado.

En cuanto a la vacunación, Puig ha asegurado que esta semana se empezará a vacunar a los mayores de 80 años y que en las próximas semanas se estudiará el plan de infraestructuras para que esté «todo preparado» cuando se tenga las dosis para el plan de vacunación masiva a partir de abril.

Los hosteleros rechazan reabrir sus establecimientos únicamente con terrazas

Por su parte la Coordinadora Empresarial de Ocio y Hostelería de la Comunidad Valenciana (CEOH) rechaza una apertura parcial, a partir del próximo lunes, que sólo permita levantar la persiana a los locales que cuentan con terraza.

Para la CEOH, esto significaría llegar al mes de abril con la quiebra de más de 8.000 establecimientos sin terraza y apuesta por una desescalada que permita abrir los interiores de forma viable y fórmulas que permitan garantizar la máxima seguridad.

Esta organización ha trasladado su posición por escrito a la consellera de Sanidad y el secretario autonómico de Turismo, Frances Colomer.

La Coordinadora ha vuelto a reclamar al Consell que le levante el veto y «castigo por ser una de las voces del sector más críticas» y ha insistido en pedir su integración a la mesa de negociación.

“Es inconcebible que ahora dejen fuera a una organización de carácter autonómico, constituida formalmente, y que representa a 16 asociaciones de las tres provincias”, señalan.

De la misma manera, reprochan a los miembros del Consell que lancen «globos sonda» de cómo y cuándo será la reapertura, a través de los medios de comunicación sin haber consensuado ni concretado una propuesta clara ni tomado una decisión definitiva, ni en la citada mesa de diálogo ni en el seno del mismo Consell».

“En estos momentos, la falta de decoro por parte de los políticos, actuando a golpe de titulares, está generando una enorme preocupación y desesperación entre los hosteleros, para quienes las decisiones que se tomen los próximos días serán claves».

Ante «el ninguneo» por parte del ejecutivo valenciano, la Coordinadora presentará mañana, por registro de entrada, sus propuestas para que «sentados o no en la mesa» se escuchen sus propuestas.

Unas propuestas, avanzan, que pasan por la reapertura de terrazas con un criterio de aforos unificados en toda la Comunitat Valenciana, que no cree agravios comparativos ni discriminaciones y la apertura de los interiores de los locales utilizando herramientas tecnológicas para que los espacios cerrados sean seguros.

Además, reclaman «la inminente aprobación de una segunda fase del Plan Resistir, con una dotación de 500 millones de euros para el sector de la hostelería y el ocio, así como campañas de comunicación para recuperar la confianza del público tras meses con el foco de los contagios puesto en los establecimientos hosteleros».

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La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón

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Carlos Mazón imputación dana
La jueza de la dana pide al TSJCV que impute a Carlos Mazón-EUROPA PRESS

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que se investigue al expresident de la Generalitat Carlos Mazón por una presunta “inactividad negligente” durante la emergencia que causó 230 víctimas mortales y una más en estudio.

La magistrada considera que existen indicios suficientes para que el alto tribunal asuma la investigación sobre el exjefe del Consell, dado que mantiene su acta de diputado en Les Corts y, por tanto, su condición de aforado. En la causa ya figuran como investigados la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su ex número dos Emilio Argüeso.

La instructora ve “conexidad” para investigar al expresident

Según el auto judicial, de 109 páginas, la investigación debe “extenderse de manera inevitable” a Mazón por la “evidente conexidad” con los hechos y la normativa de protección civil. La magistrada sostiene que, desde la perspectiva de la Presidencia de la Generalitat, la gestión de la emergencia “se detuvo de facto” durante varias horas en las que el entonces president permaneció en el reservado de un restaurante.

La resolución subraya que esa permanencia “absolutamente pasiva” durante cerca de cinco horas podría constituir una “grosera negligencia” con un resultado mortal de 230 fallecidos y numerosos heridos.

Competencia autonómica en la emergencia

La jueza recuerda que la gestión de la emergencia correspondía “exclusivamente” a la Generalitat Valenciana al haberse declarado el nivel dos. En ese contexto, cita resoluciones de la Audiencia Provincial que inciden en la competencia autonómica conforme al Estatuto de Autonomía, la Ley de Protección Civil y el plan especial frente a inundaciones.

El auto detalla además las circunstancias de cada una de las víctimas mortales y sitúa la dirección del plan de emergencias en la entonces consellera Salomé Pradas.

Cadena de negligencias y responsabilidad jerárquica

La instructora describe una “cadena de negligencias” en la que habrían intervenido distintos responsables. Entre los elementos señalados figuran:

  • La convocatoria tardía del CECOPI.

  • El retraso en el envío de la alerta a la población, que se produjo a las 20.11 horas cuando la mayoría de víctimas ya habían fallecido.

  • La falta de coordinación entre organismos autonómicos.

  • Los avisos previos de la Agencia Estatal de Meteorología y la Confederación Hidrográfica del Júcar.

  • El elevado número de llamadas al 112 durante la jornada.

A juicio de la magistrada, la estructura jerárquica implicaba que el president debía supervisar y controlar la actuación de los responsables inferiores, lo que sitúa su eventual responsabilidad en un plano de mayor gravedad.

Horas clave sin decisiones relevantes

El auto apunta a una “situación de ajenidad” del entonces president entre las 14.30 y las 20.28 horas, cuando llegó al CECOPI en l’Eliana. En ese periodo, la jueza aprecia una supuesta minimización de la gravedad de la emergencia y ausencia de decisiones relevantes por parte de la máxima autoridad autonómica.

También ve indicios de una posible participación en el proceso de envío de la alerta Es-Alert, al considerar que los mensajes del jefe de gabinete del expresident a la consellera no eran simples opiniones, sino órdenes.

La instructora cuestiona además la falta de comunicación directa en momentos críticos y la imposibilidad de coordinar la emergencia si el teléfono no estaba operativo o accesible.

Sin valoración política

La magistrada recalca que la exposición razonada no se basa en un análisis moral o político, sino en la posible relevancia penal de la actuación del aforado y en su papel en la coordinación de la emergencia.

El TSJCV deberá decidir ahora si asume la investigación sobre Carlos Mazón en el marco de la causa abierta por la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana.

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