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Consumo

Denuncian a un producto «milagroso» por suplantar identidades de famosos como reclamo publicitario

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producto milagroso famosos
Vicky Martín Berrocal posando en bañador. @vickymartinberrocal

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante el Ministerio de Consumo a una página web donde se comercializa el producto «milagroso» Sirtfood Diet con supuestas propiedades adelgazantes por el uso de publicidad engañosa para captar clientes suplantando la identidad de expertos y de personajes famosos.

La web denunciada carece de «aviso legal» que permita identificar a los responsables, y tampoco informa de la política de protección y tratamiento de los datos que recaba.

La asociación ha requerido tanto al departamento que dirige Alberto Garzón como a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que abran expedientes y sancionen las prácticas que presuntamente vulneran la legislación en materia de publicidad, protección de datos y defensa del consumidor.

El producto «milagroso» que usa a famosos

A la web denunciada se accede a través de anuncios que insertan en páginas de medios de comunicación y donde aparece claramente la imagen del famoso al que quieren vincular con el producto supuestamente milagroso que pretenden comercializar haciendo unas declaraciones a modo de entrevista periodística.

Con este reclamo, redirigen al usuario a la página web donde captan clientes valiéndose de publicidad engañosa. Resulta imposible identificar a la entidad titular de la misma, dado que no se indica nombre de la persona física o jurídica a la que pudiera pertenecer este dominio, ni domicilio alguno.

FACUA ha advertido que el sitio web denunciado hace uso de imágenes de un personaje famoso, Vicky Martín Berrocal, a la que refieren a lo largo del texto como Vicky M., y que aparece con numerosas imágenes fácilmente reconocibles a las que se le pixela el rostro.

En la web simulan una entrevista en la que exponen las bondades de este producto supuestamente adelgazante como si de un anuncio publicitario se tratase, incluyendo al final de la página -y en varias ocasiones a través de ventanas flotantes en las que prometen un descuento aplicado para el mercado español- la posibilidad de adquirir el mencionado producto.

Riesgos para la salud pública

En la simulada entrevista al personaje famoso, indican «todo empezó hace unos meses, cuando en un programa conté como pude perder peso tan rápido, y que nunca frecuentaba los gimnasios, ni usaba los servicios de dietólogos, recomendando encarecidamente evitarlos, ya que existe un método natural más sencillo y barato para perder los kilos de más».

Aunque en la web fraudulenta aparecen las imágenes de Vicky Martín Berrocal pixeladas, cualquier usuario puede identificar con facilidad que se trata de este personaje famoso. En la parte inferior de la web, simulan igualmente comentarios de pacientes reales adulando el producto e incitando a los consumidores a su adquisición.

La asociación ha instado a Consumo a investigar y sancionar los hechos denunciados, y advierte de que el uso de este supuesto remedio adelgazante puede ser especialmente perjudicial para los consumidores, dado el impacto que pueda tener para la salud pública. Bien por sus posibles efectos secundarios, bien porque el usuario abandone un tratamiento médico habitual pensando erróneamente que este compuesto es más beneficioso.

¿Qué dice la ley?

El apartado e) del artículo 3 de la Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad que “es ilícita: e) La publicidad engañosa, la publicidad desleal y la publicidad agresiva, que tendrán el carácter de actos de competencia desleal en los términos contemplados en la Ley de Competencia Desleal».

Mientras que el artículo 5 de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal indica en su apartado primero, «se considera desleal por engañosa cualquier conducta que contenga información falsa o información que, aun siendo veraz, por su contenido o presentación induzca o pueda inducir a error a los destinatarios, siendo susceptible de alterar su comportamiento económico».

