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MICOF: Las farmacias han sido «ninguneadas» por la conselleria de Sanidad durante la pandemia

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El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner
Concha Tejerina

València, 25 abr (EFE).- El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner, asegura que durante la pandemia del coronavirus, las farmacias comunitarias valencianas han sido «ninguneadas» e «infrautilizadas» por la Conselleria de Sanidad.

«Hemos hecho un papel importantísimo porque ha sido el único establecimiento sanitario que ha atendido presencialmente y ha abierto en horario normal. Sin embargo, desde la Administración no se nos han dado medios», lamenta Giner en una entrevista con la Agencia EFE.

Además, asegura que después de los médicos, son el segundo colectivo sanitario en el que se han producido más fallecimientos por covid, y a pesar de eso, denuncia, entre el 15 y el 20 % de farmacéuticos valencianos «aún no ha sido vacunado».

COMUNICACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

El presidente del Colegio Oficial más antiguo del mundo, que este año celebra su 580 aniversario, reclama una «comunicación directa» con los centros de salud de Atención Primaria, algo que no ha ocurrido en la pandemia, durante la cual, afirma, los teléfonos de atención ciudadana «estaban colapsados».

Según explica, si esa conexión hubiera existido se podría haber comunicado al centro de salud casos de personas que llegaran a la farmacia con síntomas o solucionar, a través de la receta electrónica, problemas de pacientes a quienes les caducaba el tratamiento o no tenían medicamentos.

«Sin embargo, se nos mandaba a los pacientes para que les adelantáramos la medicación, algo ilegal y por lo que la Conselleria puede sancionar con una multa mínima de 30.000 euros», indica Giner, quien considera que para evitar esas situaciones es fundamental «un canal de comunicación» pero que, denuncia, «aún estamos esperando y no sé cuándo tendremos».

Afirma que impulsar esa comunicación es «voluntad política de la Administración», a la que también se ha pedido muchas veces el acceso a la historia clínica y farmacoterapéutica del paciente para la indicación farmacéutica en síntomas menores.

También recuerda que las farmacias comunitarias se han ofrecido para colaborar en la vacunación contra la covid, en hacer test o cribados, «algo vital para detectar posibles brotes», o para hacer un seguimiento de los casos.

«No podemos hacer más, por lo menos que se nos trate como debe ser, porque hay profesionales que pueden seleccionar al personal que acude a su clínica o cerrarla durante el confinamiento, pero en nuestro caso el acceso es libre y hemos cumplido el horario», señala para añadir: «Aun así no hemos sido considerados profesionales de primera línea».

UN COLECTIVO NINGUNEADO POR SANIDAD

Giner afirma que se sienten «ninguneados» por la Conselleria de Sanidad cuando ellos podrían «solucionar problemas sanitarios y de salud de los pacientes con una agilidad brutal, dejando más tiempo a atención primaria para que pueda atender bien a los pacientes que lo necesitan y ahorrando millones de euros a la Administración».

«Pero no quieren reconocer que la farmacia comunitaria puede aportar mucho al ciudadano e incluso a la sostenibilidad del sistema sanitario», asevera.

Según afirma, «esto es lo que ha ocurrido durante toda la pandemia. En las farmacias hemos vivido con miedo porque había un momento en que la información era muy confusa y entraban, y más aún en la tercera ola, pacientes positivos de covid para recoger medicamentos porque no tenían a nadie para hacerlo».

Durante el confinamiento Sanidad habilitó un servicio a domicilio y aunque desde el Colegio les advirtieron de que no lo cortaran porque seguía siendo necesario, «lo hicieron».

«Durante la tercera ola, nos ha llamado gente a la farmacia porque estaba confinada en casa y no tenía a nadie para ir a recoger los medicamentos», explica para añadir: «Nos saltamos la legalidad» porque la salud del paciente está «antes que cualquier ley».

«Como farmacéuticos a pie de calle hemos tenido que ir solucionando los problemas, a veces infringiendo la ley y a veces improvisando constantemente», confiesa el presidente del MICOF.

«Reconozco que la Conselleria está viviendo una situación muy difícil y está haciendo un papel importante a nivel de sociedad, pero a los profesionales sanitarios del ámbito privado les está yendo fatal», aclara.

MUERTES POR COVID

Según Giner, los profesionales farmacéuticos son el segundo colectivo sanitario, por detrás de los médicos y por delante del personal de Enfermería, que más muertos ha tenido por covid durante la pandemia.

«Es algo que no se está reflejando por la Administración ni se está teniendo en cuenta», denuncia Giner, quien considera que este colectivo debería tener «un trato especial, sobre todo en el tema de vacunación».

