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La hostelería valenciana perderá 1.080 millones y dejará de contratar 8.000 personas estas Navidades

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(EFE).- 1.080 millones de euros de facturación van a perder los bares y restaurantes de la Comunitat Valenciana estas Navidades por la reducción de las celebraciones de amigos y familiares y las comidas y cenas de empresa, lo que se va a traducir en 8.000 trabajadores que no contratarán para estas fechas.

Los bares y restaurantes tienen a fecha de hoy muy pocas reservas de comidas y cenas de empresa para las Navidades, y estiman que los efectos de la contracción van a ser una reducción del 60 % de la facturación habitual en la campaña de Navidad, un porcentaje que aún puede aumentar, según ha asegurado el presidente de la Federación Empresarial de Hostelería de Valencia (Hostelería Valencia) y de Conhostur, Manuel Espinar.

Para Espinar, las restricciones del Gobierno sobre el número de asistentes a reuniones familiares son «incongruentes» si se tiene en cuenta que los focos de contagio «se están produciendo en su gran mayoría en el ámbito familiar» y se pregunta: «¿Se van a poner la mascarilla en una casa, se van a abrir las ventanas?», en contraposición a las medidas de los locales, donde hay a disposición del cliente gel hidroalcohólico, se renueva el aire y el uso de la mascarilla es obligatorio antes y después de comer.

«Seamos sinceros, no digo que no haya familias que no lo hagan pero ¿cuántas pueden ser, el 2 %?», insiste el hostelero, para señalar que desde fuera de España ya dicen que nos preparemos ante una posible tercera ola de covid-19 porque con nuestro carácter, diferente al de los franceses, suizos o británicos, «el único entorno seguro es la hostelería».

Los protocolos de covid en España establecidos en los locales a través del Instituto de Calidad Turística, son «los más estrictos» pero desde que los bares y restaurantes levantaron sus persianas en junio, siguen por debajo del umbral de rentabilidad y con unas perspectivas de pérdida de mano de obra «brutales» para una de las puntas más altas de contratación a lo largo del año.

«Es lamentable, si no llegan las ayudas que pedimos, un 30 % no abrirá en enero (equivalente a la desaparición de 10.000 empresas)», vaticina el presidente de los hosteleros, que no obstante mantiene la esperanza de un pequeño repunte en diciembre.

Espinar se refiere al plan de rescate del sector pedido por Hostelería Valencia, que consiste en un paquete de ayudas directas de la Generalitat por valor de 80 millones destinados a toda la hostelería de la Comunitat Valenciana, que permitiría amortiguar la situación que arrastran.

El plan pide ayudas directas, a fondo perdido, para la supervivencia de las empresas y los autónomos, así como la modificación del régimen de los alquileres de locales de negocio, eliminando o reduciendo su pago durante los periodos de cierre o limitación por las restricciones.

Los hosteleros necesitan ese dinero para hacer la transición de noviembre a diciembre después de un mes de noviembre en que llegó el pago de los impuestos aplazados en abril por la covid, pero el Gobierno valenciano «no ha hecho caso», a diferencia de otras comunidades, como Cantabria, Andalucía, Galicia o Cataluña, que sí han tomado decisiones sobre los pagos.

La Generalitat, lamenta, «todavía no ha tomado cartas en el asunto, es muy triste y lamentable, cuando somos elementos primordiales en el organigrama turístico de la Comunidad Valenciana».

La Federación Empresarial de Hostelería de Valencia ha lanzado en colaboración con Caixa Popular el bono «Regala Hostelería», que está promocionando entre las empresas, para impulsar un sector que es «la zona cero de la pandemia, el más castigado y criminalizado y el que peor lo está pasando económicamente».

Mediante el bono, las empresas podrán regalar a sus trabajadores tarjetas para consumir en hostelería con un valor mínimo de 25 euros, una iniciativa a la que se han sumado ya más de 60 restaurantes como una alternativa a las comidas y cenas navideñas.

