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Valencia

MICOF: Las farmacias han sido «ninguneadas» por la conselleria de Sanidad durante la pandemia

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El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner
Concha Tejerina

València, 25 abr (EFE).- El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner, asegura que durante la pandemia del coronavirus, las farmacias comunitarias valencianas han sido «ninguneadas» e «infrautilizadas» por la Conselleria de Sanidad.

«Hemos hecho un papel importantísimo porque ha sido el único establecimiento sanitario que ha atendido presencialmente y ha abierto en horario normal. Sin embargo, desde la Administración no se nos han dado medios», lamenta Giner en una entrevista con la Agencia EFE.

Además, asegura que después de los médicos, son el segundo colectivo sanitario en el que se han producido más fallecimientos por covid, y a pesar de eso, denuncia, entre el 15 y el 20 % de farmacéuticos valencianos «aún no ha sido vacunado».

COMUNICACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

El presidente del Colegio Oficial más antiguo del mundo, que este año celebra su 580 aniversario, reclama una «comunicación directa» con los centros de salud de Atención Primaria, algo que no ha ocurrido en la pandemia, durante la cual, afirma, los teléfonos de atención ciudadana «estaban colapsados».

Según explica, si esa conexión hubiera existido se podría haber comunicado al centro de salud casos de personas que llegaran a la farmacia con síntomas o solucionar, a través de la receta electrónica, problemas de pacientes a quienes les caducaba el tratamiento o no tenían medicamentos.

«Sin embargo, se nos mandaba a los pacientes para que les adelantáramos la medicación, algo ilegal y por lo que la Conselleria puede sancionar con una multa mínima de 30.000 euros», indica Giner, quien considera que para evitar esas situaciones es fundamental «un canal de comunicación» pero que, denuncia, «aún estamos esperando y no sé cuándo tendremos».

Afirma que impulsar esa comunicación es «voluntad política de la Administración», a la que también se ha pedido muchas veces el acceso a la historia clínica y farmacoterapéutica del paciente para la indicación farmacéutica en síntomas menores.

También recuerda que las farmacias comunitarias se han ofrecido para colaborar en la vacunación contra la covid, en hacer test o cribados, «algo vital para detectar posibles brotes», o para hacer un seguimiento de los casos.

«No podemos hacer más, por lo menos que se nos trate como debe ser, porque hay profesionales que pueden seleccionar al personal que acude a su clínica o cerrarla durante el confinamiento, pero en nuestro caso el acceso es libre y hemos cumplido el horario», señala para añadir: «Aun así no hemos sido considerados profesionales de primera línea».

UN COLECTIVO NINGUNEADO POR SANIDAD

Giner afirma que se sienten «ninguneados» por la Conselleria de Sanidad cuando ellos podrían «solucionar problemas sanitarios y de salud de los pacientes con una agilidad brutal, dejando más tiempo a atención primaria para que pueda atender bien a los pacientes que lo necesitan y ahorrando millones de euros a la Administración».

«Pero no quieren reconocer que la farmacia comunitaria puede aportar mucho al ciudadano e incluso a la sostenibilidad del sistema sanitario», asevera.

Según afirma, «esto es lo que ha ocurrido durante toda la pandemia. En las farmacias hemos vivido con miedo porque había un momento en que la información era muy confusa y entraban, y más aún en la tercera ola, pacientes positivos de covid para recoger medicamentos porque no tenían a nadie para hacerlo».

Durante el confinamiento Sanidad habilitó un servicio a domicilio y aunque desde el Colegio les advirtieron de que no lo cortaran porque seguía siendo necesario, «lo hicieron».

«Durante la tercera ola, nos ha llamado gente a la farmacia porque estaba confinada en casa y no tenía a nadie para ir a recoger los medicamentos», explica para añadir: «Nos saltamos la legalidad» porque la salud del paciente está «antes que cualquier ley».

«Como farmacéuticos a pie de calle hemos tenido que ir solucionando los problemas, a veces infringiendo la ley y a veces improvisando constantemente», confiesa el presidente del MICOF.

«Reconozco que la Conselleria está viviendo una situación muy difícil y está haciendo un papel importante a nivel de sociedad, pero a los profesionales sanitarios del ámbito privado les está yendo fatal», aclara.

MUERTES POR COVID

Según Giner, los profesionales farmacéuticos son el segundo colectivo sanitario, por detrás de los médicos y por delante del personal de Enfermería, que más muertos ha tenido por covid durante la pandemia.

«Es algo que no se está reflejando por la Administración ni se está teniendo en cuenta», denuncia Giner, quien considera que este colectivo debería tener «un trato especial, sobre todo en el tema de vacunación».

«Estamos trabajando mucho y siempre hemos acudido a todo lo que nos han pedido desde la Administración, pero muchas veces nos encontramos con la situación de que no cuentan con los profesionales y eso es un error», critica.

Durante la pandemia, explica, les han «dejado al aire» porque no tenían medidas de protección, se las tenían que «agenciar» ellos, y recuerda que el 3 de marzo de 2020 ya se puso en contacto con la Conselleria de Sanidad para que les coordinara porque veían lo que se les venía encima.

«Lo que hemos echado en falta durante este tiempo es que se nos tratar, hubiera sido muy importante para el ciudadano y para el control de la pandemia, que se nos considerara como sistema sanitario, que es lo que somos», subraya.

PROFESIONALES SIN VACUNAR

Giner asegura que entre un 15 y un 20 % de los profesionales de la farmacia comunitaria está aún sin vacunar porque fueron suprimidos del listado que remitieron a la Consellería de Sanidad.

