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El Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con división interna y descarta que sea una «autoamnistía»

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Carles Puigemont

La mayoría progresista del TC respalda la medida al considerar que responde a una crisis política excepcional y no contraviene la Constitución. El bloque conservador vota en contra.

El Tribunal Constitucional ha avalado este miércoles la controvertida ley de amnistía para el ‘procés’, destinada a extinguir la responsabilidad penal de los líderes independentistas catalanes, al considerar que no vulnera la Constitución española ni representa una «autoamnistía». La decisión ha salido adelante por una ajustada mayoría de 6 votos a favor y 4 en contra, reflejando la profunda división entre los magistrados progresistas y conservadores.

La sentencia, de 205 páginas, da carpetazo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, que cuestionaba la legalidad de toda la norma. El alto tribunal, sin introducir cambios sustanciales en el texto, ha respaldado la ponencia elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, y defendida por el presidente Cándido Conde-Pumpido, quien la calificó de “excelente”.


No es una «autoamnistía», según el TC

El Pleno del TC rechaza que la ley suponga una autoamnistía, figura proscrita por el derecho internacional. Según la sentencia, una norma aprobada por el Parlamento en un Estado democrático no puede equipararse a una autoamnistía, que es propia de regímenes autoritarios o transiciones post-dictatoriales.

Además, la corte subraya que la Constitución española no prohíbe expresamente la amnistía, y que el silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición tácita:

“El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. De lo contrario, se limitarían las facultades del Parlamento sin base en el texto constitucional”.


Una medida para resolver una crisis política excepcional

El Tribunal Constitucional defiende que la amnistía tiene una finalidad legítima al responder a un “supuesto paradigmático de crisis política y constitucional”: el desafío independentista que culminó con el referéndum del 1 de octubre de 2017.

En su análisis, el tribunal sostiene que los hechos del ‘procés’ supusieron una fractura profunda en la sociedad catalana y española, afectando a la convivencia, la estabilidad institucional y el respeto al orden constitucional. Por ello, considera que la ley busca restaurar la cohesión social y la paz ciudadana.

La sentencia también aclara que la amnistía no borra los hechos, sino que elimina las consecuencias penales asociadas a ellos:

“Los hechos son o no son. Ninguna ley de amnistía puede hacerlos desaparecer. Lo que se extingue son las sanciones penales, no la memoria ni el juicio histórico”.


El Constitucional evita valorar motivaciones políticas

Frente a los argumentos del PP, que calificaban la norma de “pago político” para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, el TC reitera que su papel no es juzgar intenciones políticas, sino evaluar la constitucionalidad de la ley:

“La voluntad del legislador no puede confundirse con la de cada parlamentario. No corresponde al tribunal levantar el velo sobre motivaciones políticas”.

En este sentido, recuerda que toda norma emana de decisiones políticas y que no es necesario justificarla desde un “ideal de justicia”, como sostenía el PP. Basta con que haya circunstancias excepcionales y que no se vulneren derechos fundamentales.


Euroórdenes y malversación: puntos clave aún pendientes

El Tribunal también se pronuncia sobre el impacto de la amnistía en el ámbito europeo, avalando que las órdenes europeas de detención (euroórdenes) decaigan automáticamente si el delito al que se refieren ha sido amnistiado. Esto afectaría directamente a líderes como Carles Puigdemont, cuya entrega había sido solicitada por España.

Sin embargo, el TC no entra a valorar la posible amnistía del delito de malversación, crucial para casos como el de Puigdemont y Oriol Junqueras, ya que ese punto no fue incluido en el recurso del PP. Esta cuestión será analizada cuando el tribunal resuelva los recursos de amparo presentados por los propios líderes independentistas.


Rechaza interferencia en el Poder Judicial

Otro de los argumentos rechazados por el Constitucional es el supuesto choque entre el Poder Legislativo y el Judicial. El tribunal afirma que la ley no impone a los jueces órdenes o presiones y que respeta plenamente la independencia judicial:

“No se percibe reproche alguno al Poder Judicial ni presión para que los jueces actúen de determinada manera”.


Conclusión: constitucional, legítima y excepcional

Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional legitima la ley de amnistía como una herramienta válida en un sistema democrático para resolver crisis políticas que no encuentran salida con los instrumentos ordinarios del Derecho.