De esta manera, aunque no se pueda celebrar una cena de empresa con todos los empleados a causa de las restricciones, el empresario sí podrá regalar a los trabajadores un bono por valor mínimo de 25 euros para consumir en hostelería, con una validez de tres meses, desde el 1 de diciembre de 2020 hasta el 28 de febrero de 2021.

Es un revulsivo para el sector y ofrece una alternativa a las comidas y cenas de empresa, destaca Espinar.

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El Gobierno aprobará este martes papeles en cinco meses para miles de inmigrantes irregulares

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REGULARIZACIÓN INMIGRANTES
EFE/ Morell/Archivo

El Gobierno aprobará este martes 27 de enero en el Consejo de Ministros una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, tras alcanzar un acuerdo entre el PSOE y Podemos. La medida, confirmada por fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, no necesitará la convalidación del Congreso de los Diputados al tratarse de un decreto ley.

El Ejecutivo justifica esta regularización con el objetivo de garantizar derechos y ofrecer seguridad jurídica a una realidad social ya existente en España, donde cientos de miles de personas viven en situación administrativa irregular.

A quién afectará la regularización extraordinaria de migrantes

La regularización extraordinaria estará dirigida a extranjeros que ya se encuentren en España y que puedan acreditar su residencia en el país antes del 31 de diciembre de 2025. Además, los solicitantes deberán demostrar al menos cinco meses de estancia en territorio español mediante documentación como:

  • Certificado de empadronamiento

  • Informes médicos

  • Envíos de dinero

  • Billetes de transporte u otros justificantes

Con la presentación de la solicitud, los beneficiarios obtendrán una autorización provisional de residencia que permitirá trabajar de forma legal y acceder a servicios básicos como la sanidad.

Más de medio millón de migrantes podrían beneficiarse

Según datos de Funcas, en España residían unas 840.000 personas en situación irregular a 1 de enero de 2025. Con el nuevo decreto, alrededor del 60% de este colectivo podría regularizar su situación administrativa, lo que supondría más de medio millón de beneficiarios.

Además, la regularización permitirá suspender procedimientos de retorno o expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso mientras se tramita la solicitud.

Antecedentes: la ILP y el apoyo ciudadano

La medida retoma el mandato de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) RegularizaciónYa, respaldada por más de 700.000 firmas. La toma en consideración de esta iniciativa fue aprobada en 2024 por todos los grupos parlamentarios salvo Vox, aunque el texto ha permanecido bloqueado en el Congreso.

La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha sido una de las principales impulsoras del acuerdo, que desveló durante un acto en Madrid. Montero subrayó que la regularización es necesaria para garantizar derechos, combatir la exclusión social y frenar la explotación laboral.

Contexto político del pacto entre PSOE y Podemos

El acuerdo con Podemos se enmarca en la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez para reforzar la mayoría parlamentaria y reactivar la agenda legislativa. Esta concesión se suma a otros pactos con socios como ERC o PNV, dentro de una estrategia para consolidar el bloque de gobernabilidad.

Desde Podemos consideran que mantener a cientos de miles de personas en la irregularidad favorece la economía sumergida, la explotación laboral y el auge de discursos racistas, por lo que defienden la regularización como una herramienta de cohesión social.

Plazos y proceso de solicitud

Los migrantes que cumplan los requisitos podrán acogerse a la regularización hasta el próximo 30 de junio. Durante el proceso, se concederá una autorización provisional de residencia, que permitirá trabajar y acceder a servicios básicos mientras se resuelve la situación administrativa definitiva.

Impacto en la política migratoria española

Expertos y think tanks como Funcas han señalado la falta de planificación estructural en la política migratoria española, sin una estrategia clara sobre el volumen y perfil de inmigración. Esta regularización extraordinaria podría suponer un punto de inflexión en la gestión migratoria y en el reconocimiento de derechos a un amplio colectivo de personas que ya forman parte del tejido social y laboral del país.

La aprobación del decreto marcará uno de los movimientos más relevantes del Gobierno en materia migratoria en los últimos años, con implicaciones sociales, económicas y políticas de gran alcance.

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