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MICOF: Las farmacias han sido «ninguneadas» por la conselleria de Sanidad durante la pandemia

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El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner
Concha Tejerina

València, 25 abr (EFE).- El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Valencia (MICOF), Jaime Giner, asegura que durante la pandemia del coronavirus, las farmacias comunitarias valencianas han sido «ninguneadas» e «infrautilizadas» por la Conselleria de Sanidad.

«Hemos hecho un papel importantísimo porque ha sido el único establecimiento sanitario que ha atendido presencialmente y ha abierto en horario normal. Sin embargo, desde la Administración no se nos han dado medios», lamenta Giner en una entrevista con la Agencia EFE.

Además, asegura que después de los médicos, son el segundo colectivo sanitario en el que se han producido más fallecimientos por covid, y a pesar de eso, denuncia, entre el 15 y el 20 % de farmacéuticos valencianos «aún no ha sido vacunado».

COMUNICACIÓN CON ATENCIÓN PRIMARIA

El presidente del Colegio Oficial más antiguo del mundo, que este año celebra su 580 aniversario, reclama una «comunicación directa» con los centros de salud de Atención Primaria, algo que no ha ocurrido en la pandemia, durante la cual, afirma, los teléfonos de atención ciudadana «estaban colapsados».

Según explica, si esa conexión hubiera existido se podría haber comunicado al centro de salud casos de personas que llegaran a la farmacia con síntomas o solucionar, a través de la receta electrónica, problemas de pacientes a quienes les caducaba el tratamiento o no tenían medicamentos.

«Sin embargo, se nos mandaba a los pacientes para que les adelantáramos la medicación, algo ilegal y por lo que la Conselleria puede sancionar con una multa mínima de 30.000 euros», indica Giner, quien considera que para evitar esas situaciones es fundamental «un canal de comunicación» pero que, denuncia, «aún estamos esperando y no sé cuándo tendremos».

Afirma que impulsar esa comunicación es «voluntad política de la Administración», a la que también se ha pedido muchas veces el acceso a la historia clínica y farmacoterapéutica del paciente para la indicación farmacéutica en síntomas menores.

También recuerda que las farmacias comunitarias se han ofrecido para colaborar en la vacunación contra la covid, en hacer test o cribados, «algo vital para detectar posibles brotes», o para hacer un seguimiento de los casos.

«No podemos hacer más, por lo menos que se nos trate como debe ser, porque hay profesionales que pueden seleccionar al personal que acude a su clínica o cerrarla durante el confinamiento, pero en nuestro caso el acceso es libre y hemos cumplido el horario», señala para añadir: «Aun así no hemos sido considerados profesionales de primera línea».

UN COLECTIVO NINGUNEADO POR SANIDAD

Giner afirma que se sienten «ninguneados» por la Conselleria de Sanidad cuando ellos podrían «solucionar problemas sanitarios y de salud de los pacientes con una agilidad brutal, dejando más tiempo a atención primaria para que pueda atender bien a los pacientes que lo necesitan y ahorrando millones de euros a la Administración».

«Pero no quieren reconocer que la farmacia comunitaria puede aportar mucho al ciudadano e incluso a la sostenibilidad del sistema sanitario», asevera.

Según afirma, «esto es lo que ha ocurrido durante toda la pandemia. En las farmacias hemos vivido con miedo porque había un momento en que la información era muy confusa y entraban, y más aún en la tercera ola, pacientes positivos de covid para recoger medicamentos porque no tenían a nadie para hacerlo».

Durante el confinamiento Sanidad habilitó un servicio a domicilio y aunque desde el Colegio les advirtieron de que no lo cortaran porque seguía siendo necesario, «lo hicieron».

«Durante la tercera ola, nos ha llamado gente a la farmacia porque estaba confinada en casa y no tenía a nadie para ir a recoger los medicamentos», explica para añadir: «Nos saltamos la legalidad» porque la salud del paciente está «antes que cualquier ley».

«Como farmacéuticos a pie de calle hemos tenido que ir solucionando los problemas, a veces infringiendo la ley y a veces improvisando constantemente», confiesa el presidente del MICOF.

«Reconozco que la Conselleria está viviendo una situación muy difícil y está haciendo un papel importante a nivel de sociedad, pero a los profesionales sanitarios del ámbito privado les está yendo fatal», aclara.

MUERTES POR COVID

Según Giner, los profesionales farmacéuticos son el segundo colectivo sanitario, por detrás de los médicos y por delante del personal de Enfermería, que más muertos ha tenido por covid durante la pandemia.

«Es algo que no se está reflejando por la Administración ni se está teniendo en cuenta», denuncia Giner, quien considera que este colectivo debería tener «un trato especial, sobre todo en el tema de vacunación».

