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El PSPV pide «ilegalizar el PP» por los casos de corrupción y que Camps deje el CJC tras la confesión de Correa

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La secretaría de Ciudadanía del PSPV, Ana Barceló, ha asegurado este miércoles que el PP «debería estar ilegalizado» por los casos de corrupción en los que está involucrado, al tiempo que ha pedido al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps que deje el Consell Jurídic Consultiu (CJC) porque «no puede ser que alguien que está señalado vele por la legalidad en la Comunitat».

«Está incapacitado políticamente y como jurista y creo que esta Comunitat algún día llegará a la conclusión de que Camps es persona ‘non grata'», ha subrayado.

Así lo ha indicado Barceló en una rueda de prensa, después de que el presunto ‘cabecilla’ de la trama Gürtel Francisco Correa haya reconocido que el PP liderado por el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps pagó en negro los actos de las campañas de las elecciones municipales de 2007 y de las generales de 2008 a la empresa de la red corrupta Orange Market.

En su intervención la también diputada del PSPV en las Corts ha considerado que se debe ilegalizar el PP por los casos de corrupción en los que está involucrado. En este sentido, ha recordado que en toda España hay 126 personas vinculadas al partido que están sentadas en el banquillo de los acusados en más de 30 causas abiertas.

«Es impresionante el listado», ha considerado para apuntar que el PPCV engañó a los valencianos diciendo que hicieron todo lo posible para que la Comunitat estuviera a la vanguardia, mientras la construían «bajo un suelo de corrupción».

CAMPS ERA «EL ESLABÓN PERDIDO»
A su juicio, el escrito de Correa deja «prácticamente sin defensa» a los acusados por el juicio por la presunta financiación ilegal del PP valenciano –que arranca el próximo lunes, día 15 de enero–, y desvela el papel de Camps en la trama y que era «el eslabón perdido y la ‘X’ que tantos años llevamos años buscando». «Camps hasta ahora ha estado muy apartado del foco, seguramente porque sus correligionarios no han querido implicarle, pero ahora quien le pone en el foco es el jefe de la trama», ha subrayado.

Por ello, ha remarcado que el exjefe del Consell y el PPCV tendrán que explicar «por qué se permitió que la trama se instalara en la Comunitat, por qué se abrieron las puertas de la administración autonómica y se contribuyó con contratos públicos a engordar y beneficiar a una empresa privada y si el hecho de que la trama corrupta también reportaba ventajas para poder financiar irregularmente en las campañas electorales» al PP.

De este modo, ha instado a la formación que lidera Isabel Bonig a dar explicaciones sobre «el porqué consistió estas prácticas y cómo engañaron a sus votantes y a los ciudadanos de la Comunitat». «No vamos a aceptar que Bonig diga que esto es cosa del pasado y que no tiene nada que ver con ellos. La realidad es tozuda y este pasado se hace presente y no nos valen las excusas», ha remarcado Barceló.

En esta línea, ha insistido en que «cuando uno hace trampas y se salta las reglas del juego democrático», para concurrir a unos comicios, debe «dar explicaciones a la sociedad porque muchos votantes se sienten sonrojados y abochornados de ver el espectáculo y cómo se les engañó», ha puntualizado para indicar que quizás sin ese dinero en B que recibió el partido los resultados hubieran sido distintos.

Asimismo, ha destacado que el escrito de Correa pone de manifiesto que se hicieron «facturas falsas» y se cometieron delitos contra la Agencia Tributaria porque se ocultó dinero al fisco por parte de un ‘expresident’ y un partido «que tantas lecciones de ética han dado en esta Comunitat», ha lamentado.

Para Barceló, Camps no ha sido «maltratado» como persona porque las críticas son hacia su gestión y la de la cúpula de la formación cuando él estaba como máximo dirigente. «De lo que se trata es de que esta Comunitat no pase página sin saber quiénes son los responsables de la corrupción en la Comunitat porque han hecho un daño irreparable a la ética política y a muchas empresas que no se podían presentar en libre concurrencia a los concursos».

Además, ha animado al ‘expresident’ a que si se siente atacado «salga» y explique lo qué ha pasado. «Se le señala porque es imposible que no supiera lo que estaba pasando. Nosotros no somos un tribunal, pero tenemos que denunciar lo ocurrido», ha defendido la socialista.

«SATISFECHOS; PERO INSUFICIENTE»
Insistida por si el PSOE va a «modificar» su estrategia como acusación popular en la vista, ha puntualizado que desconoce si este escrito va a «trastocar» el desarrollo del juicio por si la defensa de los acusados, a raíz de lo publicado, van a varias sus estrategias o si se va a llamar a nuevos testigos. «No sabemos qué va a pasar», ha admitido.

Con todo, se ha mostrado «satisfecha» con la confesión de Correa, aunque ha considerado que es «insuficiente» porque «sólo dibuja el perfil de lo que hay detrás», pero deja incógnitas sobre quién hizo las presentaciones entre el contacto de ‘El Bigotes’ que le presentó a Camps.

