(EFE/OP).- La regulación de los precios de alquiler según la nueva Ley de Vivienda que aprobará el Gobierno puede llegar a afectar a 83 municipios de la Comunitat. Así lo ha afirmado el vicepresidente segundo del Consell y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, que ha recordado que el Consell ya tenía estudiados esos 83 municipios que «necesitan una intervención sobre los precios del alquiler porque están altamente tensionados».

Se trata principalmente de localidades en zonas del litoral y urbanas, aunque van a estudiar bien cada caso «para definir una intervención precisa que vaya en la línea de limitar el precio del alquiler y favorecer el derecho a la vivienda«, con el fin de que «la oferta satisfaga a la demanda, que es lo que no esta pasando en estos momentos».

Illueca ha manifestado que el acuerdo alcanzado por el PSOE y Unidas Podemos demuestra que «el gobierno de coalición funciona» y es capaz de llegar «a síntesis que son muy beneficiosas para la ciudadanía».

Considera «importante» y «fundamental» que se regulen los precios del alquiler, que se establezcan medidas contra los desahucios, que se movilice el parque público en régimen de alquiler social y, en definitiva, que se adopten medidas legislativas para garantizar el derecho a la vivienda».

Sobre la posibilidad de aplicar un recargo del IBI a las viviendas vacías, Ilueca ha considerado «importante gravar» este tipo de viviendas, algo que requiere involucrar a los ayuntamientos, que son los que tendrán que adoptar medidas en ese sentido, y cree que lo harán.

«El retorno que me llega es que hay voluntad política de intervenir seriamente en la línea de lo que planeará la nueva ley de Vivienda, y espero que se haga y que sea en beneficio de la ciudadanía», ha señalado.

Ha destacado que la futura norma va «en la senda de las políticas públicas de vivienda puestas en marcha con el Gobierno del Botànic», y esta convencido de que habrá colaboración por parte de las diferentes administraciones.

Sobre la concreción de algunas medidas en la Comunitat, ha dicho que es prematuro, pues se trata de un acuerdo político que se debe concretar en herramientas normativas y administrativas».

Sobre las críticas de la oposición por considerar que la ley supone un ataque a la propiedad privada, el vicepresidente del Consell ha manifestado que «el derecho a la propiedad privada que reconoce la Constitución está sometido a una función social», y ha recordado que el derecho a la vivienda es también un derecho constitucional y no se puede pretender que determinados derechos «sean solo palabras».

«Un estado social y democrático de derecho debe buscar el equilibrio y esta ley va en esa línea de equilibrar» ambos derechos, ha defendido, y ha recordado que la leyes están para aplicarse siempre.