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La Policía retira 48 patinetes eléctricos de alquiler en València y levanta 20 actas de denuncias

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VALÈNCIA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) – La Policía Local de València ha retirado un total de 48 patinetes eléctricos de alquiler distribuidos por la empresa Lime en la ciudad y ha levantado un total de 20 actas de denuncia, después de que la distribuidora europea haya ordenado mantenerlos pese al requerimiento policial a su filial valenciana, que en un principio había accedido a hacerlo.

Durante la jornada de este miércoles los agentes han iniciado la actuación para requisar los 200 patinetes eléctricos de alquiler distribuidos por el ‘cap i casal’ en torno a las 10 horas de la mañana con la retirada de nueve patinetes desplegados en el Paseo Marítimo, según ha explicado la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato.

A continuación, la Policía tenía previsto proceder a la incautación de las unidades desplegadas por el centro de la ciudad, donde había un mayor número.

Sin embargo, la empresa cambió de actitud a media mañana y mandó una furgoneta para proceder a la retirada voluntaria. No obstante, hubo un «nuevo cambio de criterio» y el distribuidor de Europa ordenó a la distribuidora valenciana, ubicada en Paterna, que no proceda a la retirada.

Por ello, los agentes continuaron levantando acta de sanción y continuaron con la incautación de las unidades ubicadas en la plaza de la Reina, siguiendo con el resto de patinetes desplegados por la ciudad gracias a la localización GPS de la propia App de la empresa. Las unidades intervenidas será almacenadas en un espacio habilitado en la Central.

A última hora de la tarde el número de patinetes requisados era de 48 y se habían levantado 20 actas. La sanción impuesta asciende a 750 euros por cada espacio público ocupado con independencia del número de patinetes dispuestos en él, lo que arroja la cifra de 15.000 euros por estas 20 denuncias. A esa cifra hay que sumar el importe de la retirada, de 2.440 euros. La empresa deberá abonar la multa para recuperar las unidades requisadas.

Menguzzato ha explicado que esta sanción es por vulneración del artículo 12 de la ordenanza de dominio público, que exige que cualquier empresa que quiera realizar una actividad en la vía pública cuente con una autorización municipal.

Al respecto, que ha comentado que pensaban «sinceramente» que la empresa iba a proceder a la retirada voluntaria como es habitual con las terrazas cuando se produce un requerimiento policial, ya que «pocas veces» se da una negativa.

Por ello, ha lamentado este cambio actitud de la empresa, a la que ha advertido de que «está tomando decisiones erróneas si de verdad quieren implantarse y comercializar este producto». «Esta actitud desde luego no ayuda», ha observado. De hecho, ha apuntado que hay locales que han estado más de un año sin poder tener terraza por no cumplir voluntariamente la orden de retirada.

En cualquier caso, ha recalcado que la incautación de los patinetes «no es por voluntad de ir contra esta empresa» sino de hacer cumplir la ley. Así, ha aclarado que el Ayuntamiento está a favor del uso de patinetes eléctricos en València porque es un transporte ecológico, pero «no se puede permitir que haya empresas que se lucren de manera diferente al resto» y «si ocupa las aceras, que son mayoritariamente para los viandantes» se debe pagar una tasa al igual que el resto del empresariado.

En ese sentido, ha recordado que la Policía se ha comunicado en varias ocasiones tanto con la empresa distribuida que está en Paterna (Valencia) como con la sede social en España que está en Barcelona para explicarles la situación.

ORDENANZA DE MOVILIDAD
Menguzzato ha explicado que en la actualidad hay «una especie de vacío legal» sobre el uso de este medio ya que la ordenanza de movilidad vigente en València data de 2010 cuando no existían los patinetes eléctricos.

Por ello, confía en que «en breve» se disponga de una ordenanza nueva que marque «las líneas de funcionamiento» y regule su uso y su comercialización como hacen la ordenanzas de Madrid y Barcelona. Mientras tanto, ha señalado que la policía no denuncia al conductor de un patinete eléctrico siempre que no ponga en riesgo ni su seguridad ni la de los demás.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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