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Más de 260.000 menores de 16 años en la Comunitat están en riesgo de pobreza o exclusión social

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VALÈNCIA, Jul 2018. (EUROPA PRESS) – Más de 260.000 niños y niñas menores de 16 años en la Comunitat Valenciana se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un 33,1% del total que hay en la autonomía, según los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) citados por Save The Children.

Estas cifras muestran que existe una diferencia de más de siete puntos respecto a total de la población, que cuenta con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 22,9%, lo que convierte a los niños de la Comunitat Valenciana en el colectivo más vulnerable.

Otro aspecto a tener en cuenta, recalca la ONG, es el aumento del número de menores de 16 años que se encuentran en esta situación. El porcentaje de niños en riesgo de pobreza o exclusión social pasa del 29% en 2016 al 33,1% en 2017, lo que supone una diferencia de más de cuatro puntos porcentuales respecto a los datos de hace tan sólo un año.

Atendiendo a los datos por provincias, Alicante es la que peores datos presenta, con un 37,1% de los menores de 16 años en riesgo de pobreza, seguida de Castellón, con un 30,9%, y València, donde la cifra se sitúa en un 30,7%. En lo que respecta a las comarcas, la Marina Alta y la Vega Baja son las que presentan una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social más elevada, con un 46,4% y un 43,5% respectivamente, mientras que L’Alcoià (23,9%) y Els Ports (24,4%) son las que reflejan unas tasas más bajas, detalla.

POBREZA URBANA
La ciudad de València es donde se concentran el mayor número de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social de toda la Comunitat Valenciana. Cerca de 37.000 viven en esta situación, lo que supone el 31,6% del total. Además, la «pobreza urbana es especialmente preocupante porque el acceso a bienes o servicios básicos es siempre más caro que en un entorno no urbano (alquileres, transporte, actividades de ocio, lúdicas o culturales, etc.)», advierten.

Además, la Comunitat Valenciana cuenta con una tasa de privación material severa infantil de un 8,1%, lo que supone que 65.000 niños se encuentran en esta situación. Estas familias tienen unas condiciones de vida muy difíciles y, debido a la escasez de recursos económicos, en muchas ocasiones no se pueden permitir comer carne o proteínas de forma regular, una lavadora, un teléfono o irse de vacaciones.

El responsable de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha asegurado que la situación de estos niños, niñas y adolescentes «se hace más difícil todavía durante el verano, ya que muchas familias que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social tienen dificultades para proporcionar una alimentación adecuada a sus hijos, esta época en la que los comedores escolares están cerrados».

Hernández ha afirmado también que muchas de ellas «no pueden pagar ningún tipo de actividad extraescolar o de ocio para sus hijos, por lo que estos se sienten discriminados por no poder disfrutar de sus vacaciones como otros niños y niñas de su edad».

Para revertir esta dramática situación, Hernández asegura que, «pese a que se en los últimos años se han producido avances en materia legislativa y presupuestaria para lucha contra la pobreza y ayudar a los colectivos más empobrecidos, como es la Renta Valenciana de Inclusión o la futura aprobación de las Leyes de Infancia o de Servicios Sociales, esto todavía no se reflejan en las estadísticas».

«Es necesario que el Consell continúe impulsando políticas públicas que pongan el foco en la infancia más vulnerable, que se sigan incrementando de manera sostenida las partidas destinadas a luchar contra la pobreza infantil y que la inversión se destine a medidas eficaces que tengan un impacto directo en las familias», afirma Hernández, que añade que «de esta forma se garantizaría el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas de nuestra comunidad y podríamos ver un cambio en las estadísticas y en la situación de los niños y niñas más vulnerables de la Comunitat Valenciana en un futuro próximo».

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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