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La industria de automoción ya sufre las consecuencias de la guerra en Ucrania

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La industria de automoción ya sufre las consecuencias de la guerra en Ucrania

València, 3 mar (EFE).- Cerca del noventa por ciento de las industrias de automoción españolas ya está sufriendo consecuencias en las importaciones y exportaciones de productos como consecuencia de la guerra de Rusia contra Ucrania, según una encuesta entre 137 firmas de este sector.

Algunas de ellas han expresado su preocupación por el hecho de que hay trabajadores de los países del Este que se han sumado al ejército ucraniano para participar en la guerra y han abandonado sus puestos de trabajo.

La encuesta fue realizada este miércoles entre 137 empresas pertenecientes a los clústeres de automoción españoles (ACAN, AEI La Rioja, AVIA, CAAR, CEAGA, CIAC, FACYL y GIRA) que se reunieron con carácter de urgencia para valorar las consecuencias de la guerra en el sector.

Según un comunicado de la asociación valenciana AVIA, el 89,8 % de las empresas encuestadas sufre uno o ambos problemas, y el 30,7 % prevé consecuencias de las sanciones económicas impuestas a Rusia por distintos organismos internacionales.

El 17 % opina que habrá dificultades en los desplazamientos y el 5,7 % se plantea posibles problemas para repatriar a los empleados de las plantas de países vecinos al conflicto, en caso de que la situación se agravase.

Una de las primeras consecuencias a los problemas de importación y exportación es la reducción de la producción.

Así, Volkswagen ha reducido producción en Zwickau y Dresde; Skoda ha limitado la producción en la República Checa; Hyundai ha suspendido temporalmente la producción en San Petersburgo, y Renault sufre una parada temporal en Moscú.

Volvo y BMW han detenido las exportaciones a Rusia; Ford y BMW han suspendido la colaboración con los socios industriales en Rusia; y Daimler Truck ha suspendido todas sus actividades comerciales en Rusia.

Asimismo, Sumitono Electric Industries ha suspendido la fabricación de cableado en Ucrania; y Nokian ha anunciado un traslado de su producción de neumáticos fuera de Rusia.

Según las fuentes, Rusia y Ucrania son «piezas clave» para el sector de la automoción ya que son las principales fuentes de paladio, gas neón y del cableado de catalizadores y semiconductores.

El 25,7 % de las empresas que han participado en la reunión tiene parte de su negocio repartido entre Rusia y Ucrania y, de estas, el 90 % tiene presencia en Rusia y el 26,7 % está presente en Ucrania.

Algunas de ellas «han mostrado miedo ante la posibilidad de una nacionalización de las sedes, oficinas o plantas que tienen ubicadas en estos dos países», según el comunicado de AVIA.

Las fuentes señalan que si la guerra se traslada a otros países limítrofes «la afectación sería total», ya que la mayoría de las empresas está presente en Estados de la zona como Polonia, Eslovaquia, Rumanía, Hungría, Finlandia, Estonia, Letonia y Moldavia.

Un 37 % de los encuestados afirma tener planta o actividad en los países vecinos a los afectados directamente por la guerra (dos tienen planta en Rusia y seis en países vecinos).

Rusia es el décimo fabricante mundial de coches y, con datos del 2020, aportó 1,4 millones de unidades al mercado, por detrás de los 2 millones de Brasil o los 2,4 de España y muy por detrás de China, que encabeza la clasificación con 25,2 millones de coches, aunque gran parte de esta producción es para la venta en la propia Rusia. EFE

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Nueva Ley ‘Antiokupas’ en España: Adiós a la ocupación de viviendas, esta será su fecha de entrada en vigor

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nueva ley antiokupas

El Congreso aprueba una enmienda para agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada

La ocupación ilegal de viviendas en España está cerca de un cambio significativo.

El Congreso de los Diputados ha aprobado una reforma en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) que establece que los delitos de usurpación y allanamiento de morada sean tramitados en juicios abreviados, permitiendo que se resuelvan en un máximo de 15 días desde que los ‘okupas’ son puestos a disposición judicial.

La iniciativa fue aprobada con el respaldo del PP, Junts, UPN, Coalición Canaria, ERC y Bildu, aunque este último reconoció su voto como un error y se disculpó públicamente. Vox se abstuvo, mientras que PSOE, Sumar, Podemos y BNG votaron en contra.

 

Siguientes pasos para la aprobación definitiva

La reforma forma parte de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia y ahora se encuentra en el Senado, que tiene hasta dos meses para debatir la propuesta. Sin embargo, al no ser un proyecto declarado urgente, los plazos pueden extenderse. En el Senado pueden suceder tres escenarios:

  1. Aprobación sin cambios: La ley pasa directamente al proceso de sanción, promulgación y publicación.
  2. Veto absoluto: La iniciativa vuelve al Congreso sin ser aprobada, aunque no se espera que ocurra debido a la mayoría del PP en la Cámara Alta.
  3. Enmiendas parciales: El texto es modificado y regresaría al Congreso para su debate final.

Si se aprueba sin modificaciones, el Rey procederá a sancionar y promulgar la ley, un acto formal que no puede ser revocado. Posteriormente, se publicará en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entrará en vigor en el plazo indicado por la ley o, en su defecto, en 20 días.

Impacto de la nueva ley en los plazos legales actuales
El cambio permitirá agilizar notablemente los procesos judiciales. En la actualidad, el 80% de los casos de desahucio en España tardan entre 4 y 9 meses en resolverse. Con la reforma, estos casos se resolverán en 15 días.

 

Comparativa con otros países europeos

En otros países de Europa, las medidas contra la ocupación ilegal son más inmediatas:

  • Francia: La Policía puede desalojar sin autorización judicial en 48 horas. Las penas llegan a tres años de prisión y multas de hasta 45.000 euros.
  • Alemania: El desalojo se produce en 24 horas y las penas alcanzan hasta dos años de cárcel si se utiliza violencia.
  • Reino Unido: La Policía puede actuar sin permiso judicial y la pena máxima es de 51 semanas de prisión y multas de hasta 5.700 euros, salvo si los ‘okupas’ abandonan la vivienda antes de las primeras 24 horas.

 

 

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