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Morfología de la culpa tras la DANA 

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balance político de Pedro Sánchez
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su réplica a las intervenciones de los grupos en su comparecencia este miércoles ante el pleno del Congreso para informar de la gestión de la dana. EFE/ Chema Moya

Casi un mes después de la catastrófica dana que devastó la Comunidad Valenciana, el Congreso de los Diputados se convirtió en el escenario de un enfrentamiento político sobre responsabilidades y actuaciones ante el desastre. La sesión, encabezada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mostró un cruce de acusaciones que evidenció cómo la culpa se convierte en un concepto esquivo en contextos de crisis. Esta es la morfología de la culpa.

El enfoque de Pedro Sánchez: responsabilidades en la Generalitat

Durante su intervención, Sánchez señaló al presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, como el principal responsable del manejo ineficiente de la emergencia y pidió a Feijóo que exija su destitución. Además, defendió la gestión del Gobierno central, destacando la aprobación de un tercer paquete de ayudas que eleva a 16.600 millones de euros los recursos movilizados para los afectados por la dana.

El presidente subrayó que el sistema y el estado autonómico no fallaron, sino que lo hicieron “algunas personas”. Asimismo, criticó a Feijóo y al líder de Vox, Santiago Abascal, por promover desinformación y bulos, al tiempo que les acusó de negar la existencia del cambio climático, un factor clave en eventos extremos como la dana.

La postura de Núñez Feijóo: críticas al Gobierno central

Por su parte, Feijóo centró sus ataques en la supuesta falta de previsión y reacción del Ejecutivo central. Acusó a Sánchez de «abandono» y aseguró que no haber declarado la emergencia nacional fue un error crucial. “La gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias”, afirmó, pidiendo al presidente que dimita por su gestión.

Feijóo defendió además a Mazón, sin mencionar directamente su papel, y acusó a Sánchez de utilizar la tragedia como arma política. Sus palabras fueron respaldadas por un insistente aplauso de su grupo parlamentario.

Vox y la oposición: una crítica más agresiva

Santiago Abascal elevó el tono al acusar a Sánchez de «crueldad» y «sadismo», culpándolo directamente de la tragedia y vinculándolo a una «red de macrocorrupción». Para Abascal, el Gobierno central es el único responsable de la crisis, posición que defendió con dureza durante toda la sesión.

Otros partidos y la responsabilidad compartida

Desde Sumar, Verónica Martínez debutó en el Congreso destacando el impacto mortal del negacionismo climático, mientras que Gabriel Rufián (ERC) y Miriam Nogueras (JxCAT) aprovecharon para criticar tanto a Sánchez como a Mazón. Ione Belarra (Podemos) denunció la contratación de «empresas corruptas» por parte del gobierno valenciano para la reconstrucción, y Mertxe Aizpurua (Bildu) lamentó la «absoluta incompetencia» demostrada en Valencia.

Conclusión: la culpa como arma política

El debate dejó claro que, frente a una tragedia de esta magnitud, los discursos políticos tienden a buscar culpables más que soluciones. A pesar de las críticas cruzadas, el presidente del Gobierno cerró su intervención reivindicando «la buena política», aquella que, según él, «busca soluciones y no culpables».

Esta sesión reflejó no solo el impacto humano y material de la dana, sino también cómo la gestión de crisis se convierte en un campo de batalla política, donde el concepto de culpa parece ser tan inasible como el propio desastre natural.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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