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Los jueces discrepan tras la alarma: ¿qué restricción es proporcional?

Publicado
hace 4 añosen
Madrid, 11 may (EFE).- Unos tribunales autonómicos creen que fijar un toque de queda para luchar contra la pandemia es una restricción de un derecho fundamental proporcional al fin que se persigue y otros estiman que hay que aplicar instrumentos menos lesivos para el conjunto de la ciudadanía. Los jueces discrepan, y los Gobiernos autonómicos miran al Supremo.
En sus manos estará decidir qué medidas restrictivas de derechos pueden adoptar las comunidades una vez concluido el estado de alarma, ya que Canarias ha decidido recurrir al alto tribunal al ver tumbadas sus iniciativas.
El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, opina que los Gobiernos autonómicos no pueden acordar medidas como un toque de queda sin estado de alarma y ha recordado que, si lo consideran necesario, siempre pueden pedir al Ejecutivo central que decrete ese estado en su territorio.
En cualquier caso, a su juicio, no son necesarias reformas legales: las comunidades tienen un «arsenal normativo» para luchar contra la pandemia sin llegar al punto de restringir la movilidad nocturna, como fijar horarios para bares, restaurantes o comercios; y ya hay ordenanzas municipales que prohíben los botellones que se han visto este fin de semana en muchas ciudades.
«Si hay todos estos problemas de interpretación del alcance de los límites de las normas, de si hace falta o no el estado de alarma, es porque no hay una suficiente certeza, no hay suficiente claridad en el derecho que hoy tenemos vigente», ha manifestado por su parte en una entrevista en «El País» el fiscal jefe de lo contencioso-administrativo del Supremo, Pedro Crespo.
El Gobierno Vasco consultó al Tribunal Superior de Justicia de su comunidad antes incluso de publicar su decreto y los magistrados rechazaron tanto el toque de queda como los cierres perimetrales previstos.
Para este tribunal, la Ley de Medidas Especiales en materia de Salud Pública de 1986, que permite a las autoridades sanitarias tomar las medidas «necesarias» en caso de riesgo para la salud, es «un cajón de sastre carente de precisión», ya que no señala limitación alguna para las medidas ni garantías a respetar, «lo que es contrario a doctrina del Tribunal Constitucional».
«Nuestro actual ordenamiento jurídico no permite que las Comunidades Autónomas puedan acordar, fuera del estado de alarma, medidas restrictivas de derechos fundamentales con carácter general no individualizado», concluye.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias también rechazó el toque de queda que quería fijar el gobierno autonómico. Es, sostuvo en un auto, «un verdadero confinamiento por la sola razón del horario».
«No hemos apreciado ningún motivo en cuya virtud pueda razonablemente defenderse que las conductas de riesgo resulten aún más peligrosas si se ejecutan en horario nocturno o las inocuas dejen de serlo porque el día dé paso a la noche», subrayan los magistrados.
A su entender, hay instrumentos de intervención «menos lesivos» y «no resulta proporcionado someter a la generalidad de la población a una privación periódica de su libertad deambulatoria por la mera razón de la hora, ni aun estableciendo» un catálogo de excepciones.
Tampoco ha aceptado este tribunal las restricciones a las entradas y salidas de las islas según el nivel de alerta: resulta discriminatorio fijar restricciones a los viajes desde del exterior y rebajarlas en los viajes entre islas o permitir la entrada a una persona con reserva hotelera, pero no si se va alojar en casa de un amigo.
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares, sin embargo, sí avaló el toque de queda y otras medidas restrictivas acordadas por el gobierno autonómico al entender que la Constitución y la Ley de 1986 habilitan a las comunidades a tomar medidas que recortan derechos fundamentales.
El estado de alarma, explica este Tribunal, desplazó al derecho ordinario, pero no lo derogó y, a la vista de los informes epidemiológicos, las medidas están «adecuadamente justificadas y debidamente proporcionadas».
Dos magistradas han discrepado del auto al considerar que la ley de 1986 «no constituye un cauce legal completo ni adecuado» para que las autoridades sanitarias autonómicas tomen medidas para atajar una pandemia.
«Resulta constitucionalmente inaceptable que formalmente se adopten medidas sanitarias, cuando en realidad encubren una situación de excepción, restringiendo los derechos y libertades fundamentales al margen de los instrumentos y garantías que la Constitución recoge», sostienen estas magistradas, que creen que hay medidas menos drásticas que el toque de queda, como los confinamientos perimetrales de zonas con alta presión hospitalaria.
Como el de Baleares, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana autorizó las restricciones de derechos diseñadas por la Generalitat, incluido un toque de queda de 00.00 horas a 6.00.
Este tribunal no alberga «grandes dudas» sobre la competencia autonómica para adoptar las medidas y considera que la ley sanitaria de 1986 da cobertura suficiente para adoptar medidas que, subraya, limitan derechos y libertades fundamentales, pero no los suspenden.