«Estamos trabajando mucho y siempre hemos acudido a todo lo que nos han pedido desde la Administración, pero muchas veces nos encontramos con la situación de que no cuentan con los profesionales y eso es un error», critica.

Durante la pandemia, explica, les han «dejado al aire» porque no tenían medidas de protección, se las tenían que «agenciar» ellos, y recuerda que el 3 de marzo de 2020 ya se puso en contacto con la Conselleria de Sanidad para que les coordinara porque veían lo que se les venía encima.

«Lo que hemos echado en falta durante este tiempo es que se nos tratar, hubiera sido muy importante para el ciudadano y para el control de la pandemia, que se nos considerara como sistema sanitario, que es lo que somos», subraya.

PROFESIONALES SIN VACUNAR

Giner asegura que entre un 15 y un 20 % de los profesionales de la farmacia comunitaria está aún sin vacunar porque fueron suprimidos del listado que remitieron a la Consellería de Sanidad.

Se trata de entre 700 u 800 profesionales, tanto menores de 55 años como mayores de 55 o de 65, indica Giner, que añade que este problema también afecta a los colegios de ópticos, podólogos o fisioterapeutas.

«Todos ámbitos privados, cuando en la pública están todos vacunados, y deben estarlo», indica.

Giner ha remitido una carta a Ana Barceló para pedirle una solución porque, asegura, «el Colegio está colapsado de farmacéuticos en primera línea, que están atendiendo presencialmente al ciudadano, y ni se les ha vacunado ni sabe cuándo se le va a vacunar».

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Valencia

El ‘basurazo’ en València y l’Horta genera polémica: ciudadanos y ayuntamientos en pie de guerra

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Tasa basura Valencia

La puesta en marcha de la nueva tasa de basuras, conocida popularmente como el «basurazo», ha generado tensiones y protestas en València y en el área metropolitana de l’Horta debido a su impacto en la gestión de residuos y en las economías familiares.

¿Qué es el «basurazo»?

El término «basurazo» se utiliza para referirse a la nueva tasa de residuos que deben aplicar los ayuntamientos en España para cumplir con la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

Esta normativa obliga a los municipios a establecer una tasa específica, no deficitaria, que cubra íntegramente el coste de la recogida y transporte de los residuos sólidos urbanos hasta las plantas de tratamiento.

En València, la tasa empezó a notificarse a partir del 1 de abril de 2026 a más de 440.000 viviendas, comunidades y locales, y su coste será calculado según parámetros como el consumo de agua anual, considerado un indicador indirecto de generación de residuos.

¿Por qué genera conflictos?

1. Carga económica directa a los ciudadanos

Con la entrada en vigor de esta nueva tasa, quien genera residuos debe asumir el coste real del servicio, algo que hasta ahora en muchos casos se financiaba con otros impuestos o por parte de los ayuntamientos.

En València, los recibos que ya se están empezando a emitir se consideran por algunos ciudadanos y partidos como un «impuesto excesivo», ya que se calcula en función de parámetros indirectos como el consumo de agua y no siempre guarda relación con la cantidad real de residuos generados.

2. Diferencias entre municipios

No existe un criterio único para calcular la tasa. Algunos ayuntamientos utilizan el consumo de agua, otros el valor catastral de la vivienda o incluso sistemas mixtos. Esto provoca grandes disparidades en los importes de la tasa entre diferentes ciudades.

3. Tensiones políticas y gestión local

Mientras que el Gobierno central defiende que esta tasa responde a la normativa europea y a la necesidad de asegurar la financiación de los servicios de recogida, algunos consistorios critican que la falta de directrices claras ha forzado una implementación apresurada que recae directamente sobre los ciudadanos.

Impacto en los ciudadanos y la economía doméstica

La tasa de basuras ha sido uno de los factores que ha impulsado el incremento del coste de la gestión de residuos en el Índice de Precios al Consumo (IPC), llegando a registrar subidas por encima de la inflación general en España.

En València, por ejemplo, la tasa es de las más altas del país comparada con otras capitales, algo que ha elevado las quejas de vecinos y asociaciones.

¿Qué sigue ahora con la gestión de residuos?

La gestión integral de residuos urbanos —que incluye recogida, transporte, tratamiento y eliminación— es un servicio esencial para cualquier ciudad y tiene efectos ambientales, sociales y económicos importantes.

La implantación del «basurazo» busca incentivar una gestión más sostenible, aplicar el principio de «quien contamina, paga» y asegurar que los costes no recaen íntegramente en los presupuestos municipales, sino en quienes generan los desechos.

Sin embargo, el debate continúa entre quienes consideran que esta tasa es necesaria para modernizar la gestión de residuos y quienes creen que su implantación actual carece de criterios claros y puede generar desigualdades y cargas excesivas.

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