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Las 29 medidas que el Gobierno impone para la ‘Vuelta al cole 2020’

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Los ministros de Sanidad, Educación y Política Territorial han comparecido este jueves, tras reunirse con las comunidades autónomas, para dar cuenta de los acuerdos y medidas consensuadas para la ‘delicada’ vuelta al cole 2020-2021.

Isabel Celaá, titular de Educación, ha anunciado un «acuerdo total» entre Gobierno y las autonomías para cerrar un protocolo de vuelta al cole «presencial y segura».

Se trata de un acuerdo compuesto por 29 medidas y 5 recomendaciones. Algunas de ellas incluyen incluyen la presencialidad para todas las etapas.

Estas son algunas de las medidas más destacadas a implantar:

– El colegio será presencial para todos los niveles y etapas, siendo prioritaria para el alumnado de menor edad, al menos hasta cuarto de la ESO.

– Solo se suspenderá de forma generalizada la actividad presencial en los colegios por parte de una comunidad autónoma ante «situaciones excepcionales», previa comunicación al Ministerio de Sanidad y previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

– Los centros educativos estarán abiertos durante todo el curso escolar asegurando los servicios de comedor, y el apoyo lectivo a menores con necesidades especiales siempre que la situación epidemiológica lo permita.

– Se debe mantener una distancia interpersonal de al menos 1,5 metros en las interacciones entre las personas en el centro educativo.

– El uso de la mascarilla será obligatorio a partir de 6 años, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal.

– Se realizará una higiene de manos de forma frecuente al menos a la entrada y salida del centro, antes y después del patio, de comer y siempre después de ir al aseo. En todo caso un mínimo de cinco veces al día.

– El personal que trabaje en el centro educativo debe reducir al máximo su permanencia en el mismo. Para ello, se promueve la realización telemática de todas aquellas actividades no lectivas que lo permitan.

– Todos los centros educativos deben designar a una persona responsable para los aspectos relacionados con COVID-19 que será la persona que actuará como interlocutor con los servicios sanitarios.

– Para educación infantil y en primer ciclo de educación primaria, la organización del alumnado se establecerá, con carácter general, en grupos de convivencia estable. En estos casos no se aplicarán criterios de limitación de distancia.

– Los eventos deportivos o celebraciones que se lleven a cabo en los centros educativos se realizarán sin asistencia de público.

– El alumnado debe recibir educación para la salud para posibilitar una correcta higiene de manos e higiene respiratoria y el uso adecuado de la mascarilla.

– Se debe intensificar la limpieza, en especial en los baños y en las superficies de mayor uso. Se ventilarán con frecuencia las instalaciones del centro, al menos durante 10 – 15 minutos al inicio y al final de la jornada, durante el recreo, y siempre que sea posible entre clases, manteniéndose las ventanas abiertas todo el tiempo que sea posible.

– En comedores escolares o espacios alternativos habilitados para las comidas, tendrá que mantenerse la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros, excepto en los grupos de convivencia estable y se asignarán puestos fijos durante todo el año para el alumnado.

– En el transporte escolar colectivo será obligatorio el uso de mascarilla a partir de los 6 años, y recomendable para los de 3 a 5 años. Se asignarán asientos fijos al alumnado para todo el curso escolar, salvo que, en base a la situación epidemiológica, las autoridades sanitarias determinen un uso más restrictivo.

En el caso de detectar algún caso de COVID-19 en el centro educativo:

– Evitar la asistencia al centro de personas sintomáticas.

– Aislamiento precoz y referencia al sistema sanitario de personas con síntomas.

– Se deberá tomar la temperatura corporal a todo el alumnado y el personal de forma previa al inicio de la jornada. Cada centro educativo dispondrá la forma de llevar a cabo esta obligación, evitando en todo caso aglomeraciones y asegurando el mantenimiento de la distancia interpersonal de al menos 1,5 metros.

– No deben acudir al centro educativo aquellas personas que tengan síntomas compatibles con la infección, ya sean parte del alumnado, profesorado u otro personal, y tampoco aquellas que se encuentren en aislamiento o en período de cuarentena por contacto estrecho con un caso sospechoso o confirmado.

Estas son las cinco recomendaciones que también es necesario poner en marcha si es posible:

– Priorizar la utilización de espacios al aire libre.

– En las etapas educativas superiores al primer ciclo de Educación Primaria el alumnado puede organizarse en grupos de convivencia estable en la medida de lo posible.

– Priorizar la comunicación con las familias mediante teléfono, correo electrónico, mensajes o correo ordinario, facilitando las gestiones administrativas de forma telemática.

– Se recomienda a la ciudadanía la priorización del transporte activo (andando o en bicicleta) en rutas seguras a la escuela como opción de movilidad que mejor garantiza la distancia interpersonal.

– Emprender acciones para prevenir el estigma o discriminación en relación con la COVID-19, cuidando de manera especial las situaciones de mayor vulnerabilidad emocional y social que hayan podido producirse como consecuencia la pandemia.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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