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El Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con división interna y descarta que sea una «autoamnistía»

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Carles Puigemont

La mayoría progresista del TC respalda la medida al considerar que responde a una crisis política excepcional y no contraviene la Constitución. El bloque conservador vota en contra.

El Tribunal Constitucional ha avalado este miércoles la controvertida ley de amnistía para el ‘procés’, destinada a extinguir la responsabilidad penal de los líderes independentistas catalanes, al considerar que no vulnera la Constitución española ni representa una «autoamnistía». La decisión ha salido adelante por una ajustada mayoría de 6 votos a favor y 4 en contra, reflejando la profunda división entre los magistrados progresistas y conservadores.

La sentencia, de 205 páginas, da carpetazo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, que cuestionaba la legalidad de toda la norma. El alto tribunal, sin introducir cambios sustanciales en el texto, ha respaldado la ponencia elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, y defendida por el presidente Cándido Conde-Pumpido, quien la calificó de “excelente”.


No es una «autoamnistía», según el TC

El Pleno del TC rechaza que la ley suponga una autoamnistía, figura proscrita por el derecho internacional. Según la sentencia, una norma aprobada por el Parlamento en un Estado democrático no puede equipararse a una autoamnistía, que es propia de regímenes autoritarios o transiciones post-dictatoriales.

Además, la corte subraya que la Constitución española no prohíbe expresamente la amnistía, y que el silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición tácita:

“El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. De lo contrario, se limitarían las facultades del Parlamento sin base en el texto constitucional”.


Una medida para resolver una crisis política excepcional

El Tribunal Constitucional defiende que la amnistía tiene una finalidad legítima al responder a un “supuesto paradigmático de crisis política y constitucional”: el desafío independentista que culminó con el referéndum del 1 de octubre de 2017.

En su análisis, el tribunal sostiene que los hechos del ‘procés’ supusieron una fractura profunda en la sociedad catalana y española, afectando a la convivencia, la estabilidad institucional y el respeto al orden constitucional. Por ello, considera que la ley busca restaurar la cohesión social y la paz ciudadana.

La sentencia también aclara que la amnistía no borra los hechos, sino que elimina las consecuencias penales asociadas a ellos:

“Los hechos son o no son. Ninguna ley de amnistía puede hacerlos desaparecer. Lo que se extingue son las sanciones penales, no la memoria ni el juicio histórico”.


El Constitucional evita valorar motivaciones políticas

Frente a los argumentos del PP, que calificaban la norma de “pago político” para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, el TC reitera que su papel no es juzgar intenciones políticas, sino evaluar la constitucionalidad de la ley:

“La voluntad del legislador no puede confundirse con la de cada parlamentario. No corresponde al tribunal levantar el velo sobre motivaciones políticas”.

En este sentido, recuerda que toda norma emana de decisiones políticas y que no es necesario justificarla desde un “ideal de justicia”, como sostenía el PP. Basta con que haya circunstancias excepcionales y que no se vulneren derechos fundamentales.


Euroórdenes y malversación: puntos clave aún pendientes

El Tribunal también se pronuncia sobre el impacto de la amnistía en el ámbito europeo, avalando que las órdenes europeas de detención (euroórdenes) decaigan automáticamente si el delito al que se refieren ha sido amnistiado. Esto afectaría directamente a líderes como Carles Puigdemont, cuya entrega había sido solicitada por España.

Sin embargo, el TC no entra a valorar la posible amnistía del delito de malversación, crucial para casos como el de Puigdemont y Oriol Junqueras, ya que ese punto no fue incluido en el recurso del PP. Esta cuestión será analizada cuando el tribunal resuelva los recursos de amparo presentados por los propios líderes independentistas.


Rechaza interferencia en el Poder Judicial

Otro de los argumentos rechazados por el Constitucional es el supuesto choque entre el Poder Legislativo y el Judicial. El tribunal afirma que la ley no impone a los jueces órdenes o presiones y que respeta plenamente la independencia judicial:

“No se percibe reproche alguno al Poder Judicial ni presión para que los jueces actúen de determinada manera”.


Conclusión: constitucional, legítima y excepcional

Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional legitima la ley de amnistía como una herramienta válida en un sistema democrático para resolver crisis políticas que no encuentran salida con los instrumentos ordinarios del Derecho.

