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El Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con división interna y descarta que sea una «autoamnistía»

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Carles Puigemont

La mayoría progresista del TC respalda la medida al considerar que responde a una crisis política excepcional y no contraviene la Constitución. El bloque conservador vota en contra.

El Tribunal Constitucional ha avalado este miércoles la controvertida ley de amnistía para el ‘procés’, destinada a extinguir la responsabilidad penal de los líderes independentistas catalanes, al considerar que no vulnera la Constitución española ni representa una «autoamnistía». La decisión ha salido adelante por una ajustada mayoría de 6 votos a favor y 4 en contra, reflejando la profunda división entre los magistrados progresistas y conservadores.

La sentencia, de 205 páginas, da carpetazo al recurso de inconstitucionalidad presentado por el PP, que cuestionaba la legalidad de toda la norma. El alto tribunal, sin introducir cambios sustanciales en el texto, ha respaldado la ponencia elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Inmaculada Montalbán, y defendida por el presidente Cándido Conde-Pumpido, quien la calificó de “excelente”.


No es una «autoamnistía», según el TC

El Pleno del TC rechaza que la ley suponga una autoamnistía, figura proscrita por el derecho internacional. Según la sentencia, una norma aprobada por el Parlamento en un Estado democrático no puede equipararse a una autoamnistía, que es propia de regímenes autoritarios o transiciones post-dictatoriales.

Además, la corte subraya que la Constitución española no prohíbe expresamente la amnistía, y que el silencio constitucional no puede interpretarse como una prohibición tácita:

“El legislador puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente. De lo contrario, se limitarían las facultades del Parlamento sin base en el texto constitucional”.


Una medida para resolver una crisis política excepcional

El Tribunal Constitucional defiende que la amnistía tiene una finalidad legítima al responder a un “supuesto paradigmático de crisis política y constitucional”: el desafío independentista que culminó con el referéndum del 1 de octubre de 2017.

En su análisis, el tribunal sostiene que los hechos del ‘procés’ supusieron una fractura profunda en la sociedad catalana y española, afectando a la convivencia, la estabilidad institucional y el respeto al orden constitucional. Por ello, considera que la ley busca restaurar la cohesión social y la paz ciudadana.

La sentencia también aclara que la amnistía no borra los hechos, sino que elimina las consecuencias penales asociadas a ellos:

“Los hechos son o no son. Ninguna ley de amnistía puede hacerlos desaparecer. Lo que se extingue son las sanciones penales, no la memoria ni el juicio histórico”.


El Constitucional evita valorar motivaciones políticas

Frente a los argumentos del PP, que calificaban la norma de “pago político” para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, el TC reitera que su papel no es juzgar intenciones políticas, sino evaluar la constitucionalidad de la ley:

“La voluntad del legislador no puede confundirse con la de cada parlamentario. No corresponde al tribunal levantar el velo sobre motivaciones políticas”.

En este sentido, recuerda que toda norma emana de decisiones políticas y que no es necesario justificarla desde un “ideal de justicia”, como sostenía el PP. Basta con que haya circunstancias excepcionales y que no se vulneren derechos fundamentales.


Euroórdenes y malversación: puntos clave aún pendientes

El Tribunal también se pronuncia sobre el impacto de la amnistía en el ámbito europeo, avalando que las órdenes europeas de detención (euroórdenes) decaigan automáticamente si el delito al que se refieren ha sido amnistiado. Esto afectaría directamente a líderes como Carles Puigdemont, cuya entrega había sido solicitada por España.

Sin embargo, el TC no entra a valorar la posible amnistía del delito de malversación, crucial para casos como el de Puigdemont y Oriol Junqueras, ya que ese punto no fue incluido en el recurso del PP. Esta cuestión será analizada cuando el tribunal resuelva los recursos de amparo presentados por los propios líderes independentistas.


