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Periodistas y fotoperiodistas guardan un minuto de silencio por los despidos en el sector

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València, 18 dic (EFE).- Un ataúd lleno de periódicos ha simbolizado la muerte del sector comunicativo en una concentración en la que un centenar de periodistas y fotoperiodistas han guardado un minuto de silencio y han reclamado que se frene la ola de despidos en medios de comunicación y ayudas específicas a la Generalitat.

Una pancarta con el lema «Sin periodistas no hay periodismo» ha presidido la protesta, en la que se han repartido chapas con la misma frase para denunciado el «desmantelamiento del sistema comunicativo valenciana», según ha explicado a EFE la presidenta de la Unió de Periodistes Valencians, convocante de la concentración, Noa de la Torre.

En su manifiesto, que tiene el respaldo de sindicatos, comité de empresas de los medios, universidades y la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), piden a las empresas periodísticas que «paren esta ola de despidos en la cual estamos otra vez metidos».

Además, aprovechan para pedir a la Generalitat un «plan de ayudas público y específico para el sector de los medios de comunicación», considerado un servicio esencial durante la pandemia.

«Consideramos que es importante que estas ayudas se vinculen al mantenimiento de los puestos de trabajo», ha incidido De la Torre, que ha agregado que están «justificadas» porque, ha dicho, son «un sector esencial: así se declaró durante la pandemia y somos un servicio público».

Según ha apuntado, es «importante salvar a las empresas en crisis que tanto han sufrido con la anterior crisis económica y que se han visto ahora también golpeada por la pandemia».

La protesta llega tras conocerse los últimos despidos en medios valencianos y medios nacionales con delegaciones en la Comunitat Valenciana, entre ellos el diario Información, El Mundo y Levante, los tres afectados por expedientes de regulación de empleo.

Desde la Unió de Periodistes han defendido que esas medidas tomadas por los medios «no» son consecuencia «de la pandemia», sino que la situación «viene de muy lejos».

Se remonta a la crisis generalizada que sufre el sector, que ha visto cómo han cerrado medios como CV Radio, Levante de Castelló y el Diari la Veu, se han producido despidos en la delegación de La Razón o se han realizado recortes de plantillas en Levante, Superdeporte y Las Provincias antes del coronavirus, han señalado.

Para la Unió de Periodistes, el papel del periodismo es fundamental ante el aumento de noticias falsas y bulos, con el consiguiente «grave perjuicio para el sistema democrático y la cohesión social».

Otro de los problemas a los que se ha enfrentado el periodismo ha sido el de los Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), a los que se han acogido «prácticamente todos» los medios valencianos y con situaciones «lamentables» porque mientras los periodistas salían a la calle en el confinamiento, les recortaban sus nóminas, han destacado.

También denuncian que las instituciones habían aprovechado para «restringir la cobertura informativa» y las empresas para el «desmantelamiento sistemático de las redacciones» y las prácticas conocidas como «falsos autónomos».

«Ahora hace una década asistimos al desmantelamiento del sistema financiero valenciano. Ahora, asistimos al empobrecimiento progresivo del ecosistema comunicativo valenciano», han concluido.

La concentración se ha iniciado a las 11 horas y se ha prolongado hasta mediodía en la plaza de la Virgen de València.

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Ribó imputado por supuesta construcción ilegal de piscina en Alboraia

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Joan Ribó imputado

VALÈNCIA. La presunta edificación irregular de una piscina municipal promovida por el Ayuntamiento de Alboraia en terrenos pertenecientes a València está generando controversia legal. Esta situación no solo afecta al consistorio de l’Horta Nord, sino también a la capital del Turia, ya que su exalcalde, Joan Ribó, ha sido citado a declarar como investigado en el proceso judicial.

El Juzgado de Instrucción Nº 19 de València ha admitido la solicitud de comparecencia formulada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho, que ejerce la acusación popular y está presidida por la exalcaldesa de Catarroja, María Ángeles López. Según el auto judicial al que ha accedido Valencia Plaza, Ribó deberá comparecer el próximo 22 de julio.

La mencionada asociación, representada por el abogado Víctor Soriano, sostiene que existía conocimiento previo por parte de Joan Ribó y la exconcejala de Urbanismo, Sandra Gómez, sobre la construcción de la piscina, dado que su emplazamiento fue ampliamente difundido en medios de comunicación.

 

Sin embargo, afirman que no se tomaron medidas administrativas para legalizar la situación o iniciar procedimientos sancionadores.

Tanto el Ayuntamiento de València como el de Alboraia están bajo investigación por esta supuesta irregularidad urbanística. Desde 2022, el consistorio de Alboraia impulsó la construcción de la piscina en terrenos propios ubicados dentro del término municipal de València.

Según las declaraciones recopiladas en la instrucción judicial, estos terrenos se encontrarían en un proceso de segregación para ser incorporados al municipio de Alboraia.

Plan General de Alboraia

El Plan General de Alboraia los clasifica como suelo urbano, mientras que el de València los considera suelo protegido no urbanizable.

El complejo acuático en cuestión es una piscina municipal al aire libre, cuyo coste ascendió a 1,2 millones de euros, financiado parcialmente con una subvención de la Diputación de València. Su ubicación colinda con el campo de fútbol del Alboraya UD, pero según la investigación, fue construido en terrenos no urbanizables catalogados como huerta protegida.

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