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Los afectados por Castor piden 2 millones de euros a la empresa de Florentino Pérez

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Castelló, 29 sep (EFE).- Un total de 123 afectados por los seísmos provocados por el proyecto Castor reclaman a la empresa concesionaria ESCAL UGS, S.L (participada mayoritariamente por ACS) 1.845.000 euros por lo daños morales producidos por «la ola de pánico generalizado» consecuencia de los 552 seísmos que se detectaron en las poblaciones afectadas.

El despacho de abogados BCV Lex, en representación de la asociación de afectados Aplaca (formada por 123 vecinos de las localidades afectadas), ha solicitado a la Audiencia Provincial de Castellón una indemnización de 15.000 euros para cada uno de los afectados en el juicio que se iniciará el próximo día 18 de octubre en el Tribunal de Castellón, según han señalado fuentes del despacho.

«La indemnización se plantea como la forma de resarcir a unos afectados que estuvieron sometidos durante semanas a una situación de pánico general provocada por los seísmos constantes, por conocer que los terremotos estaban provocados por la actividad en la plataforma y por la agitación social provocada durante los hechos», ha explicado Esther Abellán Solesio, abogada del despacho BCV Lex y responsable del caso.

Las mismas fuentes han recordado que en el periodo entre el 2 de septiembre en que comenzó la tercera fase de inyección en la plataforma Castor y el día 17 de septiembre en que se ordenó su paralización se detectaron en la zona un total de 552 seísmos de diferentes magnitudes.

De todos ellos, quince, según informe del Instituto Geográfico Nacional, afectaron a la población de Vinaròs, así como a las poblaciones cercanas a la misma tanto de la provincia de Castellón como de la provincia de Tarragona, con una intensidad II y III en la escala macrosísmica europea.

Esto ocasionó a la población afectada «la consiguiente intranquilidad, angustia, miedo, zozobra, y preocupación por los acontecimientos, que sintieron alguno de los movimientos en las horas de descanso nocturno, y generando una gran incertidumbre al vincularlos a las actividades de inyección realizadas, todo los cual interfirió en el normal disfrute de su vida y de sus propiedades, ocasionando un grave riesgo tanto a la salud de las personas como a las condiciones naturales del ecosistema (suelo, aire y agua)», según recoge el informe del caso.

ACS, a través de la compañía ESCAL UGS, S.L, obtuvo «autorización administrativa y reconocimiento de la utilidad pública de las instalaciones y servicios necesarios para el desarrollo del almacenamiento subterráneo Castor», según consta en la documentación del caso.

El objetivo de la citada concesión era desarrollar un almacén subterráneo de gas aprovechando las posibilidades que ofrecía una estructura geológica del antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, situado en el subsuelo del mar Mediterráneo, a más de 1.700 metros de profundidad, y a una distancia de 22 kilómetros de la costa de Vinaròs, contando con una plataforma marítima ubicada sobre el mismo yacimiento y una planta de operaciones ubicada unida con un gaseoducto de 30 pulgadas de diámetro y 30 kilómetros de longitud, de los que 22 son submarinos y 8 kilómetros en la costa.

En el estudio de impacto ambiental previo al proyecto, el observatorio del Ebro presentó alegaciones en la fase de consultas, advirtiendo sobre el riesgo de terremotos asociados a las actividades de inyección. Así ocurrió nada más empezar la tercera fase de inyección de gas en el depósito, sometiendo a la población a una situación de pánico continuado durante todo el periodo, según la defensa de los afectados.

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Surgen más víctimas en el caso del ex DAO y denuncias contra la cúpula policial

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El abogado de la víctima del DAO habla de nuevas acusaciones contra el exdirector y la cúpula policial

SEO Title: Surgen nuevas acusaciones contra el ex DAO de la Policía Nacional, según el abogado de la denunciante
Meta descripción: El abogado Jorge Piedrafita asegura que han aparecido nuevas posibles víctimas que señalan al exdirector adjunto operativo y a altos mandos policiales por acoso y agresiones.
Palabras clave: caso DAO Policía Nacional, José Ángel González acusaciones, Jorge Piedrafita, denuncias acoso Policía, investigación DAO


El abogado de la denunciante revela nuevas posibles víctimas en el caso del ex DAO

El abogado Jorge Piedrafita, representante de la agente de la Policía Nacional que denunció por agresión sexual al exdirector adjunto operativo, ha asegurado que han surgido nuevas comunicaciones que apuntan a más posibles víctimas dentro del cuerpo.

Según ha explicado en distintas entrevistas, al menos tres mujeres se han puesto en contacto con la defensa para relatar situaciones que describen como “terribles”, relacionadas con presunto acoso laboral e incluso agresiones sexuales atribuidas a altos mandos policiales.


Una nueva acusación apunta de nuevo al exdirector adjunto operativo

Piedrafita ha señalado que una de las comunicaciones recibidas vuelve a dirigir el foco hacia José Ángel González, lo que, a su juicio, refuerza la idea de que podría no tratarse de un caso aislado sino de un posible patrón de conducta.

El letrado ha explicado que muchos de los hechos denunciados se habrían comunicado previamente a través de los protocolos internos, aunque —según sostiene— “eso no ha funcionado”.


La investigación judicial continúa en Madrid

La causa se instruye en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 8 de Madrid, que ha solicitado a la defensa la entrega de audios y otras pruebas aportadas en la querella.

Entre el material presentado figuran:

  • Listados de llamadas presuntamente realizadas por el exdirigente policial

  • Capturas de mensajes de WhatsApp

  • Grabaciones de audio realizadas por la denunciante

La defensa ha solicitado que todo el material permanezca bajo custodia judicial y solo pueda consultarse en sede judicial para evitar filtraciones.


Petición de reserva y posible pericial informática

La denunciante ha pedido la “plena reserva” de las pruebas para proteger su intimidad. Además, la querella contempla la realización de una pericial informática en caso de que se cuestione la autenticidad de los mensajes o audios, con el fin de garantizar su verificación forense.

Piedrafita sostiene que el caso ha generado un clima “agobiante” para su representada, que incluso ha tenido que solicitar escolta tras la presentación de la denuncia.


Contexto político y reacción institucional

En paralelo, el debate político continúa tras el anuncio del Partido Popular de impulsar una auditoría sobre la gestión del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande-Marlaska, en relación con la situación generada por el caso.


Un caso que podría ampliarse

Las nuevas comunicaciones recibidas por la defensa abren la puerta a que la investigación se amplíe si se formalizan nuevas denuncias, en un procedimiento que sigue bajo instrucción judicial y que mantiene el foco en posibles responsabilidades dentro de la cúpula policial.

 

Consecuencias y repercusión en la Policía

La denuncia afecta no solo a González Jiménez, sino también a su estrecho colaborador Óscar San Juan, conocido como el ‘mini DAO’, y ha impactado gravemente en la imagen pública de la Policía Nacional. La investigación judicial determinará la veracidad de los hechos y la responsabilidad penal del ex DAO.

El caso genera un debate sobre la idoneidad de mantener en puestos clave a mandos más allá de la edad de jubilación, así como sobre la elección de personal de confianza para altos cargos. La institución se enfrenta ahora a un desafío para recuperar la credibilidad tras este episodio de alto impacto mediático y social.

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