No obstante, estima que lo deseable «hubiera sido -y sigue siendo- una producción normativa idónea y ‘ad hoc’ que solvente los problemas interpretativos con los que nos encontramos y evite la consecuente contradicción de criterios».
Recuerda que otros países, como Francia o Alemania, han aprobado o reformado leyes para dotar de «la necesaria certeza y seguridad a las autoridades sanitarias» y sostiene que, aunque la intervención del Supremo pueda paliar esta situación, «parece que una mejor y más completa solución hubiera sido otra»
A su juicio, limitar el tamaño de las reuniones o fijar un toque de queda, que impide «el ocio nocturno no reglado», son medidas «idóneas» porque pueden minimizar los focos de contagio; y son también «equilibradas», ya que un toque de queda de seis horas «minimiza su afectación a la actividad económica».
«En definitiva, las medidas que se han mostrado más eficaces son las de distanciamiento social y restricción de la movilidad (…) Medidas más laxas que las que aquí se trata no han funcionado correctamente», concluyen los magistrados.
Publicado
hace 1 horaen
9 julio, 2025El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este miércoles 9 de julio ante el Pleno del Congreso de los Diputados para ofrecer explicaciones sobre el informe de la Guardia Civil que salpica por presunta corrupción a Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, y para anunciar un nuevo paquete de medidas anticorrupción con el objetivo de blindar la legislatura y reforzar la confianza ciudadana en las instituciones.
La intervención, retransmitida en directo, ha generado una gran expectación política y mediática, ya que se trata de la primera aparición de Sánchez en la Cámara baja tras las revelaciones del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que apunta a supuestas irregularidades en la financiación de campañas del PSOE en varias comunidades autónomas.
Durante su comparecencia, Pedro Sánchez ha defendido la actuación del Gobierno, asegurando que “nadie está por encima de la ley” y que el Ejecutivo actuará con “tolerancia cero” frente a cualquier conducta que se desvíe de la legalidad.
El presidente ha remarcado que «la ejemplaridad debe ser el pilar de cualquier democracia avanzada» y ha pedido a todos los grupos parlamentarios que respalden las nuevas reformas legislativas orientadas a prevenir, detectar y sancionar prácticas corruptas en el seno de las instituciones públicas.
Entre las iniciativas clave anunciadas por Sánchez destacan:
La creación de una Agencia Estatal Independiente contra la Corrupción, con capacidad sancionadora y autonomía presupuestaria.
Refuerzo de los mecanismos de transparencia en la financiación de partidos políticos.
Obligación de declaración de intereses y patrimonio para altos cargos antes, durante y después de su mandato.
Endurecimiento de las penas por delitos de corrupción en el ámbito público.
El presidente también ha propuesto una reforma urgente del Código Penal para tipificar nuevos delitos relacionados con la corrupción tecnológica y digital.
La comparecencia se produce en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo, ya que el caso que afecta a Santos Cerdán, hasta hace unas semanas número tres del PSOE, ha generado fuertes críticas desde la oposición y dudas entre algunos socios parlamentarios.
El Gobierno busca, con estas medidas, salvaguardar la estabilidad de la legislatura y enviar un mensaje firme tanto a la ciudadanía como a sus aliados parlamentarios.
En su comparecencia del lunes, Pedro Sánchez descartó un adelanto electoral y cargó contra la oposición por los casos de presunta corrupción que afectan tanto al PSOE como a su entorno familiar. Para The Times, esta intervención fue más un ejercicio de confrontación que una verdadera rendición de cuentas:
«Sánchez intentó disipar la incertidumbre sobre su estilo de gobierno con una actuación mordaz y pugilística, culpando a la oposición de las acusaciones que han manchado su destartalada administración, liderada por la minoría socialista.»
El diario critica duramente la decisión de no adelantar elecciones y mantener el calendario previsto hasta 2027, algo que considera un desprecio a la voz del pueblo:
«La conclusión no es que lo hará mejor, sino que la opinión pública solo podrá opinar en las próximas elecciones. Y no antes de 2027. Se podría perdonar a los españoles por pensar que es demasiado tiempo de espera.»
The Times no se limita a los casos judiciales recientes. El editorial hace un repaso demoledor a lo que considera una gestión plagada de errores:
Menciona la dimisión de Santos Cerdán, ex mano derecha de Sánchez.
Recuerda las investigaciones que implican a su esposa, Begoña Gómez, y a su hermano, David Sánchez.
Subraya que, aunque Sánchez ve conspiraciones, «lo cierto es que los investigadores policiales y el poder judicial parecen haber actuado escrupulosamente».
«Un catálogo de errores innecesarios desde 2018″, así califica el diario su mandato.
Cita la mala gestión de las inundaciones y deslizamientos de tierra en Valencia.
Recuerda el fracaso del ‘apagón ibérico’.
Señala la crisis de la vivienda, indicando que se crean 250.000 nuevos hogares al año, mientras solo se construyen menos de 90.000 viviendas.
Los socios de Sánchez plantan a Feijóo y rechazan negociar una moción de censura
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