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La vacuna de AstraZeneca, segura pero aún no aconsejable para mayores de 65

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EFE/NARENDRA SHRESTHA/Archivo

Madrid, 2 feb (EFE).- La vacuna de AstraZeneca contra la covid es «segura», no obstante, todo apunta a que en España, como ya se ha decidido en Alemania, no se vaya aún a administrar a los mayores de 65 años por la falta de datos que constaten su eficacia en este colectivo.

Este es uno de los temas que la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio trata en su reunión de este martes y será mañana la Comisión de Salud Pública la que adopte una decisión al respecto, aunque Sanidad avanzó ayer que «es muy posible» que se opte por no recomendarla en mayores de 65.

Así lo aseguró el director del Centro de Coordinación Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en su rueda de prensa que ofrece cada lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia, opinión que comparten varios expertos consultados por Efe, que insisten en que de momento no debería administrarse a ese colectivo.

Desde la Asociación Española de Vacunología (AEV), su vicepresidente, Fernando Moraga-Llop, recuerda que ya el comité asesor de vacunas alemán se ha definido en este sentido y muchos expertos en España ya habían comentado que los participantes de más de 65 años en los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca «era escaso».

«Aunque la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) la haya aprobado a partir de los 18 años, supongo que también en el desarrollo de la ficha técnica contará ese aspecto, no es que la vacuna ni mucho menos esté contraindicada, pero hasta ahora la eficacia en mayores de 65 años no se puede demostrar», apunta Moraga-Llop.

Por eso, a juicio del experto no debería estar indicada para ese grupo de edad hasta que no haya datos estadísticos que constaten su eficacia, como sí la han demostrado, apunta, los fármacos de Pfizer/BiNTech y Moderna.

En el mismo sentido se pronuncia el portavoz de Vacunas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Pablo Aldaz, quien incide en que la dispensación de éste como de cualquier otro fármaco depende de la ficha técnica.

Para que algo figure en la ficha técnica de un medicamento tiene que pasar por un proceso, tiene que demostrar «con una serie de evidencias científicas» que se puede suministrar con seguridad y eficacia a los grupos que se determina.

«En su ensayo, Pfizer por ejemplo no tenía mayores, solo un 4 %, pero al menos los tenía», indica Aldaz, que pone también el ejemplo con los niños, que tampoco han participado en estas pruebas, con lo que no se les puede incluir como colectivos en las fichas técnicas de estas vacunas.

Aldaz recalca que esto no quiere decir que la vacuna «sea buena o mala», solo que no hay evidencia científica de su eficacia en mayores de 65, con lo que en este caso, la farmacéutica AstraZeneca tendrá que plantear si va a hacer estudios y ensayos al respecto.

«Desde el punto de vista de la seguridad no creemos que vaya a haber problema, no va a haber mucha diferencia entre una persona de 60 años y una de 70», pero queda la duda de la eficacia abunda el portavoz de vacunas de la Semfyc.

En este sentido, explica que las personas a medida que se hacen mayores desarrollan el fenómeno de la inmunosenescencia: «nuestro sistema inmunitario responde peor a los estímulos que tenemos, ya sean infecciones, vacunas o lo que sea».

Por eso, hay que demostrar que una vacuna en ese tramo de edad es eficaz, porque si no, se pregunta el experto, «¿para qué la vamos a poner?».

Esta situación no alteraría, según Aldaz, el plan de vacunación puesto que está «bastante bien cubierto» el colectivo de las personas de centros sociosanitarios, que son los de mayor riesgo, con los fármacos de Pfizer y Moderna.

«Lo que tenemos que transmitir es que no es una vacuna mala, no es un problema de seguridad ni muchísimo menos, es un principio de precaución, nada más, pero los datos que tenemos es que será segura y eficaz en mayores de 65 pero nos faltan los datos», remarca el experto de la Semfyc.

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Anticorrupción solicita 24 años de cárcel para Ábalos, 19 para Koldo y 7 para Aldama

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Koldo García, que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos, comparece ante la comisión del Senado. EFE/ J.J. Guillén

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al Tribunal Supremo penas que van desde los 7 hasta los 24 años de prisión para los principales investigados del conocido caso Koldo, la presunta trama de corrupción ligada a contratos de mascarillas adjudicados durante la pandemia por el Ministerio de Transportes.

24 años de prisión y multa de casi 4 millones para José Luis Ábalos

El Ministerio Público pide una condena de 24 años de prisión para José Luis Ábalos, exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE.
La Fiscalía le atribuye cinco presuntos delitos:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Tráfico de influencias

  • Malversación

  • Uso de información privilegiada

Además, reclama para él una multa de 3,9 millones de euros y responsabilidades económicas conjuntas por los perjuicios ocasionados a dos empresas públicas.

19 años y medio de cárcel para Koldo García

Para Koldo García, exasesor ministerial de Ábalos, Anticorrupción solicita 19 años y medio de prisión, así como una multa también de 3,9 millones de euros, por los mismos delitos atribuidos al exministro.

La Fiscalía pide que tanto Ábalos como Koldo indemnicen de forma conjunta y solidaria a:

  • Ineco: 34.477,86 euros

  • Tragsatec: 9.500,54 euros

Asimismo, reclama el decomiso de al menos 430.298,4 euros, cantidad que correspondería a ganancias obtenidas mediante cohecho.

Atenuante de confesión para Víctor de Aldama

En el caso del empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario de la trama, la Fiscalía aplica la atenuante de confesión y solicita una pena de 7 años de prisión por:

  • Organización criminal

  • Cohecho

  • Uso de información privilegiada

También reclama para él una multa de 3,8 millones de euros.

El origen de la causa

El escrito de acusación llega después de que el magistrado instructor del Supremo, Leopoldo Puente, propusiera el pasado 3 de noviembre juzgar a los tres implicados. Según el juez, se habrían concertado poco después de la llegada de Ábalos al Ministerio, buscando obtener beneficios económicos mediante su influencia en contratos públicos.

Puente dividió la causa en dos piezas:

  • La principal, centrada en los contratos de mascarillas.

  • Una pieza separada dedicada a la supuesta trama de cobro de comisiones por obra pública.

 

 

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