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El Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con división interna y descarta que sea una «autoamnistía»

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Carles Puigemont

La mayoría progresista del TC respalda la medida al considerar que responde a una crisis política excepcional y no contraviene la Constitución. El bloque conservador vota en contra.

El Tribunal Constitucional ha avalado este miércoles la controvertida ley de amnistía para el ‘procés’, destinada a extinguir la responsabilidad penal de los líderes independentistas catalanes, al considerar que no vulnera la Constitución española ni representa una «autoamnistía». La decisión ha salido adelante por una ajustada mayoría de 6 votos a favor y 4 en contra, reflejando la profunda división entre los magistrados progresistas y conservadores.

La sentencia, de 205 páginas, da carpetazo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, que cuestionaba la legalidad de toda la norma. El alto tribunal, sin introducir cambios sustanciales en el texto, ha respaldado la ponencia elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, y defendida por el presidente Cándido Conde-Pumpido, quien la calificó de “excelente”.


No es una «autoamnistía», según el TC

El Pleno del TC rechaza que la ley suponga una autoamnistía, figura proscrita por el derecho internacional. Según la sentencia, una norma aprobada por el Parlamento en un Estado democrático no puede equipararse a una autoamnistía, que es propia de regímenes autoritarios o transiciones post-dictatoriales.

Además, la corte subraya que la Constitución española no prohíbe expresamente la amnistía, y que el silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición tácita:

“El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. De lo contrario, se limitarían las facultades del Parlamento sin base en el texto constitucional”.


Una medida para resolver una crisis política excepcional

El Tribunal Constitucional defiende que la amnistía tiene una finalidad legítima al responder a un “supuesto paradigmático de crisis política y constitucional”: el desafío independentista que culminó con el referéndum del 1 de octubre de 2017.

En su análisis, el tribunal sostiene que los hechos del ‘procés’ supusieron una fractura profunda en la sociedad catalana y española, afectando a la convivencia, la estabilidad institucional y el respeto al orden constitucional. Por ello, considera que la ley busca restaurar la cohesión social y la paz ciudadana.

La sentencia también aclara que la amnistía no borra los hechos, sino que elimina las consecuencias penales asociadas a ellos:

“Los hechos son o no son. Ninguna ley de amnistía puede hacerlos desaparecer. Lo que se extingue son las sanciones penales, no la memoria ni el juicio histórico”.


El Constitucional evita valorar motivaciones políticas

Frente a los argumentos del PP, que calificaban la norma de “pago político” para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, el TC reitera que su papel no es juzgar intenciones políticas, sino evaluar la constitucionalidad de la ley:

“La voluntad del legislador no puede confundirse con la de cada parlamentario. No corresponde al tribunal levantar el velo sobre motivaciones políticas”.

En este sentido, recuerda que toda norma emana de decisiones políticas y que no es necesario justificarla desde un “ideal de justicia”, como sostenía el PP. Basta con que haya circunstancias excepcionales y que no se vulneren derechos fundamentales.


Euroórdenes y malversación: puntos clave aún pendientes

El Tribunal también se pronuncia sobre el impacto de la amnistía en el ámbito europeo, avalando que las órdenes europeas de detención (euroórdenes) decaigan automáticamente si el delito al que se refieren ha sido amnistiado. Esto afectaría directamente a líderes como Carles Puigdemont, cuya entrega había sido solicitada por España.

Sin embargo, el TC no entra a valorar la posible amnistía del delito de malversación, crucial para casos como el de Puigdemont y Oriol Junqueras, ya que ese punto no fue incluido en el recurso del PP. Esta cuestión será analizada cuando el tribunal resuelva los recursos de amparo presentados por los propios líderes independentistas.


Rechaza interferencia en el Poder Judicial

Otro de los argumentos rechazados por el Constitucional es el supuesto choque entre el Poder Legislativo y el Judicial. El tribunal afirma que la ley no impone a los jueces órdenes o presiones y que respeta plenamente la independencia judicial:

“No se percibe reproche alguno al Poder Judicial ni presión para que los jueces actúen de determinada manera”.


Conclusión: constitucional, legítima y excepcional

Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional legitima la ley de amnistía como una herramienta válida en un sistema democrático para resolver crisis políticas que no encuentran salida con los instrumentos ordinarios del Derecho.

El texto también sirve de respaldo jurídico a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y da cobertura legal a los tribunales que deban aplicar la norma en los próximos meses.


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El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con 6 votos a favor y 4 en contra. Descarta que sea una «autoamnistía» y la considera constitucional al responder a una crisis política excepcional

 

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Qué pudo provocar el choque de trenes en Adamuz: las causas de un accidente ferroviario sin precedentes

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El descarrilamiento de un tren de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) el domingo 18 de enero, que ha dejado al menos 39 muertos y 48 heridos hospitalizados, continúa bajo investigación. Este lunes, Renfe aportó nuevas pistas sobre las posibles causas del accidente, descartando que se trate de un fallo humano.

Renfe descarta exceso de velocidad

Álvaro Fernández de Heredia, presidente de Renfe, confirmó que el tren accidentado circulaba a una velocidad inferior a la permitida en ese tramo, alejando la hipótesis de exceso de velocidad. “Tiene que haber sido el material de Iryo o un problema de infraestructura”, señaló, apuntando a fallos técnicos o estructurales como posibles responsables.

Revisión reciente del tren

Según la compañía Iryo, el tren descarrilado fue revisado por última vez el 15 de enero de 2026, apenas tres días antes del accidente. Esto sugiere que el siniestro no estuvo relacionado con un fallo de mantenimiento reciente, reforzando la atención sobre material rodante o infraestructura ferroviaria.

Incidencias previas en las vías de Adamuz

No es la primera vez que este tramo presenta problemas. Las altas temperaturas y las vibraciones generadas por el tráfico ferroviario ya causaron una incidencia en junio de 2025, afectando la circulación de trenes en las inmediaciones de Adamuz. Este antecedente aumenta la atención sobre posibles problemas estructurales o de desgaste de la vía que podrían haber contribuido al descarrilamiento.

Contexto del accidente

El accidente ocurrió en una recta de la vía cuando un tren Iryo Málaga–Puerta de Atocha invadió la vía contigua, provocando el descarrilamiento del Alvia Madrid–Huelva, que circulaba a 200 km/h. Algunos vagones cayeron por un terraplén de 4 metros, lo que complicó las labores de rescate durante la noche.

El tramo había recibido recientemente inversiones de 700 millones de euros, pero la combinación de vibraciones previas y posibles fallos en el material o la vía mantiene abierta la investigación sobre la causa exacta.

Investigación en curso

Una comisión independiente analiza ahora todas las evidencias, incluyendo los registros de velocidad, el estado del material rodante y la infraestructura ferroviaria. Las autoridades insisten en que aún es pronto para determinar la causa definitiva y que la prioridad es garantizar la seguridad antes de restablecer la circulación normal de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía.

 

 

Al menos 39 muertos y decenas de heridos tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba)

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