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El PSPV pide «ilegalizar el PP» por los casos de corrupción y que Camps deje el CJC tras la confesión de Correa

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La secretaría de Ciudadanía del PSPV, Ana Barceló, ha asegurado este miércoles que el PP «debería estar ilegalizado» por los casos de corrupción en los que está involucrado, al tiempo que ha pedido al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps que deje el Consell Jurídic Consultiu (CJC) porque «no puede ser que alguien que está señalado vele por la legalidad en la Comunitat».

«Está incapacitado políticamente y como jurista y creo que esta Comunitat algún día llegará a la conclusión de que Camps es persona ‘non grata'», ha subrayado.

Así lo ha indicado Barceló en una rueda de prensa, después de que el presunto ‘cabecilla’ de la trama Gürtel Francisco Correa haya reconocido que el PP liderado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps pagó en negro los actos de las campañas de las elecciones municipales de 2007 y de las generales de 2008 a la empresa de la red corrupta Orange Market.

En su intervención la también diputada del PSPV en las Corts ha considerado que se debe ilegalizar el PP por los casos de corrupción en los que está involucrado. En este sentido, ha recordado que en toda España hay 126 personas vinculadas al partido que están sentadas en el banquillo de los acusados en más de 30 causas abiertas.

«Es impresionante el listado», ha considerado para apuntar que el PPCV engañó a los valencianos diciendo que hicieron todo lo posible para que la Comunitat estuviera a la vanguardia, mientras la construían «bajo un suelo de corrupción».

CAMPS ERA «EL ESLABÓN PERDIDO»
A su juicio, el escrito de Correa deja «prácticamente sin defensa» a los acusados por el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano –que arranca el próximo lunes, día 15 de enero–, y desvela el papel de Camps en la trama y que era «el eslabón perdido y la ‘X’ que tantos años llevamos años buscando». «Camps hasta ahora ha estado muy apartado del foco, seguramente porque sus correligionarios no han querido implicarle, pero ahora quien le pone en el foco es el jefe de la trama», ha subrayado.

Por ello, ha remarcado que el exjefe del Consell y el PPCV tendrán que explicar «por qué se permitió que la trama se instalara en la Comunitat, por qué se abrieron las puertas de la administración autonómica y se contribuyó con contratos públicos a engordar y beneficiar a una empresa privada y si el hecho de que la trama corrupta también reportaba ventajas para poder financiar irregularmente en las campañas electorales» al PP.

De este modo, ha instado a la formación que lidera Isabel Bonig a dar explicaciones sobre «el porqué consistió estas prácticas y cómo engañaron a sus votantes y a los ciudadanos de la Comunitat». «No vamos a aceptar que Bonig diga que esto es cosa del pasado y que no tiene nada que ver con ellos. La realidad es tozuda y este pasado se hace presente y no nos valen las excusas», ha remarcado Barceló.

En esta línea, ha insistido en que «cuando uno hace trampas y se salta las reglas del juego democrático», para concurrir a unos comicios, debe «dar explicaciones a la sociedad porque muchos votantes se sienten sonrojados y abochornados de ver el espectáculo y cómo se les engañó», ha puntualizado para indicar que quizás sin ese dinero en B que recibió el partido los resultados hubieran sido distintos.

Asimismo, ha destacado que el escrito de Correa pone de manifiesto que se hicieron «facturas falsas» y se cometieron delitos contra la Agencia Tributaria porque se ocultó dinero al fisco por parte de un ‘expresident’ y un partido «que tantas lecciones de ética han dado en esta Comunitat», ha lamentado.

Para Barceló, Camps no ha sido «maltratado» como persona porque las críticas son hacia su gestión y la de la cúpula de la formación cuando él estaba como máximo dirigente. «De lo que se trata es de que esta Comunitat no pase página sin saber quiénes son los responsables de la corrupción en la Comunitat porque han hecho un daño irreparable a la ética política y a muchas empresas que no se podían presentar en libre concurrencia a los concursos».