Además, ha lamentado el coste político que le ha supuesto al PSPV las denuncias de los casos de corrupción, de hecho ha recordado que han tenido que vender su sede en Blanqueries, y la «desconfianza» que se generó en torno a la formación socialista. No obstante, ha destacado que ahora «se ha encontrado a la ‘X’ que llevaban tantos años buscando, en alusión a Camps.

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Quién es Antonio Hernández y por qué Sánchez lo ha cesado tras el escándalo del caso Salazar

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Antonio Hernández
Antonio Hernández-Portal de Transparencia del Gobierno/ PSOE

Cese inminente en el Gobierno

El Consejo de Ministros aprobará este martes el cese de Antonio Hernández, hasta ahora director del Departamento de Coordinación Política en el Gabinete de la Presidencia del Gobierno, después de la gestión interna del caso Salazar, donde dos militantes socialistas denunciaron presunto acoso sexual por parte del exasesor Paco Salazar, colaborador estrecho del Gobierno en análisis electoral.

Moncloa asegura que el cese se toma “con contundencia” tras conocer los hechos denunciados y que la decisión ha sido compartida con Hernández, quien habría admitido que su continuidad en el cargo “no era sostenible” desde el momento en el que estalló el escándalo.

La vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha decidido también apartarlo de la Ejecutiva del PSOE de Andalucía, donde ejercía como responsable de la Secretaría de Datos.

Quién es Antonio Hernández

Hernández desempeñaba uno de los cargos más estratégicos dentro del núcleo presidencial: el director de Coordinación Política del Gabinete de Moncloa, encargado de asesoramiento, apoyo y refuerzo del programa político del Gobierno, según el Portal de Transparencia.

Formado como técnico especialista en Publicidad, ha trabajado en Presidencia del Gobierno, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, y era una figura de confianza dentro de los equipos de análisis electoral.

Su vinculación con Paco Salazar —exmilitante socialista y asesor político— ha sido determinante en la decisión política. Varias trabajadoras que denunciaron internamente el comportamiento de Salazar mencionaron a Hernández como presunto “cómplice” o “encubridor”, extremos que él niega, aunque asegura que se aparta por responsabilidad y para proteger al Gobierno.

Malestar creciente en el PSOE

El cese no llega en un clima político sencillo. La militancia y cargos intermedios del PSOE critican la tardanza en la gestión de las denuncias internas, algo que ya ha reconocido públicamente el partido. El comunicado enviado el viernes a las federaciones admitía que “no se estuvo a la altura” con las denunciantes.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se refirió por primera vez al caso durante los actos del Día de la Constitución, asumiendo personalmente la responsabilidad por el retraso y reconociendo que no había hablado con las denunciantes en meses.

El malestar interno crece ahora en torno a la pregunta clave: ¿debe el PSOE llevar el caso a la Fiscalía o deben hacerlo exclusivamente las denunciantes?

Debate interno: Fiscalía, responsabilidades y gestión

Sánchez defiende que la decisión pertenece únicamente a las víctimas. Si presentan denuncia formal ante la Fiscalía, asegura que recibirán todo el apoyo jurídico, institucional y personal del partido.

Sin embargo, otras voces dentro del Gobierno y del partido consideran que el PSOE debería llevar el caso por iniciativa propia, sin esperar a las mujeres denunciantes. El mensaje no es uniforme: mientras la dirección se alinea con Sánchez, algunos altos cargos reclaman una posición más proactiva.

Desde el Ejecutivo admiten errores:

“El caso se ha gestionado muy mal. No hemos acompañado correctamente y no se puede tardar tanto tiempo. Ha faltado diligencia”.

Una alta fuente de Moncloa es aún más explícita:

“No hemos estado encima y no lo entiendo. La reunión telemática con las responsables de Igualdad no ha servido. Persisten división y ruido interno”.

Las palabras de Carmen Calvo

La exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, ahora presidenta del Consejo de Estado, apuntó este fin de semana en una entrevista a la existencia de “liderazgos testosterónicos e hiper-masculinizados” dentro de la política cuando se le preguntó por los escándalos que afectan al PSOE.

Calvo recuerda que ella misma trasladó al partido anteriormente denuncias sobre comportamientos machistas, lo que aumenta el debate interno sobre los protocolos y la cultura política en torno a igualdad, denunciantes y gestión de casos sensibles.

Último pleno del año y nuevas tensiones

El miércoles se celebrará la última sesión de control del año, con polémica añadida: el Gobierno ha informado que siete ministros no estarán disponibles para ser preguntados, entre ellos:

  • María Jesús Montero, señalada por haber blindado o protegido a Salazar en Ferraz y Moncloa

  • Pilar Alegría, que fue fotografiada en noviembre comiendo con Salazar cuando este ya había sido denunciado

Para el Partido Popular, las ausencias no están justificadas y su portavoz en el Congreso, Esther Muñoz, reclama un cambio reglamentario para evitar que los ministros puedan esquivar preguntas clave en una situación de crisis política.

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