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La vacuna de AstraZeneca, segura pero aún no aconsejable para mayores de 65

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EFE/NARENDRA SHRESTHA/Archivo

Madrid, 2 feb (EFE).- La vacuna de AstraZeneca contra la covid es «segura», no obstante, todo apunta a que en España, como ya se ha decidido en Alemania, no se vaya aún a administrar a los mayores de 65 años por la falta de datos que constaten su eficacia en este colectivo.

Este es uno de los temas que la Ponencia de Programa y Registro de Vacunaciones del Ministerio trata en su reunión de este martes y será mañana la Comisión de Salud Pública la que adopte una decisión al respecto, aunque Sanidad avanzó ayer que «es muy posible» que se opte por no recomendarla en mayores de 65.

Así lo aseguró el director del Centro de Coordinación Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, en su rueda de prensa que ofrece cada lunes para dar cuenta de la evolución de la pandemia, opinión que comparten varios expertos consultados por Efe, que insisten en que de momento no debería administrarse a ese colectivo.

Desde la Asociación Española de Vacunología (AEV), su vicepresidente, Fernando Moraga-Llop, recuerda que ya el comité asesor de vacunas alemán se ha definido en este sentido y muchos expertos en España ya habían comentado que los participantes de más de 65 años en los ensayos clínicos de la vacuna de AstraZeneca «era escaso».

«Aunque la EMA (Agencia Europea de Medicamentos) la haya aprobado a partir de los 18 años, supongo que también en el desarrollo de la ficha técnica contará ese aspecto, no es que la vacuna ni mucho menos esté contraindicada, pero hasta ahora la eficacia en mayores de 65 años no se puede demostrar», apunta Moraga-Llop.

Por eso, a juicio del experto no debería estar indicada para ese grupo de edad hasta que no haya datos estadísticos que constaten su eficacia, como sí la han demostrado, apunta, los fármacos de Pfizer/BiNTech y Moderna.

En el mismo sentido se pronuncia el portavoz de Vacunas de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Pablo Aldaz, quien incide en que la dispensación de éste como de cualquier otro fármaco depende de la ficha técnica.

Para que algo figure en la ficha técnica de un medicamento tiene que pasar por un proceso, tiene que demostrar «con una serie de evidencias científicas» que se puede suministrar con seguridad y eficacia a los grupos que se determina.

«En su ensayo, Pfizer por ejemplo no tenía mayores, solo un 4 %, pero al menos los tenía», indica Aldaz, que pone también el ejemplo con los niños, que tampoco han participado en estas pruebas, con lo que no se les puede incluir como colectivos en las fichas técnicas de estas vacunas.

Aldaz recalca que esto no quiere decir que la vacuna «sea buena o mala», solo que no hay evidencia científica de su eficacia en mayores de 65, con lo que en este caso, la farmacéutica AstraZeneca tendrá que plantear si va a hacer estudios y ensayos al respecto.

«Desde el punto de vista de la seguridad no creemos que vaya a haber problema, no va a haber mucha diferencia entre una persona de 60 años y una de 70», pero queda la duda de la eficacia abunda el portavoz de vacunas de la Semfyc.

En este sentido, explica que las personas a medida que se hacen mayores desarrollan el fenómeno de la inmunosenescencia: «nuestro sistema inmunitario responde peor a los estímulos que tenemos, ya sean infecciones, vacunas o lo que sea».

Por eso, hay que demostrar que una vacuna en ese tramo de edad es eficaz, porque si no, se pregunta el experto, «¿para qué la vamos a poner?».

Esta situación no alteraría, según Aldaz, el plan de vacunación puesto que está «bastante bien cubierto» el colectivo de las personas de centros sociosanitarios, que son los de mayor riesgo, con los fármacos de Pfizer y Moderna.

«Lo que tenemos que transmitir es que no es una vacuna mala, no es un problema de seguridad ni muchísimo menos, es un principio de precaución, nada más, pero los datos que tenemos es que será segura y eficaz en mayores de 65 pero nos faltan los datos», remarca el experto de la Semfyc.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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