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El Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con división interna y descarta que sea una «autoamnistía»
Publicado
hace 7 mesesen
La mayoría progresista del TC respalda la medida al considerar que responde a una crisis política excepcional y no contraviene la Constitución. El bloque conservador vota en contra.
El Tribunal Constitucional ha avalado este miércoles la controvertida ley de amnistía para el ‘procés’, destinada a extinguir la responsabilidad penal de los líderes independentistas catalanes, al considerar que no vulnera la Constitución española ni representa una «autoamnistía». La decisión ha salido adelante por una ajustada mayoría de 6 votos a favor y 4 en contra, reflejando la profunda división entre los magistrados progresistas y conservadores.
La sentencia, de 205 páginas, da carpetazo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, que cuestionaba la legalidad de toda la norma. El alto tribunal, sin introducir cambios sustanciales en el texto, ha respaldado la ponencia elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, y defendida por el presidente Cándido Conde-Pumpido, quien la calificó de “excelente”.
El Pleno del TC rechaza que la ley suponga una autoamnistía, figura proscrita por el derecho internacional. Según la sentencia, una norma aprobada por el Parlamento en un Estado democrático no puede equipararse a una autoamnistía, que es propia de regímenes autoritarios o transiciones post-dictatoriales.
Además, la corte subraya que la Constitución española no prohíbe expresamente la amnistía, y que el silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición tácita:
“El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. De lo contrario, se limitarían las facultades del Parlamento sin base en el texto constitucional”.
El Tribunal Constitucional defiende que la amnistía tiene una finalidad legítima al responder a un “supuesto paradigmático de crisis política y constitucional”: el desafío independentista que culminó con el referéndum del 1 de octubre de 2017.
En su análisis, el tribunal sostiene que los hechos del ‘procés’ supusieron una fractura profunda en la sociedad catalana y española, afectando a la convivencia, la estabilidad institucional y el respeto al orden constitucional. Por ello, considera que la ley busca restaurar la cohesión social y la paz ciudadana.
La sentencia también aclara que la amnistía no borra los hechos, sino que elimina las consecuencias penales asociadas a ellos:
“Los hechos son o no son. Ninguna ley de amnistía puede hacerlos desaparecer. Lo que se extingue son las sanciones penales, no la memoria ni el juicio histórico”.
Frente a los argumentos del PP, que calificaban la norma de “pago político” para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, el TC reitera que su papel no es juzgar intenciones políticas, sino evaluar la constitucionalidad de la ley:
“La voluntad del legislador no puede confundirse con la de cada parlamentario. No corresponde al tribunal levantar el velo sobre motivaciones políticas”.
En este sentido, recuerda que toda norma emana de decisiones políticas y que no es necesario justificarla desde un “ideal de justicia”, como sostenía el PP. Basta con que haya circunstancias excepcionales y que no se vulneren derechos fundamentales.
El Tribunal también se pronuncia sobre el impacto de la amnistía en el ámbito europeo, avalando que las órdenes europeas de detención (euroórdenes) decaigan automáticamente si el delito al que se refieren ha sido amnistiado. Esto afectaría directamente a líderes como Carles Puigdemont, cuya entrega había sido solicitada por España.
Sin embargo, el TC no entra a valorar la posible amnistía del delito de malversación, crucial para casos como el de Puigdemont y Oriol Junqueras, ya que ese punto no fue incluido en el recurso del PP. Esta cuestión será analizada cuando el tribunal resuelva los recursos de amparo presentados por los propios líderes independentistas.
Otro de los argumentos rechazados por el Constitucional es el supuesto choque entre el Poder Legislativo y el Judicial. El tribunal afirma que la ley no impone a los jueces órdenes o presiones y que respeta plenamente la independencia judicial:
“No se percibe reproche alguno al Poder Judicial ni presión para que los jueces actúen de determinada manera”.
Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional legitima la ley de amnistía como una herramienta válida en un sistema democrático para resolver crisis políticas que no encuentran salida con los instrumentos ordinarios del Derecho.
El texto también sirve de respaldo jurídico a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y da cobertura legal a los tribunales que deban aplicar la norma en los próximos meses.
El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con 6 votos a favor y 4 en contra. Descarta que sea una «autoamnistía» y la considera constitucional al responder a una crisis política excepcional
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Publicado
hace 10 horasen
13 enero, 2026
Dos extrabajadoras del servicio doméstico de las mansiones de Julio Iglesias han acusado al cantante de agresiones sexuales, acoso y abuso de poder durante el tiempo en que trabajaron para él en régimen interno. Los hechos denunciados se habrían producido en 2021, cuando ambas mujeres prestaban servicio en residencias del artista situadas en República Dominicana y Bahamas, según una investigación periodística publicada recientemente.
