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Valencia

Oltra sobre los abusos a la menor tutelada: «A nadie provocan más repugnancia que a mí»

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EFE

València, 21 abr (EFE).- La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, ha asegurado que no hay nadie a quien provoquen «más repugnancia» que a ella los abusos cometidos por un educador, exmarido suyo, sobre una menor tutelada, y por los que ha sido condenado a cinco años de prisión.

Así lo ha afirmado la también consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas en Les Corts Valencianes, donde ha comparecido para explicar la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a este educador, y en la que se critica la actuación de la Conselleria.

Tras afirmar que su relación personal con el condenado «no ha afectado en nada a sus actuaciones» en el Consell, ha criticado una sentencia que, según ha destacado, pone en duda, «de manera generalizada, a profesionales, públicos y privados», del sistema de protección de menores.

Los grupos de la oposición han criticado el «victimismo» de Oltra, a la que han recordado que la víctima es la menor abusada y no ella, y han pedido su dimisión, no por su relación personal con el abusador, sino por ser la máxima responsable de una Conselleria que debía proteger a la menor.

Mónica Oltra: «Mi relación con el educador no ha afectado en nada a mis actuaciones»

Oltra también ha asegurado que su relación personal con el educador condenado por abusos sexuales a una menor tutelada «no ha afectado en nada a sus actuaciones» en el Consell.

«Cuestionar eso es cuestionar mi honor, mi integridad moral y ética, y mi labor institucional», ha afirmado Oltra durante su intervención en el pleno de Les Corts para explicar la sentencia que condena a cinco años a este educador, exmarido de la vicepresidenta, y en la que se critica la actuación de la Conselleria.

Pero es más que eso, ha dicho Oltra, «es también cuestionar el trabajo libre y profesional de todas las personas trabajadoras que se han visto salpicadas y cuestionadas en su trabajo cotidiano», y «poner en duda la credibilidad y el buen hacer» de las funcionarias y funcionarios públicos.

Oltra ha iniciado su comparecencia leyendo los hechos probados que recoge la sentencia y que, según ha destacado, no hacen ninguna referencia ni a la Generalitat, ni a la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, ni a ella misma.

«Tampoco a la Administración Pública como encubridora de abusadores, ni de tratos de favor, ni de consignas, ni de desamparar a la víctima», ha dicho Oltra, quien ha destacado que la sentencia «tiene como objetivo juzgar un caso de abusos a una persona menor de edad y no la acción de la Conselleria».

«Todo aquello que queda fuera de estos hechos son interpretaciones, insinuaciones, juicios de valor o apreciaciones diversas sobre la actuación de la Vicepresidencia del Consell», ha precisado.

Según Oltra, la sentencia «realiza valoraciones y lanza sospechas graves sobre la actuación de la Vicepresidencia», que no tienen traslado ni relevancia en los hechos probados, y «cuestiona el funcionamiento del sistema de protección» de los menores tutelados por la Generalitat y la actuación y el comportamiento de funcionarios y profesionales de entidades de carácter privado.

«No podemos permitir que se ponga en duda el sistema de protección»

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, ha asegurado este miércoles en Les Corts que no se puede permitir que «se ponga en duda, de manera generalizada, a profesionales, públicos y privados», del sistema de protección de menores.

Ha afirmado que la sentencia que condena a un educador por abusos a una menor tutelada supone «una enmienda a la totalidad del conjunto de los recursos y profesionales del sistema de protección de menores de la Comunitat Valenciana», al insinuar que estos profesionales «han hecho un uso espurio de su obligación de atender y proteger a una joven que está bajo la protección de la Generalitat».

La vicepresidenta ha comparecido en el pleno de Les Corts para explicar la sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que condena a cinco años a este educador, exmarido de Oltra, y en la que se critica la actuación de la Conselleria.

Se ha mostrado convencida de que «hechos aislados, que pueden ser errores o disfunciones en el funcionamiento de las administraciones públicas, no pueden confundirse con maniobras para tratar de ocultar o manipular pruebas en defensa y protección de nadie», como, a su juicio, se insinúa en la sentencia.

