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El Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con división interna y descarta que sea una «autoamnistía»

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Carles Puigemont

La mayoría progresista del TC respalda la medida al considerar que responde a una crisis política excepcional y no contraviene la Constitución. El bloque conservador vota en contra.

El Tribunal Constitucional ha avalado este miércoles la controvertida ley de amnistía para el ‘procés’, destinada a extinguir la responsabilidad penal de los líderes independentistas catalanes, al considerar que no vulnera la Constitución española ni representa una «autoamnistía». La decisión ha salido adelante por una ajustada mayoría de 6 votos a favor y 4 en contra, reflejando la profunda división entre los magistrados progresistas y conservadores.

La sentencia, de 205 páginas, da carpetazo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, que cuestionaba la legalidad de toda la norma. El alto tribunal, sin introducir cambios sustanciales en el texto, ha respaldado la ponencia elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, y defendida por el presidente Cándido Conde-Pumpido, quien la calificó de “excelente”.


No es una «autoamnistía», según el TC

El Pleno del TC rechaza que la ley suponga una autoamnistía, figura proscrita por el derecho internacional. Según la sentencia, una norma aprobada por el Parlamento en un Estado democrático no puede equipararse a una autoamnistía, que es propia de regímenes autoritarios o transiciones post-dictatoriales.

Además, la corte subraya que la Constitución española no prohíbe expresamente la amnistía, y que el silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición tácita:

“El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. De lo contrario, se limitarían las facultades del Parlamento sin base en el texto constitucional”.


Una medida para resolver una crisis política excepcional

El Tribunal Constitucional defiende que la amnistía tiene una finalidad legítima al responder a un “supuesto paradigmático de crisis política y constitucional”: el desafío independentista que culminó con el referéndum del 1 de octubre de 2017.

En su análisis, el tribunal sostiene que los hechos del ‘procés’ supusieron una fractura profunda en la sociedad catalana y española, afectando a la convivencia, la estabilidad institucional y el respeto al orden constitucional. Por ello, considera que la ley busca restaurar la cohesión social y la paz ciudadana.

La sentencia también aclara que la amnistía no borra los hechos, sino que elimina las consecuencias penales asociadas a ellos:

“Los hechos son o no son. Ninguna ley de amnistía puede hacerlos desaparecer. Lo que se extingue son las sanciones penales, no la memoria ni el juicio histórico”.


El Constitucional evita valorar motivaciones políticas

Frente a los argumentos del PP, que calificaban la norma de “pago político” para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, el TC reitera que su papel no es juzgar intenciones políticas, sino evaluar la constitucionalidad de la ley:

“La voluntad del legislador no puede confundirse con la de cada parlamentario. No corresponde al tribunal levantar el velo sobre motivaciones políticas”.

En este sentido, recuerda que toda norma emana de decisiones políticas y que no es necesario justificarla desde un “ideal de justicia”, como sostenía el PP. Basta con que haya circunstancias excepcionales y que no se vulneren derechos fundamentales.


Euroórdenes y malversación: puntos clave aún pendientes

El Tribunal también se pronuncia sobre el impacto de la amnistía en el ámbito europeo, avalando que las órdenes europeas de detención (euroórdenes) decaigan automáticamente si el delito al que se refieren ha sido amnistiado. Esto afectaría directamente a líderes como Carles Puigdemont, cuya entrega había sido solicitada por España.

Sin embargo, el TC no entra a valorar la posible amnistía del delito de malversación, crucial para casos como el de Puigdemont y Oriol Junqueras, ya que ese punto no fue incluido en el recurso del PP. Esta cuestión será analizada cuando el tribunal resuelva los recursos de amparo presentados por los propios líderes independentistas.


Rechaza interferencia en el Poder Judicial

Otro de los argumentos rechazados por el Constitucional es el supuesto choque entre el Poder Legislativo y el Judicial. El tribunal afirma que la ley no impone a los jueces órdenes o presiones y que respeta plenamente la independencia judicial:

“No se percibe reproche alguno al Poder Judicial ni presión para que los jueces actúen de determinada manera”.


Conclusión: constitucional, legítima y excepcional

Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional legitima la ley de amnistía como una herramienta válida en un sistema democrático para resolver crisis políticas que no encuentran salida con los instrumentos ordinarios del Derecho.

El texto también sirve de respaldo jurídico a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y da cobertura legal a los tribunales que deban aplicar la norma en los próximos meses.


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El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con 6 votos a favor y 4 en contra. Descarta que sea una «autoamnistía» y la considera constitucional al responder a una crisis política excepcional

 

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Funeral de Estado en Adamuz por las víctimas del accidente de tren: los Reyes presidirán el homenaje

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Los Reyes de España presiden este jueves el funeral religioso por las víctimas del accidente de tren de alta velocidad ocurrido en Adamuz, una de las mayores tragedias ferroviarias registradas en España. El acto se celebra en Huelva, provincia de origen de 28 de las 45 personas fallecidas en el siniestro, y se convierte en el principal homenaje institucional a las víctimas tras el aplazamiento del funeral de Estado inicialmente previsto.

La ceremonia religiosa tendrá lugar a las 18.00 horas en el Palacio de Deportes Carolina Marín y estará oficiada por el obispo de la diócesis de Huelva, Santiago Gómez Sierra, junto al presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, y el obispo emérito José Vilaplana.

Amplia representación institucional en el funeral de Huelva

Además de los Reyes, al funeral asistirán destacados representantes políticos. En nombre del Gobierno acudirán la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

También estarán presentes el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto a autoridades autonómicas, locales y familiares de las víctimas.

No acudirá al acto el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya que este jueves está citado en el Senado para comparecer y dar explicaciones tanto por el accidente de Adamuz como por el siniestro ferroviario ocurrido recientemente en la localidad catalana de Gélida, en la red de Rodalies.

Aplazado el homenaje de Estado por las víctimas

El Gobierno había previsto celebrar esta semana un homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario, pero finalmente el acto ha sido aplazado, sin que por el momento se haya comunicado una nueva fecha. El funeral religioso de este jueves se convierte así en el principal acto de recuerdo colectivo y acompañamiento a las familias en estos momentos de duelo.

Avances en la investigación y reconstrucción de la línea

En paralelo al funeral, continúan los trabajos derivados de la investigación judicial del accidente. Una de las principales novedades es que Adif ha recibido ya la autorización judicial para iniciar las labores de reconstrucción de la línea Madrid-Andalucía, gravemente dañada tras el siniestro.

Según las previsiones actuales, la circulación ferroviaria podría reanudarse en un plazo aproximado de 10 días naturales, siempre que no se produzcan contratiempos técnicos o nuevos requerimientos judiciales.

La investigación sigue abierta para esclarecer las causas exactas del accidente, considerado la mayor tragedia de la alta velocidad en España, mientras crece la presión política y social para depurar responsabilidades y reforzar la seguridad en la red ferroviaria.

 

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