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Oposiciones docentes 2020: La Generalitat Valenciana aprueba 1.272 plazas de oferta de empleo público

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València, 18 dic (EFE).- El pleno del Consell ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) de personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación para el año 2020, que contempla un total de 1.272 plazas de acceso libre al cuerpo de maestros.

Según ha informado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno, el 7 % de estas vacantes (89 plazas) se reservan para que sean cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o superior al 33 %, siempre que se superen las pruebas selectivas.

Las plazas de esta cuota que queden desiertas se asignarán a las personas aspirantes del turno general que hayan superado las pruebas por orden de mayor a menor puntuación.

El objetivo de esta convocatoria es establecer la base para el desarrollo de los diferentes procedimientos de selección a los cuerpos docentes no universitarios que proporcionen tanto una reducción del profesorado que se encuentre en situación de temporalidad, como la oportunidad a los ciudadanos que deseen incorporarse al ámbito laboral público del sector educativo.

La instrumentación de las pruebas selectivas de las convocatorias objeto de la OPE se hará a través de la Conselleria de Educación y las pruebas se concretarán en las convocatorias correspondientes de acuerdo con el número de vacantes y la naturaleza jurídica de estas.

En cuanto a la inversión asociada a la constitución de tribunales, la estimación asciende aproximadamente a 2 millones, mientras que la previsión de ingresos, correspondientes al adeudo de tasas para participar en las pruebas selectivas, es de aproximadamente 461.250 euros.

Con estas 1.272 plazas de maestro y maestra, la Conselleria de Educación inicia los preparativos para la realización de las oposiciones de Infantil y Primaria de 2022.

El resto de plazas, hasta llegar a las 2.500 acordadas, se incluirán en la oferta de 2021, que se negociará el año que viene.

Desde la Generalitat han recordado que el pasado marzo, con la declaración del estado de alarma que suspendió durante dos meses todos los procedimientos administrativos, la Conselleria retrasó un año el calendario de oposiciones a plazas docentes.

En el sistema educativo valenciano se acordó que las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, que se debían llevar a cabo en 2020, quedarían aplazadas a 2021, y que las oposiciones previstas en 2021 para Infantil y Primaria se harían en 2022.

Estas 2.500 plazas de las oposiciones de 2022 son la última etapa de un calendario anunciado en 2018 que suma un total de 13.000 puestos de trabajo, el mayor número de plazas de la última década.

De esas 13.000 plazas anunciadas, 7.500 de Secundaria y otros cuerpos docentes y 5.500 de Infantil y Primaria, ya se han adjudicado más de la mitad a través de las oposiciones que se llevaron a cabo en 2018 y 2019.

Después del aplazamiento del calendario por la COVID-19, el próximo 15 de mayo de 2021 se reanudarán las oposiciones de Secundaria, con 3.542 plazas de acceso libre, a las que ya se han inscrito más de 23.000 aspirantes.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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