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Oposiciones docentes 2020: La Generalitat Valenciana aprueba 1.272 plazas de oferta de empleo público

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València, 18 dic (EFE).- El pleno del Consell ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) de personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación para el año 2020, que contempla un total de 1.272 plazas de acceso libre al cuerpo de maestros.

Según ha informado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno, el 7 % de estas vacantes (89 plazas) se reservan para que sean cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o superior al 33 %, siempre que se superen las pruebas selectivas.

Las plazas de esta cuota que queden desiertas se asignarán a las personas aspirantes del turno general que hayan superado las pruebas por orden de mayor a menor puntuación.

El objetivo de esta convocatoria es establecer la base para el desarrollo de los diferentes procedimientos de selección a los cuerpos docentes no universitarios que proporcionen tanto una reducción del profesorado que se encuentre en situación de temporalidad, como la oportunidad a los ciudadanos que deseen incorporarse al ámbito laboral público del sector educativo.

La instrumentación de las pruebas selectivas de las convocatorias objeto de la OPE se hará a través de la Conselleria de Educación y las pruebas se concretarán en las convocatorias correspondientes de acuerdo con el número de vacantes y la naturaleza jurídica de estas.

En cuanto a la inversión asociada a la constitución de tribunales, la estimación asciende aproximadamente a 2 millones, mientras que la previsión de ingresos, correspondientes al adeudo de tasas para participar en las pruebas selectivas, es de aproximadamente 461.250 euros.

Con estas 1.272 plazas de maestro y maestra, la Conselleria de Educación inicia los preparativos para la realización de las oposiciones de Infantil y Primaria de 2022.

El resto de plazas, hasta llegar a las 2.500 acordadas, se incluirán en la oferta de 2021, que se negociará el año que viene.

Desde la Generalitat han recordado que el pasado marzo, con la declaración del estado de alarma que suspendió durante dos meses todos los procedimientos administrativos, la Conselleria retrasó un año el calendario de oposiciones a plazas docentes.

En el sistema educativo valenciano se acordó que las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, que se debían llevar a cabo en 2020, quedarían aplazadas a 2021, y que las oposiciones previstas en 2021 para Infantil y Primaria se harían en 2022.

Estas 2.500 plazas de las oposiciones de 2022 son la última etapa de un calendario anunciado en 2018 que suma un total de 13.000 puestos de trabajo, el mayor número de plazas de la última década.

De esas 13.000 plazas anunciadas, 7.500 de Secundaria y otros cuerpos docentes y 5.500 de Infantil y Primaria, ya se han adjudicado más de la mitad a través de las oposiciones que se llevaron a cabo en 2018 y 2019.

Después del aplazamiento del calendario por la COVID-19, el próximo 15 de mayo de 2021 se reanudarán las oposiciones de Secundaria, con 3.542 plazas de acceso libre, a las que ya se han inscrito más de 23.000 aspirantes.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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