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Más de 260.000 menores de 16 años en la Comunitat están en riesgo de pobreza o exclusión social

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VALÈNCIA, Jul 2018. (EUROPA PRESS) – Más de 260.000 niños y niñas menores de 16 años en la Comunitat Valenciana se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social, lo que supone un 33,1% del total que hay en la autonomía, según los últimos datos publicados por el Instituto Valenciano de Estadística (IVE) citados por Save The Children.

Estas cifras muestran que existe una diferencia de más de siete puntos respecto a total de la población, que cuenta con una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social del 22,9%, lo que convierte a los niños de la Comunitat Valenciana en el colectivo más vulnerable.

Otro aspecto a tener en cuenta, recalca la ONG, es el aumento del número de menores de 16 años que se encuentran en esta situación. El porcentaje de niños en riesgo de pobreza o exclusión social pasa del 29% en 2016 al 33,1% en 2017, lo que supone una diferencia de más de cuatro puntos porcentuales respecto a los datos de hace tan sólo un año.

Atendiendo a los datos por provincias, Alicante es la que peores datos presenta, con un 37,1% de los menores de 16 años en riesgo de pobreza, seguida de Castellón, con un 30,9%, y València, donde la cifra se sitúa en un 30,7%. En lo que respecta a las comarcas, la Marina Alta y la Vega Baja son las que presentan una tasa de riesgo de pobreza y exclusión social más elevada, con un 46,4% y un 43,5% respectivamente, mientras que L’Alcoià (23,9%) y Els Ports (24,4%) son las que reflejan unas tasas más bajas, detalla.

POBREZA URBANA
La ciudad de València es donde se concentran el mayor número de niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social de toda la Comunitat Valenciana. Cerca de 37.000 viven en esta situación, lo que supone el 31,6% del total. Además, la «pobreza urbana es especialmente preocupante porque el acceso a bienes o servicios básicos es siempre más caro que en un entorno no urbano (alquileres, transporte, actividades de ocio, lúdicas o culturales, etc.)», advierten.

Además, la Comunitat Valenciana cuenta con una tasa de privación material severa infantil de un 8,1%, lo que supone que 65.000 niños se encuentran en esta situación. Estas familias tienen unas condiciones de vida muy difíciles y, debido a la escasez de recursos económicos, en muchas ocasiones no se pueden permitir comer carne o proteínas de forma regular, una lavadora, un teléfono o irse de vacaciones.

El responsable de Save the Children en la Comunitat Valenciana, Rodrigo Hernández, ha asegurado que la situación de estos niños, niñas y adolescentes «se hace más difícil todavía durante el verano, ya que muchas familias que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social tienen dificultades para proporcionar una alimentación adecuada a sus hijos, esta época en la que los comedores escolares están cerrados».

Hernández ha afirmado también que muchas de ellas «no pueden pagar ningún tipo de actividad extraescolar o de ocio para sus hijos, por lo que estos se sienten discriminados por no poder disfrutar de sus vacaciones como otros niños y niñas de su edad».

Para revertir esta dramática situación, Hernández asegura que, «pese a que se en los últimos años se han producido avances en materia legislativa y presupuestaria para lucha contra la pobreza y ayudar a los colectivos más empobrecidos, como es la Renta Valenciana de Inclusión o la futura aprobación de las Leyes de Infancia o de Servicios Sociales, esto todavía no se reflejan en las estadísticas».

«Es necesario que el Consell continúe impulsando políticas públicas que pongan el foco en la infancia más vulnerable, que se sigan incrementando de manera sostenida las partidas destinadas a luchar contra la pobreza infantil y que la inversión se destine a medidas eficaces que tengan un impacto directo en las familias», afirma Hernández, que añade que «de esta forma se garantizaría el cumplimiento de los derechos de los niños y niñas de nuestra comunidad y podríamos ver un cambio en las estadísticas y en la situación de los niños y niñas más vulnerables de la Comunitat Valenciana en un futuro próximo».

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Revilla no alcanza un acuerdo con el rey Juan Carlos en el acto de conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha llegado a un acuerdo con los abogados del rey emérito Juan Carlos I durante el acto de conciliación celebrado este viernes 16 de mayo en el complejo judicial de Las Salesas (Santander). La cita judicial, previa a un posible juicio, forma parte de la demanda interpuesta por el exmonarca por unas declaraciones que considera «injuriosas».

Revilla: «No me voy a retractar, lo que dije es lo que piensa la mayoría de españoles»

A su llegada al juzgado, Revilla dejó claro que no pensaba retractarse de sus afirmaciones y que lo más probable es que el caso acabe en juicio. “Yo no me callo ante las injusticias. He dicho lo que pienso y lo que muchos españoles también opinan”, declaró ante los medios.

Tras el acto, el expresidente cántabro aseguró sentirse tranquilo y confió en la justicia. “No he mentido, solo me he hecho eco de información ya publicada en medios de comunicación”, explicó, subrayando que “muchos periodistas también podrían haber sido demandados” por difundir los mismos datos.

«Le diría al rey emérito que pida perdón y devuelva el dinero»

Revilla también lamentó que el rey Juan Carlos no se presentara al acto de conciliación, a pesar de estar en España. “Está en Sanxenxo, tiene un avión y escoltas que pagamos entre todos. Me hubiera gustado un careo con él”, afirmó.

Cuando se le preguntó qué le diría al monarca si lo tuviera enfrente, Revilla fue contundente:

“Le pediría que pidiera perdón sinceramente y que repatriara todo el dinero que tiene fuera”.

A pesar de haber defendido en su momento la figura del rey durante el 23-F, Revilla no ocultó su decepción: “Su última etapa ha sido lamentable. Me ha defraudado”.

El rey emérito exige una rectificación y 50.000 euros

La defensa legal del rey Juan Carlos I, liderada por la abogada Guadalupe Sánchez, reclama a Revilla una rectificación pública de sus declaraciones y una indemnización de 50.000 euros por daño moral, que en caso de cobrarse serían donados a Cáritas. La demanda, presentada el pasado 1 de abril, alega que Revilla profirió expresiones “calumniosas e injuriosas” en diversos medios entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Un caso mediático que podría terminar en los tribunales

Este enfrentamiento legal entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla ha generado una gran expectación mediática. Todo apunta a que, ante la falta de acuerdo, el conflicto se resolverá finalmente en los tribunales.


 

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