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Pedro Duque sobre la compra de su chalé de lujo en Javea: «Es legal»

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El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha comparecido este jueves en rueda de prensa tras las informaciones publicadas por el medio español, OK Diario, en el que señala que Duque creó una sociedad patrimonial para adquirir un chalé de lujo en Javea (Alicante) en 2005 para eludir el pago de impuestos. «Es todo completamente legal, estoy al corriente de todas las obligaciones fiscales», afirmaba.

El ministro ha asegurado que no cometió ninguna ilegalidad en la adquisición, que no eludió ningún pago de impuestos y que seguirá al frente del Ministerio. «Yo entiendo que no se elude ningún impuesto, hemos presentado declaraciones y hemos pagado todo».

Duque ha argumentado que utilizó esta fórmula de compra siguiendo el consejo de unos asesores. No obstante ha precisado que considera que no ha habido «ningún ahorro real de impuestos en absoluto» por tener esta sociedad, la cual también emplea para administrar su residencia de Madrid. «Compramos la casa y fuimos a registrarla porque nos recomendaron que la hiciéramos patrimonial y nos pareció que tenía ciertas ventajas pero tampoco es tan buen consejo, porque nos costó bastante hacer la sociedad».

El titular de la cartera de Ciencia señala que ha liquidado todos los impuestos y que cuesta mucho deshacerla. «No ha habido ahorro real de impuestos en absoluto», ha asegurado. Según OKDiario, Duque habría adquirido un chalé de lujo en la localidad alicantina de Jávea a nombre de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles S.L. La esposa de Pedro Duque, María Consuelo Femenía, embajadora de España en Malta, figura junto al ministro como administradores solidarios de la sociedad patrimonial, que supuestamente no tiene personal contratado y está destinada únicamente a la administración de bienes patrimoniales.

En una información posterior OKDiario señala que el ministro también tiene dentro de la sociedad su chalé de Madrid, una casa entre Arturo Soria y Conde de Orgaz. Todo ello lo tiene registrado legalmente como bienes de la sociedad patrimonial Copenhague Gestores de Inmuebles SL, pero con los que supuestamente se reduce el pago de impuestos.

El Ministro ha señalado que el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez le ha mostrado su apoyo, especialmente en un inicio de legislatura convulso marcado por dos ‘dimisiones forzosas’ como fue la de Màxim Huerta a la semana de ser nombrado Ministro de Deportes, y la de Carmen Montón, hace dos semanas, como titular de Sanidad.

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Este es el motivo por el que el Gobierno deberá pagar a los butaneros por repartir las bombonas a domicilio

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precio de la bombona de butano

El Gobierno tendrá que compensar económicamente a los repartidores de bombonas de butano a domicilio tras una sentencia del Tribunal Supremo que considera que este servicio, al ser obligatorio y regulado, no puede prestarse sin una retribución adecuada.

Una obligación legal sin compensación suficiente

El reparto de bombonas a domicilio forma parte del servicio público esencial de suministro de gas en España, especialmente en zonas rurales, hogares vulnerables y territorios donde no existe gas natural. Sin embargo, durante años, los distribuidores han denunciado que los costes reales del servicio —transporte, personal, combustible y logística— no estaban cubiertos por la normativa vigente.

La ley obliga al Gobierno a revisar periódicamente los costes del servicio, algo que no se ha hecho dentro de los plazos establecidos. Esta falta de actualización ha provocado que las empresas asuman pérdidas al mantener el reparto a domicilio.

El fallo del Supremo

El Tribunal Supremo ha determinado que el Ejecutivo incumplió su obligación de regular y actualizar la compensación del reparto, lo que genera un desequilibrio económico injustificado para los distribuidores. Por ello, ordena al Gobierno:

  • Regular el coste real del servicio de reparto a domicilio

  • Aprobar una normativa específica en un plazo máximo de seis meses

  • Garantizar que el servicio obligatorio sea económicamente sostenible

Por qué es clave esta decisión

La sentencia protege la continuidad del reparto de bombonas, un servicio del que dependen millones de hogares en España, y evita que los repartidores trabajen a pérdidas. Además, abre la puerta a compensaciones económicas por los años en los que el servicio se prestó sin una retribución ajustada a los costes reales.

En resumen, el Gobierno deberá pagar a los butaneros porque no puede exigir un servicio público obligatorio sin garantizar su viabilidad económica, algo que ahora el Supremo le obliga a corregir.

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