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‘La Manada’ paga hoy la fianza que les da la libertad provisional

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La Audiencia de Navarra ha decretado la libertad provisional bajo fianza para los cinco miembros de ‘la Manada’ condenados a nueve años de prisión por abusos sexuales (y no violación) a una joven durante las fiestas de San Fermín del 2016.

Entre las razones para dejarlos libres, la Audiencia destaca que los condenados han perdido el anonimato, lo que hace «menos que impensable» el riesgo de reiteración delictiva y complica también la posibilidad de que se fuguen. Además, alega que viven a más de 500 kilómetros de la víctima, que no tienen antecedentes por delitos sexuales, que no tienen dinero para «procurarse una fuga eficaz» y que la alarma social no justifica mantenerlos en prisión preventiva. Con respecto a la reiteración delictiva, la Audiencia de Navarra incide en el auto en que «ninguno de los acusados ahora condenados» cuenta con antecedentes penales por delitos de naturaleza análoga o similar a aquel por el que vienen condenados. El auto ha tenido en cuenta, además, «que los acusados tienen residencia a más de 500 kilómetros del lugar en que reside la víctima» y que se puede tranquilizar el sosiego de la víctima con otras medidas que sean «menos gravosas que la prolongación de la situación provisional».

El abogado de cuatro de los cinco miembros de La Manada, Agustín Martínez Becerra, ha avanzado que sus defendidos depositarán la fianza «lo más rápido posible» tras haberse notificado el auto de libertad pasadas las 08.30 horas de este viernes. En declaraciones a Onda Vasca, Martínez Becerra ha dicho que «confiaba en esta decisión» igual que confía «en la inocencia» de sus defendidos. «No discutimos la violencia contra las mujeres, sino un caso particular en el que, por mucho que les pueda molestar, son inocentes», ha reiterado. Asimismo, ha defendido que la prisión provisional es algo «excepcional y debe estar así considerada».

A cambio de la libertad, la Audiencia les impone medidas cautelares, además de la fianza económica: los condenados deben designar un domicilio y un teléfono para estar localizables en todo momento. En caso de que no sean localizados «de inmediato» en esos domicilios se exponen a orden judicial de detención. Además, tendrán que comparecer todos los lunes, miércoles y viernes en el juzgado de guardia más cercano a su domicilio, tienen prohibido acercarse a la víctima ni entrar en la Comunidad de Madrid —donde reside la joven—, se les ha retirado el pasaporte y no pueden salir del territorio nacional sin autorización judicial.

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Begoña Gómez solicita aplazar su declaración ante el juez Peinado debido a un compromiso

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Begoña Gómez y Pedro Sánchez-EFE

La esposa del presidente del Gobierno pide fijar una nueva fecha debido a un compromiso previo en Arona, Tenerife.

El abogado de Begoña Gómez, el exministro socialista Antonio Camacho, ha presentado una solicitud ante el juez Juan Carlos Peinado para suspender la declaración como investigada de la esposa del presidente del Gobierno, prevista inicialmente para el próximo 11 de septiembre de 2025.

El motivo alegado en el escrito es que ese mismo día Begoña Gómez tiene fijado otro señalamiento judicial en Arona, Tenerife, lo que imposibilita su comparecencia ante el juzgado que instruye la causa en cuestión. El abogado ha pedido formalmente que se fije una nueva fecha para la declaración, asegurando que la interesada cumplirá con sus obligaciones judiciales en cuanto sea posible.


Contexto del procedimiento

La declaración se produce en el marco de un procedimiento judicial en el que Begoña Gómez figura como investigada. Hasta el momento, no se han difundido detalles sobre el objeto de la investigación ni sobre las diligencias previas. La solicitud de aplazamiento ha sido presentada ante el juez Peinado, encargado de la instrucción.


Próximos pasos

La decisión sobre el aplazamiento y fijación de nueva fecha depende del juez, quien evaluará la compatibilidad de la agenda de la investigada con los plazos procesales. Este procedimiento judicial sigue en curso, y cualquier cambio en el calendario será comunicado oficialmente por el juzgado.

 

Malversación y tráfico de influencias: los cargos contra Begoña Gómez

Begoña Gómez ya estaba siendo investigada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo y apropiación indebida de marca en relación con su papel como codirectora de varios másteres y una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Ahora, la investigación judicial se centra en si su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, habría dedicado parte de su jornada laboral a tareas personales y académicas para Gómez, como el envío de correos electrónicos a empresas colaboradoras de la universidad y gestiones con patrocinadores.

La Audiencia de Madrid considera que podría haber existido una “desviación de medios públicos puestos al servicio de intereses privados”, lo que reforzó la línea de investigación de Peinado.

Las diligencias y pruebas clave

Entre las pruebas incorporadas figuran correos electrónicos enviados por Álvarez a patrocinadores como Reale Seguros o comunicaciones con directivos de Google relacionadas con la cátedra dirigida por Gómez.

Además, el juez ha solicitado la relación de llamadas de la exasesora para determinar si se excedió en las funciones para las que fue contratada por la Secretaría General de Presidencia del Gobierno, entonces bajo la dirección de Félix Bolaños.

Contexto político y judicial

La imputación de la esposa del presidente llega en un contexto de máxima tensión política y mediática. Aunque el Tribunal Supremo rechazó investigar a Bolaños por esta misma causa, al no apreciar indicios suficientes, la Audiencia ha mantenido abierta la vía por malversación contra Gómez y Álvarez.

De confirmarse los indicios, el caso podría convertirse en uno de los procesos judiciales más relevantes que afecten a la Moncloa en los últimos años, con repercusión directa en el Gobierno de Pedro Sánchez.

 

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