Además, ha animado al ‘expresident’ a que si se siente atacado «salga» y explique lo qué ha pasado. «Se le señala porque es imposible que no supiera lo que estaba pasando. Nosotros no somos un tribunal, pero tenemos que denunciar lo ocurrido», ha defendido la socialista.

«SATISFECHOS; PERO INSUFICIENTE»
Insistida por si el PSOE va a «modificar» su estrategia como acusación popular en la vista, ha puntualizado que desconoce si este escrito va a «trastocar» el desarrollo del juicio por si la defensa de los acusados, a raíz de lo publicado, van a varias sus estrategias o si se va a llamar a nuevos testigos. «No sabemos qué va a pasar», ha admitido.

Con todo, se ha mostrado «satisfecha» con la confesión de Correa, aunque ha considerado que es «insuficiente» porque «sólo dibuja el perfil de lo que hay detrás», pero deja incógnitas sobre quién hizo las presentaciones entre el contacto de ‘El Bigotes’ que le presentó a Camps.

Además, ha lamentado el coste político que le ha supuesto al PSPV las denuncias de los casos de corrupción, de hecho ha recordado que han tenido que vender su sede en Blanqueries, y la «desconfianza» que se generó en torno a la formación socialista. No obstante, ha destacado que ahora «se ha encontrado a la ‘X’ que llevaban tantos años buscando, en alusión a Camps.

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Leire Díez se defiende: “Ni soy fontanera ni cobarde”

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Leire Díez

“No trabajo para el PSOE, investigo tramas para un libro”

La exmilitante del PSOE Leire Díez niega vínculos operativos con el partido y afirma que los audios filtrados forman parte de una investigación periodística independiente.

La periodista y exmilitante socialista Leire Díez ha vuelto a rechazar públicamente cualquier relación laboral con el PSOE, tras la filtración de varios audios donde supuestamente realizaba gestiones sensibles que afectan a altos funcionarios. Según ha declarado, dichas grabaciones corresponden a un trabajo de investigación periodística que está desarrollando para un libro de próxima publicación.

“Ni soy fontanera ni cobarde”, ha afirmado con contundencia, marcando distancia con quienes la señalan como un agente oficioso del partido.

¿Qué se sabe de los audios filtrados?

Los audios, difundidos recientemente por diversos medios, han generado polémica por el tono y el contenido de las conversaciones, en las que Díez parece intentar influir o intervenir en actuaciones administrativas. Sin embargo, la periodista sostiene que estas interacciones estaban grabadas dentro del marco de una investigación personal sobre redes de poder, conflictos de interés y funcionamiento institucional en España.

Díez asegura que no tenía autorización ni instrucciones de ninguna organización política, y que todo lo hizo “por iniciativa propia, con fines exclusivamente periodísticos”.

Una exmilitante bajo el foco

Aunque fue militante del PSOE en el pasado, Leire Díez ya no forma parte de ninguna estructura orgánica del partido. Su desvinculación, asegura, fue total y anterior a los hechos que ahora se cuestionan. Subraya además que no percibe salario, ayuda ni encargo de parte del partido, y que su labor no debe confundirse con una operación encubierta.

¿Qué dice el PSOE?

Hasta ahora, ningún portavoz oficial del PSOE ha confirmado relación contractual alguna con Díez, ni se ha atribuido ninguna responsabilidad sobre sus actos. Fuentes extraoficiales del partido, citadas en algunos medios, deslizan que sus actuaciones fueron “a título personal” y que su nombre no figura en ninguna estructura interna actual.

Leire Díez, periodismo de investigación y controversia

Díez ha trabajado como comunicadora en distintos entornos y ha estado vinculada a temas de actualidad política. El libro en el que trabaja, según ha declarado, busca arrojar luz sobre “las dinámicas ocultas del poder en la administración pública española”, y se basa en conversaciones reales, fuentes directas y documentación obtenida durante los últimos años.

Este caso recuerda otros momentos recientes en los que el periodismo de investigación ha generado reacciones políticas y judiciales, poniendo en cuestión los límites entre reporterismo encubierto y legalidad institucional.

 

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