Una de las denunciantes tenía 22 años en el momento de los presuntos hechos. Ambas relatan un entorno laboral que describen como controlador, intimidatorio y humillante, que, según sus testimonios, derivó en episodios de carácter sexual no consentido. Los relatos incluyen tocamientos, vejaciones físicas y verbales y presiones para mantener relaciones sexuales, siempre según la investigación periodística.
Una de las extrabajadoras asegura que fue coaccionada para participar en encuentros sexuales en los que habría sufrido humillaciones y prácticas no consentidas. La segunda mujer, que trabajaba como fisioterapeuta, coincide en describir un clima de abuso continuado, afirmando que estos episodios se producían durante la jornada laboral y, en algunos casos, con la presencia o mediación de otra trabajadora de rango superior.
La investigación se ha prolongado durante tres años e incluye testimonios adicionales y documentación recopilada por los periodistas responsables. Hasta el momento, no consta la existencia de un procedimiento judicial abierto, ni respuesta pública del artista a las acusaciones.
El caso se enmarca en un contexto social más amplio de revisión crítica de figuras públicas a raíz de denuncias por presuntos abusos sexuales, en línea con el movimiento ‘MeToo’, y reabre el debate entre la presunción de inocencia y la necesidad de dar voz a las víctimas.
Las acusaciones afectan a uno de los nombres más relevantes de la cultura popular española e internacional. Julio Iglesias ha sido durante décadas el artista español más reconocido fuera de España, con una imagen pública construida en torno al éxito, la seducción y el carisma masculino.
Este nuevo escenario sitúa su figura bajo una mirada distinta, en la que su legado artístico convive con informaciones que cuestionan aspectos de su comportamiento en el ámbito privado.
Julio Iglesias nació en Madrid el 23 de septiembre de 1943, por lo que tiene 82 años en la actualidad. Hijo del prestigioso ginecólogo Julio Iglesias Puga, creció en una familia acomodada y tuvo una juventud marcada por el deporte.
Antes de dedicarse a la música fue portero del Real Madrid Castilla, hasta que un grave accidente de tráfico en 1963 truncó su carrera futbolística. Durante la larga recuperación comenzó a tocar la guitarra, un aprendizaje que acabaría cambiando el rumbo de su vida.
Estudió Derecho, carrera que llegó a finalizar, aunque nunca ejerció profesionalmente como abogado.
Su salto a la fama llegó en 1968, tras ganar el Festival de Benidorm, inicio de una trayectoria que lo convertiría en una estrella internacional. A lo largo de más de cinco décadas ha publicado más de 80 discos, cantado en más de 14 idiomas y vendido más de 300 millones de copias en todo el mundo.
Su éxito fue especialmente intenso en América Latina, Europa y Estados Unidos, donde logró algo poco habitual para un artista español: consolidarse en el mercado anglosajón. Durante los años 80 y 90 fue uno de los cantantes más influyentes del panorama musical global.
La vida privada de Julio Iglesias ha sido objeto de atención constante por parte de la prensa. Estuvo casado con Isabel Preysler entre 1971 y 1979, una relación que marcó la crónica social española durante la Transición.
Posteriormente inició una relación con Miranda Rijnsburger, exmodelo neerlandesa, con quien convivió durante más de dos décadas antes de contraer matrimonio en 2010. Con ella ha formado su familia más numerosa.
Durante años, Iglesias ha residido principalmente fuera de España, especialmente en Miami, República Dominicana y Bahamas, donde estableció varias propiedades y desarrolló su vida privada lejos del foco mediático español.
Julio Iglesias es padre de ocho hijos reconocidos públicamente, fruto de dos relaciones:
Con Isabel Preysler:
Chábeli Iglesias
Julio José Iglesias Jr.
Enrique Iglesias, cantante de éxito internacional
Con Miranda Rijnsburger:
Miguel Alejandro
Rodrigo
Victoria
Cristina
Guillermo
Además, la justicia española reconoció mediante sentencia firme la paternidad de Javier Sánchez, aunque el cantante nunca ha mantenido relación pública con él.
En los últimos años, Julio Iglesias ha reducido notablemente su presencia pública. Él mismo ha reconocido problemas de salud derivados del accidente sufrido en su juventud, que le provocó secuelas físicas permanentes.
Aunque nunca ha anunciado oficialmente su retirada, su actividad musical es hoy muy limitada, y su figura ha pasado a ocupar un lugar más histórico que activo dentro de la industria musical.
Las acusaciones conocidas en los últimos días sitúan a Julio Iglesias en un nuevo escenario mediático, en el que su legado musical y su papel como icono cultural conviven con informaciones que cuestionan su conducta privada.
Mientras la investigación periodística continúa su recorrido y a la espera de posibles acciones judiciales o pronunciamientos oficiales, el caso vuelve a poner sobre la mesa el debate social sobre responsabilidad, poder y memoria colectiva cuando se trata de figuras que han marcado generaciones enteras.
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