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La vacuna de AstraZeneca, segura pero aún no aconsejable para mayores de 65

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EFE/NARENDRA SHRESTHA/Archivo

Madrid, 2 feb (EFE).- La vacuna de AstraZeneca contra la covid es «segura», no obstante, todo apunta a que en España, como ya se ha decidido en Alemania, no se vaya aún a administrar a los mayores de 65 años por la falta de datos que constaten su eficacia en este colectivo.

Este es uno de los temas que la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio trata en su reunión de este martes y será mañana la Comisión de Salud Pública la que adopte una decisión al respecto, aunque Sanidad avanzó ayer que «es muy posible» que se opte por no recomendarla en mayores de 65.

Así lo aseguró el director del Centro de Coordinación Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en su rueda de prensa que ofrece cada lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia, opinión que comparten varios expertos consultados por Efe, que insisten en que de momento no debería administrarse a ese colectivo.

Desde la Asociación Española de Vacunología (AEV), su vicepresidente, Fernando Moraga-Llop, recuerda que ya el comité asesor de vacunas alemán se ha definido en este sentido y muchos expertos en España ya habían comentado que los participantes de más de 65 años en los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca «era escaso».

«Aunque la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) la haya aprobado a partir de los 18 años, supongo que también en el desarrollo de la ficha técnica contará ese aspecto, no es que la vacuna ni mucho menos esté contraindicada, pero hasta ahora la eficacia en mayores de 65 años no se puede demostrar», apunta Moraga-Llop.

Por eso, a juicio del experto no debería estar indicada para ese grupo de edad hasta que no haya datos estadísticos que constaten su eficacia, como sí la han demostrado, apunta, los fármacos de Pfizer/BiNTech y Moderna.

En el mismo sentido se pronuncia el portavoz de Vacunas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Pablo Aldaz, quien incide en que la dispensación de éste como de cualquier otro fármaco depende de la ficha técnica.

Para que algo figure en la ficha técnica de un medicamento tiene que pasar por un proceso, tiene que demostrar «con una serie de evidencias científicas» que se puede suministrar con seguridad y eficacia a los grupos que se determina.

«En su ensayo, Pfizer por ejemplo no tenía mayores, solo un 4 %, pero al menos los tenía», indica Aldaz, que pone también el ejemplo con los niños, que tampoco han participado en estas pruebas, con lo que no se les puede incluir como colectivos en las fichas técnicas de estas vacunas.

Aldaz recalca que esto no quiere decir que la vacuna «sea buena o mala», solo que no hay evidencia científica de su eficacia en mayores de 65, con lo que en este caso, la farmacéutica AstraZeneca tendrá que plantear si va a hacer estudios y ensayos al respecto.

«Desde el punto de vista de la seguridad no creemos que vaya a haber problema, no va a haber mucha diferencia entre una persona de 60 años y una de 70», pero queda la duda de la eficacia abunda el portavoz de vacunas de la Semfyc.

En este sentido, explica que las personas a medida que se hacen mayores desarrollan el fenómeno de la inmunosenescencia: «nuestro sistema inmunitario responde peor a los estímulos que tenemos, ya sean infecciones, vacunas o lo que sea».

Por eso, hay que demostrar que una vacuna en ese tramo de edad es eficaz, porque si no, se pregunta el experto, «¿para qué la vamos a poner?».

Esta situación no alteraría, según Aldaz, el plan de vacunación puesto que está «bastante bien cubierto» el colectivo de las personas de centros sociosanitarios, que son los de mayor riesgo, con los fármacos de Pfizer y Moderna.

«Lo que tenemos que transmitir es que no es una vacuna mala, no es un problema de seguridad ni muchísimo menos, es un principio de precaución, nada más, pero los datos que tenemos es que será segura y eficaz en mayores de 65 pero nos faltan los datos», remarca el experto de la Semfyc.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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