El Real Decreto 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria, recoge en su artículo 4, apartados 7, 13, 14 y 15, que «queda prohibida cualquier clase de publicidad o promoción directa o indirecta, masiva o individualizada, de productos, materiales, sustancias, energías o métodos con pretendida finalidad sanitaria» en casos como «que pretendan aportar testimonios de profesionales sanitarios, de personas famosas o conocidas por el público o de pacientes reales o supuestos, como medio de inducción al consumo, (…) que utilicen el término «natural» como característica vinculada a pretendidos efectos preventivos o terapéuticos (…), que atribuyan carácter superfluo o pretenda sustituir la utilidad de los medicamentos o productos sanitarios legalmente reconocidos, (…) o que atribuyan carácter superfluo o pretendan sustituir la consulta o la intervención de los profesionales sanitarios».

Además, el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias recoge que son derechos básicos de los consumidores «la protección contra los riesgos que puedan afectar su salud o seguridad».

Imposible identificar a la entidad titular de la web fraudulenta

Resulta imposible identificar a la entidad titular de esta web fraudulenta, dado que no se indica nombre de la persona física o jurídica a la que pudiera pertenecer este dominio ni domicilio alguno.

Por ello, FACUA ha dirigido una denuncia contra los comercializadores de Sirtfood Diet ante la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial por los presuntos incumplimientos de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI) cometidos en la página web, al constatar que no aparecen datos que, conforme al artículo 10, deben aportarse obligatoriamente como «nombre o denominación social», «datos de inscripción en el Registro Mercantil» y «número de identificación fiscal».

Esta información es básica porque es la que permite a los consumidores identificar a la entidad responsable de la web para solicitar información, interponer una reclamación o conocer sobre quién recae la responsabilidad del bien o producto que adquiere.

Denuncia ante la Agencia Española de Protección de datos

En las indagaciones, FACUA ha constatado que la web denunciada no informa de su política de protección y tratamiento de datos, cuestión que ha denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). «Nada se menciona en relación a los datos personales que pudieran obtener de los usuarios que adquiriesen algún producto de los anunciados en esta plataforma web, ni cuáles serán los fines que darán a estos datos ni cómo ejercer sus derechos sobre el tratamiento de los mismos, ni si existe algún responsable designado para esta clase de menesteres», ha advertido la asociación en el escrito de denuncia.

El Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, contempla en el artículo 13, apartados primero y segundo, que «cuando se obtengan de un interesado datos personales relativos a él, el responsable del tratamiento, en el momento en que estos se obtengan, le facilitará toda la información» relativa, entre otros aspectos, a «la identidad y los datos de contacto del responsable y, en su caso, de su representante; los datos de contacto del delegado de protección de datos, en su caso, (…) o los fines del tratamiento a que se destinan los datos personales y la base jurídica del tratamiento».

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Consumo

Comunicado de Airbnb

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Airbnb rechaza el listado de Consumo y critica el auto del TSJM

Airbnb ha manifestado su «firme oposición» al procedimiento llevado a cabo por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, tras conocerse este lunes un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que insta a la plataforma a eliminar 5.800 anuncios de pisos turísticos.

La compañía denuncia el uso de una «metodología indiscriminada» en la elaboración del listado de anuncios presuntamente ilegales, que formaría parte de una serie de resoluciones remitidas por Consumo, y ha confirmado que continuará recurriendo las decisiones judiciales por considerar que «están en desacuerdo con las normativas españolas y europeas».


Airbnb defiende la legalidad de su plataforma

Un portavoz de Airbnb ha explicado que el Ministerio de Consumo «no es competente para hacer cumplir regulaciones turísticas» y que ha enviado un listado que incluye anuncios con licencia y otros que, según la plataforma, «podrían no necesitarla, como los arrendamientos de temporada».

Además, ha afirmado que Consumo ha ignorado resoluciones del Tribunal Supremo que aclaran que no todos los anuncios de Airbnb están obligados a mostrar un número de registro. Según la sentencia del Supremo de enero de 2022, la obligación recae sobre el prestador del servicio turístico, no sobre la plataforma de intermediación.


Airbnb se acoge a la Ley de Servicios Digitales

La compañía ha insistido en que actúa conforme a la Ley de Servicios Digitales europea, y que no tiene obligaciones de supervisión activa sobre el contenido publicado por los usuarios. En esta línea, recuerda que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó en diciembre de 2019 que Airbnb es un servicio de la sociedad de la información, y no un agente inmobiliario, por lo que su función es la de intermediación.

