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OPOSICIONES| València abre la convocatoria de 29 plazas de bomberos

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El plazo para presentar las instancias a las oposiciones para cubrir 29 plazas de Bomberos de la ciudad se abre mañana, viernes 8 de junio. Las bases fueron aprobadas el pasado 20 de diciembre en Mesa General de Negociación del Ayuntamiento de Valencia y la fecha tope para presentar instancias es el 5 de julio.

Así lo ha anunciado hoy el concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, quien ha explicado que estas 29 plazas de bomberos corresponden a la acumulación de las plazas de las ofertas públicas de ocupación del 2016 (18 en total) y del 2017 (once plazas más). «Estas nuevas 29 plazas de bomberos serán las primeras en convocarse en 13 años y supondrán un refuerzo muy importante de la plantilla, actualmente infradotada», ha dicho Campillo.

«Como novedad muy importante en estas dos bases es que hemos introducido un mecanismo para garantizar al máximo la transparencia y la objetividad del proceso opositor. Básicamente hemos seguido el modelo implementado en el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de València, en una oposición reciente a bomberos conductores», ha comunicado el concejal.

«Este gobierno tiene un compromiso inequívoco con el refuerzo de las plantillas de policías locales y bomberos. Estos procesos tienen su complicación, como todas las políticas de personal, que tienen que ser negociadas con los sindicatos, pero lo que está fuera de todo duda es la voluntad de reforzar las plantillas después de la desastrosa actuación provocada por el anterior equipo de gobierno, que no convocó ni una sola plaza en más de una década”, ha denunciado Campillo.

En el primer examen tipo test y teórico de ambos procesos, cada miembro del tribunal opositor tendrá que traer un conjunto de preguntas elaboradas y mediante sorteo se formarán dos posibles exámenes completos. A continuación, en un sorteo público se determinará cual de los dos modelos será finalmente el examen de la prueba teórica tipo test. “Quiero agradecer la colaboración del Consorcio para resolver las dudas al respeto y en especial a su diputado provincial, Josep Bort, por habernos explicado cómo había sido el proceso que ellos ya han realizado», ha explicado Campillo.

“En todo caso, como conceja de personal y ante los presupuestos generales del Estado de 2018 aprobados inicialmente por el PP y Ciudadanos hay que decir que nos encontramos impuesta, de nuevo, una tasa de reposición que nos limita la contratación en estos dos cuerpos. En el caso específico de bomberos la tasa se ha dejado al 100%. Esto quiere decir que sólo podemos convocar las plazas que han causado baja el año anterior. Así es imposible recuperar las plantillas pérdidas durante los últimos 10 años en València”.

BOLSA DE BOMBEROS EN COMISIÓN DE SERVICIO

El concejal de Gobierno Interior, Sergi Campillo, ha recordado que, a la vez, está abierto también el plazo hasta el 26 de junio para que cualquier bombero o bombera de cualquier cuerpo de bomberos de España pueda solicitar inscribirse en la bolsa de futuras comisiones de servicio para trabajar en el Ayuntamiento de València.

«Se trata de un acuerdo al que llegamos con las secciones sindicales en Mesa General de Negociación para hacer una bolsa para futuros nombramientos en comisión de servicio, de igual forma que ya hicimos con la Policía Local de València». «Queremos así dejar claro el firme compromiso del gobierno de Joan Ribó en el refuerzo de las plantillas del área de protección ciudadana. Por mucho que el PP se empeñe, su gobierno pasará a la historia como aquel que no convocó ni una sola plaza de policía y bomberos en más de una década y el Govern dela Nau pasará a la historia como aquel que convocó plazas en todas las ofertas públicas de ocupación. Esta es la realidad», ha declarado para finalizar el concejal de gobierno interior.

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La Audiencia Nacional archiva la investigación penal del apagón y descarta un sabotaje terrorista

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Última hora apagón

El juez concluye que no existen indicios de terrorismo ni ciberataque y apunta a un conflicto civil o administrativo por el control de la tensión eléctrica.

La Audiencia Nacional (AN) ha archivado la investigación penal abierta tras el apagón eléctrico del 28 de abril, al descartar que el histórico cero energético tuviera su origen en un sabotaje terrorista o un ciberataque. El magistrado José Luis Calama determina que no existe “ni el mínimo indicio” de una acción delictiva y sitúa el origen del incidente en una disfunción del sistema eléctrico.

En un auto difundido este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 decreta el sobreseimiento provisional de la causa y concluye que lo ocurrido responde a un conflicto de naturaleza administrativa y/o civil entre los distintos operadores del sector eléctrico, que deberá resolverse fuera de la vía penal.

Sin rastro de terrorismo ni ciberataque

El juez adopta esta decisión tras analizar los informes elaborados por diversos organismos especializados en ciberseguridad y lucha antiterrorista. Todos ellos coinciden en descartar de forma absoluta que el apagón se produjera por una acción externa, ya fuera de grupos terroristas, actores estatales o redes de cibercrimen.

Entre los análisis examinados figuran los del Centro Criptológico Nacional, el Mando Conjunto del Ciberespacio, el Instituto Nacional de Ciberseguridad y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad, ninguno de los cuales detectó intrusiones, ataques informáticos ni actividades maliciosas en los sistemas eléctricos.

Un conflicto por el control de la tensión eléctrica

Lejos de la hipótesis del sabotaje, el auto judicial señala que el apagón tuvo un origen multifactorial, vinculado principalmente a problemas en el control de la tensión del sistema eléctrico. Según el informe del Ministerio para la Transición Ecológica, citado por el juez, se produjo una combinación de factores técnicos.

Entre ellos destacan una programación insuficiente de centrales síncronas, el hecho de que algunas centrales capaces de regular la tensión no respondieran adecuadamente a las consignas de Red Eléctrica y la aparición de oscilaciones y desconexiones de determinadas instalaciones de generación, algunas de ellas aparentemente indebidas.

El magistrado subraya que no faltaban recursos en el sistema eléctrico español, sino que estos no fueron gestionados o utilizados de forma adecuada, lo que derivó en el colapso.

La vía penal queda cerrada

En su resolución, Calama insiste en que no aprecia indicios delictivos y que, por tanto, el caso debe quedar fuera del ámbito penal. El conflicto entre Red Eléctrica y las compañías eléctricas deberá resolverse, en su caso, por la vía administrativa o civil, donde ya actúan otros organismos reguladores.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) mantiene abierta su propia investigación y podría imponer sanciones económicas o incluso retirar autorizaciones para operar, además de abrir la puerta a futuras reclamaciones por daños y perjuicios.

Con este auto, la Audiencia Nacional cierra definitivamente la hipótesis de un apagón provocado por terrorismo o ciberataque, y centra el foco en las responsabilidades técnicas y de gestión dentro del sistema eléctrico.

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