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Más de 260.000 menores de 16 años en la Comunitat están en riesgo de pobreza o exclusión social

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VALÈNCIA, Jul 2018. (EUROPA PRESS) – Más de 260.000 niños y niñas menores de 16 años en la Comunitat Valenciana se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un 33,1% del total que hay en la autonomía, según los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) citados por Save The Children.

Estas cifras muestran que existe una diferencia de más de siete puntos respecto a total de la población, que cuenta con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 22,9%, lo que convierte a los niños de la Comunitat Valenciana en el colectivo más vulnerable.

Otro aspecto a tener en cuenta, recalca la ONG, es el aumento del número de menores de 16 años que se encuentran en esta situación. El porcentaje de niños en riesgo de pobreza o exclusión social pasa del 29% en 2016 al 33,1% en 2017, lo que supone una diferencia de más de cuatro puntos porcentuales respecto a los datos de hace tan sólo un año.

Atendiendo a los datos por provincias, Alicante es la que peores datos presenta, con un 37,1% de los menores de 16 años en riesgo de pobreza, seguida de Castellón, con un 30,9%, y València, donde la cifra se sitúa en un 30,7%. En lo que respecta a las comarcas, la Marina Alta y la Vega Baja son las que presentan una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social más elevada, con un 46,4% y un 43,5% respectivamente, mientras que L’Alcoià (23,9%) y Els Ports (24,4%) son las que reflejan unas tasas más bajas, detalla.

POBREZA URBANA
La ciudad de València es donde se concentran el mayor número de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social de toda la Comunitat Valenciana. Cerca de 37.000 viven en esta situación, lo que supone el 31,6% del total. Además, la «pobreza urbana es especialmente preocupante porque el acceso a bienes o servicios básicos es siempre más caro que en un entorno no urbano (alquileres, transporte, actividades de ocio, lúdicas o culturales, etc.)», advierten.

Además, la Comunitat Valenciana cuenta con una tasa de privación material severa infantil de un 8,1%, lo que supone que 65.000 niños se encuentran en esta situación. Estas familias tienen unas condiciones de vida muy difíciles y, debido a la escasez de recursos económicos, en muchas ocasiones no se pueden permitir comer carne o proteínas de forma regular, una lavadora, un teléfono o irse de vacaciones.

El responsable de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha asegurado que la situación de estos niños, niñas y adolescentes «se hace más difícil todavía durante el verano, ya que muchas familias que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social tienen dificultades para proporcionar una alimentación adecuada a sus hijos, esta época en la que los comedores escolares están cerrados».

Hernández ha afirmado también que muchas de ellas «no pueden pagar ningún tipo de actividad extraescolar o de ocio para sus hijos, por lo que estos se sienten discriminados por no poder disfrutar de sus vacaciones como otros niños y niñas de su edad».

Para revertir esta dramática situación, Hernández asegura que, «pese a que se en los últimos años se han producido avances en materia legislativa y presupuestaria para lucha contra la pobreza y ayudar a los colectivos más empobrecidos, como es la Renta Valenciana de Inclusión o la futura aprobación de las Leyes de Infancia o de Servicios Sociales, esto todavía no se reflejan en las estadísticas».

«Es necesario que el Consell continúe impulsando políticas públicas que pongan el foco en la infancia más vulnerable, que se sigan incrementando de manera sostenida las partidas destinadas a luchar contra la pobreza infantil y que la inversión se destine a medidas eficaces que tengan un impacto directo en las familias», afirma Hernández, que añade que «de esta forma se garantizaría el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas de nuestra comunidad y podríamos ver un cambio en las estadísticas y en la situación de los niños y niñas más vulnerables de la Comunitat Valenciana en un futuro próximo».

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Esta es la indemnización que cobrarán los familiares de los fallecidos en Adamuz y Gelida

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Las indemnizaciones alcanzarán los 210.000 euros por fallecido y se abonarán en un plazo máximo de tres meses

El Gobierno ha aprobado un paquete de ayudas de 20 millones de euros destinado a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que murieron 46 personas y otras 164 resultaron heridas. El nuevo mecanismo permitirá que los familiares de cada persona fallecida reciban hasta 210.000 euros en concepto de indemnización.

La medida ha sido anunciada este martes por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras el Consejo de Ministros, donde se ha dado luz verde a un real decreto-ley de medidas urgentes para garantizar una respuesta rápida y eficaz a las víctimas.


Cómo se repartirán los 20 millones de euros en ayudas

Del total aprobado, 10 millones de euros se destinarán a ayudas directas y los otros 10 millones a anticipos de los seguros obligatorios. En el caso de fallecimiento, cada familia recibirá inicialmente 144.000 euros, libres de impuestos, repartidos del siguiente modo:

  • 72.000 euros en ayudas directas del Estado

  • 72.000 euros como anticipo del seguro

Una vez que las aseguradoras determinen oficialmente los daños personales, se abonará una cantidad adicional equivalente, lo que elevará la indemnización total hasta los 210.000 euros por víctima mortal, todo ello en un plazo máximo de tres meses.


Ayudas para heridos según la gravedad de las lesiones

En el caso de las personas heridas, las ayudas se calcularán conforme al baremo vigente, en función de la gravedad de las lesiones. Las cuantías oscilan entre:

  • 2.400 euros para lesiones leves

  • Más de 84.000 euros en los casos de máxima gravedad

Estas cantidades se duplicarán al sumarse el anticipo del seguro obligatorio, garantizando así un apoyo económico inmediato a los afectados.


El Ejecutivo quiere evitar retrasos como en el accidente de Angrois

Óscar Puente ha subrayado que el objetivo del Gobierno es evitar que las víctimas tengan que esperar años para cobrar las indemnizaciones, como ocurrió tras el accidente de Angrois.

“No vamos a consentir que haya víctimas que estén diez años esperando una compensación. Hemos aprendido de lo ocurrido y por eso aprobamos este mecanismo”, ha afirmado el ministro.


Hacia un sistema permanente de compensación anticipada

Además de las ayudas actuales, el Gobierno iniciará cambios normativos para crear un mecanismo estructural de intervención pública que permita al Estado adelantar parte de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin esperar a que se resuelva la responsabilidad civil.

Este sistema garantizará una atención rápida y homogénea a las víctimas, independientemente de la complejidad judicial de cada caso.


Oficinas de atención y apoyo directo a las víctimas

El Ejecutivo también ha puesto en marcha líneas de atención integral a las víctimas. A partir de este miércoles se abrirán oficinas específicas en:

  • Huelva, para atender a los afectados del accidente de Adamuz

  • Barcelona, para las víctimas del siniestro en Gelida y Rodalies

Además, se activará el servicio ‘Administración Cerca de Ti’, mediante el cual profesionales de las delegaciones del Gobierno podrán desplazarse a los domicilios para ayudar en la tramitación de las ayudas.

 

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