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Más de 300 personas en albergues, 1.000 casas sin agua y centenares de alumnos sin clase en la Vega Baja

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VALÈNCIA, 16 Sep. – Un total de 329 personas que tuvieron que dejar sus casas por los efectos del temporal que ha afectado a la Comunitat Valenciana continúan alojadas en albergues de Orihuela, Catral, Crevillente y Almoradí, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.

Estas personas están repartidas en los albergues que se han instalado en el Seminario Diocesano de Orihuela, en el colegio Azorín de Catral, en el Pabellón Félix Candela en Crevillent y en el I.E.S. Antonio Sequeros de Almoradí.

Asimismo, se mantiene la situación 1 por lluvias en las comarcas valencianas de la Vall d’Albaida y la Costera, la situación 1 por inundaciones en la provincia de Alicante, la situación 2 por inundaciones en la Vega Baixa.

El 112 ha recibido, desde que se declaró la situación de emergencia por la DANA a las 24 horas del día 9 de septiembre hasta las 2:00 horas de este lunes 9.484 llamadas relacionadas con un total de 7.154 incidentes. De las 6.924 llamadas recibidas en Alicante, 4.645 eran de la Vega Baixa.

Asimismo, un millar de viviendas de Orihuela (Alicante) continúan este lunes sin agua potable, cuatro días después del paso de la DANA por la comarca alicantina de la Vega Baja, según ha informado el concejal de Emergencias, Víctor Valverde, que ha recordado que la zona sigue en nivel 2 de emergencias por inundaciones.

En ese sentido, ha recordado que la localidad tiene dos cauces (el río Segura y el azarbe mayor de Hurchillo), dos puntos que «preocupan» porque aunque bajan «lentamente» todavía tiene «mucho caudal» y están circunscritos por taludes de tierra «muy debilitados».

En atención a los medios, Valverde ha señalado que las previsiones pasan porque a lo largo del día el nivel del agua baje de manera «bastante importante» ya que la «curva de bajada es clara».

Con ello, se confía que la presión que ejerce el agua a su paso por la localidad «desaparezca» y los servicios puedan centrarse «en la vuelta a la normalidad» con la reposición de los servicios esenciales.

«Tenemos ahora mismo cerca de mil casas sin agua potable», ha cifrado Valverde, quien ha añadido que hay «toneladas de enseres que los vecinos están sacando a la calle: sofás, frigoríficos, mesas y sillas que tenemos que proceder a retirar rápidamente para retirar el lodo y el sedimento y proceder al baldeo».

Asimismo, el concejal ha recordado que se debe trabajar en la puesta en marcha de los consultorios médicos de las pedanías oriolanas, así como de los colegios.

«Recordar que mediante un decreto se prolongó el cierre de colegios hasta mañana y mañana se tendrá que tomar una decisión; ahora mismo están siendo inspeccionadas por técnicos municipales para ver si algunas pueden abrir y en qué centros se puede entrar», ha señalado.

MOLINS
Sobre las zonas que siguen bajo las aguas, Víctor Valverde ha incidido en que los tres puentes del Arenal y la pedanía de Molins tienen un metro de agua, mientras que Badens tiene 50 centímetros de agua.

«A esas zonas es donde se está llevando el avituallamiento», ha concretado Valverde a preguntas de los medios y ha precisado que solo se lleva esa ayuda a las zonas donde los vecinos «llevan más de 80 horas sin poder salir de sus viviendas».

No obstante, ha recalcado que no queda nadie por ser evacuado y ha cifrado en medio millar de vecinos las personas dirigidas a los albergues habilitados, donde quedan en estos momentos unos 80 atendidos; mientras que el resto se ha ido a casas de familiares o han quedado en las zonas altas de las casas.

Fuente: (EUROPA PRESS)

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Ordenan reabrir el caso de Marta del Castillo

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el cuco marta del castillo

Reabren el caso de Marta del Castillo por posible intrusismo en el informe del móvil de Miguel Carcaño

La Audiencia de Sevilla ha ordenado reabrir la investigación por posible intrusismo profesional en el caso Marta del Castillo, uno de los procesos judiciales más mediáticos de los últimos años. El tribunal insta al Juzgado de Instrucción número 7 a practicar nuevas diligencias para determinar si el informe pericial sobre el teléfono móvil de Miguel Carcaño, asesino confeso de la joven sevillana, fue encargado por el juzgado o aportado por una de las partes.

La decisión revoca el sobreseimiento provisional dictado el 14 de marzo de 2025 y confirmado el 29 de mayo, dando la razón al recurso interpuesto por Pedro de la Torre, presidente del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía (CPITIA).


El origen del recurso: el perito no estaba colegiado

La denuncia se centra en la actuación del perito Manuel Huerta de la Morena, autor del informe pericial sobre el móvil de Carcaño. Según el CPITIA, Huerta no era ingeniero técnico en informática ni estaba colegiado, lo que podría constituir un delito de intrusismo profesional. Además, se le acusa de haber mostrado en medios de comunicación imágenes vinculadas a la causa judicial.

La Audiencia de Sevilla descarta continuar la investigación por revelación de secretos, al entender que el caso de Marta del Castillo ha tenido una exposición mediática masiva desde 2009, y no se aprecia información nueva de carácter reservado. Además, el artículo 201.1 del Código Penal exige denuncia del agraviado o su representante, que en este procedimiento “no existe”.


El debate: ¿un informe informático requiere título habilitante?

En relación con el presunto delito de intrusismo, el tribunal destaca que el artículo 403 del Código Penal exige dos elementos: ejercer actos propios de una profesión y carecer del título correspondiente.
En este sentido, recuerda que el perito “no firmó el informe como ingeniero informático”, sino como representante de la empresa Lazarus Technology, sin atribuirse expresamente esa condición.

No obstante, la Audiencia subraya que aún se desconoce si el equipo forense incluía a algún titulado en informática ni si el informe fue encargado por el juzgado o aportado por una parte, cuestiones que considera determinantes para decidir si la conducta constituye delito.

El tribunal cita la Ley 12/1986, que reconoce a los ingenieros técnicos la competencia para realizar “peritaciones, valoraciones, tasaciones, informes, estudios, planes y proyectos”, un argumento que refuerza la posición del CPITIA.


El juzgado deberá decidir en 12 días

La Audiencia de Sevilla ordena ahora que el Juzgado de Instrucción número 7 practique, en un plazo de 12 días, las diligencias necesarias para aclarar si el informe fue o no encargado judicialmente y si participó algún profesional titulado.
Tras ello, el juzgado deberá resolver “con entera libertad de criterio” si procede mantener el sobreseimiento o continuar la investigación.

 

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