VALÈNCIA, Nov 2018. (EUROPA PRESS) – Las víctimas del metro pedirán en su escrito de acusación cuatro años de prisión para los ocho exdirectivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) a los que considera responsables del accidente ocurrido en la Línea 1 de Metrovalencia, que el 3 de julio de 2006 dejó 43 fallecidos y 47 heridos. La calificación irá «en la misma línea» del escrito del ministerio fiscal, conocido este martes, y en el que se pide tres años y siete siete meses de cárcel para los acusados.

La presidenta de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio (AVM3J), Rosa Garrote, ha señalado que los puntos que recoge la Fiscalía son «los mismos» que defienden desde el principio en la entidad y que resume en que la responsabilidad del accidente «no puede quedar en el último eslabón de la cadena, tiene que llegar a quienes toman las decisiones».

Así lo ha manifestado este martes Garrote en declaraciones a Europa Press, después de que la Fiscalía haya pedido tres años y siete meses de prisión tanto para la que fuera gerente de FGV en el momento del siniestro, Marisa Gracia, como para cada uno de los siete exdirectivos con responsabilidades en esa fecha.

Además de Marisa Gracia, los otros acusados son Manuel Sansano, encargado de la Dirección para la Auditoría de la Seguridad en la Circulación; Juan José Gimeno, director de Auditoría para la Seguridad y Circulación; Luis Miguel Domingo Alepuz, jefe de Taller, encargado de la planificación y ejecución de los mantenimientos del material móvil; Sebastián Argente, jefe de la Línea 1; el director de la Explotación, cargo que ejercía Contreras Bornez; Francisco García, director de la Oficina Técnica y Francisco Orts, jefe de Estudios y Proyectos.

Así, Garrote ha desgranado los puntos que llevan denunciando desde el accidente, como que FGV «no tenía las medidas de seguridad necesarias», ya que en la L1 de Metrovalencia no estaba instalada la baliza en la curva «pese a las denuncias de los sindicatos».

Asimismo, ha reiterado la «crítica» a la fijación de las ventanas y cristales del vagón siniestrado, que fue «muy importante» para que se produjera «un gran número de muertes» y ha denunciado la falta de una política de prevención en FGV.

«Había una mala programación de la baliza en la recta, porque la velocidad máxima en la recta era de 60km/h, pero la baliza estaba programada a 73km/h, con margen diez kilómetros, por lo que se podía pasar por esa recta a 83km/h en una zona de 60», ha puntualizado.

Garrote también ha señalado que en la curva «no había nada» que protegiera la velocidad y ha criticado la «mala praxis» en prevención de riesgo y la «mala gestión» de FGV, así como la «responsabilidad» de sus exdirectivos.

En esta línea, la presidenta de AVM3J ha celebrado que el escrito de calificaciones presentado por el ministerio fiscal señala «de forma muy directa» la responsabilidad de los exdirectivos de FGV, por lo que lo valoran «muy favorablemente», al tiempo que consideran que es «muy completo» y «suple la carencia» del auto de la jueza de Instrucción, que acordó los procesamientos «vinculada» a la orden de la Audiencia de reabrir el caso, a pesar de sostener que los directivos «hicieron todo bien» y no había incumplimiento de la normativa.

«El accidente muestra que el Comité no ha cumplido con su finalidad y el auto señala su responsabilidad directa por esto. Los directivos de FGV eran conocedores de las deficiencias en cuanto a seguridad por formar parte de este Comité», ha sostenido Garrote, quien ha añadido que tenían capacidad suficiente para suplir estas carencias de seguridad «y no lo hicieron».