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Los hosteleros claman contra el Plan Resiste de Puig: «Es un insulto»

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València, 11 feb (EFE).- Más de un centenar de hosteleros se han manifestado este jueves ante el Palau de la Generalitat para pedir la reapertura de sus negocios y la ampliación de las ayudas del Plan Resistir con una nueva actuación que inyecte 500 millones para un sector que, denuncian, arrastra 11 meses de restricciones y cierres.

En esta protesta organizada por la Coordinadora Empresarial del Ocio y la Hostelería, su presidente, Lalo Díez, ha destacado que no se plantean «abrir a las bravas», sino que van a «seguir con el calendario de protestas» y ha añadido que 250 empresarios ya han interpuesto demandas patrimoniales para reivindicar que si cierran sus empresas, «tienen que compensarlas».

«Vamos a pelear donde toca y como toca», en referencia a los tribunales, porque «hay gente que tiene un negocio y está yendo a pedir comida para llenar su nevera».

Díez, que ha requerido al Consell a no tomar ninguna medida sin sentarse con ellos, ha expuesto que el sector hostelero ha sido «santo y seña» de la Comunitat Valenciana y se ha preguntado si ahora, por contra, son «apestados».

Asimismo, ha incidido en que «ha llegado el momento de iniciar un plan para ‘desescalar’ con el fin de planificar la actividad de las pymes», porque, según ha criticado, «no puede ser que los negocios hayan tenido que tirar su género porque las medidas se anuncian de un día para otro».

En la sentada, en la que han utilizado cacerolas y distintos artículos de cocina para hacer ruido frente al Palau de la Generalitat.

Díez ha denunciado que el sector hostelero «se merece otro trato por parte de todos» y ha mostrado su incomprensión por el hecho de que en la Comunitat no se puedan abrir los establecimientos hosteleros y mientras, en otras regiones, sí sea posible.

«No pedimos limosna, solo que se nos compense, como en Francia, Bélgica o Alemania», ha concluido el presidente de la asociación, la cual ha demandado a nivel nacional un plan de 8.500 millones de euros y uno concreto de 500 millones en la Comunitat.

La portavoz de la plataforma, Gemma Piquer, ha expresado por su parte: «No queremos abrir de cualquier forma» y si no hay unas nuevas ayudas por valor de 500 millones, «no nos vale».

Ha pedido a los distintos alcaldes de la Comunitat, así como al president de la Generalitat, Ximo Puig, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que les escuchen y ha dicho que no quieren «proyectos», sino ayudas directas.

Piquer ha recriminado que las ayudas del Plan Resistir son «un chiste» y que 100 millones de esas ayudas son créditos que se tienen que devolver, por lo que ha pedido un plan de rescate «digno», porque «es el sector que más dinero da al país».

Por último, ha explicado que según datos del Ministerio de Sanidad, «solo el 2 % de los contagios viene por el sector de la restauración», por lo que ha concluido que este sector «no es el culpable» y se ha preguntado «por qué se cierra a los hosteleros».

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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