«Estamos trabajando mucho y siempre hemos acudido a todo lo que nos han pedido desde la Administración, pero muchas veces nos encontramos con la situación de que no cuentan con los profesionales y eso es un error», critica.

Durante la pandemia, explica, les han «dejado al aire» porque no tenían medidas de protección, se las tenían que «agenciar» ellos, y recuerda que el 3 de marzo de 2020 ya se puso en contacto con la Conselleria de Sanidad para que les coordinara porque veían lo que se les venía encima.

«Lo que hemos echado en falta durante este tiempo es que se nos tratar, hubiera sido muy importante para el ciudadano y para el control de la pandemia, que se nos considerara como sistema sanitario, que es lo que somos», subraya.

PROFESIONALES SIN VACUNAR

Giner asegura que entre un 15 y un 20 % de los profesionales de la farmacia comunitaria está aún sin vacunar porque fueron suprimidos del listado que remitieron a la Consellería de Sanidad.

Se trata de entre 700 u 800 profesionales, tanto menores de 55 años como mayores de 55 o de 65, indica Giner, que añade que este problema también afecta a los colegios de ópticos, podólogos o fisioterapeutas.

«Todos ámbitos privados, cuando en la pública están todos vacunados, y deben estarlo», indica.

Giner ha remitido una carta a Ana Barceló para pedirle una solución porque, asegura, «el Colegio está colapsado de farmacéuticos en primera línea, que están atendiendo presencialmente al ciudadano, y ni se les ha vacunado ni sabe cuándo se le va a vacunar».

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Jéssica, expareja de Ábalos: «Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara»

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Caso Koldo-Ábalos
La expareja de José Luis Ábalos, Jéssica Rodríguez (c), a su llegada al Tribunal Supremo a declarar como testigo en el juicio de las mascarillas, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 7 Abr. 2026 (EUROPA PRESS)

Jéssica Rodríguez, expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos, ha asegurado ante el Tribunal Supremo que fue el propio dirigente quien le indicó que buscara vivienda y eligiera la que quisiera, en referencia al piso situado en la Plaza de España de Madrid donde residió durante su relación.

“Me dijo que mirara casas y que eligiera la que me gustara”, ha declarado este martes como testigo en el juicio por los presuntos amaños en contratos de mascarillas.


Declaración en el Tribunal Supremo por el caso mascarillas

Rodríguez ha comparecido en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo, en el marco del procedimiento que investiga posibles irregularidades en la adjudicación de contratos durante la pandemia.

Durante su testimonio, ha explicado que antes de trasladarse a ese inmueble compartía piso con compañeras de la universidad y mantenía una relación frecuente con Ábalos.

“Nos veíamos prácticamente todos los días y no teníamos un sitio donde vernos. Me dijo que con 30 años lo normal era tener mi propio espacio”, ha señalado.


“La idea era tener un lugar para estar juntos”

A preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Rodríguez ha reconocido que eligió la vivienda con la intención de compartir tiempo con el exministro, que entonces seguía residiendo en el domicilio oficial del Ministerio con su familia.

“La idea era tenerla para poder estar los dos”, ha afirmado.

En cuanto al pago del alquiler, ha admitido que pensaba que lo asumía Ábalos, pese a que los investigadores apuntan a que el coste habría sido cubierto por la presunta trama.

“Nunca he sido una persona que haga ese tipo de preguntas”, ha añadido.


Admite que cobró de Ineco sin trabajar

Uno de los puntos clave de su declaración ha sido su relación laboral con empresas públicas como Ineco, donde, según ha reconocido, percibió ingresos sin desempeñar funciones.

Rodríguez ha asegurado que desconocía que se tratara de una empresa pública:

“No sabía ni siquiera que fuera una empresa pública”.

Según su relato, acudió a una entrevista acompañada por Koldo García y consideraba que el puesto se ajustaba a su perfil: “Estaba sobrada de cualificación”.

Sin embargo, ha confirmado que no llegó a trabajar. Ha explicado que mantuvo una reunión con Joseba García, hermano de Koldo, quien le enseñó las instalaciones, tras lo cual regresó a casa sin realizar ninguna tarea.


Una relación iniciada en 2018 y marcada por la situación política

Rodríguez ha detallado que conoció a Ábalos en octubre de 2018 y que la relación se intensificó semanas después, con encuentros frecuentes, viajes y actividades juntos.

No obstante, ha señalado que el entonces ministro no tenía intención de divorciarse mientras permaneciera en el cargo, lo que marcó el final de la relación en noviembre de 2019.

“Cuando vimos que el Gobierno iba a continuar cuatro años, decidí no seguir en esa situación”, ha explicado.


