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La valenciana Ana Botella será la secretaria de Estado de Seguridad

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Jun. (EUROPA PRESS) -El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha elegido como secretaria de Estado de Seguridad y ‘número dos’ en este departamento a Ana Botella Gómez, diputada valenciana del PSOE y delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana entre 2010 y 2011, han informado a Europa Press fuentes gubernamentales.

Como ‘número dos’ de Interior gestionará el día a día de una de las carteras más sensibles del Estado. De ella dependerá la coordinación de la Policía Nacional y la Guardia Civil, pendiente con el cambio de Gobierno de saber si habrá cambios en la cúpula de mando, de la que se eliminó a los directores adjuntos operativos (DAO), nombrada con la llegada hace menos de dos años del exminstro del PP Juan Ignacio Zoido.

Releva a José Antonio Nieto en un puesto del que dependen otras importantes estructuras policiales como el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), así como el Gabinete de Coordinación y Estudios, la Inspección de Personal y Seguridad o la Subdirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones para la Seguridad.

En Interior existe, además de la Secretaría de Estado de Seguridad, una subdirección de la que dependen otras materias de relevancia como la Dirección General de Tráfico, Instituciones Penitenciarias o la de Emergencias. También dispone de competencias en materia de inmigración.

Nacida el 12 de febrero de 1958, Ana Botella Gómez ha sido diputada de la XI y XII legislaturas. Según la web del Congreso, es licenciada en Geografía e Historia en la Universitat de València, con Premio Extraordinario de Licenciatura (1980), diplomada en Comercio Exterior y Máster en Dirección y Gerencia Pública por la Universitat Politècnica de València.

Aunque es vocal en la Comisión de Interior, donde ha intervenido acompañando al portavoz del PSOE, primero Antonio Trevín y en la actualidad David Serrada, hasta la pérdida del Gobierno de Mariano Rajoy y la llegada a la Moncloa de Pedro Sánchez ha sido portavoz de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad. También era vocal de la comisión de Defensa.

En su currículum también destaca que es especialista universitaria en Seguridad y Conflictos Internacionales y funcionaria de carrera de la Generalitat Valenciana adscrita al Cuerpo Superior de Técnicos de la Administración General. Fue concejal del Ayuntamiento de València (2007-2010) y luego delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana (2010-2011).

Ha ocupado el cargo de secretaria de Sectores Productivos y Empleo de la Comisión Ejecutiva Nacional del PSPV-PSOE y fue becaria del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD) y becaria del Plan de Formación del Profesorado y del Personal Investigador de España, del Ministerio de Educación (1982-1984). También tiene un diploma en el Curso de Defensa Nacional (CESEDEN).

En el portal de transparencia del PSOE la nueva secretaria de Estado de Seguridad destaca que es licenciada en Geografía e Historia. «La lectura de la revista National Geographic, de la que mi padre guardaba colecciones históricas, despertó mi curiosidad por el mundo», asegura, subrayando su vocación de servicio público.

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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