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La hostelería valenciana perderá 1.080 millones y dejará de contratar 8.000 personas estas Navidades

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(EFE).- 1.080 millones de euros de facturación van a perder los bares y restaurantes de la Comunitat Valenciana estas Navidades por la reducción de las celebraciones de amigos y familiares y las comidas y cenas de empresa, lo que se va a traducir en 8.000 trabajadores que no contratarán para estas fechas.

Los bares y restaurantes tienen a fecha de hoy muy pocas reservas de comidas y cenas de empresa para las Navidades, y estiman que los efectos de la contracción van a ser una reducción del 60 % de la facturación habitual en la campaña de Navidad, un porcentaje que aún puede aumentar, según ha asegurado el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) y de Conhostur, Manuel Espinar.

Para Espinar, las restricciones del Gobierno sobre el número de asistentes a reuniones familiares son «incongruentes» si se tiene en cuenta que los focos de contagio «se están produciendo en su gran mayoría en el ámbito familiar» y se pregunta: «¿Se van a poner la mascarilla en una casa, se van a abrir las ventanas?», en contraposición a las medidas de los locales, donde hay a disposición del cliente gel hidroalcohólico, se renueva el aire y el uso de la mascarilla es obligatorio antes y después de comer.

«Seamos sinceros, no digo que no haya familias que no lo hagan pero ¿cuántas pueden ser, el 2 %?», insiste el hostelero, para señalar que desde fuera de España ya dicen que nos preparemos ante una posible tercera ola de covid-19 porque con nuestro carácter, diferente al de los franceses, suizos o británicos, «el único entorno seguro es la hostelería».

Los protocolos de covid en España establecidos en los locales a través del Instituto de Calidad Turística, son «los más estrictos» pero desde que los bares y restaurantes levantaron sus persianas en junio, siguen por debajo del umbral de rentabilidad y con unas perspectivas de pérdida de mano de obra «brutales» para una de las puntas más altas de contratación a lo largo del año.

«Es lamentable, si no llegan las ayudas que pedimos, un 30 % no abrirá en enero (equivalente a la desaparición de 10.000 empresas)», vaticina el presidente de los hosteleros, que no obstante mantiene la esperanza de un pequeño repunte en diciembre.

Espinar se refiere al plan de rescate del sector pedido por Hostelería Valencia, que consiste en un paquete de ayudas directas de la Generalitat por valor de 80 millones destinados a toda la hostelería de la Comunitat Valenciana, que permitiría amortiguar la situación que arrastran.

El plan pide ayudas directas, a fondo perdido, para la supervivencia de las empresas y los autónomos, así como la modificación del régimen de los alquileres de locales de negocio, eliminando o reduciendo su pago durante los periodos de cierre o limitación por las restricciones.

Los hosteleros necesitan ese dinero para hacer la transición de noviembre a diciembre después de un mes de noviembre en que llegó el pago de los impuestos aplazados en abril por la covid, pero el Gobierno valenciano «no ha hecho caso», a diferencia de otras comunidades, como Cantabria, Andalucía, Galicia o Cataluña, que sí han tomado decisiones sobre los pagos.

La Generalitat, lamenta, «todavía no ha tomado cartas en el asunto, es muy triste y lamentable, cuando somos elementos primordiales en el organigrama turístico de la Comunidad Valenciana».

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia ha lanzado en colaboración con Caixa Popular el bono «Regala Hostelería», que está promocionando entre las empresas, para impulsar un sector que es «la zona cero de la pandemia, el más castigado y criminalizado y el que peor lo está pasando económicamente».

Mediante el bono, las empresas podrán regalar a sus trabajadores tarjetas para consumir en hostelería con un valor mínimo de 25 euros, una iniciativa a la que se han sumado ya más de 60 restaurantes como una alternativa a las comidas y cenas navideñas.

De esta manera, aunque no se pueda celebrar una cena de empresa con todos los empleados a causa de las restricciones, el empresario sí podrá regalar a los trabajadores un bono por valor mínimo de 25 euros para consumir en hostelería, con una validez de tres meses, desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.

Es un revulsivo para el sector y ofrece una alternativa a las comidas y cenas de empresa, destaca Espinar.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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