“Nuestra historia solo la conocemos él y yo”

La testigo ha subrayado que la ruptura no fue conflictiva, sino consecuencia de la situación personal del exministro.

Según ha indicado, Ábalos le permitió continuar en el piso mientras finalizaba sus estudios, ya que su situación económica complicaba encontrar otra vivienda en Madrid.

“Se sentía en deuda conmigo porque cambié mi estilo de vida”, ha señalado, insistiendo en que la relación y sus circunstancias “solo las conocemos él y yo”.

Víctor Ábalos niega custodiar dinero de su padre y aclara el polémico “café” en el juicio de la trama de mascarillas

Víctor Ábalos, hijo del exministro de Transportes José Luis Ábalos, compareció este martes como testigo en el juicio del Tribunal Supremo por la presunta trama de mascarillas durante la pandemia de Covid-19. Durante su declaración, negó categóricamente haber sido “custodio” del dinero de su padre y aclaró el polémico uso de la palabra “café” que había detectado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Negativa a custodiar fondos y préstamos familiares

Víctor Ábalos aseguró ante el tribunal que todo el dinero que ha entregado a su padre proviene de sus propios ingresos: “Yo no tengo dinero de nadie, yo no soy custodio de nadie. Todo lo que le he dado a mi padre es de mi cuenta bancaria, sin más”, declaró.

Reconoció haber prestado unos 20.000 euros a su padre tras su divorcio, pero negó que el dinero provenga de empresas de Colombia, país donde su padre “trabaja más”. “En el caso de que tuviera que prestarle algo, es mi dinero, no viene de ninguna empresa”, precisó.

Desmiente transacciones con Koldo García

Respecto a Koldo García, exasesor ministerial, Víctor Ábalos negó haberle dado dinero o haber tenido negocios con él: “Contraté los servicios de una empresa administrada por su pareja, pero solo duró dos meses”. También afirmó que nunca ha utilizado teléfonos encriptados ni habla en clave con nadie, incluido su padre.

Sobre el término “café”, detectado por la UCO como supuesto lenguaje cifrado, aclaró que simplemente hace referencia a la afición de Koldo al café y a sus viajes frecuentes a Colombia: “Ni hablo en clave, ni tengo costumbre ni sé hablar en clave”.

Situación económica familiar y apoyo mediático

Víctor Ábalos calificó la situación económica de su padre como “lamentable” y detalló que su familia ha sufrido una “campaña reputacional brutal”, que afectó sus ingresos. Admitió que sus intervenciones televisivas estaban motivadas por la necesidad de mantener a su familia y apoyar a su padre: “Estamos ahí para lo que necesite, con ingresos de peculio, de teléfono o de los gastos del día a día”.

Contexto del juicio

El juicio contra José Luis Ábalos, Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se celebra entre el 7 y el 30 de abril en el Tribunal Supremo, en relación con presuntas comisiones ilegales en contratos de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos y 19,5 años para Koldo García, mientras que Aldama afronta 7 años de cárcel.

El caso mascarillas llega a juicio en el Supremo

El juicio, que se celebrará entre el 7 y el 30 de abril, juzga supuestas comisiones ilegales en la adjudicación de contratos de mascarillas durante la crisis de la COVID-19 en 2020.

Junto a Ábalos también están acusados su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama, considerado presunto intermediario en la trama.

Penas solicitadas: hasta 24 años de prisión

La Fiscalía solicita:

  • 24 años de cárcel para José Luis Ábalos
  • 19 años y medio para Koldo García
  • 7 años para Víctor de Aldama

Las acusaciones populares elevan incluso la petición de pena hasta los 30 años para algunos de los implicados.

Qué se investiga en el caso

Según la acusación, los implicados se habrían concertado para aprovechar la posición de Ábalos como ministro y dirigente político con el objetivo de favorecer a determinadas empresas en contratos públicos.

A cambio, habrían recibido presuntas comisiones ilegales vinculadas a la compra de material sanitario durante la pandemia.

Testigos clave y primeras declaraciones

La primera jornada del juicio contará con la declaración de once testigos, entre ellos familiares y personas del entorno del exministro.

También se analizarán supuestas contrataciones irregulares en empresas públicas y pagos relacionados con alquileres que, según la investigación, podrían formar parte de las comisiones investigadas.

Un juicio de gran impacto mediático

Más de 50 medios de comunicación están acreditados para cubrir este proceso judicial, considerado el primer gran juicio del denominado caso Koldo, que cuenta con otras piezas abiertas en la Audiencia Nacional.

Un proceso clave en la lucha contra la corrupción

El juicio marcará un punto de inflexión en la investigación sobre la gestión de contratos durante la pandemia, poniendo el foco en la transparencia y el uso de fondos públicos en situaciones de emergencia.

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