El texto también sirve de respaldo jurídico a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y da cobertura legal a los tribunales que deban aplicar la norma en los próximos meses.


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El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con 6 votos a favor y 4 en contra. Descarta que sea una «autoamnistía» y la considera constitucional al responder a una crisis política excepcional

 

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RTVE amenaza con retirar a España de Eurovisión si Israel participa en la próxima edición

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España Eurovisión 2026
La cantante Melody tras proclamarse ganadora de la gala final del Benidorm Fest 2025. EFE/Morell.

España eleva la presión contra Israel en Eurovisión

Casi dos años después de los atentados de Hamás y del recrudecimiento de la ofensiva israelí sobre Gaza, el Gobierno español ha endurecido su discurso contra Israel y ha puesto sobre la mesa una medida sin precedentes: la retirada de España de Eurovisión 2026 si la Unión Europea de Radiodifusión (UER) permite la participación del país hebreo.

Eurovisión, uno de los eventos culturales más seguidos del mundo con una audiencia cercana a los 200 millones de personas en cada edición, vuelve así a convertirse en un terreno de disputa política y diplomática.

El Gobierno español exige la expulsión de Israel

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, declaró este lunes en una entrevista en RNE: «Hay que lograr que Israel no participe en Eurovisión». El titular de Cultura fue más allá al advertir que España podría retirarse del festival si no se consigue la exclusión.

«No toleramos ya, como españoles, que los eventos culturales y deportivos sirvan para blanquear lo que probablemente es la mayor atrocidad que se ha visto en este mundo en el siglo XXI», criticó.

En la misma línea, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, reiteró que España no debería compartir escenario «mientras se perpetúa» la ofensiva sobre Gaza.

El ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, adoptó un tono más moderado, pero también subrayó que «algo habrá que hacer» para impedir que Israel participe en la próxima edición. López recordó que la organización del festival expulsó a Rusia tras invadir Ucrania en 2022, lo que sienta un precedente.

RTVE oficializa la amenaza de retirada

Aunque en un primer momento RTVE se limitó a responder con un «nada que decir», la corporación pública acabó confirmando la noticia en su programa de La 1 Directo al grano.

El presidente de RTVE, José Pablo López, propondrá este martes al Consejo de Administración la retirada de España de Eurovisión si Israel mantiene su presencia. «Seríamos el quinto país en acordarlo», explicó el presentador Gonzalo Miró.

Otros países europeos ya se han pronunciado

Países Bajos, Eslovenia, Irlanda e Islandia han condicionado su participación en Eurovisión a la presencia de Israel. Sin embargo, la posición de España podría ser decisiva, ya que forma parte del llamado big five, los cinco países que más peso tienen dentro de la UER por su aportación económica.

La presión española, unida a la de otros países, podría marcar un antes y un después en la relación entre el festival y la política internacional.

Antecedentes: RTVE ya pidió un debate interno a la UER

En abril, RTVE ya había enviado una carta a la UER para abrir un «debate interno» sobre la participación de Israel. La corporación española alegó las «preocupaciones de la sociedad civil» respecto a la ofensiva sobre Gaza.

La UER respondió que «todos los miembros son elegibles para competir», aunque reconoció estar al tanto de las «preocupaciones profundamente arraigadas» en torno al conflicto en Oriente Próximo.

El papel polémico de Israel en Eurovisión

Israel participó en la última edición con la cantante Yuval Raphael, superviviente del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. Su actuación le valió un polémico segundo puesto, con un fuerte apoyo del televoto (297 puntos) frente al escaso respaldo del jurado (60 puntos).

Este resultado provocó malestar en RTVE, que reclamó reformas en el sistema de votación y una auditoría externa para evitar posibles «interferencias».

Choque entre RTVE y la UER

Durante la segunda semifinal, los comentaristas de RTVE, Tony Aguilar y Julia Varela, denunciaron en directo el elevado número de víctimas en Gaza y pidieron la paz. La UER criticó la postura y llegó a amenazar con sanciones a la cadena española.

Lejos de retractarse, RTVE reafirmó su posición con un mensaje en redes sociales: «Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y justicia para Palestina».

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