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Vox rompe con el PP y sale de los gobiernos autonómicos

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PP Vox ruptura política
El líder de Vox, Santiago Abascal. EFE/ Javier Lizón/Archivo

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha confirmado este jueves que su partido dejará los gobiernos de coalición con el PP en Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura y Castilla y León. Además, Vox retirará su apoyo parlamentario en Baleares, donde el PP gobierna en minoría, para pasar a ser una oposición «leal y contundente» en dichas regiones.

Motivos de la ruptura

Esta decisión fue comunicada en una declaración en vídeo tras la reunión urgente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Vox, convocada luego del acuerdo del PP sobre el reparto de menores migrantes no acompañados por las autonomías para aliviar la carga de Canarias, una medida propuesta por el Gobierno central y considerada una línea roja por Abascal.

Abascal expresó que la Ejecutiva de su partido «ha constatado» que los pactos con el PP «están rotos» debido a lo que considera una «agresión» del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acusándolo de «obligar a sus presidentes autonómicos a pactar con Pedro Sánchez el reparto de menas ilegales». Según Abascal, esta decisión se tomó «a sabiendas de que su socio, al que han mentido y confundido, no estaba de acuerdo» con la medida.

Dimisión de vicepresidentes autonómicos

La ruptura de los pactos se concretará con la dimisión de los cuatro vicepresidentes autonómicos de Vox: Alejandro Nolasco (Aragón), Vicente Barrera (Comunidad Valenciana), José Ángel Antelo (Murcia) y Juan García-Gallardo (Castilla y León). Además, Vox retirará su apoyo parlamentario al PP en todas estas regiones, incluyendo Baleares. «Vox pasará a ejercer una oposición tan leal y contundente como en el resto de España», agregó Abascal, destacando que su formación no tiene «apego a los sillones».

Críticas a Feijóo y política migratoria

Abascal aseguró que Vox «ha cedido quizá a veces demasiado para salvaguardar» los gobiernos autonómicos con la intención de «consolidar una alternativa nacional», pero lamentó que es «imposible pactar con quien no quiere hacerlo» y «pretende imponer políticas de fronteras abiertas».

Se refirió a Feijóo, acusándolo de «impedir primero y torpedear después» los acuerdos en las autonomías, y criticó al líder del PP por «pactar permanentemente con el autócrata corrupto» de Sánchez.

El líder de Vox subrayó el rechazo de su partido a la inmigración ilegal, alertando «por activa y por pasiva» sobre la «inseguridad, delincuencia y un coste económico cada día mayor a todos los españoles». «Nadie ha votado a Vox y me atrevo a decir al PP para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas», enfatizó.

Propuesta del Ejecutivo

Según la propuesta del Ejecutivo, las autonomías gobernadas en coalición por PP y Vox acogerían un total de 110 menores migrantes: Aragón, 20; Castilla y León, 21; Comunidad Valenciana, 23; Extremadura, 30; y Murcia, 30. Baleares, con el PP gobernando en minoría gracias al apoyo de Vox en la investidura, acogería diez menores. En el PP consideran que romper los pactos por acoger «entre 10 y 30 menores» parece una «excusa».

Vox entró por primera vez en un gobierno autonómico en Castilla y León, donde ostentaba la Vicepresidencia y tres consejerías. Posteriormente, en la Comunidad Valenciana, Murcia, Aragón y Extremadura, Vox también obtuvo vicepresidencias y consejerías. Las cinco comunidades autónomas ya han aprobado los presupuestos para el próximo ejercicio.

Finalmente, Vox ya desvinculó esta mañana la ruptura de los pactos autonómicos de los acuerdos en los gobiernos municipales con el PP.

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Revilla no alcanza un acuerdo con el rey Juan Carlos en el acto de conciliación en Santander

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Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla

El expresidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, no ha llegado a un acuerdo con los abogados del rey emérito Juan Carlos I durante el acto de conciliación celebrado este viernes 16 de mayo en el complejo judicial de Las Salesas (Santander). La cita judicial, previa a un posible juicio, forma parte de la demanda interpuesta por el exmonarca por unas declaraciones que considera «injuriosas».

Revilla: «No me voy a retractar, lo que dije es lo que piensa la mayoría de españoles»

A su llegada al juzgado, Revilla dejó claro que no pensaba retractarse de sus afirmaciones y que lo más probable es que el caso acabe en juicio. “Yo no me callo ante las injusticias. He dicho lo que pienso y lo que muchos españoles también opinan”, declaró ante los medios.

Tras el acto, el expresidente cántabro aseguró sentirse tranquilo y confió en la justicia. “No he mentido, solo me he hecho eco de información ya publicada en medios de comunicación”, explicó, subrayando que “muchos periodistas también podrían haber sido demandados” por difundir los mismos datos.

«Le diría al rey emérito que pida perdón y devuelva el dinero»

Revilla también lamentó que el rey Juan Carlos no se presentara al acto de conciliación, a pesar de estar en España. “Está en Sanxenxo, tiene un avión y escoltas que pagamos entre todos. Me hubiera gustado un careo con él”, afirmó.

Cuando se le preguntó qué le diría al monarca si lo tuviera enfrente, Revilla fue contundente:

“Le pediría que pidiera perdón sinceramente y que repatriara todo el dinero que tiene fuera”.

A pesar de haber defendido en su momento la figura del rey durante el 23-F, Revilla no ocultó su decepción: “Su última etapa ha sido lamentable. Me ha defraudado”.

El rey emérito exige una rectificación y 50.000 euros

La defensa legal del rey Juan Carlos I, liderada por la abogada Guadalupe Sánchez, reclama a Revilla una rectificación pública de sus declaraciones y una indemnización de 50.000 euros por daño moral, que en caso de cobrarse serían donados a Cáritas. La demanda, presentada el pasado 1 de abril, alega que Revilla profirió expresiones “calumniosas e injuriosas” en diversos medios entre mayo de 2022 y enero de 2025.

Un caso mediático que podría terminar en los tribunales

Este enfrentamiento legal entre Juan Carlos I y Miguel Ángel Revilla ha generado una gran expectación mediática. Todo apunta a que, ante la falta de acuerdo, el conflicto se resolverá finalmente en los tribunales.


 

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