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¿Qué medidas podrán tomar las Comunidades tras el final del estado de alarma?
Publicado
hace 4 añosen

Madrid, 7 abr (EFE).- La portavoz del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha señalado que si finalmente decae el estado de alarma el 9 de mayo, serán las comunidades autónomas las que pongan en marcha las medidas de restricción de movilidad que consideren necesarias y que marca la legislación ordinaria de Sanidad y las actuaciones coordinadas del Consejo Interterritorial de Salud.
«Significa que acabarían las medidas generales, pero lo que no acabaría nunca es la competencia que tienen las CCAA para delimitar medidas de seguridad que pueda pensar en poner en marcha en su territorio», ha señalado Montero tras insistir en que los cierres perimetrales podrían desaparecer dependiendo de la incidencia de la COVID-19 en cada territorio.
En una entrevista en RNE, Montero ha confirmado la intención del Ejecutivo de no prorrogar el actual estado de alarma, toda vez que la tendencia de los contagios no alcanza las olas de octubre y noviembre, y ha confiado en que no se produzca una cuarta ola para que pueda volver a haber una movilidad «mucho más normalizada».
«Ojalá esa situación se cumpla para no tener que recurrir a un instrumento que ha resultado eficaz pero que ninguna administración quiere mantenerlo en el tiempo», ha incidido.
Montero ha explicado que cuando decaiga el estado de alarma también decaerían las medidas generales, como el toque de queda, pero ha insistido en que cada Comunidad Autónoma puede poner en marcha las medidas de seguridad que considere oportunas para evitar la propagación del virus, siempre que no se vulneren los derechos fundamentales.
En este sentido, ha considerado «suficiente» la legislación ordinaria de Sanidad y las actuaciones coordinadas aprobadas por el Consejo Interterritorial de Salud, que -ha recordado- son de «obligado cumplimiento».
«Ya los jueces se han pronunciado de que son de obligado cumplimiento las actuaciones coordinadas. Esta tarde se vuelve a reunir el Consejo y seguirán promoviendo instrucciones y normas para toda la población», ha puntualizado.
La ministra ha afirmado que si no hay ninguna incidencia se puede continuar con la cogobernanza con las CCAA para que cada uno en su marco establezca los límites de restricción, «que no podrán afectar a los derechos fundamentales salvo que los tribunales así lo decidan».
Montero ha señalado, no obstante, que habrá que seguir monitorizando los umbrales de contagios aunque lo importante es la tendencia y «seguimos en una senda descendente y no como en las olas anteriores».
¿Qué medidas podrán tomar las Comunidades tras el final del estado de alarma?
«Queremos que el 9 de mayo sea el punto final al estado de alarma Es nuestro objetivo y para eso trabajamos», dijo este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya intención es no prorrogar el estado de alarma una vez que expire el próximo 9 de mayo, por lo que dejarían de tener efecto las restricciones de movilidad, como el toque de queda o los cierres perimetrales.
Terminaría así el segundo estado de alarma para el conjunto de España que entró en vigor el 25 de octubre, es decir, seis meses y medio antes, casi el doble de lo que abarcó el primero, desde el 14 de marzo al 20 de junio, y lo hará con el mismo problema que entonces, sin una legislación actualizada que sirva de plan B al marco jurídico que ampara la alarma.
LAS MEDIDAS VUELVEN A ESTAR EN MANO DE LOS TRIBUNALES
Ese fue el debate entre los expertos que se abrió hace meses y que aun hoy continúa vigente pues es de prever que se vaya a generar las mismas polémicas que en el pasado verano y otoño cuando, por ejemplo, un juez de Madrid tumbó las medidas del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que, poco después, fueron avaladas por el Tribunal Superior.
Casos como éste condujeron al Ejecutivo a impulsar un ligero cambio para que fueran los Tribunales Superiores de Justicia autonómicos y no los juzgados los que ratificaran las medidas adoptadas.
Pero ya fueran juzgados o tribunales, aquello convertía a los jueces en árbitros de la pandemia y provocaba desajustes tales como que unos togados tumbaran algunas de las restricciones impuestas por las administraciones mientras otros, a pocos kilómetros de distancia, las respaldaban, es decir, una misma medida era avalada en una comunidad mientras en su vecina era rechazada.
De esta forma, las órdenes de ayuntamientos y Gobiernos autonómicos serán nuevamente revisadas por los jueces, conscientes del desconcierto que provocaron cuando desautorizaron las restricciones consensuadas por las administraciones, que se quedaron en fuera de juego y con la única alternativa del estado de alarma.