Se trata de entre 700 u 800 profesionales, tanto menores de 55 años como mayores de 55 o de 65, indica Giner, que añade que este problema también afecta a los colegios de ópticos, podólogos o fisioterapeutas.

«Todos ámbitos privados, cuando en la pública están todos vacunados, y deben estarlo», indica.

Giner ha remitido una carta a Ana Barceló para pedirle una solución porque, asegura, «el Colegio está colapsado de farmacéuticos en primera línea, que están atendiendo presencialmente al ciudadano, y ni se les ha vacunado ni sabe cuándo se le va a vacunar».

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Valencia

La celebración del Festival de les Arts y BigSound, en peligro por una sentencia judicial en València

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Festival de les Arts 2026
Imagen de un concierto en la Ciudad de las Artes de València - EUROPA PRESS

El juez ordena medidas contra la contaminación acústica en la Ciudad de las Artes y reconoce indemnizaciones a vecinos

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 8 de València ha estimado la demanda presentada por vecinos de dos edificios y ha ordenado al Ayuntamiento de la capital adoptar medidas para evitar que el ruido de discotecas y conciertos en la Ciudad de las Artes y las Ciencias vulnere derechos fundamentales.

La resolución judicial incluye la posibilidad de revocar autorizaciones o reubicar eventos y reconoce además el derecho de los vecinos a ser indemnizados por daño moral.

El Ayuntamiento vulneró derechos fundamentales, según la sentencia

Así lo señala el fallo, fechado el 24 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press. El magistrado declara que el Ayuntamiento de València ha vulnerado el derecho fundamental a la intimidad y a la integridad moral de los vecinos demandantes.

Los afectados residen en dos edificios de la avenida Profesor López Piñero, en las inmediaciones del recinto de CACSA, donde se celebran conciertos y eventos. El origen del proceso se remonta a una reclamación presentada en 2022.

Indemnización de 3.000 euros por daños morales

En la resolución, contra la que cabe recurso, el juez condena al consistorio a indemnizar con 3.000 euros a cada vecino demandante. Considera esta cantidad “proporcional” teniendo en cuenta el tiempo durante el que han sufrido las molestias.

El magistrado subraya que no es necesario aportar pruebas médicas para acreditar el daño moral, apoyándose en jurisprudencia consolidada:

  • La exposición continuada a ruido intenso genera daño moral
  • Provoca desasosiego, sufrimiento e incomodidad
  • Supone una merma en la calidad de vida

“El simple hecho de estar sometido de forma continuada a ruidos de ciertas características constituye un daño moral”, recoge la sentencia.

El control del ruido es competencia municipal

El fallo recuerda que corresponde al Ayuntamiento ejercer las inspecciones necesarias para garantizar que las actividades cumplen la normativa, en base a la Ley 7/2002 de la Generalitat sobre contaminación acústica.

Además, aclara que aunque ciertas actividades no requieran licencia previa, esto no elimina el control posterior:

  • El Ayuntamiento debe inspeccionar
  • Puede sancionar incumplimientos
  • Debe garantizar el respeto a la normativa acústica

“El hecho de que las actividades se desarrollen en ese entorno no implica que gocen de patente de corso en materia de contaminación acústica”, señala el magistrado.

“Ruidos insoportables” por conciertos y discotecas

Los vecinos denunciaron que los eventos celebrados en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, como conciertos o la actividad de la terraza del Umbracle, generan niveles de ruido “insoportables”.

Según informes periciales:

  • Se registraron niveles de hasta 80 dBA
  • Se superaron los límites legales de 45 dBA nocturnos y 55 diurnos
  • Se detectaron molestias en festivales como Big Sound, Love the 90’s o Festival de les Arts

Estas mediciones evidencian, según los demandantes, una vulneración de los límites acústicos establecidos en la ordenanza municipal.

Falta de control municipal en la zona

El magistrado también critica la actuación del Ayuntamiento, señalando que los controles han sido “escasísimos”, deficientes e ineficaces.

Según recoge la sentencia:

  • No se han realizado mediciones adecuadas en viviendas
  • Se han ignorado numerosas quejas vecinales
  • La mayoría de actas se centran en el Umbracle, sin control sobre conciertos

Además, considera que el consistorio no ha demostrado haber adoptado medidas eficaces para proteger los derechos de los vecinos tras la reclamación.

Postura del Ayuntamiento y de la Generalitat

El Ayuntamiento defendió que no tenía competencia directa, alegando que la Generalitat declaró en 2006 de interés general la Ciudad de las Artes y las Ciencias, excluyendo ciertas actividades de licencia municipal.

También cuestionó los informes periciales al considerar que no medían el ruido de fondo sin actividad.

Por su parte, desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias se ha indicado que la resolución corresponde al Ayuntamiento, mientras que el fiscal se opuso inicialmente a la demanda al no apreciar inactividad municipal suficiente.

El Ayuntamiento estudiará la sentencia

Fuentes municipales han confirmado que los servicios jurídicos del consistorio analizarán el fallo, que no es firme y puede ser recurrido.

Además, recuerdan que los hechos denunciados se remontan a 2018 y que la demanda se presentó en mayo de 2023, antes de la llegada de la actual corporación municipal.

Desde la Ciudad de las Artes y las Ciencias también han señalado que su departamento jurídico está valorando la sentencia.

Un fallo con impacto en el modelo de eventos en València

Esta sentencia puede tener consecuencias importantes en la celebración de conciertos, festivales y actividades en la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

El fallo reabre el debate sobre:

  • La convivencia entre ocio y vecinos
  • El control del ruido en grandes eventos
  • El modelo de festivales urbanos en València

La posible reubicación o limitación de eventos marca un punto de inflexión en la gestión de la actividad cultural en la ciudad.

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