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Murcia estudia incluir educación emocional como una asignatura de libre configuración en todos los centros de Primaria

Publicado

en

Ana Cánovas

La Consejería de Educación, Juventud y Deportes está trabajando para incluir la educación emocional como una asignatura de libre configuración en todos los centros de Primaria de la Región de Murcia, según ha detallado a Europa Press su titular, Adela Martínez-Cachá.

Y es que, según la consejera, «se ha evidenciado la necesidad de desarrollar habilidades que respondan a necesidades personales y sociales no atendidas en las materias académicas ordinarias».

Escuchadas las propuestas de los centros educativos de Murcia «se ha decidido incluir el área de Educación Socio Emocional en el Decreto de materias del bloque de asignaturas de libre configuración autonómica que actualmente está en trámite, con la finalidad de dar cobertura curricular que facilite la práctica de la educación socio-emocional y apoye la labor del profesorado en este ámbito».

Para ello, se va a constituir un equipo de trabajo para desarrollar esta propuesta curricular y que aquellos centros que lo soliciten puedan impartir esta materia. Esta iniciativa se trabajará también en las Comisiones de Directores de Primaria.

Esta asignatura ‘Educación Socio-Emocional’ llegará primero al alumnado matriculado en centros de educación especial y aulas abiertas especializadas de centros ordinarios, porque su desarrollo está más avanzado, su currículo ya se ha diseñado por profesores expertos y el decreto que la regulará está en trámite. Se espera que esta materia esté implementada en los centros educativos el próximo curso.

Esta materia «se configurará como un área con carácter inclusivo, integral, reforzador de los aprendizajes de las demás áreas y, especialmente, dirigida a ofrecer una respuesta concreta de las necesidades educativas relacionadas con el desarrollo de las capacidades cognitivas y emocionales de todo el alumnado», según ha explicado la consejera.

Se trata de una propuesta curricular para desarrollar a lo largo los cursos 4º, 5º y 6º de Primaria a través de un planteamiento secuencial y jerarquizado que profundiza en aprendizajes para lograr alumnado socioemocionalmente competente.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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