Oltra ha dicho que ella tampoco piensa que «errores o disfunciones del Ministerio Fiscal o del juzgado se hayan producido para perjudicar a la joven de manera consciente ni para beneficiar o proteger al acusado».

La vicepresidenta ha recordado que el Ministerio Fiscal tenía en su poder desde noviembre de 2017 el informe de la entidad privada Espill, especializada en casos de abusos a menores, pero no lo aportó al juicio, circunstancia que obligó a repetirlo.

Además, ha destacado que fue un juez el que, cuando dictó una orden de alejamiento del educador respecto de la víctima, lo justificó en referencia a «los delitos contra el patrimonio», e hizo referencia al artículo 337.1 del Código Penal, «dentro del capítulo de los delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos».

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Valencia

Esta es la nueva normativa de apartamentos turísticos en Valencia: límites, polémica y claves del cambio

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Viviendas turísticas España
Dos turistas recorren con sus maletas el casco antiguo de la ciudad de València. EFE/Manuel Bruque/Archivo

El Ayuntamiento de València ha aprobado definitivamente la nueva normativa de apartamentos turísticos, una medida impulsada por el gobierno municipal con el apoyo de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE.

La regulación modifica el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y busca poner límites al crecimiento del alojamiento turístico en la ciudad, en un contexto marcado por el aumento del precio de la vivienda y la presión vecinal.


🏛 Qué cambia con la nueva normativa

El nuevo marco urbanístico introduce restricciones al crecimiento de los apartamentos turísticos, con el objetivo de proteger el uso residencial de la vivienda. Según el equipo de gobierno, se trata de la normativa “más restrictiva de España” en este ámbito.

Entre las principales medidas destacan:

  • Implantación de “candados” urbanísticos que limitan el número de apartamentos por distrito, barrio o manzana.
  • Regulación del total de plazas turísticas, incluyendo apartamentos, hoteles y hostales.
  • Refuerzo de las inspecciones y aumento de las órdenes de cese contra alojamientos ilegales.
  • Coordinación con Policía y Agencia Tributaria para controlar la actividad irregular.

Desde el consistorio aseguran que el 98% de la vivienda queda protegida para uso residencial, dificultando la apertura de nuevos alojamientos turísticos.


Críticas de vecinos y oposición

La nueva normativa ha generado un intenso debate político y social. La Federació d’Associacions Veïnals de València considera que la regulación presenta “vacíos y excepciones” y no resuelve el principal problema: la existencia de miles de apartamentos turísticos ilegales.

Según denuncian, en la ciudad habría más de 9.000 viviendas turísticas fuera de la legalidad, una cifra que, a su juicio, no se aborda con medidas eficaces.

Por su parte, desde la oposición:

  • El PSPV-PSOE advierte que la norma no reducirá los apartamentos en zonas saturadas y permitirá su expansión en otros barrios.
  • Compromís acusa al gobierno local de favorecer la especulación y la subida de precios de la vivienda.

Ambos partidos coinciden en que la ciudad vive una situación de “tensión” en el mercado inmobiliario y reclaman medidas más restrictivas.


Debate sobre vivienda y turismo en València

El crecimiento del turismo en València ha sido uno de los factores clave en el encarecimiento del alquiler y la compra de vivienda en los últimos años.

Mientras el gobierno municipal defiende un modelo de turismo “de calidad” y compatible con la vida vecinal, la oposición insiste en que la nueva normativa puede agravar el problema si no se controla la oferta ilegal.


El Ayuntamiento defiende un “hito” urbanístico

La alcaldesa ha calificado la aprobación como un “hito” y ha asegurado que responde a un cambio de modelo de ciudad:

  • Priorizar el derecho a la vivienda.
  • Limitar el turismo masivo.
  • Garantizar la convivencia entre vecinos y visitantes.

Además, el gobierno local insiste en que la normativa está diseñada para ser sólida jurídicamente y evitar que pueda ser anulada en los tribunales.


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