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La vacuna de AstraZeneca, segura pero aún no aconsejable para mayores de 65

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EFE/NARENDRA SHRESTHA/Archivo

Madrid, 2 feb (EFE).- La vacuna de AstraZeneca contra la covid es «segura», no obstante, todo apunta a que en España, como ya se ha decidido en Alemania, no se vaya aún a administrar a los mayores de 65 años por la falta de datos que constaten su eficacia en este colectivo.

Este es uno de los temas que la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio trata en su reunión de este martes y será mañana la Comisión de Salud Pública la que adopte una decisión al respecto, aunque Sanidad avanzó ayer que «es muy posible» que se opte por no recomendarla en mayores de 65.

Así lo aseguró el director del Centro de Coordinación Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en su rueda de prensa que ofrece cada lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia, opinión que comparten varios expertos consultados por Efe, que insisten en que de momento no debería administrarse a ese colectivo.

Desde la Asociación Española de Vacunología (AEV), su vicepresidente, Fernando Moraga-Llop, recuerda que ya el comité asesor de vacunas alemán se ha definido en este sentido y muchos expertos en España ya habían comentado que los participantes de más de 65 años en los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca «era escaso».

«Aunque la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) la haya aprobado a partir de los 18 años, supongo que también en el desarrollo de la ficha técnica contará ese aspecto, no es que la vacuna ni mucho menos esté contraindicada, pero hasta ahora la eficacia en mayores de 65 años no se puede demostrar», apunta Moraga-Llop.

Por eso, a juicio del experto no debería estar indicada para ese grupo de edad hasta que no haya datos estadísticos que constaten su eficacia, como sí la han demostrado, apunta, los fármacos de Pfizer/BiNTech y Moderna.

En el mismo sentido se pronuncia el portavoz de Vacunas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Pablo Aldaz, quien incide en que la dispensación de éste como de cualquier otro fármaco depende de la ficha técnica.

Para que algo figure en la ficha técnica de un medicamento tiene que pasar por un proceso, tiene que demostrar «con una serie de evidencias científicas» que se puede suministrar con seguridad y eficacia a los grupos que se determina.

«En su ensayo, Pfizer por ejemplo no tenía mayores, solo un 4 %, pero al menos los tenía», indica Aldaz, que pone también el ejemplo con los niños, que tampoco han participado en estas pruebas, con lo que no se les puede incluir como colectivos en las fichas técnicas de estas vacunas.

Aldaz recalca que esto no quiere decir que la vacuna «sea buena o mala», solo que no hay evidencia científica de su eficacia en mayores de 65, con lo que en este caso, la farmacéutica AstraZeneca tendrá que plantear si va a hacer estudios y ensayos al respecto.

«Desde el punto de vista de la seguridad no creemos que vaya a haber problema, no va a haber mucha diferencia entre una persona de 60 años y una de 70», pero queda la duda de la eficacia abunda el portavoz de vacunas de la Semfyc.

En este sentido, explica que las personas a medida que se hacen mayores desarrollan el fenómeno de la inmunosenescencia: «nuestro sistema inmunitario responde peor a los estímulos que tenemos, ya sean infecciones, vacunas o lo que sea».

Por eso, hay que demostrar que una vacuna en ese tramo de edad es eficaz, porque si no, se pregunta el experto, «¿para qué la vamos a poner?».

Esta situación no alteraría, según Aldaz, el plan de vacunación puesto que está «bastante bien cubierto» el colectivo de las personas de centros sociosanitarios, que son los de mayor riesgo, con los fármacos de Pfizer y Moderna.

«Lo que tenemos que transmitir es que no es una vacuna mala, no es un problema de seguridad ni muchísimo menos, es un principio de precaución, nada más, pero los datos que tenemos es que será segura y eficaz en mayores de 65 pero nos faltan los datos», remarca el experto de la Semfyc.

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El Congreso rechaza la indemnización solicitada por Ábalos tras dejar su escaño y jubilarse

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José Luis Ábalos
El exministro de transporte José Luis Ábalos llega al Tribunal Supremo para declarar como investigado. - Eduardo Parra - Europa Press

Los servicios jurídicos concluyen que el exministro no tiene derecho a la compensación por estar suspendido de funciones y percibir ya una pensión de jubilación

El Congreso de los Diputados ha rechazado conceder la indemnización por cese solicitada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos tras renunciar a su escaño y acogerse a la jubilación. Los servicios jurídicos de la Cámara consideran que no cumple los requisitos para percibir esta compensación, ya que se encontraba suspendido de sus funciones y, además, ya recibe una pensión de jubilación.

Ábalos ingresó en noviembre en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real por su presunta implicación en el caso Koldo. Dos meses después presentó su renuncia como diputado y, al día siguiente, anunció su retirada de la vida política, alegando que había quedado “sin derechos, deberes ni funciones” y que había agotado todas las vías para defenderse.

La compensación solicitada superaba los 57.000 euros

Tras dejar su escaño, el exministro solicitó al Congreso la indemnización por cese, una prestación económica destinada a los diputados que abandonan la Cámara y no cuentan con otros ingresos. En su caso, la cuantía podría haber superado los 57.000 euros, al haber sido diputado de forma ininterrumpida desde 2009.

Sin embargo, los letrados del Congreso han desestimado la petición. En su informe, recuerdan que la suspensión de un diputado implica la pérdida total de derechos, prerrogativas y beneficios asociados al cargo, y subrayan que ninguno de los parlamentarios suspendidos en situaciones similares ha percibido esta compensación.

“No es razonable entender que la renuncia al acta suponga recuperar unos derechos que ya no existían”, concluye el documento jurídico elaborado por la Cámara.

Incompatibilidad con la pensión de jubilación

Además de la suspensión de funciones, el Congreso considera que la indemnización es incompatible con la pensión de jubilación a la que se ha acogido Ábalos. La normativa establece que esta prestación tiene como objetivo facilitar la transición a la vida laboral de los diputados que se quedan sin ingresos tras abandonar el cargo.

Según los servicios jurídicos, percibir simultáneamente una pensión de jubilación y la indemnización por cese sería contrario a la finalidad de la ayuda, que se interrumpe cuando el beneficiario obtiene otra fuente de ingresos, ya sea pública o privada.

Decisión definitiva de la Mesa del Congreso

La decisión será formalizada de manera definitiva este martes por la Mesa del Congreso, lo que dejará al exministro sin derecho a la compensación económica solicitada. Ábalos permanece en prisión preventiva a la espera de juicio por el caso Koldo.

En los próximos días, su escaño será ocupado por la siguiente candidata del PSOE por Valencia, Ana María González Herdaro, poniendo fin a una trayectoria parlamentaria de casi 15 años en la Cámara Baja.

 

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