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Más de 260.000 menores de 16 años en la Comunitat están en riesgo de pobreza o exclusión social

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VALÈNCIA, Jul 2018. (EUROPA PRESS) – Más de 260.000 niños y niñas menores de 16 años en la Comunitat Valenciana se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un 33,1% del total que hay en la autonomía, según los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) citados por Save The Children.

Estas cifras muestran que existe una diferencia de más de siete puntos respecto a total de la población, que cuenta con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 22,9%, lo que convierte a los niños de la Comunitat Valenciana en el colectivo más vulnerable.

Otro aspecto a tener en cuenta, recalca la ONG, es el aumento del número de menores de 16 años que se encuentran en esta situación. El porcentaje de niños en riesgo de pobreza o exclusión social pasa del 29% en 2016 al 33,1% en 2017, lo que supone una diferencia de más de cuatro puntos porcentuales respecto a los datos de hace tan sólo un año.

Atendiendo a los datos por provincias, Alicante es la que peores datos presenta, con un 37,1% de los menores de 16 años en riesgo de pobreza, seguida de Castellón, con un 30,9%, y València, donde la cifra se sitúa en un 30,7%. En lo que respecta a las comarcas, la Marina Alta y la Vega Baja son las que presentan una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social más elevada, con un 46,4% y un 43,5% respectivamente, mientras que L’Alcoià (23,9%) y Els Ports (24,4%) son las que reflejan unas tasas más bajas, detalla.

POBREZA URBANA
La ciudad de València es donde se concentran el mayor número de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social de toda la Comunitat Valenciana. Cerca de 37.000 viven en esta situación, lo que supone el 31,6% del total. Además, la «pobreza urbana es especialmente preocupante porque el acceso a bienes o servicios básicos es siempre más caro que en un entorno no urbano (alquileres, transporte, actividades de ocio, lúdicas o culturales, etc.)», advierten.

Además, la Comunitat Valenciana cuenta con una tasa de privación material severa infantil de un 8,1%, lo que supone que 65.000 niños se encuentran en esta situación. Estas familias tienen unas condiciones de vida muy difíciles y, debido a la escasez de recursos económicos, en muchas ocasiones no se pueden permitir comer carne o proteínas de forma regular, una lavadora, un teléfono o irse de vacaciones.

El responsable de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha asegurado que la situación de estos niños, niñas y adolescentes «se hace más difícil todavía durante el verano, ya que muchas familias que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social tienen dificultades para proporcionar una alimentación adecuada a sus hijos, esta época en la que los comedores escolares están cerrados».

Hernández ha afirmado también que muchas de ellas «no pueden pagar ningún tipo de actividad extraescolar o de ocio para sus hijos, por lo que estos se sienten discriminados por no poder disfrutar de sus vacaciones como otros niños y niñas de su edad».

Para revertir esta dramática situación, Hernández asegura que, «pese a que se en los últimos años se han producido avances en materia legislativa y presupuestaria para lucha contra la pobreza y ayudar a los colectivos más empobrecidos, como es la Renta Valenciana de Inclusión o la futura aprobación de las Leyes de Infancia o de Servicios Sociales, esto todavía no se reflejan en las estadísticas».

«Es necesario que el Consell continúe impulsando políticas públicas que pongan el foco en la infancia más vulnerable, que se sigan incrementando de manera sostenida las partidas destinadas a luchar contra la pobreza infantil y que la inversión se destine a medidas eficaces que tengan un impacto directo en las familias», afirma Hernández, que añade que «de esta forma se garantizaría el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas de nuestra comunidad y podríamos ver un cambio en las estadísticas y en la situación de los niños y niñas más vulnerables de la Comunitat Valenciana en un futuro próximo».

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Plus Ultra: el polémico rescate de 53 millones a una aerolínea de un solo avión vuelve a señalar a Zapatero

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La SEPI aprobó la ayuda para una compañía que apenas representaba el 0,03% del tráfico aéreo español. La UDEF investiga ahora un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso de los fondos públicos.


La investigación sobre Plus Ultra se reactiva: registro policial y sospechas de blanqueo

El controvertido rescate de Plus Ultra Líneas Aéreas, aprobado por la SEPI en 2021 por un total de 53 millones de euros, vuelve a estar bajo los focos. A primera hora de este jueves, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) registraron la sede de la compañía en Madrid en busca de indicios relacionados con un presunto delito de blanqueo de capitales.

La investigación apunta a que la aerolínea pudo utilizar parte del dinero del rescate para devolver préstamos vinculados a sociedades radicadas en el extranjero, supuestamente relacionadas con una organización criminal dedicada al blanqueo de fondos provenientes de Venezuela, según adelantó ABC.


Una aerolínea con un solo avión y el 0,03% del tráfico aéreo

Cuando la SEPI otorgó la ayuda en marzo de 2021 mediante el Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, Plus Ultra solo contaba con una aeronave activa y operaba principalmente rutas entre España y Venezuela. Aun así, el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda la clasificó como “empresa estratégica”.

Los datos de actividad previos a la pandemia refuerzan las dudas sobre esa consideración: en 2019, Plus Ultra operó solo 823 vuelos en España, situándose en el puesto 166 del tráfico aéreo. Esto representaba un insignificante 0,03% de las 2,36 millones de operaciones registradas por Aena durante ese año.


Ábalos se desmarca y apunta a Zapatero

El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha reiterado que se enteró del rescate en el mismo Consejo de Ministros en el que se aprobó, pese a que correspondía a su ámbito competencial.

En declaraciones a El Confidencial, insistió en que nunca tuvo intervención en la operación y sugirió la posible influencia del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero:

“Me enteré en pleno Consejo de Ministros. Es muy raro que llegue un asunto de Transportes sin informarme previamente. Ahí me di cuenta de que se daba una ayuda a esta compañía.”


Los nombres clave dentro de la SEPI y la sombra de Aldama

En el consejo de la SEPI que autorizó la ayuda participaron la actual ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, y Carlos Moreno, director de Gabinete de la ministra de Hacienda, conocido por haber aplazado una deuda tributaria de una sociedad del empresario Víctor Aldama, también implicado en causas judiciales.

La banca española ya había rechazado previamente conceder a Plus Ultra un préstamo avalado por el ICO, por lo que el rescate estatal fue su única vía de financiación.


Un caso archivado… hasta hoy

En 2022, un juzgado de Madrid abrió diligencias para investigar si en la concesión del rescate pudieron cometerse delitos de malversación o cohecho, llegando a imputar al expresidente de la SEPI, Bartolomé Lora. Sin embargo, en 2023, la jueza Esperanza Collazos archivó el caso al considerar que se aplicó el decreto de ayudas de manera correcta.

El registro de la UDEF reabre ahora el debate público, reaviva las sospechas sobre la operación y coloca al Gobierno de Pedro Sánchez ante una nueva crisis política vinculada a la polémica aerolínea.

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