Este argumento es clave en la defensa de la plataforma, que reitera que los anfitriones son responsables de cumplir con las leyes locales y de que los anuncios incluyan la información necesaria cuando así se requiera.


Consumo ya ha notificado más de 65.000 anuncios

En los últimos meses, el Ministerio de Consumo ha remitido a Airbnb tres resoluciones diferentes en las que notificó un total de 65.935 anuncios supuestamente ilegales. El auto conocido este lunes por parte del TSJM corresponde a la primera de esas resoluciones, que obliga a retirar 5.800 anuncios concretos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha calificado esta decisión como una «gran victoria» en defensa del derecho a la vivienda y ha afirmado que se trata de un «aval claro a la labor del ministerio» en su objetivo de proteger a los consumidores.

Respecto a las otras dos resoluciones, el Ministerio espera que la justicia se pronuncie en la misma línea, aunque reconoce que la plataforma «habrá recurrido» también estos casos.


Airbnb recuerda sus políticas de cumplimiento

En relación con sus procedimientos, Airbnb ha recordado que siempre informa a los anfitriones de la necesidad de cumplir las leyes locales antes de publicar sus anuncios. La plataforma exige a los usuarios que certifiquen que cuentan con los permisos necesarios y les recuerda de forma periódica que revisen la normativa aplicable.

Esto se deja claro en los Términos de Servicio y los usuarios que no cumplan con las políticas pueden ser eliminados de la plataforma”, ha indicado el portavoz.

Además, aclaran que no todos los alojamientos publicados en la web corresponden a viviendas turísticas. También se incluyen apartamentos turísticos, hoteles, hostales o arrendamientos de temporada, modalidades que no están sujetas a las mismas obligaciones que el alquiler vacacional de corta duración.


Colaboraciones recientes con gobiernos regionales

Para demostrar su voluntad de cooperación, Airbnb ha puesto en valor sus recientes acuerdos con gobiernos autonómicos como los de Islas Canarias, Región de Murcia y el Consejo Insular de Ibiza, con el objetivo de fomentar un modelo de turismo sostenible. Según la plataforma, estas iniciativas son ejemplos de que «Airbnb quiere trabajar junto a las autoridades locales para crear un sistema equilibrado y beneficioso para todas las partes implicadas».


¿Por qué considera Consumo que los anuncios son ilegales?

La Dirección General de Consumo ha detallado tres motivos principales por los que considera que los anuncios detectados en Airbnb incumplen la normativa vigente:

1. Falta de número de licencia

Una gran parte de los anuncios analizados no incluyen el número de licencia o registro obligatorio, exigido por varias normativas autonómicas. Esta omisión constituye, según el Ministerio, la infracción más frecuente en la publicidad alojada en la plataforma.

2. Falta de información sobre el arrendador

Otro incumplimiento recurrente es que no se identifica la naturaleza jurídica del arrendador. Es decir, no se especifica si quien alquila es un particular o un profesional, algo fundamental para determinar si el contratante está protegido por la legislación de consumo.

3. Licencias no válidas o falsificadas

Consumo también denuncia la presencia de anuncios con números de licencia falsos o inválidos, es decir, no expedidos por ninguna autoridad oficial. Esta práctica puede ser considerada engañosa o fraudulenta, ya que puede inducir a error a los usuarios que creen estar alquilando alojamientos legales.


Conclusión: choque entre Airbnb y Consumo por el control del alquiler turístico

El conflicto entre Airbnb y el Ministerio de Consumo refleja un choque de competencias y de interpretaciones legales sobre cómo debe regularse el alquiler turístico en España. Mientras Consumo insiste en la necesidad de más transparencia y legalidad en las plataformas, Airbnb reivindica su papel como intermediario tecnológico, sin responsabilidad directa sobre el contenido que publican los anfitriones.

La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid marca un punto de inflexión en la batalla judicial entre la administración y las plataformas digitales, y podría sentar precedente para el control del mercado de alquiler turístico en España.

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