Rechaza interferencia en el Poder Judicial

Otro de los argumentos rechazados por el Constitucional es el supuesto choque entre el Poder Legislativo y el Judicial. El tribunal afirma que la ley no impone a los jueces órdenes o presiones y que respeta plenamente la independencia judicial:

“No se percibe reproche alguno al Poder Judicial ni presión para que los jueces actúen de determinada manera”.


Conclusión: constitucional, legítima y excepcional

Con esta sentencia, el Tribunal Constitucional legitima la ley de amnistía como una herramienta válida en un sistema democrático para resolver crisis políticas que no encuentran salida con los instrumentos ordinarios del Derecho.

El texto también sirve de respaldo jurídico a la estrategia del Gobierno de Pedro Sánchez y da cobertura legal a los tribunales que deban aplicar la norma en los próximos meses.


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El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía al ‘procés’ con 6 votos a favor y 4 en contra. Descarta que sea una «autoamnistía» y la considera constitucional al responder a una crisis política excepcional

 

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Feijóo reclama ante la patronal catalana los votos de Junts y ERC para impulsar una moción de censura contra Sánchez

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Alberto Núñez Feijóo

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado su intervención ante Foment del Treball para lanzar un mensaje directo a los votantes de Junts y ERC, a quienes ha pedido apoyo para que prospere una posible moción de censura contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El líder popular aseguró que no le “faltan ganas” de activar esta herramienta parlamentaria, sino los votos necesarios para que pueda salir adelante.

Durante el acto, presidido por Josep Sánchez Llibre, Feijóo insistió en que una mayoría de catalanes que apoyaron a los partidos independentistas “no comparte la deriva económica, legislativa ni ética del Gobierno actual”. Por ello, defendió que una moción serviría para abrir la puerta a un nuevo ciclo político y convocar elecciones generales.


Feijóo: “No voy a comprometerme a lo que no puedo cumplir”

El líder del PP subrayó que, aunque solicite el apoyo de Junts y ERC, no está dispuesto a ofrecer contrapartidas que considera “inasumibles” o contrarias a su programa político. Aseguró, no obstante, que la mayoría de los votantes de ambas formaciones está alineada con la política fiscal, de vivienda, energía, inmigración y seguridad que propone su partido.

Acompañado por la dirección del PP catalán, Feijóo se presentó como la alternativa necesaria para revertir lo que describió como un periodo de “decadencia” bajo el gobierno socialista:
“España debe recuperar la ambición. Este país no puede resignarse”, declaró.


Los retos que Feijóo sitúa en el centro del debate económico

El presidente del PP fijó tres grandes amenazas para el futuro inmediato del país:

  • Que trabajar “deje de valer la pena” debido a la falta de incentivos y salarios estancados.

  • Una política fiscal “abrasiva” que, según él, “imposibilita la vida” a trabajadores y empresas.

  • La desaparición progresiva de la clase media, un fenómeno que considera especialmente grave y acelerado en los últimos años.


Inseguridad, migración y vivienda: el diagnóstico del PP para Barcelona

Feijóo dedicó una parte de su intervención a la situación de Barcelona, donde denunció un incremento preocupante de la inseguridad. Según sus palabras, “en Barcelona se comete un delito cada tres minutos”, lo que la sitúa entre “las ciudades más inseguras de Europa”.

Sobre vivienda y migración, aseguró que el PP ha planteado soluciones legislativas en el Senado que después han sido bloqueadas en el Congreso. “Mi obligación es decir lo que sucede y buscar soluciones, no mirar hacia otro lado”, defendió.


Un discurso dirigido al empresariado catalán

Feijóo eligió este foro para reforzar su imagen como alternativa de gobierno ante la patronal catalana, reiterando que España necesita un “cambio de rumbo urgente” para frenar la pérdida de competitividad, garantizar seguridad jurídica y recuperar la confianza de empresas y familias.

Con su apelación directa a los votantes de Junts y ERC, el líder popular buscó acercarse a un electorado clave en Cataluña y, a la vez, presionar a ambos partidos en un momento de tensión política y económica.

 

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