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Oposiciones docentes 2020: La Generalitat Valenciana aprueba 1.272 plazas de oferta de empleo público

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València, 18 dic (EFE).- El pleno del Consell ha aprobado la Oferta de Empleo Público (OPE) de personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación para el año 2020, que contempla un total de 1.272 plazas de acceso libre al cuerpo de maestros.

Según ha informado la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en la rueda de prensa posterior al pleno, el 7 % de estas vacantes (89 plazas) se reservan para que sean cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o superior al 33 %, siempre que se superen las pruebas selectivas.

Las plazas de esta cuota que queden desiertas se asignarán a las personas aspirantes del turno general que hayan superado las pruebas por orden de mayor a menor puntuación.

El objetivo de esta convocatoria es establecer la base para el desarrollo de los diferentes procedimientos de selección a los cuerpos docentes no universitarios que proporcionen tanto una reducción del profesorado que se encuentre en situación de temporalidad, como la oportunidad a los ciudadanos que deseen incorporarse al ámbito laboral público del sector educativo.

La instrumentación de las pruebas selectivas de las convocatorias objeto de la OPE se hará a través de la Conselleria de Educación y las pruebas se concretarán en las convocatorias correspondientes de acuerdo con el número de vacantes y la naturaleza jurídica de estas.

En cuanto a la inversión asociada a la constitución de tribunales, la estimación asciende aproximadamente a 2 millones, mientras que la previsión de ingresos, correspondientes al adeudo de tasas para participar en las pruebas selectivas, es de aproximadamente 461.250 euros.

Con estas 1.272 plazas de maestro y maestra, la Conselleria de Educación inicia los preparativos para la realización de las oposiciones de Infantil y Primaria de 2022.

El resto de plazas, hasta llegar a las 2.500 acordadas, se incluirán en la oferta de 2021, que se negociará el año que viene.

Desde la Generalitat han recordado que el pasado marzo, con la declaración del estado de alarma que suspendió durante dos meses todos los procedimientos administrativos, la Conselleria retrasó un año el calendario de oposiciones a plazas docentes.

En el sistema educativo valenciano se acordó que las oposiciones de Secundaria y otros cuerpos, que se debían llevar a cabo en 2020, quedarían aplazadas a 2021, y que las oposiciones previstas en 2021 para Infantil y Primaria se harían en 2022.

Estas 2.500 plazas de las oposiciones de 2022 son la última etapa de un calendario anunciado en 2018 que suma un total de 13.000 puestos de trabajo, el mayor número de plazas de la última década.

De esas 13.000 plazas anunciadas, 7.500 de Secundaria y otros cuerpos docentes y 5.500 de Infantil y Primaria, ya se han adjudicado más de la mitad a través de las oposiciones que se llevaron a cabo en 2018 y 2019.

Después del aplazamiento del calendario por la COVID-19, el próximo 15 de mayo de 2021 se reanudarán las oposiciones de Secundaria, con 3.542 plazas de acceso libre, a las que ya se han inscrito más de 23.000 aspirantes.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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