Madrid, 31 ene (EFE).- Una vez que concluya la moratoria de los expedientes temporales de regulación de empleo (ERTEs), el 31 de mayo, más de la mitad de las empresas que han solicitado este procedimiento tendrán que cerrar o se verán abocadas a realizar severos ajustes de personal mediante despidos individuales.

Los datos recopilados por el despacho de abogados Castaño Asociados reflejan el «negro panorama económico que se cierne sobre el tejido empresarial español debido a la crisis económica aparejada a la pandemia de la covid-19, explica el socio del bufete Manuel Castaño.

El 25 % de las empresas españolas en situación de ERTE no podrán continuar con su actividad más allá del próximo 31 de mayo, y la mitad se verán en la tesitura de llevar a cabo severos ajustes de su plantilla, ya sea a través de despidos individuales o mediante un ERE.

El bufete ha detectado que en los últimos meses muchas empresas se han visto obligadas a recurrir a un ERE para reducir gastos mediante la reducción de personal, engrosándose así la cola del paro.

Los sectores que en mayor medida han acudido a estas medidas han sido el financiero, telecomunicaciones, el turístico y la hostelería, como reflejan los datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) correspondientes a diciembre.

Ese mes, la cifra de parados creció en 36.825 personas, hasta sumar 3.888.137 personas inscritas en situación de desempleo, al borde de los 4 millones de parados.

Desde Castaño Asociados añaden que todos los indicadores económicos apuntan a que durante 2021 se seguirá destruyendo empleo mediante la activación de ERE, y las previsiones apuntan a que la tasa de desempleo puede superar con creces el 17 %.

La prórroga de los ERTE supone «un balón de oxígeno para aquellas empresas que se encuentran al borde de su cierre debido a la crisis económica derivada de la pandemia», asegura Manuel Castaño, que admite que dicha prórroga «retrasa la solución del problema y no pone fin al mismo».

Con los datos de los que disponen, Castaño Asociados ha detectado un crecimiento «muy pronunciado» de las reclamaciones legales de trabajadores que no perciben sus nóminas, un porcentaje que se ha mantenido constante durante el mes de enero «sin que haya indicadores que hagan prever una reducción del mismo».

Desde el comienzo de la pandemia de COVID-19, se han producido más de 300.000 despidos, y cerca de 700.000 trabajadores están actualmente en situación de ERTE, por lo que hay una «altísima probabilidad» de que, a partir del 31 de mayo, se alcance la terrible cifra de 400.000 despidos efectivos desde marzo de 2020.