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Valencia

Tres nuevos investigados en el caso Azud tras los últimos registros

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La UCO realiza registros en Valencia, Alicante y Castellón por el caso Acuamed
La Guardia Civil registra una sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), en una imagen de archivo. EFE/Víctor Lerena

València, 19 oct (EFE).- El personal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está tomando declaración a lo largo de este miércoles a tres nuevos investigados en el marco del caso Azud, que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de València, que han sido incorporados a la lista de imputados tras los últimos registros.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, estos tres nuevos investigados deberán comparecer en las dependencias de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, y posteriormente aguardar a su citación formal como investigados por parte del juez instructor en un proceso que cuenta ya con más de medio centenar de supuestos implicados.

El caso Azud investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos tanto del PP como del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos, vinculados principalmente al urbanismo, entre 1999 y 2013, centrados principalmente en el Ayuntamiento de la capital valenciana.

No obstante, también se investigan estas prácticas en los ayuntamientos de Xixona (Alicante), Burjassot (Valencia) y Benicàssim (Castellón) o en las empresas públicas Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de València (Aumsa), según el sumario de la causa.

Los últimos registros se han producido a raíz de la documentación encontrada en casa del exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña, que hacen referencia a supuestas comisiones pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones públicas y que podrían llegar al 6 %.

El objetivo principal de esos registros es averiguar si la totalidad de las comisiones ilegales o mordidas referidas a esas contrataciones podría haber ido a financiar al PSPV-PSOE o si parte se la quedaba la persona que mediaba, según las mismas fuentes.

 

La UCO realiza registros en Valencia, Alicante y Castellón por el caso Acuamed

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo estos días diversos registros simultáneos y solicitando documentación en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón en el marco de una pieza separada del caso Acuamed.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, uno de los registros se centran en un grupo empresarial de Castellón, al tiempo que se ha solicitado diversa documentación a la empresa Acciona.

Han señalado igualmente que estas actuaciones se llevan a cabo por orden de un juzgado de Valencia.

Por otra parte, otras fuentes han señalado que se trata de un procedimiento judicial secreto por los delitos de prevaricación, cohecho y malversación en las provincias de Valencia, Castellón y Madrid.

El titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero de 2016 por un supuesto fraude en el que se podrían haber desviado más de 20 millones de euros por parte de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Las fuentes consultadas añaden que, además de las entradas y registros y los requerimientos judiciales de documentación, también se están tomando declaraciones a testigos e investigados, si bien no hay ninguna persona detenida.

La UCO lleva a cabo esta investigación con apoyo de Europol, en unas diligencias bajo secreto de sumario y en una investigación que sigue abierta.

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Valencia

Los pisos turísticos en la Comunitat Valenciana caen un 25% en un año hasta los 48.411 apartamentos

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

València multiplica por seis el cierre de pisos turísticos ilegales y endurece el control en todos los barrios

El Ayuntamiento de València ha intensificado su ofensiva contra los apartamentos turísticos ilegales, multiplicando por seis las órdenes de cese durante el actual mandato. El consistorio asegura que este incremento refleja un “cambio radical” en la política municipal para frenar la proliferación de viviendas de uso turístico fuera de la legalidad.

Según ha explicado el concejal de Urbanismo, Vivienda y Licencias, Juan Giner, se ha pasado de una media de 71 órdenes anuales en el anterior gobierno a 449 expedientes por año, lo que supone un aumento superior al 600%. De estas órdenes, el 87% ya se han ejecutado.

Más inspecciones y vigilancia continua

Para lograr estos resultados, el Ayuntamiento ha reforzado los equipos de control con cinco grupos de inspectores de Urbanismo y siete unidades de Policía Local, que rastrean de forma constante la actividad ilegal en todos los distritos.

El consistorio defiende que esta estrategia marca el paso de una etapa de “permisividad” a otra de “tolerancia cero”, en un contexto de creciente presión turística en la ciudad.

Moratoria y nuevas normas urbanísticas

El aumento de cierres llega acompañado de medidas estructurales. Desde mayo de 2024 está en vigor una moratoria que suspende la concesión de nuevas licencias turísticas, prorrogada hasta al menos mayo de 2026. Durante este periodo se han paralizado 363 expedientes, evitando la creación de casi 4.700 nuevas plazas.

Además, el gobierno municipal liderado por María José Catalá prepara una nueva normativa urbanística que limitará el crecimiento de estos alojamientos. Entre las principales restricciones destacan:

  • Máximo del 2% de viviendas turísticas por barrio
  • Límite del 8% de plazas turísticas respecto a la población
  • Tope del 15% en plantas bajas por manzana
  • Exigencia de acceso independiente y aprobación vecinal

También se creará un censo municipal de alojamientos turísticos (CATAV) y se reforzarán las inspecciones para detectar irregularidades.

Críticas de la oposición

Desde la oposición, Compromís cuestiona la eficacia de estas medidas. Su portavoz, Papi Robles, sostiene que la normativa “ni reduce ni controla” el número real de plazas turísticas y acusa al gobierno local de utilizar una “cortina de humo”.

En la misma línea, el edil socialista Javier Mateo critica que las cifras ofrecidas por el ejecutivo no reflejan la situación real y denuncia que se está facilitando la expansión de apartamentos turísticos en los barrios.

Presión sobre la vivienda en València

El debate sobre los pisos turísticos se produce en un momento de fuerte tensión en el mercado inmobiliario de València, donde vecinos y colectivos denuncian el impacto de estos alojamientos en el precio del alquiler y en la vida de los barrios.

Con las nuevas medidas, el Ayuntamiento busca equilibrar el atractivo turístico de la ciudad con la protección del uso residencial, aunque el enfrentamiento político sobre su efectividad sigue abierto.


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