València, 17 jun (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, comparece este viernes en la habitual rueda de prensa tras el pleno del Gobierno valenciano pero que tendrá un interés mediático extra, pues lo hará como imputada por la gestión de su Conselleria en los abusos a una menor tutelada por parte de su exmarido.

Será su primera comparecencia pública después de que ayer el Tribunal Superior de Justicia valenciano anunciara que tendrá que declarar el 6 de julio, en calidad de investigada, y de que la oposición en bloque haya exigido su cese inmediato mientras el president de la Generalitat, Ximo Puig, haya mostrado su respeto a la justicia y el deseo de que todo se aclare.

Desde la coalición de Oltra, Compromís, le han expresado su «apoyo incondicional» y la tercera pata del pacto del Botànic, Unides Podem, ha garantizado la «estabilidad» del Gobierno valenciano y ha pedido ser «muy escrupulosos en el respeto a los procedimientos judiciales y evitar cualquier tipo de interferencias políticas».

Oltra compareció este jueves ante los medios durante un acto sanitario pero antes de que se conociera la decisión de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV, por lo que la rueda de prensa que ofrecerá, como cada viernes, a las 12 del mediodía adquiere esta vez mayor interés informativo.

Ahora se redobla la presión sobre su futuro político, pues el debate se centra en si, una vez imputada, debe dejar sus cargos (vicepresidenta y portavoz del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, además de ser la cara más visible de Compromís) o, por el contrario, aguantar y dar, aún como cargo público, todas las explicaciones en sede judicial dentro de diecinueve días.

La decisión del TSJCV de incoar diligencias previas, que era esperada después de que la Fiscalía respaldara la investigación de Oltra y le atribuyera los posibles delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos, pretende investigar si la «sospecha inicial» de una posible actuación concertada tiene «entidad suficiente».

El auto señala que los diferentes trámites seguidos en la Conselleria que dirige Oltra sobre este caso considerados de forma «aislada» no puedan entenderse «ilegales e incluso irregulares», pero si se valoran en su conjunto, «poniéndolos en relación con su contenido y su oportunidad», hace pensar que han sido elaborados «con un propósito muy concreto» y «de una muy dudosa legalidad».

Dicho propósito, añade al auto, sería «beneficiar la situación procesal del -entonces- marido del Oltra, o bien sencillamente tratar de proteger la carrera política de esta, aun cuando ello se hiciera en perjuicio de una menor tutelada por la Conselleria de Igualdad».

Reconoce que «no existe prueba directa que vincule esos singulares trámites con la aforada», pero cree que sí que concurren unos «indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados precisamente con ese fin, y considera «increíble» que Oltra se enterara de los abusos por la prensa.

El tribunal sospecha que, «en contra de lo afirmado conoció estos hechos desde el principio, bien por comunicación de alguno de sus subordinados, bien por sencillamente comentárselo su marido», con quien en esos momentos convivía.

La Sala de lo Civil y Penal reconoce que la sentencia que condenó al exmarido de Oltra por estos abusos está pendiente de que se resuelva un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, lo que no le impedirá entrar a valorar los delitos imputados por el Ministerio Fiscal, ya que «en definitiva se refiere sencillamente a impedir una investigación y a no dar a la menor la debida protección que su particular posición les imponía».

Los abusos por los que el exmarido de Oltra fue condenado a cinco años de prisión en diciembre de 2019 se produjeron a finales de 2016 y principios de 2017. La menor los comunicó a una trabajadora del centro de menores en febrero de 2017, si bien hasta cuatro meses después, cuando la chica lo comentó a un Policía que acudió al centro por otro motivo, no se trasladó a la Fiscalía.