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Valencia

Oltra sobre los abusos a la menor tutelada: «A nadie provocan más repugnancia que a mí»

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EFE

València, 21 abr (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que no hay nadie a quien provoquen «más repugnancia» que a ella los abusos cometidos por un educador, exmarido suyo, sobre una menor tutelada, y por los que ha sido condenado a cinco años de prisión.

Así lo ha afirmado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en Les Corts Valencianes, donde ha comparecido para explicar la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a este educador, y en la que se critica la actuación de la Conselleria.

Tras afirmar que su relación personal con el condenado «no ha afectado en nada a sus actuaciones» en el Consell, ha criticado una sentencia que, según ha destacado, pone en duda, «de manera generalizada, a profesionales, públicos y privados», del sistema de protección de menores.

Los grupos de la oposición han criticado el «victimismo» de Oltra, a la que han recordado que la víctima es la menor abusada y no ella, y han pedido su dimisión, no por su relación personal con el abusador, sino por ser la máxima responsable de una Conselleria que debía proteger a la menor.

Mónica Oltra: «Mi relación con el educador no ha afectado en nada a mis actuaciones»

Oltra también ha asegurado que su relación personal con el educador condenado por abusos sexuales a una menor tutelada «no ha afectado en nada a sus actuaciones» en el Consell.

«Cuestionar eso es cuestionar mi honor, mi integridad moral y ética, y mi labor institucional», ha afirmado Oltra durante su intervención en el pleno de Les Corts para explicar la sentencia que condena a cinco años a este educador, exmarido de la vicepresidenta, y en la que se critica la actuación de la Conselleria.

Pero es más que eso, ha dicho Oltra, «es también cuestionar el trabajo libre y profesional de todas las personas trabajadoras que se han visto salpicadas y cuestionadas en su trabajo cotidiano», y «poner en duda la credibilidad y el buen hacer» de las funcionarias y funcionarios públicos.

Oltra ha iniciado su comparecencia leyendo los hechos probados que recoge la sentencia y que, según ha destacado, no hacen ninguna referencia ni a la Generalitat, ni a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ni a ella misma.

«Tampoco a la Administración Pública como encubridora de abusadores, ni de tratos de favor, ni de consignas, ni de desamparar a la víctima», ha dicho Oltra, quien ha destacado que la sentencia «tiene como objetivo juzgar un caso de abusos a una persona menor de edad y no la acción de la Conselleria».

«Todo aquello que queda fuera de estos hechos son interpretaciones, insinuaciones, juicios de valor o apreciaciones diversas sobre la actuación de la Vicepresidencia del Consell», ha precisado.

Según Oltra, la sentencia «realiza valoraciones y lanza sospechas graves sobre la actuación de la Vicepresidencia», que no tienen traslado ni relevancia en los hechos probados, y «cuestiona el funcionamiento del sistema de protección» de los menores tutelados por la Generalitat y la actuación y el comportamiento de funcionarios y profesionales de entidades de carácter privado.

«No podemos permitir que se ponga en duda el sistema de protección»

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este miércoles en Les Corts que no se puede permitir que «se ponga en duda, de manera generalizada, a profesionales, públicos y privados», del sistema de protección de menores.

Ha afirmado que la sentencia que condena a un educador por abusos a una menor tutelada supone «una enmienda a la totalidad del conjunto de los recursos y profesionales del sistema de protección de menores de la Comunitat Valenciana», al insinuar que estos profesionales «han hecho un uso espurio de su obligación de atender y proteger a una joven que está bajo la protección de la Generalitat».

La vicepresidenta ha comparecido en el pleno de Les Corts para explicar la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a cinco años a este educador, exmarido de Oltra, y en la que se critica la actuación de la Conselleria.

Se ha mostrado convencida de que «hechos aislados, que pueden ser errores o disfunciones en el funcionamiento de las administraciones públicas, no pueden confundirse con maniobras para tratar de ocultar o manipular pruebas en defensa y protección de nadie», como, a su juicio, se insinúa en la sentencia.

Oltra ha dicho que ella tampoco piensa que «errores o disfunciones del Ministerio Fiscal o del juzgado se hayan producido para perjudicar a la joven de manera consciente ni para beneficiar o proteger al acusado».

La vicepresidenta ha recordado que el Ministerio Fiscal tenía en su poder desde noviembre de 2017 el informe de la entidad privada Espill, especializada en casos de abusos a menores, pero no lo aportó al juicio, circunstancia que obligó a repetirlo.

Además, ha destacado que fue un juez el que, cuando dictó una orden de alejamiento del educador respecto de la víctima, lo justificó en referencia a «los delitos contra el patrimonio», e hizo referencia al artículo 337.1 del Código Penal, «dentro del capítulo de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos».

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Valencia

Ilusión y sacrificio en Alzira: jóvenes acampan días para reservar una VPO y cumplir el sueño de una vivienda propia

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Decenas de jóvenes y familias viven desde hace tres días frente a una inmobiliaria de Alzira, esperando turno para poder optar a una vivienda de protección oficial (VPO) en una promoción que ha generado una enorme expectación en la Comunitat Valenciana. La escena —personas sentadas con sillas, sacos y hamacas al raso para mantener su posición en la cola— refleja la crisis del acceso a la vivienda asequible y la ilusión de quienes buscan estabilidad y futuro.

La promoción, impulsada por una empresa constructora local, incluye 123 viviendas protegidas con precios asequibles que oscilan entre unos 119.000 y 140.000 euros, situándolas muy por debajo de los elevados precios del mercado libre que condenan a muchos a pagos de alquiler elevados sin perspectivas de obtener un hogar propio.

Colas que hablan de esperanza y frustración

Las personas que esperan turno destacan que han venido acompañadas por amigos o familiares, turnándose para descansar o cumplir sus obligaciones, sin perder la posición en la fila que se formó la mañana del pasado sábado. Muchos pagan el alquiler mes a mes —a menudo con pagos que superan los 700 euros— y ven en esta oferta una oportunidad única para construir un proyecto de vida estable con un piso de obra nueva.

El sistema de adjudicación será por orden de llegada, lo que ha motivado que algunos llegaran incluso días antes de que se abra el plazo de inscripción esta mañana, con la esperanza de poder elegir las viviendas más deseadas antes de que se agoten los turnos.

Emoción, expectativa y un problema más amplio

Entre quienes hacen cola no faltan historias humanas que ilustran la falta de alternativas habitacionales: jóvenes que han pasado años en alquiler y parejas que quieren formar una familia sin la incertidumbre de los precios del mercado, o personas mayores que esperan un futuro más seguro para sus hijos. La situación se ha convertido en tema de conversación en la ciudad y en numerosos medios, donde se percibe que esta promoción ha llegado como una luz de esperanza en un contexto donde muchas ofertas públicas similares son escasas o inexistentes desde hace décadas.

Responsables de la inmobiliaria promotora han mostrado su satisfacción por la enorme participación y han señalado que, aunque esperaban asistencia, no imaginaban que tantas personas se animarían a presentar su candidatura con tanta antelación.

¿Qué significa esta escena?

Lo que ocurre en Alzira es un síntoma de la crisis de vivienda asequible que vive España y, en particular, la Comunitat Valenciana, donde los precios de compra y alquiler continúan alejándose de las posibilidades económicas de amplios sectores de la población. La actitud de quienes esperan durante días para tener una oportunidad real de acceder a un hogar propio pone de manifiesto la urgencia social de medidas y políticas que amplíen la oferta de vivienda protegida y faciliten el acceso a la propiedad para jóvenes, familias y hogares con recursos limitados.

 

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