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Los hosteleros claman contra el Plan Resiste de Puig: «Es un insulto»

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València, 11 feb (EFE).- Más de un centenar de hosteleros se han manifestado este jueves ante el Palau de la Generalitat para pedir la reapertura de sus negocios y la ampliación de las ayudas del Plan Resistir con una nueva actuación que inyecte 500 millones para un sector que, denuncian, arrastra 11 meses de restricciones y cierres.

En esta protesta organizada por la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería, su presidente, Lalo Díez, ha destacado que no se plantean «abrir a las bravas», sino que van a «seguir con el calendario de protestas» y ha añadido que 250 empresarios ya han interpuesto demandas patrimoniales para reivindicar que si cierran sus empresas, «tienen que compensarlas».

«Vamos a pelear donde toca y como toca», en referencia a los tribunales, porque «hay gente que tiene un negocio y está yendo a pedir comida para llenar su nevera».

Díez, que ha requerido al Consell a no tomar ninguna medida sin sentarse con ellos, ha expuesto que el sector hostelero ha sido «santo y seña» de la Comunitat Valenciana y se ha preguntado si ahora, por contra, son «apestados».

Asimismo, ha incidido en que «ha llegado el momento de iniciar un plan para ‘desescalar’ con el fin de planificar la actividad de las pymes», porque, según ha criticado, «no puede ser que los negocios hayan tenido que tirar su género porque las medidas se anuncian de un día para otro».

En la sentada, en la que han utilizado cacerolas y distintos artículos de cocina para hacer ruido frente al Palau de la Generalitat.

Díez ha denunciado que el sector hostelero «se merece otro trato por parte de todos» y ha mostrado su incomprensión por el hecho de que en la Comunitat no se puedan abrir los establecimientos hosteleros y mientras, en otras regiones, sí sea posible.

«No pedimos limosna, solo que se nos compense, como en Francia, Bélgica o Alemania», ha concluido el presidente de la asociación, la cual ha demandado a nivel nacional un plan de 8.500 millones de euros y uno concreto de 500 millones en la Comunitat.

La portavoz de la plataforma, Gemma Piquer, ha expresado por su parte: «No queremos abrir de cualquier forma» y si no hay unas nuevas ayudas por valor de 500 millones, «no nos vale».

Ha pedido a los distintos alcaldes de la Comunitat, así como al president de la Generalitat, Ximo Puig, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les escuchen y ha dicho que no quieren «proyectos», sino ayudas directas.

Piquer ha recriminado que las ayudas del Plan Resistir son «un chiste» y que 100 millones de esas ayudas son créditos que se tienen que devolver, por lo que ha pedido un plan de rescate «digno», porque «es el sector que más dinero da al país».

Por último, ha explicado que según datos del Ministerio de Sanidad, «solo el 2 % de los contagios viene por el sector de la restauración», por lo que ha concluido que este sector «no es el culpable» y se ha preguntado «por qué se cierra a los hosteleros».

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La Policía Nacional detiene al presidente y al CEO de Plus Ultra en una redada a la aerolínea rescatada por el Gobierno durante la pandemia

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Plus Ultra

La Policía Nacional ha registrado este jueves la aerolínea española Plus Ultra, rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la pandemia con más de 50 millones de euros. Durante la operación han sido detenidos el presidente de la compañía, Julio Martínez, y el CEO, Roberto Roselli. Según ha podido saber EL MUNDO, la investigación está dirigida por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, que ha ordenado el volcado de los dispositivos informáticos intervenidos.
Fuentes cercanas a la aerolínea —que cuenta con accionistas venezolanos— confirman la operación y aseguran que están colaborando con la Policía Judicial. La causa se encuentra bajo secreto.

Investigación por presunto blanqueo de capitales

La operación investiga un presunto delito de blanqueo de capitales. Los agentes han practicado registros en varios domicilios de los máximos responsables de la empresa, que en los últimos meses ha sido señalada por algunos de los principales investigados del caso Koldo como una de las compañías que deberían ser investigadas.

Plus Ultra fue rescatada por el Ejecutivo en el contexto de la pandemia con una ayuda superior a los 50 millones de euros, una decisión que ha generado controversia desde entonces. El exministro José Luis Ábalos ha afirmado que dicho rescate fue una imposición con la que él no estaba de acuerdo y apuntó a la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, extremo que este último niega. Declaraciones en el mismo sentido ha realizado el empresario Víctor de Aldama.

El rescate de Plus Ultra: polémica y defensas internas

El ex presidente de Plus Ultra Fernando García Manso defendió, tras la concesión del rescate, que la ayuda recibida fue “la mínima imprescindible” y negó cualquier intermediación de antiguos altos cargos socialistas.

Además, justificó la necesidad del apoyo público subrayando que Plus Ultra desempeñaba un papel estratégico en la economía española, al cubrir una carencia en las conexiones aéreas con Latinoamérica. La aerolínea se definía como la “única alternativa” para obtener precios competitivos entre España y el continente americano.
Según García Manso, la desaparición de la compañía generaría un monopolio en esas rutas.

Conexiones internacionales y préstamos investigados

Según ha podido saber este periódico, la investigación está vinculada a las pesquisas abiertas por la Fiscalía suiza contra el financiero Simon Leendert Verhoeven. Entre 2020 y 2021, Plus Ultra solicitó créditos por valor de 1,3 millones de euros a varias sociedades vinculadas al entorno del financiero.

Las operaciones fueron:

  • 28 de octubre de 2020: préstamo de 500.000 dólares con Wailea Invest, domiciliada en Reino Unido.

  • 20 de noviembre de 2020: préstamo de 500.000 euros con Allpa Wira, fondo con sede en Suiza.

  • 29 de enero de 2021: préstamo de 450.000 euros con Valerian Corporation.

La compañía argumenta que recurrió a estos préstamos debido al fuerte impacto del Covid en sus cuentas y sostiene que todas las operaciones fueron legales, públicas y transparentes. Sin embargo, los investigadores analizan ahora si estas transacciones están relacionadas con un posible entramado de blanqueo internacional.

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