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Puig, dispuesto a declarar sobre la operación del IVF y el Grupo Zeta

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VALÈNCIA, 29 Jul. (EUROPA PRESS) – El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado este lunes que «por supuesto» que dará explicaciones de la operación del IVF sobre la deuda del Grupo Zeta, a pesar de que «no hay ningún problema» sino que es un intento del PP y Cs para «manchar» la imagen del Consell y para «desviar la atención de los gravísimos problemas» de estas formaciones.

Puig, en una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, le han preguntado si piensa comparecer en las Corts si se lo piden para dar explicaciones sobre esta operación y al respecto ha recalcado: «Sí, por supuesto». No obstante, ha apuntado que «se trata de una cuestión que forma parte de un intento de manchar la imagen del presidente y del Gobierno».

Así, ha recordado que en «todas» las declaraciones de bienes «desde el principio» de su vida política y «no como otros que no aclaran dónde tienen las acciones», ha incluido que tenía 1% de acciones en un periódico de Castellón que «surge precisamente de un despido ilegal de la derecha».

«A partir de entonces se produjo la construcción de una empresa en la que participé con total legalidad como ha dicho la Abogacía de la Generalitat por activa y por pasiva», ha subrayado. Por ello, ha insistido en que «no hay ningún problema» sino que es «un intento del PP y Cs de desviar la atención de sus gravísimos problemas».

MISMA PASIÓN
Por otro lado, ha asegurado que el Gobierno del Botànic II tiene «la misma pasión» por la Comunitat Valenciana que el primer día y se «trabajará con toda la intensidad para que esta sea una legislatura importante para los valencianos» y ha recalcado que el Consell «siempre ha pensado en el interés general más allá de los propios grupos que lo sustentan».

No obstante, ha evidenciado que el Consell está «más consolidado» y «ya no se trata de reiniciarlo todo, sino de consolidar un proyecto que ha sido positivo según marcan todos los indicadores económicos y sociales».

Pese a este avance ha recalcado que estamos «muy lejos de donde tenemos que estar» porque «aún estamos 11 puntos por debajo per cápita, hay un problema de invisibilidad problema y un problema de infrafinanciación gravísimo que hasta que no haya gobierno no podemos acometer».

En ese sentido, preguntado por las consecuencias de que se tengan que prorrogar los presupuestos del exministro popular Cristóbal Montoro por segunda vez si no hay gobierno, Puig ha advertido de que estamos en «un impase que acaba provocando un recorrido institucional muy negativo».

«Esto tiene un coste que no se va a corto plazo pero no tener un gobierno ni un presupuesto tiene costes económicos y sociales y sin este marco desde para las Comunidades Autónomos es muy difícil presupuestar ni ejecutar», ha evidenciado.

Por ello, ha apelado a «la responsabilidad de todos» porque «en cascada van cayendo decisiones que acaban en el ciudadano: en la sanidad, educación y servicios sociales, que están gestionadas por las autonomías».

Por tanto, ha apuntado que el debate sobre la financiación «no es una cuestión identitaria, sino del Estado de bienestar y cuando se erosiona a las comunidades autónomas se erosiona al Estado del bienestar». «Claro que no tener un gobierno tiene consecuencias», ha apostillado.

REQUISITO LINGÜÍSTICO
Por otra parte, ha descartado que en la Comunitat Valenciana exista «un conflicto con la lengua» sino que, ha explicado, tiene dos lenguas oficiales y los ciudadanos tienen el derecho de poder expresarse y relacionarse con la Administración en cualquiera de ellas dos, en valenciano y en castellano.

Por ello, la ley que se prepara de Función Pública «quiere garantizar que los empleados públicos tengan un nivel de valenciano y de castellano razonable» para el desempeño de sus funciones. «Lo razonable es que tengan unos conocimiento básicos de las dos lenguas», ha evidenciado.

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Permiso laboral por fallecimiento: ¿Cuántos días tienes si muere un familiar?

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El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha alcanzado un acuerdo con los sindicatos CCOO y UGT para ampliar el permiso laboral por fallecimiento de un familiar, que pasará de los actuales dos días a un total de 10 días laborables. El pacto, anunciado este lunes tras una reunión entre las partes, incluye además la creación de dos nuevos permisos vinculados a situaciones de final de vida, aunque no cuenta con el respaldo de la patronal.

El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado que el acuerdo forma parte de la propuesta impulsada por el departamento que dirige la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y que ahora deberá seguir su tramitación en el ámbito legislativo.

Ampliación del permiso por fallecimiento

La principal medida del acuerdo es la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar hasta los 10 días laborables, una reivindicación histórica de las organizaciones sindicales. El objetivo, según Trabajo, es adaptar la normativa laboral a la realidad de los procesos de duelo y facilitar una mayor conciliación en momentos de especial vulnerabilidad personal y familiar.

Este cambio supondría una modificación sustancial respecto al marco actual, que reconoce únicamente dos días por este motivo.

Nuevos permisos por cuidados paliativos y eutanasia

El pacto firmado entre Trabajo, CCOO y UGT incorpora también la creación de dos nuevos permisos laborales:

  • Un permiso de hasta 15 días laborables para el acompañamiento de familiares en situación de cuidados paliativos.

  • Un permiso de un día destinado al acompañamiento en procesos de eutanasia, en línea con la legislación vigente sobre muerte digna.

Ambas figuras buscan dar cobertura legal a situaciones de final de vida que, hasta ahora, no contaban con un reconocimiento específico en la normativa laboral.

Rechazo de la patronal y próximos pasos

El Ministerio de Trabajo ha subrayado que estas medidas ya formaban parte de su propuesta inicial y ha confirmado que la patronal se opone al acuerdo, por lo que no ha suscrito el pacto alcanzado con los sindicatos.

Tras el acuerdo social, el siguiente paso será la tramitación parlamentaria. El Gobierno deberá recabar los apoyos necesarios en el Congreso de los Diputados para que la ampliación del permiso por fallecimiento y la creación de los nuevos permisos se incorporen a la legislación laboral.

Desde Trabajo confían en que el respaldo sindical facilite el debate político y permita avanzar en un marco de derechos laborales más amplio en situaciones especialmente sensibles para los trabajadores y sus familias.

 

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