El texto también sirve de respaldo jurídico a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y da cobertura legal a los tribunales que deban aplicar la norma en los próximos meses.


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El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con 6 votos a favor y 4 en contra. Descarta que sea una «autoamnistía» y la considera constitucional al responder a una crisis política excepcional

 

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El PSOE celebra un Comité Federal con temor a nuevas revelaciones que desactiven los cambios impulsados por Sánchez

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Comité Federal PSOE
Pedro Sánchez-PSOE

El secretario general presenta su nueva dirección con el objetivo de contener la crisis interna y blindar su liderazgo

El PSOE afronta este sábado 5 de julio un Comité Federal decisivo, el primero tras la entrada en prisión de Santos Cerdán, ex número tres del partido, por su presunta implicación en la trama de adjudicaciones irregulares vinculada al caso Koldo. En medio de un clima de creciente tensión interna, el secretario general Pedro Sánchez llega decidido a resistir, renovar y dar la batalla política, aunque el temor a nuevas revelaciones judiciales ensombrece cualquier intento de pasar página.

Según fuentes socialistas, Sánchez aprovechará el cónclave para presentar las primeras medidas de su anunciada reestructuración interna, confiando en que el movimiento sea percibido como un gesto firme ante la crisis. Sin embargo, en el seno del partido crece la preocupación ante la posibilidad de que las investigaciones desborden el “triángulo tóxico” formado por Cerdán, Ábalos y Koldo García.

Miedo en el PSOE a que el caso se amplíe

Dirigentes del PSOE reconocen a Europa Press que existe un temor real a que las investigaciones salpiquen a otros cargos. El juez del Tribunal Supremo que instruye la causa ya ha apuntado a otras personas físicas y jurídicas que podrían haber obtenido beneficios económicos de la trama.

La inquietud se extiende por territorios como Navarra, donde el entorno del número dos socialista, Ramón Alzórriz, está siendo investigado, así como en Baleares y Canarias, donde figuras como Francina Armengol y Ángel Víctor Torres —ambos con interlocución directa con Koldo García durante la pandemia— se enfrentan al foco mediático por la compra de material sanitario a empresas bajo sospecha.

García-Page, crítica interna con voz propia

Uno de los pocos dirigentes con peso que se ha manifestado públicamente contra la gestión del escándalo es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha lanzado un mensaje contundente en la víspera del Comité Federal:

“Algunos no saben si van a acabar el fin de semana en el mismo cargo o incluso en libertad”.

Page reclamará a Sánchez medidas más duras y ejemplarizantes, consciente del desgaste que el caso está provocando tanto en la estructura interna del partido como en su imagen pública.

Cambios en la dirección y comparecencia clave el 9 de julio

Sánchez ha descartado la convocatoria de elecciones anticipadas, un congreso extraordinario o una cuestión de confianza. Apostará en cambio por renovar la cúpula del partido y avanzar en medidas políticas desde su posición como presidente del Gobierno.

Entre las decisiones ya tomadas figura el relevo de los principales colaboradores de Cerdán, como Juanfran Serrano, Alfonso Cendón o Esther Peña, que no continuarán en sus funciones. Para liderar la Secretaría de Organización, Sánchez ha designado a la actual secretaria de Estado de Industria, Rebeca Torró, acompañada por un núcleo de máxima confianza: Anabel Mateos, Borja Cabezón y el veterano Francisco Salazar, uno de los asesores más cercanos del presidente en La Moncloa.

Además, Sánchez ofrecerá una comparecencia ante el Congreso el próximo miércoles 9 de julio, con la que espera recuperar la iniciativa política y consolidar su liderazgo frente a los embates internos y externos.

Medidas feministas ante el escándalo de los audios

La dirección del PSOE también busca reforzar su compromiso con el feminismo, tras la difusión de audios de José Luis Ábalos y Koldo García en los que se alude al reparto de mujeres con un lenguaje considerado «machista» y «repulsivo» por el propio Sánchez.

En respuesta, Ferraz ha convocado una reunión con las secretarias de Igualdad de las federaciones autonómicas y mujeres referentes del partido para aprobar sanciones internas por el consumo de prostitución y otras medidas enfocadas a reforzar la ética y el compromiso feminista en las filas socialistas.

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