SIN ESTADO DE ALARMA, LA CLAVE ESTARÁ EN LA LEY DE SALUD PÚBLICA
Para adoptar nuevas restricciones, ayuntamientos y CCAA tendrán que basarse de nuevo en la Ley de Salud Pública de 1986, que habilita a las distintas administraciones públicas a decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad.
Apoyándose en esa ley, los tribunales sí avalaron el año pasado, por ejemplo, que la Junta de Castilla y León acordara el cierre perimetral de León o que la Junta de Andalucía confinara perimetralmente Casariche (Sevilla) y Almodóvar del Río (Córdoba).
Sin embargo, el pasado octubre el TSJ de Madrid tumbó el cierre perimetral de diez municipios, cuando la Comunidad en vez de buscar la cobertura de esta ley, optó por una orden del Ministerio que no le amparaba para limitar derechos fundamentales. Tras ello, el Gobierno declaró el estado de alarma para la región.
Lo que ocurre es que los magistrados ven en esta ley el origen de la discrepancia pues la consideran «caduca y obsoleta» ya que esta norma se pensó para enfermos concretos y no para una pandemia.
Ahora bien, someter las decisiones en materia sanitaria al control de la autoridad judicial no es siempre obligatorio, solo si afectan a derechos fundamentales, si bien eso no impide a ayuntamientos y CCAA que busquen la ratificación del juez de cara a la opinión pública, aun a riesgo de salir mal parados.
En aquel periodo sin estado de alarma, los jueces revisaron prohibiciones que afectaban a los aforos en bares, restaurantes y actos religiosos, fumar en la vía pública, cierre del ocio nocturno, el uso obligatorio de mascarillas, cierre de parques y jardines o las salidas de residentes de centros sociosanitarios.
Y lo hicieron, en ocasiones, con una situación epidemiológica menos grave que en la actualidad con tres comunidades en riesgo extremo y varias en riesgo alto ante una pandemia ascendente.
EL CONSEJO INTERTERRITORIAL CONSENSUARÁ LAS MEDIDAS
Sánchez explicó ayer que una vez que decaiga el estado de alarma, las medidas que se tengan que adoptar para combatir la pandemia se tomarán en el seno del Consejo Interterritorial, en el que participan el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas.
A su juicio, el sistema de cogobernanza aplicado en los últimos meses ha sido efectivo y ha contado con el aval de la justicia en los pronunciamientos que han dictado ante reclamaciones presentadas contra determinadas medidas restrictivas. No siempre ha sido así.
El caso más sonado ocurrió en el País Vasco cuando el TSJ aceptó cautelarmente la petición de las asociaciones de hostelería de reabrir los bares y restaurantes de los municipios que se encontraban en «zona roja». Esto sucedió el pasado 9 de febrero.
Por Rafael Martínez
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Paco Salazar renuncia a su puesto en el equipo de Sánchez tras ser acusado de acoso sexual a compañeras del PSOE
Publicado
hace 11 horasen
5 julio, 2025
Paco Salazar, una de las figuras más próximas a Pedro Sánchez en el entorno de Moncloa y previsto como nuevo miembro del núcleo duro del presidente del Gobierno, ha presentado su renuncia antes incluso de tomar posesión del cargo. La decisión llega tras la publicación de graves acusaciones por presunto acoso sexual y proposiciones inapropiadas a varias compañeras del Partido Socialista.
La renuncia se produjo tras una reunión tensa en la sede de Ferraz, donde Salazar comunicó su decisión en medio del creciente malestar interno por su comportamiento. Según ha adelantado el diario eldiario.es, al menos dos mujeres del PSOE denunciaron haber sido objeto de comentarios obscenos, insinuaciones sexuales constantes y proposiciones para mantener encuentros fuera del ámbito laboral, como cenas a solas y sugerencias para quedarse a dormir en su domicilio.
Conductas reiteradas y conocidas internamente
Según la investigación periodística, los comportamientos atribuidos a Paco Salazar eran conocidos desde hace meses por varios dirigentes del partido, aunque no se habían hecho públicos hasta ahora. Se trata de un patrón de conducta que incluye uso reiterado de lenguaje sexual, comentarios sobre la apariencia física de sus compañeras y una actitud persistente que ha generado un profundo malestar.
Desde el PSOE, se ha confirmado la existencia de las acusaciones y se ha anunciado que se abrirán diligencias internaspara esclarecer los hechos. En un comunicado oficial, el partido señala que Paco Salazar ha solicitado personalmente la apertura de una investigación preliminar sobre las informaciones conocidas este lunes.
El PSOE inicia una investigación interna urgente
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha informado que iniciará «de inmediato» las diligencias previas de información, aunque puntualiza que hasta el momento no constaban denuncias formales internas contra Salazar.
