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Los pediatras recomiendan vacunar en centros de salud y hospitales, mejor que en los colegios

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vacunación niños

València, 11 dic (EFE).- Aunque reconocen que en los centros escolares la vacunación frente a la covid puede ser «más rápida», los pediatras consideran que los centros de salud, los hospitales o los llamados «vacunódromos» son «más seguros» para vacunar a cualquier persona.

«Si pasa cualquier cosa, que no tiene por qué pasar, ahí tenemos todos los medios materiales y humanos para resolver», asegura a la Agencia EFE la presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría, Eva Suárez.

La Conselleria de Sanidad iniciará el próximo miércoles, en los colegios y en horario lectivo por las mañana, la vacunación contra el coronavirus a los cerca de 350.000 menores de entre 5 y 11 años que hay en la Comunitat Valenciana.

Suárez señala que, por supuesto, «lo más rápido para vacunar a más gente en menos tiempo son los centros escolares, pero eso supone desplazar los equipos allí, recoger previamente el consentimiento informado de los padres y tener mucha colaboración por parte de los colegios, con los docentes».

Según indica, la vacunación que se iniciará la próxima semana será en menores de 5 a 11 años, y entre los más pequeños algunos se pondrán a llorar o hay que cogerlos para poder ser vacunados, «por lo que se precisará apoyo logístico con los profesores de los centros docentes».

«Ya es mucho apoyo logístico para todo y no sé hasta qué punto será viable», afirma Suárez, que añade que como médicos pediatras ven «la parte sanitaria» y advierte: «Hoy por hoy, en los centros de salud estamos saturados, tenemos las consultas pediátricas a más del 100 % con los niños citados, más lo que acuden sin cita o para revisiones de salud».

Por ello, afirma, «desplazarnos varios días a los colegios, si no nos ponen sustitutos, no podemos hacerlo, y tampoco sabemos si tienen personal contratado para ir a los colegios».

«Sabemos que cada centro de salud y cada zona básica tiene su idiosincrasia y su forma de trabajar, no es lo mismo hacerlo en un pueblo que en una ciudad, donde es más difícil coordinarse», señala.

Confía en que en la reunión para la que han sido citados por la Consellería de Sanidad, que se celebrará el próximo lunes, les faciliten información sobre cómo se va a desarrollar el plan de vacunación infantil.

Según Suárez, los pediatras también desconocen en cuánto tiempo quieren hacer la vacunación de los 350.000 menores, e indica que consideran que «no es una urgencia vacunar a los niños».

«Sí lo es hacerlo de forma prioritaria a los que tiene factores de riesgo, porque puede evolucionar más su patología si cogen la covid o la gripe, pero al resto de la población sana infantil debería ser una vacunación un poco mas relajada, no hay que correr tanto«, señala.

Además, Eva Suárez indica que, en este momento, «hay muchas aulas confinadas» y si acuden a los centros a administrar las vacunas, se pregunta, «¿a quién vamos a vacunar, a media clase, y al resto vamos otro día?».

Según explica, les ha llegado comentarios de padres y madres que son partidarios de las vacunas pero que no quieren que sus hijos reciban la vacuna en los colegios porque prefieren acompañarlos para que se la inyecten.

«Se ha visto que es una vacuna segura y que no hay más efectos secundarios más allá de otra vacuna, como dolor en la zona de la inyección, dolor de cabeza, malestar general», indica Suárez, que explica que los menores recibirán un tercio de la dosis de los adultos «y eso también es importante».

La presidenta de la Sociedad Valenciana de Pediatría indica que los menores pasan la covid «de una forma suave» y no se sabe cómo les afectará «si el virus sigue mutando», y también es importante la parte social: «Hay niños que van enlazando un confinamiento con otro«, recuerda.

Señala que la vacunación no es obligatoria y no es motivo de exclusión, aunque explica que frente a la anonimato que se da en el caso de los adultos, en los centros escolares se conocerá a los menores que no sean vacunados por decisión de sus padres.

Los equipos que acudan a los centros escolares deberán estar formados por personal de Enfermería y un médico por si se produce alguna reacción adversa a la vacuna.

Concha Tejerina

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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