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Valencia

Tres nuevos investigados en el caso Azud tras los últimos registros

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La UCO realiza registros en Valencia, Alicante y Castellón por el caso Acuamed
La Guardia Civil registra una sede de la empresa Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), en una imagen de archivo. EFE/Víctor Lerena

València, 19 oct (EFE).- El personal de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil está tomando declaración a lo largo de este miércoles a tres nuevos investigados en el marco del caso Azud, que dirige el Juzgado de Instrucción número 13 de València, que han sido incorporados a la lista de imputados tras los últimos registros.

Según han informado a EFE fuentes de la investigación, estos tres nuevos investigados deberán comparecer en las dependencias de la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, y posteriormente aguardar a su citación formal como investigados por parte del juez instructor en un proceso que cuenta ya con más de medio centenar de supuestos implicados.

El caso Azud investiga el supuesto pago de comisiones a cargos públicos tanto del PP como del PSOE para favorecer la adjudicación de contratos, vinculados principalmente al urbanismo, entre 1999 y 2013, centrados principalmente en el Ayuntamiento de la capital valenciana.

No obstante, también se investigan estas prácticas en los ayuntamientos de Xixona (Alicante), Burjassot (Valencia) y Benicàssim (Castellón) o en las empresas públicas Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed) y la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de València (Aumsa), según el sumario de la causa.

Los últimos registros se han producido a raíz de la documentación encontrada en casa del exresponsable de Finanzas del PSPV-PSOE Pepe Cataluña, que hacen referencia a supuestas comisiones pagadas por contratistas a cambio de adjudicaciones públicas y que podrían llegar al 6 %.

El objetivo principal de esos registros es averiguar si la totalidad de las comisiones ilegales o mordidas referidas a esas contrataciones podría haber ido a financiar al PSPV-PSOE o si parte se la quedaba la persona que mediaba, según las mismas fuentes.

 

La UCO realiza registros en Valencia, Alicante y Castellón por el caso Acuamed

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están llevando a cabo estos días diversos registros simultáneos y solicitando documentación en las provincias de Valencia, Alicante y Castellón en el marco de una pieza separada del caso Acuamed.

Según han indicado a EFE fuentes próximas a la investigación, uno de los registros se centran en un grupo empresarial de Castellón, al tiempo que se ha solicitado diversa documentación a la empresa Acciona.

Han señalado igualmente que estas actuaciones se llevan a cabo por orden de un juzgado de Valencia.

Por otra parte, otras fuentes han señalado que se trata de un procedimiento judicial secreto por los delitos de prevaricación, cohecho y malversación en las provincias de Valencia, Castellón y Madrid.

El titular del juzgado central 6 de la Audiencia Nacional investiga el caso Acuamed desde enero de 2016 por un supuesto fraude en el que se podrían haber desviado más de 20 millones de euros por parte de la empresa pública Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

Las fuentes consultadas añaden que, además de las entradas y registros y los requerimientos judiciales de documentación, también se están tomando declaraciones a testigos e investigados, si bien no hay ninguna persona detenida.

La UCO lleva a cabo esta investigación con apoyo de Europol, en unas diligencias bajo secreto de sumario y en una investigación que sigue abierta.

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Valencia

El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita

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El duelo de un pueblo no se gobierna con mentiras: es hora de que Carlos Mazón dimita
El president de la Generalitat, Carlos Mazón. EFE/ Biel Alino/Archivo

La catástrofe desencadenada por la DANA del 29 de octubre de 2024 en la Comunitat Valenciana, que dejó un lacerante saldo de más de 229 víctimas, no puede quedar impune. Más allá del dolor humano y de la reconstrucción material, está la responsabilidad política. Y en ese terreno, Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana, acumula mentiras, contradicciones y el profundo desgarro de quienes lo perdieron todo. Por dignidad, por ética y por justicia, Mazón debe dimitir.

Una gestión inexcusable

Cuando la alerta roja estaba activada, Mazón estaba ausente del lugar que le correspondía. Según los informes oficiales, llegó al comité de crisis (CECOPI) a las 20:28 horas, cuando ya se había emitido la alerta a la población minutos antes. No fue un “error de agenda”, sino un fallo estructural que costó vidas.

Mientras Valencia vivía una riada devastadora, el presidente se encontraba en una comida privada en lugar de supervisar la emergencia. Su entorno lo justificó como una reunión de trabajo, pero el contexto lo desmiente: fue ausencia, negligencia y falta de liderazgo.

La falta de movilización de efectivos tampoco puede justificarse. Los informes cruzados detectan irregularidades en el número de bomberos y medios activados. Cuando una emergencia reclama transparencia, los datos confusos o manipulados son una afrenta.

Mentiras, contradicciones y silencio

Mazón ha intentado derivar responsabilidades hacia la Agencia Estatal de Meteorología o la Confederación Hidrográfica del Júcar, en lugar de asumir el liderazgo que su cargo exige. Cuando el caos se instala, quien gobierna debe estar al frente, no buscando culpables.

Peor aún, ha ofrecido versiones cambiantes sobre su paradero, sus llamadas y las decisiones adoptadas aquel día. La investigación judicial avanza con pruebas que desmontan la versión oficial. Cuando un líder debe explicar dónde estaba durante una tragedia, el problema ya no es circunstancial: es estructural.

Las víctimas, traicionadas

No basta con lamentar lo sucedido cuando la dignidad exige acción. Las asociaciones de víctimas han expresado su malestar y exigido respeto ante la falta de explicaciones claras. “Estar con las víctimas también implica asumir responsabilidades”, repiten familiares que aún esperan una disculpa sincera.

No es solo la ausencia inicial. Es el desfile de versiones, el silencio, la falta de empatía y la reconstrucción lenta. Mientras las familias siguen llorando, el presidente intenta sostener su imagen pública como si nada hubiera ocurrido.

La única salida digna: la dimisión

Integridad política. Quien incumple los principios básicos de responsabilidad pierde la legitimidad para seguir al frente.

Justicia para las víctimas. Pedir perdón no basta cuando no se explica con claridad, cuando no se asumen errores ni se ofrecen soluciones. Las víctimas merecen que se depuren responsabilidades reales.

Confianza institucional. La credibilidad de la Generalitat se resquebraja cuando su presidente ofrece explicaciones tardías, contradictorias y evasivas. Eso no solo afecta a Mazón, afecta a toda la Comunitat Valenciana.

Renovación del liderazgo. El desastre del 29-O no puede cerrarse con un “sigo al mando”. Hace falta un relevo que reconstruya no solo los territorios inundados, sino también la confianza de los ciudadanos.

La responsabilidad compartida

Los silencios cómplices también pesan. Los partidos que sostienen a Mazón deben preguntarse si su apoyo es ético o meramente político. Cada día que pasa sin rendir cuentas es una herida más para las víctimas y una mancha más para las instituciones.

La dimisión no sería una derrota política, sino un acto de respeto hacia los que sufrieron, hacia los que murieron y hacia toda una sociedad que exige transparencia y verdad.

La tragedia del 29 de octubre no son solo cifras. Son vidas, familias, municipios arrasados y una sociedad herida. Carlos Mazón mantuvo su comida en El Ventorro cuando la provincia se inundaba, cambió versiones cuando se investigaba y continúa en el cargo pese al clamor ciudadano.

Por integridad, por dignidad, por justicia: Carlos Mazón debe dimitir.
Y quienes lo sostienen, deberían preguntarse si su silencio también los convierte en responsables.

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