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Pedro Duque sobre la compra de su chalé de lujo en Javea: «Es legal»

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El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha comparecido este jueves en rueda de prensa tras las informaciones publicadas por el medio español, OK Diario, en el que señala que Duque creó una sociedad patrimonial para adquirir un chalé de lujo en Javea (Alicante) en 2005 para eludir el pago de impuestos. «Es todo completamente legal, estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales», afirmaba.

El ministro ha asegurado que no cometió ninguna ilegalidad en la adquisición, que no eludió ningún pago de impuestos y que seguirá al frente del Ministerio. «Yo entiendo que no se elude ningún impuesto, hemos presentado declaraciones y hemos pagado todo».

Duque ha argumentado que utilizó esta fórmula de compra siguiendo el consejo de unos asesores. No obstante ha precisado que considera que no ha habido «ningún ahorro real de impuestos en absoluto» por tener esta sociedad, la cual también emplea para administrar su residencia de Madrid. «Compramos la casa y fuimos a registrarla porque nos recomendaron que la hiciéramos patrimonial y nos pareció que tenía ciertas ventajas pero tampoco es tan buen consejo, porque nos costó bastante hacer la sociedad».

El titular de la cartera de Ciencia señala que ha liquidado todos los impuestos y que cuesta mucho deshacerla. «No ha habido ahorro real de impuestos en absoluto», ha asegurado. Según OKDiario, Duque habría adquirido un chalé de lujo en la localidad alicantina de Jávea a nombre de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles S.L. La esposa de Pedro Duque, María Consuelo Femenía, embajadora de España en Malta, figura junto al ministro como administradores solidarios de la sociedad patrimonial, que supuestamente no tiene personal contratado y está destinada únicamente a la administración de bienes patrimoniales.

En una información posterior OKDiario señala que el ministro también tiene dentro de la sociedad su chalé de Madrid, una casa entre Arturo Soria y Conde de Orgaz. Todo ello lo tiene registrado legalmente como bienes de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles SL, pero con los que supuestamente se reduce el pago de impuestos.

El Ministro ha señalado que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le ha mostrado su apoyo, especialmente en un inicio de legislatura convulso marcado por dos ‘dimisiones forzosas’ como fue la de Màxim Huerta a la semana de ser nombrado Ministro de Deportes, y la de Carmen Montón, hace dos semanas, como titular de Sanidad.

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Cuándo entrará en vigor la jornada de 35 horas para los funcionarios del Estado: fecha prevista y a quién afecta

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La jornada laboral de 35 horas semanales en la Administración General del Estado (AGE) entrará en vigor previsiblemente en marzo de 2026, una vez sea aprobada formalmente en la Mesa General de Negociación. Así lo ha confirmado el sindicato Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT), que considera esta medida una “punta de lanza” para extender la reducción de jornada al conjunto de trabajadores.

Fecha prevista de entrada en vigor

Según lo acordado en la Comisión Permanente de Negociación de la AGE, la propuesta será elevada a la Mesa General en las próximas semanas con el objetivo de que la resolución se publique antes de que termine febrero y pueda aplicarse a partir de marzo de 2026.

De este modo, los funcionarios y el personal laboral de la Administración General del Estado no tendrán que esperar demasiado para la aplicación oficial de la jornada de 35 horas semanales.

¿A quién se aplicará la jornada de 35 horas?

La medida afectará a:

  • Todo el personal de la Administración General del Estado (AGE).

  • El sector público estatal.

Quedan excluidos, por el momento:

  • Instituciones Penitenciarias, que requerirán una instrucción específica.

  • Docentes y personal sanitario de Ceuta y Melilla, que también necesitarán una regulación adicional.

UGT defiende la medida tras el rechazo del Congreso

La secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha lamentado que el Congreso de los Diputados rechazara hace menos de un año la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales. Según la dirigente sindical, aquello supuso “perder una oportunidad histórica” para mejorar la salud laboral, la calidad del trabajo y la estabilidad en el empleo.

Araque ha defendido que las 35 horas en la Administración del Estado no deben interpretarse como un agravio comparativo, sino como un paso adelante que podría impulsar cambios en el sector privado y en otras administraciones autonómicas.

Impacto en otras comunidades autónomas

Desde UGT señalan que esta decisión podría influir en comunidades como la Comunidad de Madrid, que había condicionado su aplicación a que el Gobierno central diera primero el paso. La entrada en vigor en la AGE podría, por tanto, acelerar decisiones similares en otros territorios.

Un paso hacia la reducción general de jornada

La aplicación de la jornada de 35 horas semanales en la Administración del Estado se interpreta como un movimiento estratégico que podría abrir la puerta a nuevas negociaciones en el ámbito laboral estatal y privado.

Si se cumplen los plazos previstos, marzo de 2026 marcará el inicio oficial de la nueva jornada laboral para miles de funcionarios en España.

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