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Más de 300 personas en albergues, 1.000 casas sin agua y centenares de alumnos sin clase en la Vega Baja

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VALÈNCIA, 16 Sep. – Un total de 329 personas que tuvieron que dejar sus casas por los efectos del temporal que ha afectado a la Comunitat Valenciana continúan alojadas en albergues de Orihuela, Catral, Crevillente y Almoradí, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Estas personas están repartidas en los albergues que se han instalado en el Seminario Diocesano de Orihuela, en el colegio Azorín de Catral, en el Pabellón Félix Candela en Crevillent y en el I.E.S. Antonio Sequeros de Almoradí.

Asimismo, se mantiene la situación 1 por lluvias en las comarcas valencianas de la Vall d’Albaida y la Costera, la situación 1 por inundaciones en la provincia de Alicante, la situación 2 por inundaciones en la Vega Baixa.

El 112 ha recibido, desde que se declaró la situación de emergencia por la DANA a las 24 horas del día 9 de septiembre hasta las 2:00 horas de este lunes 9.484 llamadas relacionadas con un total de 7.154 incidentes. De las 6.924 llamadas recibidas en Alicante, 4.645 eran de la Vega Baixa.

Asimismo, un millar de viviendas de Orihuela (Alicante) continúan este lunes sin agua potable, cuatro días después del paso de la DANA por la comarca alicantina de la Vega Baja, según ha informado el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, que ha recordado que la zona sigue en nivel 2 de emergencias por inundaciones.

En ese sentido, ha recordado que la localidad tiene dos cauces (el río Segura y el azarbe mayor de Hurchillo), dos puntos que «preocupan» porque aunque bajan «lentamente» todavía tiene «mucho caudal» y están circunscritos por taludes de tierra «muy debilitados».

En atención a los medios, Valverde ha señalado que las previsiones pasan porque a lo largo del día el nivel del agua baje de manera «bastante importante» ya que la «curva de bajada es clara».

Con ello, se confía que la presión que ejerce el agua a su paso por la localidad «desaparezca» y los servicios puedan centrarse «en la vuelta a la normalidad» con la reposición de los servicios esenciales.

«Tenemos ahora mismo cerca de mil casas sin agua potable», ha cifrado Valverde, quien ha añadido que hay «toneladas de enseres que los vecinos están sacando a la calle: sofás, frigoríficos, mesas y sillas que tenemos que proceder a retirar rápidamente para retirar el lodo y el sedimento y proceder al baldeo».

Asimismo, el concejal ha recordado que se debe trabajar en la puesta en marcha de los consultorios médicos de las pedanías oriolanas, así como de los colegios.

«Recordar que mediante un decreto se prolongó el cierre de colegios hasta mañana y mañana se tendrá que tomar una decisión; ahora mismo están siendo inspeccionadas por técnicos municipales para ver si algunas pueden abrir y en qué centros se puede entrar», ha señalado.

MOLINS
Sobre las zonas que siguen bajo las aguas, Víctor Valverde ha incidido en que los tres puentes del Arenal y la pedanía de Molins tienen un metro de agua, mientras que Badens tiene 50 centímetros de agua.

«A esas zonas es donde se está llevando el avituallamiento», ha concretado Valverde a preguntas de los medios y ha precisado que solo se lleva esa ayuda a las zonas donde los vecinos «llevan más de 80 horas sin poder salir de sus viviendas».

No obstante, ha recalcado que no queda nadie por ser evacuado y ha cifrado en medio millar de vecinos las personas dirigidas a los albergues habilitados, donde quedan en estos momentos unos 80 atendidos; mientras que el resto se ha ido a casas de familiares o han quedado en las zonas altas de las casas.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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