“El PSOE actuará con firmeza ante cualquier situación que atente contra la dignidad de las personas y los principios de igualdad y respeto que defiende el partido”, aseguran fuentes de Ferraz. La organización política pone así en marcha un procedimiento interno que evaluará las conductas descritas en los informes periodísticos y valorará posibles sanciones.
Impacto político en el entorno de Moncloa
La renuncia de Paco Salazar representa un revés para el equipo de confianza de Pedro Sánchez, donde el hasta ahora alto cargo era considerado uno de los principales ‘fontaneros’ de Moncloa, es decir, una figura clave en la estrategia política, la interlocución interna y la gestión de la maquinaria del partido.
Este episodio se suma a otros recientes que aumentan la presión sobre el Ejecutivo y el Partido Socialista, en un contexto marcado por polémicas judiciales y crisis reputacionales que han afectado a altos cargos y colaboradores cercanos.
Diversas trabajadoras relatan un patrón de comportamiento basado en comentarios sexuales, invitaciones fuera del horario laboral y represalias por rechazos
El recién nombrado adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, Paco Salazar, figura clave en la reestructuración del partido promovida por Pedro Sánchez, se enfrenta a acusaciones de presunto acoso sexual y abuso de poder por parte de varias subordinadas que trabajaron bajo su mando en diferentes etapas.
Los testimonios recogidos por elDiario.es y otros medios apuntan a un ambiente laboral marcado por el hostigamiento, donde Salazar habría realizado comentarios obscenos sobre la vestimenta y el cuerpo de sus compañeras, enviado mensajes personales e insinuantes fuera del horario laboral e incluso lanzado invitaciones a cenar o a dormir en su casa.
“Acoso sexual y abuso de poder”: el testimonio de una excolaboradora
Una de las denunciantes, bajo el nombre ficticio de Lidia, trabajó directamente con Paco Salazar en La Moncloa y ha descrito su comportamiento como un uso continuado de lenguaje sexualizado en el entorno profesional. Según su relato, tras rechazar sus invitaciones, sufrió represalias laborales, como la retirada de funciones o la falta de promoción profesional.
“No se trataba de simples comentarios, sino de un hostigamiento insistente que iba más allá de lo laboral”, asegura.
Otra joven, vinculada al partido desde las primarias de 2017, también expresó haber recibido un trato “baboso” y repetidos comportamientos inadecuados, a pesar de la diferencia de edad y su cercanía familiar con un histórico dirigente socialista.
Un “secreto a voces” en el PSOE
Según fuentes internas del partido, el comportamiento de Salazar era conocido desde hace años, aunque nunca se trasladó a los canales disciplinarios del PSOE. Cargos intermedios y militantes de base hablan de un “clamor extendido” respecto a su conducta, especialmente desde que ocupaba el puesto de número dos en el Gabinete de Presidencia, bajo el mando de Iván Redondo.
Además, su perfil no es nuevo en el círculo de Sánchez: Paco Salazar fue uno de los integrantes del famoso “Peugeot” con el que el actual presidente recorrió España durante las primarias socialistas de 2017, lo que confirma su cercanía al núcleo duro del liderazgo actual.
Vinculación con Ábalos y Cerdán
Salazar mantiene también lazos estrechos con otras figuras implicadas en escándalos recientes dentro del PSOE. Fue colaborador de José Luis Ábalos, exministro de Transportes, y compañero de piso de Santos Cerdán, exsecretario de Organización y actualmente en prisión provisional por su presunta implicación en la trama de corrupción del caso Koldo.
Su nuevo nombramiento como adjunto a Rebeca Torró, la nueva secretaria de Organización del partido, ha generado rechazo en varios sectores del PSOE, que ven con preocupación que una figura tan cuestionada ocupe un cargo de alta responsabilidad en plena crisis interna del partido.
“Muchos lo han recibido con pavor. Su nombramiento ahonda en la desconexión entre la cúpula del partido y la realidad que viven muchas mujeres en el entorno socialista”, señalan fuentes internas.
Un nuevo escándalo que sacude la renovación de Sánchez
La elección de Paco Salazar por parte de Sánchez llega en uno de los momentos más delicados para el PSOE, con el caso Cerdán todavía en desarrollo judicial y un Comité Federal clave que busca reorientar el rumbo del partido. Estas acusaciones por presunto acoso podrían suponer un nuevo revés para la estrategia de renovación del presidente, justo cuando intenta recuperar la iniciativa política.
Hasta el momento, ni la dirección del PSOE ni Salazar han emitido declaraciones públicas sobre estas acusaciones.
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