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Vox rompe con el PP y sale de los gobiernos autonómicos

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PP Vox ruptura política
El líder de Vox, Santiago Abascal. EFE/ Javier Lizón/Archivo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este jueves que su partido dejará los gobiernos de coalición con el PP en Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla y León. Además, Vox retirará su apoyo parlamentario en Baleares, donde el PP gobierna en minoría, para pasar a ser una oposición «leal y contundente» en dichas regiones.

Motivos de la ruptura

Esta decisión fue comunicada en una declaración en vídeo tras la reunión urgente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox, convocada luego del acuerdo del PP sobre el reparto de menores migrantes no acompañados por las autonomías para aliviar la carga de Canarias, una medida propuesta por el Gobierno central y considerada una línea roja por Abascal.

Abascal expresó que la Ejecutiva de su partido «ha constatado» que los pactos con el PP «están rotos» debido a lo que considera una «agresión» del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusándolo de «obligar a sus presidentes autonómicos a pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales». Según Abascal, esta decisión se tomó «a sabiendas de que su socio, al que han mentido y confundido, no estaba de acuerdo» con la medida.

Dimisión de vicepresidentes autonómicos

La ruptura de los pactos se concretará con la dimisión de los cuatro vicepresidentes autonómicos de Vox: Alejandro Nolasco (Aragón), Vicente Barrera (Comunidad Valenciana), José Ángel Antelo (Murcia) y Juan García-Gallardo (Castilla y León). Además, Vox retirará su apoyo parlamentario al PP en todas estas regiones, incluyendo Baleares. «Vox pasará a ejercer una oposición tan leal y contundente como en el resto de España», agregó Abascal, destacando que su formación no tiene «apego a los sillones».

Críticas a Feijóo y política migratoria

Abascal aseguró que Vox «ha cedido quizá a veces demasiado para salvaguardar» los gobiernos autonómicos con la intención de «consolidar una alternativa nacional», pero lamentó que es «imposible pactar con quien no quiere hacerlo» y «pretende imponer políticas de fronteras abiertas».

Se refirió a Feijóo, acusándolo de «impedir primero y torpedear después» los acuerdos en las autonomías, y criticó al líder del PP por «pactar permanentemente con el autócrata corrupto» de Sánchez.

El líder de Vox subrayó el rechazo de su partido a la inmigración ilegal, alertando «por activa y por pasiva» sobre la «inseguridad, delincuencia y un coste económico cada día mayor a todos los españoles». «Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir al PP para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas», enfatizó.

Propuesta del Ejecutivo

Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías gobernadas en coalición por PP y Vox acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia, 30. Baleares, con el PP gobernando en minoría gracias al apoyo de Vox en la investidura, acogería diez menores. En el PP consideran que romper los pactos por acoger «entre 10 y 30 menores» parece una «excusa».

Vox entró por primera vez en un gobierno autonómico en Castilla y León, donde ostentaba la Vicepresidencia y tres consejerías. Posteriormente, en la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Extremadura, Vox también obtuvo vicepresidencias y consejerías. Las cinco comunidades autónomas ya han aprobado los presupuestos para el próximo ejercicio.

Finalmente, Vox ya desvinculó esta mañana la ruptura de los pactos autonómicos de los acuerdos en los gobiernos municipales con el PP.

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La defensa de Begoña Gómez pide archivar el caso y critica el impacto en la Justicia

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Juez Peinado

La defensa de Begoña Gómez ha solicitado al juez el archivo definitivo de la causa judicial que investiga su actividad profesional, al considerar que no existen fundamentos jurídicos suficientes. “Flaco favor se está haciendo a la imagen de la Justicia”, ha afirmado su abogado durante la vista celebrada este miércoles.

El procedimiento está dirigido por el magistrado Juan Carlos Peinado, quien ha reunido a las partes en un nuevo trámite en los juzgados de Madrid en plena Semana Santa.


La defensa insiste en el archivo del caso

El abogado de Gómez, Antonio Camacho, ha reiterado que no existe base para investigar los delitos que se le atribuyen, entre ellos malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

Durante su intervención, el letrado ha criticado la falta de imparcialidad en el proceso y ha calificado la situación como una “pesadilla jurídica”. Además, ha defendido que la investigación responde a intereses ajenos a la Justicia.

En la misma línea, la Fiscalía también ha vuelto a posicionarse a favor del archivo de la causa tras casi dos años de investigación.


Solicitud de nuevas pruebas y testigos

De forma preventiva, la defensa ha pedido al juez que, en caso de continuar el proceso, se practiquen nuevas diligencias. Entre ellas, destaca la declaración como testigo de José Manuel Ruano, vinculado a la actividad de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid.

Asimismo, se han solicitado informes periciales para analizar:

  • El papel del cónyuge del presidente del Gobierno
  • El funcionamiento de las cátedras extraordinarias
  • El supuesto perjuicio económico a la universidad

Por su parte, la defensa de Cristina Álvarez, asesora de Gómez, también ha pedido documentación oficial que acredite sus funciones en La Moncloa.


Las acusaciones piden ampliar la investigación

En el lado opuesto, las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado al juez nuevas diligencias para profundizar en la investigación.

Entre sus peticiones se incluyen:

  • La vida laboral completa de Gómez
  • La actualización del salario de su asesora
  • Información sobre reuniones relacionadas con proyectos tecnológicos vinculados a su actividad

Posible juicio con jurado popular

El juez ha reiterado que, en caso de que el procedimiento continúe hasta juicio, este podría celebrarse ante un jurado popular. Esta decisión ya generó controversia y fue objeto de revisión por parte de la Audiencia Provincial de Madrid.

En una resolución reciente, Peinado defendió que existen indicios suficientes para continuar la causa, apuntando a un posible aprovechamiento de la posición institucional de Gómez, algo que la defensa rechaza y califica de “meras conjeturas”.


Origen del caso Begoña Gómez

La investigación se inició en abril de 2024 tras una denuncia del colectivo Manos Limpias y posteriormente se amplió con acciones judiciales impulsadas por Vox y otras entidades.

El caso analiza, por un lado, la relación profesional de Gómez con empresarios y la universidad, y por otro, el uso de recursos públicos en su actividad como esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.


Un caso con impacto político y mediático

La causa judicial contra Begoña Gómez sigue generando un fuerte impacto político y mediático en España, con posiciones enfrentadas entre las partes implicadas.

Mientras la defensa insiste en el archivo inmediato, las acusaciones reclaman seguir investigando, manteniendo abierto un proceso que continúa marcando la actualidad judicial y política del país.

 

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